La República mexicana es un Estado Federal. Es decir, una unión de Estados con el cimiento de un pacto federal que todos reconocen en la Constitución General de la República.
El pacto federal reconoce la existencia de tres niveles de poder: los poderes federales, los poderes estatales y los municipales.
Desde su nacimiento como República Federal, el desarrollo de México se ha visto detenido y alterado por la persistencia de prácticas centralistas heredadas de la colonia española.
Algunos momentos destacados de la historia nacional se identifican con la vigencia y el fortalecimiento del federalismo.
Hoy, transcurrido el primer decenio del siglo XXI, es necesario volver a plantear la urgencia de combatir el centralismo y fortalecer el federalismo. Este nuevo federalismo que reclaman los mexicanos significa fortalecer las facultades económicas de todas las entidades integrantes de la federación mexicana.
Desde hace tiempo el centralismo está ahogando económica, social y políticamente al país. El centralismo es una de las principales trabas para impulsar el desarrollo económico, pues los Estados carecen de recursos y facultades para promoverlo, porque el poder ejecutivo federal centraliza excesivamente los recursos públicos, afectando gravemente el desarrollo de las entidades federativas y de los municipios.
En mucho, la desigualdad social, que sufre el pueblo mexicano se debe a esa política sectaria en que, además, se combinan perfectamente el centralismo y el modelo neoliberal, en perjuicio de la justicia social.
La práctica de un centralismo exacerbado y las excesivas facultades del Poder Ejecutivo Federal se convierten en un arma que limita el ejercicio democrático de las libertades fundamentales de los ciudadanos y de la población en general; daña las instituciones políticas creadas y fortalecidas a lo largo de 200 años de lucha por la justicia, la libertad y la democracia.
En consecuencia, la lucha por un federalismo que redistribuya recursos y facultades, para fortalecer el pacto federal, debe ser uno de los objetivos fundamentales en el próximo sexenio.
En este marco debe impulsarse un nuevo papel, más activo, de las entidades que integran la Federación.
En México hemos llegado a una situación en que el fortalecimiento del desarrollo nacional, el fortalecimiento de la democracia y la proyección de nuestro país a mejores niveles de bienestar y respetabilidad en el ámbito internacional, requiere que los gobiernos estatales desarrollen un papel más activo en el escenario nacional.
De las entidades federativas deben salir constantemente iniciativas y propuestas para impulsar a México a estadios superiores de desarrollo, demandar que se modifiquen las políticas que afectan a la nación mexicana, exigir que se apliquen aquellas que la benefician; demandar el respeto, la observancia y la vigencia del Pacto Federal.
No podemos permanecer impasibles o indiferentes ante las constantes violaciones al orden constitucional por grupos o facciones de poder, o mirar con indiferencia cómo se adoptan políticas que perjudican a las mayorías sólo por beneficiar intereses de una minoría.
Desde las entidades debe lucharse para que se respeten las garantías individuales, los derechos sociales y los derechos humanos que consagra la Constitución Nacional y la legislación federal. No está a discreción de nadie el respeto irrestricto del conjunto de derechos que otorgan las leyes más elevadas de nuestro sistema jurídico nacional.
Desde los Estados de la República debe demandarse que se pongan en práctica las medidas necesarias que nos conduzcan, en el corto y mediano plazo, a la sociedad del conocimiento, donde ciencia y tecnología no sólo presidan el desarrollo económico y social, sino que la población se apropie de ese conocimiento para mejorar su calidad de vida.
De manera especial, desde las entidades del país debe mantenerse la lucha permanente por la defensa del patrimonio nacional. Luchar para rescatar los recursos energéticos a fin de que se pongan incondicionalmente al servicio de la nación.
Una tarea impostergable de los Estados es la lucha por restablecer la vigencia plena del artículo 3º. Constitucional y del Estado laico violentados por la derecha en el poder.
El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena que “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la Nación llevara a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”
La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, en su artículo 1o. señala que “corresponde a la Nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos los carburos de hidrógeno que se encuentren en el territorio nacional…”
En materia energética combatir todo intento de privatización del patrimonio de los mexicanos y exigir que es necesario revisar y transparentar las formas y los medios a través de los cuales se administra; apoyar todo lo necesario para que se garantice la fortaleza financiera y operativa de las instituciones responsables de su explotación y administración; y, postular la soberanía sobre el recurso y su control eficaz por el pueblo para supeditar todo género de intereses al superior de la Nación.
Las entidades deben sumarse al resto de la población que lucha por la plena soberanía energética, a fin de abrir nuevos cauces al desarrollo nacional en tiempos de globalización.
Exigir que los fondos petroleros se utilicen para el desarrollo de la Nación y el bienestar de los mexicanos. Que se establezca un fondo social, con esos recursos para apoyar a las actuales y futuras generaciones de mexicanos.
Al hacer frente a los nuevos desafíos que en materia de energía nos presenta el siglo XXI, es urgente, en un marco jurídico adecuado, que se otorguen facultades a los Estados y Municipios para que exploren fuentes alternativas de energía, como la solar y la eólica, que no son contaminantes, que están disponibles en todas partes, que tengan efectos económicos en el corto plazo y que nos preparan para cubrir las necesidades de energía de manera inmediata.
Las partes de la Federación deben impulsar la soberanía tecnológica de nuestro país, requisito fundamental para impedir que la brecha tecnológica entre países ricos y países en desarrollo se siga ensanchando, y quedemos rezagados de las grandes conquistas humanas en ese terreno.
Demandar que el gasto público federal, el trabajo de investigación científico de la Universidad Pública Mexicana y sus institutos tecnológicos, se oriente al logro de la soberanía tecnológica.
Convertir a los Estados en la punta de lanza de las nuevas tecnologías de la información, del desarrollo del conocimiento y el saber.
Aplicar las medidas o demandar que se apliquen para que los mexicanos gocen de un sistema de seguridad social universal: que tengan servicios de calidad en salud, seguro contra accidentes y pensión decorosa durante la vejez.
Hoy, la defensa de la soberanía nacional, frente a los embates de la globalización, deja de ser tarea exclusiva de los poderes federales, para convertirse en prioridad de las partes integrantes del Pacto Federal.
Las entidades deben jugar un papel de primer orden en la elevada misión de defender la soberanía de la Nación, que hoy descansa en tres pilares fundamentales: la soberanía energética que hay que preservar a toda costa, la soberanía tecnológica que hay que lograr y la soberanía alimentaría que hay que reconquistar.
A estos pilares esenciales incorporar el concepto de seguridad climática, que nos otorgue bienestar a las actuales generaciones y que preserve un planeta habitable para las generaciones venideras.
Incursionar desde los Estados en el tratamiento de los residuos sólidos para convertirlos en fuentes de energía limpia. Transformar la basura en energía es un objetivo impostergable.
Desde las entidades promover una política gubernamental que contemple la urgencia de utilizar los 10 mil kilómetros de litoral que se tienen en la República mexicana, para obtener alimentos provenientes del mar a bajo costo. El derecho a la alimentación encuentra en esta medida una posibilidad real para realizarse.
En su caso realizar las reformas constitucionales necesarias para lograr estos propósitos, fortaleciendo la soberanía de las entidades federativas, con mayores facultades y mayor presencia en la vida de la nación mexicana.
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