Es evidente que la cúpula del
PRI apuesta a la desmovilización de las fuerzas que rechazan la imposición. También
le apuesta a la impunidad y al olvido. Y a pesar de los sectores populares que
lo conforman sigue pensando que estamos en el siglo XX.
También se aprecia que en
tres semanas se ha diluido la figura de Peña Nieto como el vencedor –con la
legalidad en entredicho y la legitimidad perdida- de las elecciones
presidenciales. En amplios sectores sociales se ha consolidado la percepción de
que se trata de una imposición de los grandes intereses económicos. La elección
presidencial está, hoy, más que desprestigiada a nivel nacional e
internacional.
Al mismo tiempo, la
irritación social crece cada día ante el cúmulo de elementos que confirman,
para grandes sectores de la población, la certeza de un fraude de enormes proporciones.
Un fraude que se realizó antes y durante el proceso electoral, es decir, ya no se
consumó estrictamente en las urnas, y sin embargo se volvieron a dar el día de
la elección antiguas artimañas, donde el PRI, ”maestro del fraude” (Peña Nieto
dixit) superó con mucho a sus alumnos (el PAN se rindió frente a su maestro,
decía con sorna un estudiante universitario). El resultado fue la burla a la
voluntad ciudadana.
En este ambiente, el IFE y el
TRIFE desarrollan su actividad en medio del mayor desprestigio y de la más amplia
desconfianza ciudadana. Gran parte de la opinión pública considera, además, que
esos organismos electorales están al servicio del PRI, con la complicidad
abierta del PAN, y que todos ellos están jugando con fuego, porque a ninguno
importa provocar un incendio nacional con tal de que los neoliberales conserven
el poder.
Llamar a la cordura y a la
sensatez a esas instituciones y a esos partidos sería una ingenuidad. Están
dispuestos a llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias, por el tipo de
intereses que representan, contrarios a los del pueblo.
Los dinosaurios panistas
están apostando las mismas cartas que el PRI. Fernández de Ceballos (verdadera
voz de ultratumba en las condiciones actuales), un ser repulsivo, antediluviano
y fascistoide, se convierte en vocero de ambos partidos al entrar cínicamente
al terreno de las descalificaciones contra la movilización social, contra el #YoSoy132
y contra el movimiento progresista de López Obrador.
El panista ha recibido
enormes beneficios del neoliberalismo como para quedarse callado.
Destaca que la lucha contra
la imposición ha dejado de tener carácter nacional para insertarse en el
movimiento internacional antineoliberal. Es una batalla que encaja en los
grandes movimientos del mundo en contra del neoliberalismo, que fortalece ese gran
frente mundial y que se nutre de la solidaridad de los millones de ciudadanos
del mundo que se encuentran en lucha. Esta es una gran fortaleza.
Para muchos mexicanos, al
lado de la demanda por invalidar la elección presidencial, el gran movimiento social
tiene que plantearse un programa mínimo inmediato para reconstruir a la nación
mexicana, destruida por los neoliberales fundamentalistas que mal gobiernan
este país desde 1982, durante largos 30 años, un tiempo similar al de la
dictadura porfiriana.
Rescatar la vigencia de la
Constitución mexicana sería una de sus demandas fundamentales, porque
significaría restablecer el Estado Laico; otorgar a la educación pública el
papel rector en el desarrollo nacional; sujetar al clero político a la
soberanía estatal y restablecer el papel del Estado en el desarrollo económico,
entre otras cosas.
Significará, también, parar
en seco las llamadas reformas estructurales. No dar ni un paso atrás en las
conquistas nacionales y populares. Ningún retroceso en la propiedad originaria
de la nación sobre el suelo y el subsuelo, restableciendo la soberanía nacional
en el manejo del petróleo y la electricidad. Y mantener las conquistas de los
trabajadores plasmadas en el artículo 123 constitucional, sin ninguna concesión
a las políticas que agreden a la clase trabajadora.
De manera muy clara y
enfática el movimiento tiene que plantearse la lucha decidida contra los
propósitos neoliberales de privatizar la seguridad social. Privatizar la
seguridad social es un crimen de lesa patria.
Y en materia fiscal, simple y
llanamente debe restablecerse el principio constitucional que obliga a los
mexicanos a contribuir a los gastos públicos según su capacidad económica, y derogar,
pero ya, las disposiciones que violan este mandato constitucional, al otorgar
privilegios indebidos -es decir, ilícitos- a los dueños del dinero.
El movimiento social también
debe incorporar a su agenda la demanda para castigar las felonías de la
administración de Felipe Calderón. Nadie en su sano juicio puede decir que aquí
no pasó nada cuando el panista, de manera anticonstitucional, fomentó la penetración
del capital privado a Pemex y a la CFE, y utilizó al ejército en funciones de
policía, sin existir el marco jurídico que le otorgue esa función.
Atender los reclamos, cada
vez en mayor número, que exigen castigar a Calderón -calificado ya como el “carnicero
de Morelia”- por la enorme cantidad de muertos durante su fallida
administración y por haberse prestado dócilmente para que los gobiernos yanquis
impusieran su política para “enfrentar” el problema del narcotráfico,
convirtiendo el territorio mexicano en escenario de una cruenta guerra, como en
su momento la impusieron en Colombia y en otras latitudes del mundo.
No hay que esperar más
tiempo. Se impone una gran alianza de sus fuerzas democráticas para derrotar a
los neoliberales. Esa gran alianza se va perfilando en las masivas, permanentes
y combativas movilizaciones, que se han dado a nivel nacional e internacional
contra la imposición.
Pero sólo la unión de las fuerzas
políticas y sociales que luchan contra la imposición, y aquellas de clara
orientación antineoliberal, le darán al pueblo la posibilidad real de derrotar
a los neoliberales y lograr profundas transformaciones en beneficio de la
nación y del pueblo.