El pueblo mexicano, con la Revolución de 1910, trascendental e histórico acontecimiento, rescató para la nación los recursos del suelo y subsuelo, base de la recuperación del petróleo para la nación. La expropiación y nacionalización del petróleo fue una decisión sólida de una semicolonia, invadida y agredida en forma permanente por la prepotencia y la ambición de poderosos intereses económicos del exterior con los que, hoy mismo, seguimos en lucha.
Esto parecen olvidarlo los gobernantes que, pasando sobre la Constitución nacional y sobre la historia de México, paulatinamente han estado tomando medidas antipatrióticas y ajenas al interés nacional, privatizando actividades fundamentales de Pemex, con lo que despojan a los mexicanos de una empresa y una actividad económica que, por varios años más, seguirá siendo estratégica.
La expropiación y nacionalización del petróleo se realizó en un sólo acto, con el decreto expropiatorio del presidente Lázaro Cárdenas. El proceso privatizador, se está realizando poco a poco, pero a estas alturas está muy adelantado y, con la decisión gubernamental de privatizar la petroquímica, se busca dar un paso decisivo para quebrar a Pemex como empresa de la nación mexicana.
Pocos mexicanos lo han advertido, o bien no existe una difusión lo suficientemente amplia para comprenderlo, pero con el gobierno de Salinas de Gortari, concretamente en el año de 1993, se inició la participación de empresas extranjeras en la refinación del petróleo mexicano. Ese año Pemex firmó un convenio con la Shell Oil Co. por el cual esta empresa participó en la refinación de petróleo para satisfacer la demanda interna. Es decir, se envió a territorio estadunidense crudo mexicano para su refinación y se regresó a México para su consumo. Esto en contra de la disposición según la cual las operaciones de refinación petrolera sólo puede llevarlas a cabo Pemex.
Bajo el gobierno de Ernesto Zedillo, al aprobarse cambios a la reglamentación petrolera, se permitió la participación de inversionistas privados, sobre todo norteamericanos, en el transporte y almacenamiento de gas natural, que estaba reservada a Pemex. Existe el peligro real, como lo señalan varios estudiosos de la actividad de Pemex, que la empresa estatal sea desplazada de esa rentable actividad y, en su lugar, se integren monopolios privados del transporte y almacenamiento de gas natural, con el consecuente peligro para el interés de los mexicanos.
Otro cambio de carácter legislativo faculta a instituciones privadas para regular el servicio de transporte por ducto de gas licuado de petróleo, que hoy realiza Pemex, lo que viola la Ley del Petróleo.
Y por lo que se refiere a las actividades de exploración y perforación, prácticamente se han dejado en manos del capital privado. Es más, los equipos de perforación que eran propiedad de Pemex, les fueron vendidos a precios muy bajos a las empresas privadas, y son precisamente los que ahora utilizan para esa actividad.
Si se observa bien, una buena parte de Pemex como empresa estatal ha sido desmantelada a través de la privatización, es decir, a través de un auténtico proceso desnacionalizador, efectuado de manera sigilosa para que el pueblo no advierta los peligros que se ciernen sobre la nación, cuya soberanía ha sido seriamente dañada con esas medidas.
Sin embargo hay más. La decisión de permitir la presencia del capital privado, sobre todo extranjero, en las empresas petroquímicas instaladas en un 49%, y de un 100% en las de nueva creación, constituye un paso más, realmente alarmante, en el antinacional proceso de privatización de Pemex.
En México legalmente se hace una distinción entre petroquímica básica y secundaria, distinción que, como dicen los enterados, no la hace la química orgánica. La base de esa distinción es técnica y estratégico-económica. En el gobierno de Salinas, en contra de los criterios estratégico-económicos, es decir, sin ningún fundamento, los productos de la petroquímica básica fueron, mediante una reclasificación arbitraria, a parar a la petroquímica secundaria, y se abrió al capital privado, sin ninguna consideración del interés nacional, esa actividad que es una de las más rentables de Pemex y base de su capacidad económica y financiera.
Es decir, nos encontramos frente a decisiones gubernamental que fortalece el proceso privatizador del petróleo mexicano, despoja a Pemex y, por lo tanto, a la nación mexicana de parte de su patrimonio, rescatado en las jornadas históricas que culminaron con el decreto expropiatorio del 18 de marzo de 1938; decisión que sentó las bases de la independencia económica de México tan afectada, ahora, con los gobiernos neoliberales.
¡Es necesario y urgente parar la política privatizadora de Pemex, para que México siga siendo una nación soberana!
En otros artículos me he referido y me referiré a la actitud de los gobiernos federales panistas, que continuaron y acentuaron el proceso desnacionalizador del petróleo mexicano.
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