CALDERÓN VIOLA LA CONSTITUCIÓN

Nunca la derecha y la ultraderecha han respetado las leyes vigentes cuando, circunstancialmente, arriban al poder, como sucede en este momento con Calderón Hinojosa. Ya durante el sexenio anterior varios juristas hicieron un recuento amplio de los casos en que el ignorante Vicente Fox incurrió en violaciones al orden constitucional mexicano. Tanto entonces como ahora no se trata de que los presidentes o sus asesores conozcan o no el contenido de la Constitución nacional, pues en ambos casos estamos ante la presencia de violaciones intencionales que, evidentemente, rompen con el tan llevado y traído Estado de derecho.

Los neoliberales, derechistas o de ultraderecha han pasado por encima de muchas leyes, pero fundamentalmente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para despojar al pueblo mexicano de su patrimonio. El proceso de privatizaciones, es decir, de desnacionalizaciones lo efectuaron con una sistemática violación al orden jurídico, a fin de favorecer a los empresarios consentidos, sin importar el daño ocasionado a la nación.

El remate del patrimonio nacional fue una constante desde 1982, con Miguel de la Madrid, y se acentuó en los siguientes, hasta llegar a Calderón donde las violaciones a la Carta Magna se hacen de manera abierta y descarada.

Tal es el caso de los múltiples contratos que se siguen otorgando a la empresa estadounidense Halliburton, para perforar pozos petroleros, que la Constitución prohíbe clara y expresamente. Cuando nuestra Máxima Ley establece que tratándose del petróleo no se otorgarán concesiones ni contratos; cuando Fox otorgó varios contratos a esa empresa y Calderón lo sigue haciendo de manera desfachatada, estamos ante una violenta agresión contra nuestra Constitución, que impone la obligación a los otros poderes de la Unión de intervenir para, primero detener ese proceso que daña los intereses de la nación y, segundo para castigar a los responsables de esas violaciones.

Y es que no pueden conducirse los poderes legislativo y judicial como si no sucediera nada. En México, al menos jurídicamente, no vivimos bajo una dictadura, donde los gobernantes hagan lo que les venga en gana; sus actos tienen que sujetarse a la ley. La autoridad sólo puede hacer lo que le está permitido, y tiene la obligación de acatar lo que las leyes le prohíben hacer. Si la Constitución ordena que en materia petrolera no se otorgarán contratos ni concesiones, el primero en obedecer esa prohibición es el presidente de la República, le guste o no, así haya nacido como Calderón en el seno de una familia enemiga de la expropiación petrolera y, por lo tanto de Pemex.

En un sentido estrictamente constitucional, esos contratos otorgados a dicha empresa, no son válidos por violar una norma suprema, pero además son inexistentes y ninguna empresa ni autoridad, del rango que sea, pueden invocar su cumplimiento, porque la misma Constitución se encarga de negarles existencia en caso de que se hayan celebrado. Se trata de contratos nulos de pleno derecho, y el poder judicial en ninguna circunstancia podrá reconocerles validez.

Todo esto deja muy claro que el ejecutivo federal y quienes están al frente de PEMEX tienen responsabilidades administrativas, como servidores públicos, pero de su conducta también se derivan responsabilidades de tipo penal que deben ser exigidas. Cuando se trata de flagrante delito no se requiere siquiera que se presente una denuncia, y la autoridad competente debe iniciar, de oficio, el procedimiento para castigar a los responsables.

Nuestra Constitución tiene todo un capítulo relativo a la responsabilidad de los servidores públicos, pero cuando su conducta es constitutiva de un delito, hay que recurrir a disposiciones penales que se localizan en distintos ordenamientos de ese tipo. Tratándose del presidente de la República, el párrafo segundo del artículo 108 de la Constitución mexicana establece que, “durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la Patria y delitos graves del orden común”.

Esta disposición más que proteger a Calderón lo deja al alcance de los tribunales. Los contratos otorgados por Calderón a empresa petroleras extranjeras, contraviniendo la norma constitucional que los prohíbe, son un hecho muy grave, y se puede asimilar al delito de traición a la Patria, figura delictiva que debiera actualizarse para castigar la irresponsabilidad y felonía de los gobernantes, como el caso que comentamos.