TAREAS URGENTES DE LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS DE MÉXICO

La primera y más importante tarea de las fuerzas democráticas de México, en este momento, frente al nuevo gobierno, es la lucha por restablecer la vigencia de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y por la aplicación de sus postulados más avanzados en beneficio del pueblo: 

Restablecer la vigencia de las normas que contienen las garantías individuales, muchas de ellas canceladas o conculcadas por los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN. De manera inmediata derogar aquellas figuras que niegan en la práctica el ejercicio de esas garantías.

Exigir la vigencia de las garantías sociales, como la establecida en el artículo tercero en materia de educación, aplicando sus postulados filosóficos. Las que contiene el artículo cuarto de la misma Ley Suprema: derecho a la alimentación nutritiva, derecho a la protección de la salud, derecho a un medio ambiente sano, derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.

Exigir la vigencia plena de los derechos de la niñez que contiene la misma disposición constitucional, así como el derecho al acceso a la cultura, el derecho a la cultura física y a la práctica de los deportes.

Cualquier declaración o acuerdo gubernamental que no se oriente claramente a conseguir que las garantías  individuales y sociales se cumplan y apliquen, cae en el terreno de la demagogia.

Además debe respetarse el contenido de los artículos 24 y 130, para que el clero se abstenga de intervenir en la vida política y se concrete a la función que le es propia.

Por salud de la República es urgente el restablecimiento de los mandatos del artículo 27 constitucional en materia de petróleo y electricidad, cancelando los contratos otorgados a intereses privados en violación de esa norma. Hay que restablecer la soberanía plena en materia energética, y combatir, con firmeza, las intenciones del gobierno federal que pretende desnacionalizar la riqueza petrolera y privatizar Pemex.

A Pemex hay que rescatarlo de las garras de las empresas petroleras extranjeras que ya lo penetraron por las acciones fraudulentas y anticonstitucionales desde el poder público; rescatarlo de la corrupción, privada y gubernamental, que materialmente han saqueado a dicha empresa, desde 1982, y robado la renta petrolera propiedad de los mexicanos, y parar la sangría que significa el robo descarado de los fluidos de gas y petróleo, sin que el gobierno haga nada, ubicándose como cómplice de los delincuentes.

Las fuerzas democráticas tienen también la tarea impostergable de luchar para derogar la contrarreforma laboral, aprobada por panistas y priistas recientemente, que es violatoria del artículo 123 de la Carta Magna y de instrumentos internacionales en materia laboral.

Es contradictorio o más bien demagógico que por una parte se hayan aprobado las reformas reaccionarias a la Ley del Trabajo, que no generarán los empleos que se requieren, que institucionaliza los salarios de hambre, que revive el trato que los trabajadores recibían durante la dictadura de Porfirio Díaz, y, por otra, se diga  que se va a combatir la pobreza. “Combatir” la pobreza con bajos salarios, derivados de esa contrarreforma, muestra la verdadera concepción del nuevo gobierno.

Además, debe rescatarse la seguridad social de manos de los mercaderes inescrupulosos y restablecer el sentido solidario con que se concibió. La privatización de la seguridad social es un crimen de lesa patria.

En política exterior urge restablecer los principios históricos que señala el artículo 89 de la Constitución nacional, abandonando los sueños de gran potencia que ocultan la pobreza, la miseria y la pérdida de soberanía generadas por 30 años de neoliberalismo.

También hay que decir que el nuevo gobierno no va a rescatar ningún liderazgo en América Latina si sigue sujeto a los yanquis y si aplica medidas neoliberales que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos están abandonando.

Antes de proponerse convertir a México en una potencia mundial, o un país de clase media hay que rescatar a los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la miseria.

Por un sentido elemental de dignidad nacional, el gobierno federal tiene la obligación de expulsar del país a las policías yanquis que se encuentran en el territorio nacional en violación flagrante de la soberanía nacional, investigar y castigar la felonía de los funcionarios traidores que han permitido la injerencia yanqui en cuestiones que sólo competen a los mexicanos.

Hay que precisar que el prestigio de México en la arena internacional no la construyó el PRI como partido. Se construyó fundamentalmente con dos gobiernos ejercidos con sentido popular y nacional: el gobierno de Lázaro Cárdenas, emanado del Partido de la Revolución Mexicana, que por sus principios y lucha no era el PRI, con una actitud anticolonial, antimperialista, antifascista, solidario con las luchas de los pueblos por la independencia, la soberanía y el progreso social, y el gobierno de López Mateos, también anticolonial y antimperialista que, entre otras cosas, mostró firmeza solidaria con Cuba al negarse a romper relaciones con el naciente gobierno socialista encabezado, en la Isla, por Fidel Castro.

Esos gobiernos emanados de la Revolución Mexicana, condujeron una política internacional digna de un pueblo que proclamó y reclamó principios fundamentales en la convivencia mundial. En las relaciones internacionales no se comportaban como vulgares mercaderes, promoviendo los intereses de los sectores acaudalados, como sí ocurrió con todos los gobiernos neoliberales desde 1982.

Recatar esa presencia de México a nivel internacional no será posible si, además, no se ejerce con dignidad y respeto el gobierno en el interior del país, si se reprimen las manifestaciones justas de los jóvenes que representan la indignación de millones de mexicanos. La represión de la protesta social constituye un acto de provocación y un mensaje dictatorial que los mexicanos rechazamos con la mayor energía.

En materia del crimen organizado y la brutal inseguridad que sufre el pueblo, hay que impedir -por dignidad y vigencia plena de nuestra soberanía como nación- que los yanquis sigan metiendo las manos, en una abierta actitud intervencionista, consentida y auspiciada por los neoliberales, en cuestiones exclusivas de los mexicanos.

Rechazar con energía y firmeza que México siga siendo tratado como conejillo de indias en materia de narcotráfico. Se debe entender que son los yanquis, a través de sus múltiples agencias de espionaje y desestabilización, los que administrar el gran negocio que representan la producción, la comercialización y el consumo de drogas.

Los gringos han colombianizado a México, y le han impuesto una guerra que no resuelve ni resolverá el problema, sino que lo agravará. Los yanquis ponen las armas y México pone los muertos. Los yanquis saben quiénes son y dónde están los grandes capos, por eso cuando les conviene los detienen sin disparar un tiro.

Los yanquis le han dado a México el trato que le dan a Afganistán y Paquistán. La guerra conviene a los gringos, está en sus intereses económicos y políticos que esa guerra desastrosa continué.

Los cómplices de los gringos como Felipe Calderón y su gobierno merecen ser juzgados y castigados con severidad ejemplar. Si quienes deben hacerlo no actúan contra los responsables de casi cien miel muertes y miles de desparecidos y desplazados; si se deja impune la conducta traidora de quienes consintieron que México haya sido invadido por las armas yanquis; si no se castigan los delitos cometidos desde el poder público contra el pueblo y la Nación se estará invitando al pueblo para que tome justicia por su propia mano.

En cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, -si el gobierno ajusta sus actos a los mandatos de la Constitución nacional- debe retirar inmediatamente al ejército y a la Marina de las funciones policíacas que, de manera anticonstitucional, les otorgó el gobierno reaccionario de Calderón, pues son funciones ajenas a su competencia y con ello han invadido facultades que la Constitución confiere a otros órganos del Estado.

En materia fiscal sería criminal que se aumente el IVA y se generalice a los alimentos y medicamentos. De nada servirá el llamado sistema universal de salud si la mayoría de los mexicanos no tienen acceso a la asistencia médica y a un cuadro básico de medicamentos, así como a una alimentación sana. Por hoy, y visto el contenido del articulo cuarto de nuestra Constitución cualquier medida o impuesto que haga nugatorio el derecho a la alimentación y a la salud debe rechazarse de plano por ser anticonstitucional y antipopular.

En el terreno fiscal hay que combatir cualquier intento de seguir gravando el consumo. Hay que gravar al capital, que ha amasado cuantiosas fortunas a costa del hambre, la salud y la vida misma del pueblo.

Restablecer la vigencia del mandato constitucional -burlado de mil maneras por los funcionarios públicos y los intereses privados- según el cual los mexicanos deben contribuir de acuerdo con su capacidad económica. Como ya se dijo en el pasado con mucha insistencia y total claridad: que pague más el que más tiene, que pague menos el que menos tiene y que nada pague el que nada tiene. Y por un elementa sentido de justicia, derogar todas las disposiciones que otorgan privilegios a los adinerados, muchos de los cuales no pagan impuestos, y cuando los pagan se los regresan. Son principios elementales de justicia social.

Como de elemental justicia social es atender la vida de los campesinos mexicanos, abandonados por los neoliberales a su suerte y a sus recursos, y no se diga a los ejidatarios obligados por los tecnócratas a malbaratar sus parcelas para sobrevivir, sin ninguna posibilidad de tener acceso al crédito porque el sistema bancario entregado por los tecnócratas al intereses extranjeros se los niega.

Como se aprecia por lo expuesto, no se trata de un programa, sino de acciones urgentes e inmediatas que las fuerzas democráticas deben impulsar y, de esa manera, cerrar el paso a los intentos gubernamentales de cancelar el debate nacional mediante acuerdos cupulares.

PARAR EN SECO LOS INTENTOS DESNACIONALIZADORES DEL PETRÓLEO MEXICANO

El “nuevo” PRI nos empieza a tratar a los mexicanos como si fuéramos unos retrasados mentales y carentes de memoria histórica. Los principales personajes de ese partido, surgidos de las universidades privadas, sin ningún compromiso social, ajenos a las aspiraciones de justicia social de las grandes masas populares, sin asumir legalmente el gobierno, se han conducido de manera irresponsable: han apostado todo para cancelar derechos fundamentales de la clase trabajadora, y anuncian desfachatadamente la desnacionalización del petróleo.

Sin tener en cuenta razones de carácter histórico, que obviamente ignoran, haciendo gala de soberbia, y sin el menor sentido de pertenencia a un pueblo como el mexicano, se conducen como mandaderos de intereses económicos domésticos y extranjeros, sin importarles los intereses del pueblo.

Causa verdadera indignación que personas como Luis Videgaray y el propio Peña Nieto salgan al extranjero a ofrecer el petróleo mexicano como si se tratara de un recurso del que puedan disponer así como así.

Sus argumentos -si es que así se pueden llamar a lo que dicen para justificar su propuesta desnacionalizadora- los hemos escuchado machaconamente desde 1982 en que se instauró el neoliberalismo depredador. No hay nada novedoso. Ya los escuchamos de los gobiernos priistas y panistas en los últimos 30 años.

Repito: a la contrarreforma neoporfirista en materia laboral, se anuncia la desnacionalización del petróleo mexicano, otra contrarreforma del mismo tipo, invocando los sagrados dogmas de la economía de mercado: el libre comercio, la competitividad, y dizque la generación de empleos.

El signo de la modernidad para el “nuevo” PRI es regresar a la época de Porfirio Díaz, entregando la riqueza petrolera de México a las empresas extranjeras, en una actitud que desafía la tolerancia que el pueblo ha mostrado en las últimas décadas. Parece que estamos ante actos de provocación de esta nueva generación priista.

Con Pemex -hay que refrescarles la memoria- se consolidó el ejercicio pleno de la soberanía nacional al rescatar los recursos petroleros en manos de compañías extranjeras; con Pemex se materializó la expropiación decretada por un gobierno patriota, y con Pemex la nacionalización del petróleo abrió, a nivel mundial, un camino que posteriormente siguieron varios gobiernos en distintas latitudes del mundo, y aún sigue siendo ejemplo para quienes representan a sus pueblos con dignidad.

Lázaro Cárdenas es recordado en muchos países de América Latina y del orbe como el presidente mexicano que desafió al imperialismo yanqui, le ató las garras, recuperó las riquezas petroleras para la nación, e inauguró el proceso de nacionalizaciones, a nivel mundial, en el siglo XX. Levantó a Pemex sobre las ruinas que dejaron las compañías petroleras extranjeras; y los ingenieros mexicanos desarrollaron la tecnología que llevó a esa empresa a elevados niveles de competencia internacional y de gran eficiencia administrativa.

Pemex se convirtió en la columna vertebral del desarrollo económico de México. Sin Pemex no se pueden explicar las transformaciones que se dieron en México en los años constructivos de la Revolución Mexicana, y sin Pemex no se concibe el desarrollo nacional en el siglo XXI.

Los graves problemas de Petróleos Mexicanos son el resultado de las políticas neoliberales que han tratado de destruir esa empresa, y ahora con el “nuevo” PRI consideran que llegó el momento de entregar los recursos petroleros a las compañías extranjeras, y destruir a la empresa que influyó, entre otras cosas, a mantener la paz social en nuestro país.

Priistas y panistas han violado de manera descarada la Constitución nacional al permitir la presencia de inversión privada en actividades reservadas de manera exclusiva para la nación, invocando mentiras para tratar de justificar esas medidas antipatrióticas.

Dice la Constitución Mexicana en su artículo 27 que “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.

De manera que los contratos que empezaron a otorgar los priistas y siguieron otorgando los panistas son nulos de pleno derecho, como lo señalaron reiteradamente conocidos y prestigiados constitucionalistas mexicanos. Y si en el futuro inmediato se siguen otorgando, seguirán siendo nulos de pleno derecho, y quienes los otorgan contraen responsabilidades administrativas y penales que las leyes mexicanas señalan.

Peña Nieto jurará, el primero de diciembre, respetar y hacer respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto la primera medida que debe tomar –si ajusta sus actos a la Constitución nacional y a la ley- es retirar la presencia de la inversión privada en actividades petroleras reservadas exclusivamente al Estado mexicano, o se convertirá como otros gobernantes en violador de la Constitución.

Frente a la amenaza desnacionalizadora, anunciada aquí y prometida irresponsablemente en el extranjero, la inmensa mayoría de los mexicanos debemos asumir la defensa de los recursos petroleros y de Pemex, y combatir las falsedades que invocan los neoliberales.

No hay ninguna razón económica o social que justifique la desnacionalización del petróleo y la privatización de Pemex.

Desnacionalizar el petróleo mexicano y liquidar la empresa petrolera de los mexicanos ha sido y es una exigencia de las compañías extranjeras, repetida como vulgares ventrílocuos por el FMI, el BM, la OCDE y otras instituciones creadas a nivel mundial por esos intereses, a los que representan y defienden, y en nombre de los cuales sugieren e imponen medidas en perjuicio de pueblos como el mexicano.

LA CONTRARREFORMA LABORAL EN MÉXICO

Causa verdadera indignación el manoseo que los neoliberales han hecho del tema laboral y la enorme cantidad de mentiras que han vertido para justificar la rápida aprobación de su contrarreforma laboral.

La actitud sumisa de los neoliberales a los mandatos del exterior es motivo de vergüenza ajena, y en la prisa por ser gratos a sus amos y presentarse como los campeones de la modernidad, fingen olvidar que con esa contrarreforma están ubicando las relaciones obrero patronales en el siglo XIX para justificar, de esa manera, una sobrexplotación de la clase trabajadora.

Desde quienes presentaron o dieron su consentimiento para que se presentara la iniciativa que contrarreforma la legislación laboral mexicana que, hay que repetirlo, cancela derechos fundamentales de la clase trabajadora, hasta quienes fingieron demencia, todos cargan con la responsabilidad histórica de impulsar la más rabiosa agresión contra los trabajadores, sólo comparable con su situación en el Porfiriato.

Y como se trata de cumplir compromisos con fuerzas y organismos manejados por el imperialismo yanqui, los irredentos neoliberales ni siquiera se toman la molestia de mirar a los países de Europa que ya aplicaron esas medidas draconianas contra el trabajo y obtuvieron resultados económicos y sociales desastrosos.

Tampoco quieren voltear hacia América Latina, región en la que varios pueblos han elegido gobiernos que se apartan de los mandatos imperialistas, y están aplicando medidas sociales fundamentales, retomando con dignidad su desarrollo independiente y soberano.

Los neoliberales mexicanos, hechos a imagen y semejanza de los neoliberales de otras latitudes del mundo, se ufanan de ser originales, de concebir políticas para cada país o región, de buscar la modernización de todo cuanto existe, pero de manera desvergonzada se someten a los dictados del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, etc. que operan como vulgares instrumentos para aplicar la política diseñada por el llamado Consenso de Washington.

Dichos organismos son los verdaderos patrones de los gobiernos. Los neoliberales “modernizadores” asumen el gobierno como simples intermediarios entre los intereses transnacionales y el pueblo, con el compromiso de defender a costa de lo que sea a sus amos.

En México este fenómeno se inició cuando terminaron los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana. A excepción del gobierno de Miguel Alemán, caracterizado entre otras cosas por una tremenda corrupción, los demás en general adoptaron medidas con sentido nacional y social.

Pero a partir de Miguel de la Madrid, los neoliberales condujeron aceleradamente al pueblo mexicano a la enorme desigualdad social que sufre. Hoy nos encontramos con niveles de desigualdad social similares a los del Porfiriato.

La contrarreforma laboral, concebida y diseñada desde el exterior, impuesta a los neoliberales del país, parte de una consideración perversa e inmoral: que los derechos sociales de la clase trabajadora son un estorbo y la principal causa del desempleo.

Con absoluta razón Viviane Forrester se pregunta: ¿Cómo es posible que se insista en que las escasas conquistas sociales conservadas, las débiles reticencias al ultraliberalismo, sean la causa del desempleo…”

El FMI, el BM, la OCDE y demás “recomiendan” limitar y gradualmente desaparecer los derechos sociales de los trabajadores, hasta colocarlos, ni más ni menos, en una situación de indefensión frente a los empresarios, que así cuentan con todas las condiciones y derechos para lograr la sobreexplotación de los trabajadores.

La contrarreforma laboral, en México, como en otras partes del mundo, está concebida como una legislación a favor de los empresarios y en contra, abiertamente, de los trabajadores. Está orientada a favorecer las ganancias de la minoría privilegiada a costa del desempleo, la pobreza y la miseria de grandes masas.

Muestran un cinismo desmesurado quienes afirman que con las propuestas neoliberales se crearán más empleos. Ni ese es el propósito, ni ese ha sido el resultado donde ya se aplican. Hay que voltear hacia varios países de Europa, donde los indignados se han levantado vigorosamente contra los indignos, para utilizar la expresión de Eduardo Galeano.

La legislación constitucional, vigente en México, en materia laboral es una de las más avanzadas del mundo en ese nivel. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene los derechos fundamentales de la clase trabajadora, y esa norma básica se proyecta a la legislación secundaria en la materia.

Las “modernas” reformas de los neoliberales, sus propuestas “modernizadoras” también están clara y abiertamente contra los derechos que nuestra Constitución otorga a los trabajadores. Violenta los derechos individuales de los trabajadores, así como sus derechos colectivos.

Y como lo han dicho juristas especializados, la contrarreforma laboral, al mismo tiempo, “viola al menos 28 tratados internacionales ratificados por el Senado en materia de libertad sindical, negociación colectiva, igualdad de oportunidades, seguridad, salud y estabilidad en el trabajo”.

Los neoliberales quieren, con esa contrarreforma, institucionalizar el hambre y la miseria; institucionalizar el desempleo, los salarios de hambre y la inseguridad laboral; poner barreras infranqueables para la organización sindical de los trabajadores y limitar hasta desparecer los derechos sociales.

Tratan de confiscar a los trabajadores el derecho a la jubilación, despojarlos de cualquier protección, restablecer la ley de la selva en las relaciones obrero patronales, e impedir que los trabajadores se organicen solidariamente con sentido de clase.

Y ya desbocados, los neoliberales mexicanos se fueron hasta la cocina. Concibieron, hace pocos meses, una manera burda de apagar cualquier manifestación de protesta social, otorgando al Ejecutivo Federal la llamada Iniciativa Preferente, o sea una facultad presidencial para que se aprueben leyes sin discusión, en un plazo perentorio.

Se institucionaliza, de esa manera, el presidencialismo desbocado, y el legislativo juega el deshonroso papel de una simple oficina de trámite de la voluntad presidencial. ¡Otro signo de la modernidad! dirán los neoliberales, cuando en realidad se trata del regreso a las formas más vulgares de la dictadura porfiriana.

Rechazar la contrarreforma laboral, repudiar y combatir al neoliberalismo es, por hoy, una necesidad histórica y condición necesaria para mantenernos como una nación independiente y soberana, que en el futuro otorgue satisfacción a las necesidades del pueblo y permita el cabal desarrollo de las potencialidades de los mexicanos.

LAS PRIMERAS Y ÚLTIMAS PALABRAS DEL PRESIDENTE ALLENDE A LA NACIÓN CHILENA

 El 4 de septiembre de 1970.

El 21 de agosto de 1972 presenté, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Tesis Profesional titulada “La situación actual de Chile y los posibles cambios en su estructura económica y política dentro del ámbito internacional”, que no obstante su largo titulo se refería al triunfo de la Unidad Popular encabezada por Salvador Allende.

El 4 de septiembre de 1970 quedó inscrito en los anales de las luchas populares de América Latina como una fecha histórica. La Unidad Popular -integrada por el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, el Partido Socialdemócrata, y por dos movimientos: El Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y la Agrupación Popular de Izquierda (API)- logró el triunfo de su candidato presidencial Salvador Allende Gossens.

Ese trabajo de juventud lo dedique “Al pueblo chileno: como un modesto homenaje a su grandeza”. Señalé: “El triunfo de la Unidad Popular de Chile forma parte de las luchas que libran los pueblos de los países explotados por liquidar sus males ancestrales, y por encaminar sus pasos hacia metas donde desaparezca la explotación que del hombre hace su semejante”.

El triunfo de la Unidad Popular, el triunfo de Salvador Allende, cimbró al mundo y abrió un nuevo camino para construir el socialismo, que fue brutalmente cancelado por el imperialismo y los fascistas chilenos.

Al conocer su triunfo, Salvador Allende declaró: “Yo quiero que comprendan que soy sólo un hombre con todas sus flaquezas y debilidades. Y si acepté las derrotas de ayer, hoy, sin soberbia y sin espíritu de venganza, recojo este triunfo que nada tiene de personal y que se lo debo a las fuerzas populares. Se lo debo al hombre sacrificado, a la humilde mujer y al pueblo de Chile que estará conmigo en la moneda” (Pág. 152 de la Tesis).

Posteriormente, en el local de la Federación de Estudiantes de Chile, Salvador Allende fue categórico: “No seré un Presidente más. Seré el primer Presidente del primer gobierno auténticamente democrático, popular, nacional y revolucionario de la historia de Chile. Dije y debo repetirlo: si la victoria no era fácil, más difícil será consolidar nuestro triunfo y construir la nueva sociedad, la nueva convivencia social, la nueva moral y la nueva patria…Hemos triunfado para derrotar al imperialismo, terminar con los monopolios, hacer una verdadera reforma agraria, profunda, nacionalizar el crédito –pilares del progreso de Chile- creando el capital social que provocará nuestro desarrollo… Quiero destacar que nuestros adversarios de la Democracia Cristiana han reconocido, en una declaración, la victoria popular. No le vamos a pedir a la derecha que lo haga. No lo necesitamos. No tenemos ningún ánimo pequeño contra ella, pero ellos no serán capaces jamás de reconocer la grandeza que tiene el pueblo en sus luchas nacidas de su dolor y de su esperanza” (idem).

En el último párrafo que aparece en la página 245 de la Tesis, señalo que “El proceso revolucionario que, a partir del triunfo de la Unidad Popular, se está llevando a cabo en Chile, requiere de la auténtica solidaridad de los pueblos latinoamericanos. Constituye un deber de todo latinoamericano consciente asumir la defensa de la Revolución de Chile”.

El trabajo que realicé y presenté en la Facultad de Derecho de la UNAM no fue, como se aprecia, una tesis jurídica, sino política y de compromiso con las grandes gestas del pueblo chileno y de nuestros pueblos latinoamericanos.

El 11 de septiembre de 1973

Durante tres años la Unidad Popular, bajo el liderazgo de Salvador Allende, mantuvo una lucha abierta y cruenta contra la injerencia cínica del imperialismo yanqui y los fascistas chilenos, que pretendieron desde el principio impedir que asumiera el poder y, después, derrocarlo. Cuando bombardearon La Moneda, sede oficial del gobierno chileno, Salvador Allende pronunció sus últimas palabras, cuyo texto conocimos al poco tiempo del sangriento golpe de Estado fascista.

 Hoy se incorporan al blog (en texto y con la liga para escuchar la voz del extraordinario revolucionario chileno) como un testimonio perdurable y directo de la grandeza de Salvador Allende.

http://www.youtube.com/watch?v=g1QJ-y_xUmk&feature=player_embedded

Seguramente ésta será la última oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes.

La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe titulares, el almirante Merino, que se ha autodesignado comandante de la Armada, más el señor Mendoza, general rastrero que sólo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al Gobierno, y que también se ha autodenominado Director General de carabineros.

Ante estos hechos sólo me cabe decir a los trabajadores: ¡Yo no voy a renunciar! Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza.

La historia es nuestra y la hacen los pueblos.

Trabajadores de mi Patria: quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra en que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo.

En este momento, definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección: el capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y reafirmara el comandante Araya, víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas, esperando con mano ajena, reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios.

Me dirijo, sobre todo, a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo de nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la Patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días siguieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clases para defender también las ventajas de una sociedad capitalista de unos pocos.

Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente: en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando las vías férreas, destruyendo los oleoductos y los gaseoductos, frente al silencio de quienes tenían la obligación de proceder. Estaban comprometidos. La historia los juzgará.

Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa. La seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal con la Patria.

El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse.

Trabajadores de mi Patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.

¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!

Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano, tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.

PROPUESTA NEOLIBERAL DE PEÑA NIETO

La privatización es una política intencional para estafar a la nación de su patrimonio, en beneficio privado.

La religión neoliberal que profesa la OCDE, el FMI, el Banco Mundial ha sido impuesta a grupos de desnacionalizados en países como México que, con descaro, presentan esa política como nativa y la aplican sin ninguna consideración.

La política neoliberal ha quebrado a la nación, saqueado al país y empobrecido al pueblo. El neoliberalismo es la madre y el padre de la inseguridad pública y de la elevada criminalidad que ha golpeado a los mexicanos como nunca.

Ese modelo depredador es descrito, con precisión, por Viviane Forrester en su extraordinario libro “Una extraña dictadura”, publicado por el Fondo de Cultura Económica. De ella cito  textual y ampliamente el siguiente párrafo:

“Adaptarse a la consigna. Adaptarse una vez más y siempre. Adaptarse al hecho consumado, a las fatalidades económicas, a las consecuencias de esas fatalidades, como si la coyuntura sí fuera fatídica, historia concluida, época condenada a prolongarse para siempre. Adaptarse a la economía de mercado, es decir, especulativa. A los efectos del desempleo y su explotación desvergonzada. A la globalización, es decir, a la política ultraliberal que la rige. A la competitividad, es decir, al sacrificio de todos en aras de la victoria de un explotador sobre otro, participantes ambos del mismo juego. A la lucha contra el déficit de las cuentas públicas, es decir, la destrucción progresiva de infraestructuras esenciales y la supresión programada de las protecciones y conquistas sociales. Adaptarse a la desregulación económica que sustentan una revolución reaccionaria y agresiva, que se pueden calificar incluso de insurreccionales, pero que se han instalado con toda tranquilidad, oficialmente, aceptadas e incluso alentadas, aunque anulan cualquier ley que se erigen en barrera de la voluntad especulativa, aunque violen impunemente las leyes que garantizan poner cierto freno a la injusticia y sin las cuales triunfa la tiranía. Adaptarse al cinismo de las conductas mafiosas autorizadas, convertidas más que en familiares, en tradicionales. Adaptarse al traslado de empresas y a la fuga de capitales, los paraísos fiscales, las desregulaciones anárquicas, las fusiones enormes, las especulaciones criminales, aceptadas como si tal cosa, como producto de leyes naturales, contra las cuales es inútil rebelarse. Adaptarse, ya de suyo, a la soberbia de la incompetencia, a su soberanía de derecho divino. Adaptarse…se necesitarían muchas páginas para completar la lista”.

Se hace esta cita para que se compare lo que es el ultraliberalismo, como denomina Viviane Forrester al neoliberalismo, y los pronunciamientos de quien asumirá el sexto gobierno neoliberal, en México, el próximo 1° de diciembre.

No tenemos que esperar mucho tiempo para comprobar que la contrarreforma laboral, presentada formalmente al legislativo federal por Calderón, es la primera reforma neoliberal de Enrique Peña Nieto, y si, además, con él se restablece el presidencialismo más rampante, y la sujeción abyecta de los diputados y senadores del PRI a las políticas diseñadas desde Los Pinos.

Si el Partido Revolucionario Institucional la aprueba no habrá ninguna duda: será una contrarreforma, presentada por los panistas, con el pleno acuerdo de la cúpula del PRI y su candidato presidencial para agredir a los trabajadores de México, y si eso ocurre, los priistas tendrán, por lo menos, que desaparecer de sus documentos básicos cualquier declaración a favor de la clase trabajadora, pues no podrá decirse que los defiende cuando en realidad los agrede.

En esencia, la contrarreforma laboral trata de elevar a rango de ley la precariedad en el empleo, el tiempo parcial, el despido fácil y rápido de los trabajadores, la limitación al derecho de huelga y los bajos salarios para salvaguardar las ganancias empresariales.

Es insensato, cruel y criminal afirmar, como lo hacen los neoliberales, que la falta de crecimiento se debe a la existencia de derechos sociales de los trabajadores y, por lo tanto haya que limitarlos, primero y desaparecerlos, después.

Así los derechos políticos, que tanto cacarean, se han convertido en una burla, porque pretenden cancelar los derechos sociales.

En estas circunstancias el papel contrarrevolucionario del PAN será como en 1988, con Salinas que, por cierto, se convirtió en el ideólogo de los discípulos de Gómez Morín.

El “nuevo” PRI, es decir, la nueva generación de priistas, alejado de los principios de justicia social que proclaman sus documentos básicos, tiene más cercanía y plena identificación con la política neoliberal, y tiene en común con los panistas que sus representantes más conocidos son egresados de universidades privadas, con estrechos lazos familiares entre sí.

Por ello no causa sorpresa que la cúpula del PAN, aún con alguno que otro dinosaurio antediluviano, muestre su mayor alegría al reunirse con Peña Nieto. Todas las fotografías publicadas a raíz de esa reunión y las expresiones de alegría de los reaccionarios panistas justifican las zancadillas que le dieron, oculta y abiertamente, a su mala candidata presidencial.

El PAN ni en sueños será un partido de oposición, como no lo fue en los gobiernos neoliberales de Miguel de la Madrid, Salinas y Zedillo.

Con un proyecto neoliberal que los identifica, la cúpula priista y los panistas están a partir un piñón.

Al mismo tiempo, las anunciadas reformas en materia de petróleo y electricidad, la reforma a la seguridad social, la reforma fiscal tienen el propósito de concluir la privatización en esos sectores: desnacionalizar el petróleo mexicano y entregarlo a los intereses de empresas extranjeras, privatizar la seguridad social y fortalecer las cargas fiscales sobre el pueblo, sin tocar los poderosos intereses económicos. El propósito anunciado de gravar mediante el IVA a medicinas y alimentos, deja muy clara la política antipopular que continuará.

Frente a esas contrarreformas que definen la esencia de las políticas a seguir y, de manera especial, el compromiso (sutilmente calificado de “Declaración de Intenciones”) que Peña Nieto hizo ante la OCDE, organismo imperialista mejor conocido como “El Club de los países ricos”, para privatizar lo que queda de PEMEX, la promesa de legislar en materia de transparencia parece una burla a los mexicanos. “Impulsar un plan de desarrollo energético estratégico”, basado en la apertura de la inversión privada en Pemex, es un compromiso no una promesa.

No se diga que se gobierna para el pueblo y para salvaguardar los intereses de la República cuando se contraen esos compromisos, con un organismo claramente representante de los poderes económicos a nivel mundial.

A esos últimos temas y a la continuidad de una política exterior errática y ajena  a la histórica política exterior mexicana, me referiré en el siguiente artículo.

La tarea de las fuerzas democrática de México está por ahora muy clara: hay que combatir el neoliberalismo del “nuevo” PRI porque seguirá agravando las condiciones precarias de la inmensa mayoría de los mexicanos, conducirá a un mayor número de compatriotas a la pobreza, a la miseria y a la desesperanza; dañará aún más la soberanía nacional y aumentará la injerencia yanqui en los asuntos que sólo competen a los mexicanos.

El patriotismo no es cosa del pasado como proclaman vergonzantemente los desnacionalizados. El patriotismo, que abrevamos en la rica fuente de la historia nacional, es un deber para rescatar a la nación de las garras neoliberales y proyectarla libre, soberana y justa.

LA CONSTITUCIÓN MEXICANA RECONOCE AL PUEBLO EL DERECHO A LA REVOLUCIÓN

El domingo 16 de octubre de 2011 coloqué en el blog un artículo con la denominación “El derecho a la revolución en México” que se reproduce a continuación, en el marco de los nefastos acontecimientos políticos marcados por la burla a la voluntad popular en la elección presidencial, en que la oligarquía atropelló violentamente todas las formas políticas y jurídicas.

Las instituciones electorales encargadas de realizar el proceso electoral y culminarlo, con la calificación presidencial, inapelable, han aceptado y auspiciado que la Constitución nacional sea violada con descaro, de manera impune.

A partir de esta elección queda legitimada la compra de votos mediante los procedimientos más repudiables para violentar la voluntad popular.

El proceso electoral viciado culmina con la calificación realizada por el Tribunal Federal Electoral, que constituye una afrenta para el pueblo de México.

Como es una afrenta que las instituciones -que el pueblo mexicano forjó a través de su historia, en batallas y victorias memorables- se hayan puesto al servicio de una minoría acaudalada, cuyos privilegios han postrado a la nación mexicana, empobrecido al pueblo y lastimado gravemente su soberanía.

Sobre los oligarcas y sus empleados visibles y ocultos, sobre el IFE y el TRIFE, sobre la cúpula del PRI y de los panistas alcahuetes recae la responsabilidad histórica de haber cancelado la vía electoral para lograr los cambios sociales, económicos y políticos que requiere el pueblo mexicano.

En este momento aciago para la patria mexicana, el pueblo debe rescatar el mandato del artículo 39 de la Constitución Mexicana que, en la teoría y la práctica, ha sido cancelado por los oligarcas.

Dicho artículo ordena textualmente: “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana y se instituye para beneficio de éste. El Pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

El Derecho a la Revolución que la Constitución otorga al pueblo mexicano debe cobrar plena vigencia, como condición para rescatar a nuestra patria de las mafias oligárquicas que lo han despojado de su soberanía.

Las reflexiones que se hacen a continuación van en ese sentido:

En el mundo capitalista la democracia ha entrado a una etapa insalvable de crisis. Su contenido se ha ido reduciendo hasta hacer de ella una auténtica caricatura.

Nuestro país no ha sido la excepción, y hoy nos encontramos, en el inicio del siglo XXI, en medio de una profunda crisis de la democracia que afecta, necesariamente, a toda la sociedad.

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo tercero, contiene un concepto amplio de democracia, al considerarla “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. Aquí se expresa el mandato para la democracia económica y social que implica un desarrollo equilibrado en el que las desigualdades no tendrían cabida.

Sin embargo esa definición de democracia se fue mutilando hasta dejar –y sólo de manera limitada- la democracia política que nunca alcanzó su realización plena.

2.- Vivimos en un país en que las desigualdades sociales han alcanzado niveles escandalosos; la concentración de la riqueza en muy pocas manos es mayor que hace apenas 20 años, y la pobreza abarca ahora a sectores sociales que antes se consideraban de la clase media. Por lo tanto ese mandato constitucional no sólo no se ha logrado sino que cada vez se coloca como un objetivo inalcanzable con el actual modelo económico.

3.- Los distintos gobiernos, pero sobre todo los de corte neoliberal, ni siquiera le dieron atención a la democracia política, y sólo consideran como democracia a la llamada democracia electoral, que consiste en permitir que los electores -la mayoría de las veces presa de la mercadotecnia- concurran a las urnas, después de campañas electorales insustanciales, a depositar su voto. Es decir, mutilan la democracia política y anulan, en la práctica, la democracia electoral.

Al menos en los últimos 30 años, en México han tenido lugar dos procesos electorales marcados por el fraude, lo cual significa que ni siquiera en ese terreno los neoliberales han respetado la ya de por sí limitada y mutilada democracia.

4.- Sin democracia económica, sin democracia social, sin democracia política, y burlada, a través del fraude, la democracia electoral es natural que las instituciones públicas inevitablemente entren en crisis, como la que estamos viviendo en este momento. De ahí que las mejores fuerzas políticas de México planteen la urgencia de renovar las instituciones como condición indispensable para restablecer la verdadera y auténtica democracia, en los terrenos económico, social, político y de paso en el terreno electoral.

5.- Dicen los historiadores y los novelistas que hay siglos que valen por un minuto y minutos que valen por un siglo. En realidad en los últimos años vivimos en México en medio de acontecimientos muy acelerados desde la Revolución de 1910, porque la mayoría del pueblo ha tomado conciencia rápidamente de que no vivimos dentro de un régimen democrático en ninguno de los aspectos señalados, pero también se entiende que la llamada democracia electoral ha llegado o está por llegar a su fin, y que se hacen necesarios cambios y transformaciones de fondo para que el pueblo pueda recuperar los derechos que le concede la Constitución.

6.- En este ambiente, muchas veces turbulento por su propia naturaleza, un grupo muy amplio de mexicanos considera que ha llegado el momento de hacer uso del derecho que le concede la última parte del artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice “El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

En sentido estricto, al margen de interpretaciones limitadas o mal intencionadas de la derecha, el pueblo tiene, de acuerdo con ese texto constitucional, el derecho a la revolución que es, digan lo que digan los reaccionarios, un derecho constitucional que no puede ser limitado por ninguno de los poderes constituidos, ni podrán ser sancionados quienes lo ejerzan.

Los mexicanos que están dispuestos a hacer uso de ese derecho constitucional tienen plena conciencia que el derecho a la revolución se debe ejercer a través de métodos pacíficos, aunque la Constitución nacional no señala ni limita los métodos para alcanzar ese objetivo.

VICENTE FOX ENEMIGO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

  

Las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de México, encabezadas por su rector celebraron, recientemente, con el llamado “Centro Fox” un convenio de colaboración (sic) para “impartir el Diplomado en Democracia, Paz y Desarrollo en el Centro Fox, localizado en el municipio de San Francisco del Rincón”

Esta decisión rebaja la autoridad académica de la UAEM, al colocarla al nivel de un negocio privado, y ajena a los valores, principios y objetivos de la Universidad Pública.

Fox es un enemigo declarado de la Universidad Pública, y parece un despropósito, por decir lo menos, la decisión inaceptable de las autoridades de la UAEM de celebrar dicho convenio.

 En sus tiempos de estudiante Fox tenía como fuente directa de su “preparación cultural” los cuentos de Kalimán, como se pudo leer, por mucho tiempo, en una página de internet de la revista Proceso. El titular del ejecutivo federal es un individuo inculto que jamás ha leído un libro, y llegó a “creer que todos los mexicanos tenemos el mismo vació cerebral que el mandatario y su equipo de asesores”, como dijo el destacado escritor Carlos Montemayor.

Ese “convenio” ha generado malestar entre los estudiantes universitarios y egresados, con toda razón, por lo que se ha exigido su cancelación inmediata, exigencia a la que me adhiero, como ex catedrático de dicha institución académica, en la que impartí clases por más de 18 años.

El perfil ultraderechista de Vicente Fox -enemigo de la Universidad Pública, insisto- se encuentra descrito con lujo de detalles en un pequeño libro de 163 páginas que publiqué en 2001. De su contenido publico hoy lo que fue la Presentación del libro, y tres artículos: Panista de ultraderecha, El cristero mayor y El poder como negocio privado.

PRESENTACIÓN

El 2 de julio del 2000 representa una fecha en que la contrarrevolución “triunfó” en las urnas electorales para elegir presidente de la República, después de varias décadas de haber sido excluida por decisión popular.

            Detrás de este “triunfo” estuvo toda la fuerza del poder económico transnacional y doméstico para instalar el presidencialismo empresarial, que en otras latitudes del mundo y de América Latina se logró mediante golpes de Estado y hechos sangrientos.

            Junto a los empresarios, infinidad de grupúsculos de la derecha y de la ultraderecha cobijaron, desde el principio, la candidatura de Vicente Fox que, finalmente, se impuso al interior de un Partido Acción Nacional capturado previamente por las mismas corrientes ultras, dentro de las cuales destacan los neopanistas.

            La mercadotecnia, aplicada a la política y la más desbordada demagogia, provocaron tal grado de confusión en miles de electores que fueron arrastrados por un candidato sin principios, y sólo leal a los intereses de su clase social.

            Los enemigos declarados de la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917; los herederos espirituales del Estado-iglesia colonial, de los realistas y los conservadores; los neoporfiristas del siglo XXI asumieron el poder presidencial mediante la integración de un gabinete compuesto por empresarios o empleados de los empresarios, con gente reaccionaria, de tendencia clerical y, en el plano económico, pro norteamericana y sumisa al imperialismo yanqui, aspecto en el que Fox lleva la delantera.

            En un año de gobierno, porque lo ejercen prácticamente desde el 2 de julio del 2000 o antes, las medidas y propuestas gubernamentales llevan el sello inconfundible de la voracidad empresarial.

            Ha caído por tierra la cantaleta sobre la democracia que, según los ultras de derecha, se inauguró con su “triunfo”. Y se atascaron en una supuesta transición hacia la democracia que se va perfilando como expresión del autoritarismo, ejerciendo el poder presidencial de manera desbocada y frívola.

            Ni alternancia ni transición, mucho menos democracia, es lo que caracteriza a la realidad política mexicana. El poder se transfirió de los neoliberales priístas a los neoliberales panistas, por eso el traspaso del gobierno fue sobre terciopelo y sin fricciones, entre miembros de la misma mafia o de la misma clase social.

            La naturaleza ultraderechista del gobierno que encabeza Fox, al servicio del poder económico, tiene que recurrir permanentemente a la demagogia para ocultarse del pueblo. Sin embargo, su carácter clasista se aprecia a simple vista.

            En sentido estricto no debiera hablarse de errores en la conducción gubernamental, aunque se trata de un gobierno contrarrevolucionario que ha dejado ver, en poco tiempo, el cobre. Se ha ido sobre los recursos públicos de manera cínica.

            Ha tomado medidas contra la nación, contra la soberanía y la independencia de nuestra Patria a pretexto de la globalización, invocando “una cesión inteligente (sic) de la soberanía” mexicana; se ha apartado de los principios históricos de la política internacional nuestra, y se ha sometido incondicionalmente a los dictados de las instituciones financieras yanquis. La frivolidad del titular del ejecutivo federal y de su equipo han puesto en ridículo a los mexicanos en el exterior.

            Medidas económicas para beneficio de los empresarios, pago de facturas para los que financiaron la campaña e intentos para gravar la ya precaria economía de la inmensa mayoría de los mexicanos; crecimiento de la pobreza; pérdida de miles y miles de puestos de trabajo; abusos incontrolados con los dineros del pueblo para rendir culto a la personalidad, como ni los priístas llegaron a imaginar; realización de gastos suntuarios, ofensivos para un pueblo pobre, entre otras cosas, marcan el inicio de un gobierno insensible a los grandes problemas y a los dramas sociales.

            Todo esto ha llevado a una polarización social que tuvo importante expresión durante la marcha zapatista y el primero de mayo, y que se manifiesta de múltiples formas. Nunca antes un titular del ejecutivo federal había sido tan criticado y ridiculizado en noticias, editoriales y artículos como Vicente Fox. Y nunca un mandatario había sido exhibido en la calle, con el mismo propósito, en tan poco tiempo. Hoy puede decirse que no sólo ha terminado la luna de miel, sino que hay un notorio divorcio entre el gobierno empresarial presidido por Fox y el pueblo mexicano.

            Fox: gobierno de ultraderecha -que en mucho es la continuación de Neoliberalismo y Panismo, publicado, en su primera edición en 1999-, contiene una serie de reflexiones en torno a la figura reaccionaria y ultra de Vicente Fox y, al mismo tiempo, aborda la situación económica, social y política de México, a raíz del “triunfo” de la ultraderecha en las elecciones del 2 de julio del 2000.

            Como se verá, por los títulos que encabezan los distintos artículos, fue escrito, en su mayoría en el último año, y sólo los primeros corresponden a un periodo anterior. Buena parte de su contenido fue escrito al calor de los acontecimientos; otra parte, antes de que se dieran ciertos hechos, pero siempre en una actitud de compromiso popular y nacional.

            Pienso que este gobierno no será de transición, sino transitorio, porque el pueblo mexicano sabrá derrotar más temprano que tarde a la contrarrevolución.

PANISTA DE ULTRADERECHA

            La investigadora de El Colegio de México, Soledad Loaeza, informó que publicaría un libro sobre el PAN, con un enfoque estrictamente académico, y calificó a Vicente Fox, entonces gobernador de Guanajuato, como un populista de derecha, calificativo que no corresponde a la realidad, si consideramos o tenemos en cuenta los diversos pronunciamientos que ha realizado desde su arribo al PAN, como representante del neopanismo y de la corriente más derechista de ese partido.

            Lo propio sería ubicar, ya sea con un enfoque académico o político, a Vicente Fox, como un hombre de la ultraderecha. Simplemente hay que localizar las distintas opiniones que ha expresado desde que se autodestapó, al margen de la estructura panista, como aspirante a la candidatura presidencial. Por lo tanto, el juicio que emite la investigadora del El Colegio de México, es benévolo y, en cierto sentido, benéfico para Fox porque lo enmascara.

            Es verdad que Fox le contestó a Loaeza que no entendía qué quería decir con eso de populista de derecha. Y es que resulta difícil que un gerente autoritario, como es él, entienda de términos políticos. En primer lugar se hace que no entiende, pero no tiene ni los conocimientos ni la capacidad intelectual para entender los términos que se utilizan en la lucha política.

            Ubicarlo en la ultraderecha del PAN y en la ultraderecha de la derecha mexicana, no constituye ni una exageración ni un agravio para el vaquero que ha dicho, que si no gana la candidatura, se regresará a montar yeguas.

            Como se recordará Vicente Fox fue expresamente a los Estados Unidos para ofrecer a PEMEX en subasta, porque piensa que llegó el momento de regresar el petróleo mexicano a sus antiguos dueños, a fin de que le den todo su apoyo como aspirante presidencial. Al plantearse la iniciativa presidencial para la privatización de la energía eléctrica, Fox saltó al ruedo y apoyó, sin reservas, dicha iniciativa porque responde a sus intereses y a los de la corriente política que representa.

            En su desesperación, y tratando de congratularse con lo mexicanos, hace algunos meses Fox se apersonó ante Karol Wojtyla, se puso de hinojos reverentemente, pretendiendo la bendición papal para asegurar sus aspiraciones políticas.

            Cuando se debatió el Fobaproa, Fox asumió su defensa, e inclusive figuró en spots televisivos para apoyar su aprobación, y lo mismo ocurrió con los otros instrumentos de política fiscal que se aprueban anualmente y que fueron apoyados por el PAN.

        Basta con seguir la pista de sus declaraciones unos días para identificar más pronunciamientos de ultraderecha. Contra el ejido, contra los intereses de los trabajadores y, lo que es el colmo de los colmos, la conversión de México en una colonia norteamericana, a través de la dolarización de la economía nacional, cosa que resulta aceptable para un peón de una empresa transnacional como la Coca Cola.

            En otro espacio he señalado a Carlos Salinas de Gortari como el ideólogo moderno de los panistas, con tanta o mayor influencia que Gómez Morín entre sus discípulos. Un ejemplo que confirma este dicho se muestra en las recientes declaraciones foxianas, según las cuales llegando al poder “acabaría de un sólo golpe” con el neoliberalismo. Tuvo que esperar las declaraciones de Salinas, en el mismo sentido, para hacerlas suyas; cosa totalmente falsa en ambos.

            A diferencia de Loaeza, otro investigador de El Colegio de México, Rafael Segovia, califica a Fox como ignorante extraordinario, cuya principal experiencia ha sido la de la Coca Cola; lo identifica como un exhibicionista y ridículo, demagogo y gente que busca incondicionalmente el apoyo de los gringos. Juicio que se acerca más a la verdad y a la real ubicación ultraderechista de Vicente Fox.

            Lo peligroso no es que Fox utilice una vestimenta ridícula o un lenguaje simple, sino su posición política y sus planteamientos, colocados, como se ha insistido, en la ultraderecha panista, lo que es grato al imperialismo y a los intereses desnacionalizadores.

EL CRISTERO MAYOR

            Todo parece indicar que las cosas en Acción Nacional van tomando, poco a poco, su cauce y que nada sorprendente ni nuevo ocurre en las filas del partido que fundó, con principios de doctrina reaccionarios Gómez Morín, cuyos discípulos van perdiendo la batalla contra los neopanistas, esos bárbaros del norte, y ahora del centro, que han capturado, por la fuerza del dinero, la dirección de los pocos miembros que tiene en el país.

            Ya se ha dicho que el PAN es un partido sin estructura y que sus jefes estatales son un remedo de los caciques porfirianos. Eso explica la facilidad con que Fox impuso su candidatura a los panistas, a los que no quedó otro remedio que apechugar y “legitimar” mediante una presunta elección a su abanderado para el 2000. Militantes y adherentes tuvieron derecho a “votar” por el candidato impuesto por el poder económico de empresarios desnacionalizados y otros poderosos intereses del exterior, sobre todo aquellos a los que Fox ofreció el petróleo.

            Se entiende que los “amigos” del candidato panista están localizados en ese sector económicamente fuerte. Resulta una verdadera tomada de pelo el número de “amigos” que manejan los foxistas. Si se suman los militantes y adherentes del PAN y los “amigos”, resulta que éstos son más del doble que los panistas, y se estaría hablando -según ellos- de 500 mil personas aproximadamente, lo cual quiere decir que sólo votaron por Fox uno de cada cinco, eso si resulta cierta la cifra de los 104 mil votantes, porque finalmente son números que nadie pudo o puede verificar como válidos.

            Por otra parte, Fox en comunión con los principios ideológicos del PAN se declaró, en estos días, partidario de una “nueva” revolución (sic) como la de los cristeros ignorando, desde luego, que lo de los cristeros sólo llegó a una revuelta, y eso ya es mucho.

            Desde luego, el sinarquismo también está en la base de los orígenes de Acción Nacional y por ello lo desempolva Fox, aunque también es cierto que el panismo y el sinarquismo tienen un vínculo como el que existe entre los parientes ricos y los pobres. Su liga es estrecha y siempre han caminado por el mismo sendero.

            Una “revolución” cristera significa, si nos remitimos a sus propósitos, que vuelva a levantarse la bandera reaccionaria contra el contenido fundamental de la Constitución de 1917, y que al grito de “viva Cristo Rey” se pretenda un nuevo enfrentamiento del poder clerical contra el Estado, como si desde la expedición de la Carta Magna no hubiera ocurrido nada, o para decirlo más claro, como si Salinas no hubiera modificado, con sentido negativo, las normas constitucionales relativas a las relaciones Estado-Iglesia.

EL PODER COMO NEGOCIO PRIVADO

            Los acontecimientos políticos transcurren con una velocidad impresionante y difícilmente se retienen hechos que, posteriormente, se transforman en antecedente de otros sin aparente explicación o justificación.

            Sobre todo ahora que los empresarios asumieron el poder y manifestaron inmediatamente su conocida voracidad, atacando con saña la propiedad pública en beneficio de quienes ejercen el gobierno federal. En realidad, estamos frente a un violento proceso donde los empresarios pretenden privatizar el gobierno. Ya existen, a estas alturas, un cúmulo de hechos que confirman lo anterior, y que van desde las rebajas de precios para los empresarios, la venta o fusiones de bancos, las elevadas percepciones que obtienen los funcionarios públicos, hasta los gastos excesivos y ofensivos que se realizan en Los Pinos, todo lo cual se encuentra ampliamente documentado, con datos y cifras, en los medios escritos de información.

            En su edición del 7 de junio del 2000, el periódico Excelsior, en su nota principal, proporciona la “lista de amigos y empresas que financian la campaña de Fox”. Se trata de una información muy valiosa porque allí se demuestra que poderosos intereses económicos, tanto nacionales como extranjeros, postularon y financiaron a Fox para asumir, en nombre de ellos, la presidencia de la República, y porque varias de las acciones del gobierno foxista se explican en función de los compromisos contraídos.

            Respecto a los recursos del exterior, El Universal, en su edición del 22 de junio del 2000, bajo el título: “documentan dinero foráneo a Fox”, también, proporciona todos los detalles y las triangulaciones que se hicieron para allegar dinero a su campaña.

            El 31 de enero del 2001, los Diarios nacionales recordaban que el PRI y el PRD habían presentado sendas denuncias por la posible triangulación de recursos ilegales a la campaña panista, y que el IFE pedía a Hacienda auditar empresas involucradas en esa triangulación, como Vegetales Frescos (VF), Grupo Alta Tecnología en impresos, K-Beta y ST An k de México y el Instituto Internacional de Finanzas. La Secretaría de Hacienda se ha negado sistemáticamente a proporcionar la información requerida por el IFE.

            La nota referida del Excelsior, entre el mar de información que presenta, menciona a Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, como uno de los empresarios que financió la campaña de Vicente Fox. “En el caso de Ricardo Salinas -dice la nota- el documento señala que en TV Azteca se desarrolla y cuida la imagen de Fox Quesada... Es el centro del proyecto político de Vicente Fox, al convertir a TV Azteca en la empresa receptora y beneficiaria de las empresas que apoyan la figura de Fox”

            Fue muy notorio el respaldo de ese canal a la campaña foxista y una vez que los empresarios asumieron el gobierno, la televisora del Ajusco se convirtió en el canal oficial de Fox, a grado tal que su credibilidad bajó tanto que, a últimas fechas, han tenido que rehacer el formato de sus noticieros, pero sigue vinculada al gobierno federal.

            Favor con favor se paga, particularmente entre las mafias, y así nos volvemos a enterar por los medios escritos que Vicente Fox ya en su carácter de jefe del Ejecutivo Federal expropia, por causa de utilidad pública (sic), un ejido a favor de TV Azteca. Se trata de una extensión de 2 mil metros cuadrados, localizada en la Delegación Gustavo A. Madero, para que la televisora coloque antenas ahí.

No hay, desde el punto de vista jurídico, legalidad de ese acto. Se trata de una flagrante violación a la Constitución nacional y a la Ley de Expropiación, porque no existe -por ninguna parte que se le vea- la causa de utilidad pública. Lo que sí hay es causa de utilidad privada, para beneficio de una empresa al servicio de Vicente Fox. Es decir, estamos ante el caso en que un funcionario público, como es Fox, utiliza sus facultades, torciendo y violando la normatividad respectiva, para otorgarle beneficio a una empresa cuya actividad le ha reportado, a su vez, beneficios a él.

            A lo mejor económicamente no es significativo el hecho, pero desde el punto de vista jurídico y político tiene implicaciones muy graves, como también lo tiene la decisión de aumentarse las percepciones de manera estratosférica, violando lo dispuesto por el Congreso, la remodelación del rancho San Cristóbal con dinero público, y lo que ya se llama el menajegate de Los Pinos, pues Fox se ha metido en líos de sábanas, y no por lo que se dice de él y su vocera, sino por los altos costos de ellas, de casi 40 mil pesos por juego.

            En todos estos casos, y en otros más que se han dado, se utilizan la función pública y los recursos del erario para beneficio privado.