Al pueblo mexicano:
por sus luchas,
sus esperanzas, y
porque siempre
ha sabido derrotar a sus enemigos
En México se está
configurando una etapa prerrevolucionaria, resultado de 32 años de dictadura
neoliberal, en la que el poder público (los tres poderes federales: Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, los poderes de los Estados y la mayoría de los poderes
municipales) se pusieron incondicionalmente al servicio de la oligarquía.
Esta dictadura neoliberal
tiene, pues, una existencia temporal similar a la que tuvo, a fines del siglo
XIX y los primeros 10 años del siglo XX, el Porfiriato que entregó la riqueza
nacional a los extranjeros, anuló en la práctica la vigencia de la Constitución
de 1857, suprimió las más elementales libertades de los mexicanos y sumió al
pueblo mexicano en la esclavitud y semiesclavitud para garantizar las riquezas de
los terratenientes y del capital extranjero, a los que se entregó, en bandeja
de plata, el patrimonio nacional.
El Porfiriato, que en los
primeros meses de 1910 recibía elogios desmesurados en el extranjero y que
calificaban a Porfirio Díaz como un gran estadista, se derrumbó violentamente
en sólo seis meses: del 20 de noviembre de 1910, fecha de inicio de la
Revolución Mexicana al 25 de mayo de 1911, en que el dictador presentó su
renuncia. Esta lección de la historia nacional debe tenerse muy en cuenta en
estos momentos de rebelión popular.
¿Qué
hicieron en 32 años los neoliberales facinerosos que asaltaron el poder en 1982?
Hay que recordarlo cuantas
veces sea necesario:
Despojaron al pueblo mexicano de
su carácter soberano; convirtieron las elecciones de los gobernantes en un
mecanismo formal para convalidar el gobierno al servicio de la oligarquía;
hicieron de la democracia una caricatura. Todos los
funcionarios, sin excepción, han sido electos por la mayoría de la minoría,
incluyendo los escandalosos fraudes que marcan nuestra historia en las últimas tres
décadas.
La impunidad ha sido la marca del
neoliberalismo que, usando y abusando del poder, dispuso a su antojo del
patrimonio nacional, puesto a remate como si se tratara de una mercancía
cualquiera, asumiendo conductas verdaderamente delictivas, sin que los
responsables hayan sido castigados.
Hicieron de la corrupción, en todos los niveles de gobierno un modo de
vida, frente al cual la corrupción del gobierno de Miguel Alemán parecería
juego de niños, sin que esto justifique ese sexenio corrupto.
La Constitución de 1917 corrió la misma suerte que el Código Fundamental
de 1857 bajo la dictadura porfirista. La Constitución nacional ha tenido una
existencia formal, pero su vigencia ha sido cancelada mediante la abierta
violación de sus disposiciones. Los funcionarios públicos, en todos los niveles
violan constantemente el contenido de la Constitución nacional, sin que,
tampoco, sean sancionados.
Lo he señalado infinidad de veces, y hoy lo vuelvo a repetir: las normas fundamentales de la Constitución mexicana han sido
alteradas para garantizar los negocios más turbios y las ganancias más sucias
de la oligarquía. A través de las leyes secundarias se han cancelado derechos
constitucionales fundamentales de la nación y del pueblo: el despojo del
petróleo y la industria eléctrica; el regreso multimillonario de dinero a los
empresarios, que no sólo no contribuyen con sus impuestos, sino que se apoderan
de los recursos públicos; el despojo de los derechos de los trabajadores
mexicanos mediante la contrarreforma electoral del mal gobierno de Peña; el
despojo a la nación y a los ejidatarios de la propiedad social.
En el actual sexenio, para garantizar la continuidad de la política
depredadora del neoliberalismo, el gobierno maniobró para conformar un bloque
de fuerzas de derecha, verdadera junta de notables en el sentido que esta
expresión tiene en la Historia de México, integrada por el PRI, el PAN y el
PRD, que nulifica en la práctica la función deliberativa y resolutiva de las
Cámaras del Congreso de la Unión, que se convirtieron en simples oficinas de
trámite. En la práctica el Congreso de la Unión dejó de existir.
El neoliberalismo ha socavado la soberanía nacional, ha dañado
gravemente la independencia de México, ha empobrecido al pueblo y enriquecido
criminalmente a una breve minoría, generando un grado de desigualdad social
inadmisible. Esta brutal desigualdad, generada intencionalmente por las políticas neoliberales, está en la base de los
graves problemas sociales y económicos, que a su vez se convirtieron en una
fuente inagotable de la inseguridad pública.
Desde el poder público se dio impulso y protección a los grupos
criminales que se multiplicaron a lo largo y ancho del territorio nacional. Los
malos gobernantes de México ajustaron sus actos y su política, en esta materia,
a las exigencias de los gobiernos yanquis. Así, colombianizaron a México y lo
colocaron en una situación similar a la de Afganistán y Paquistán. El
imperialismo yanqui manejó a su antojo a los gobernantes de México.
Frente a esta situación ¿qué hacer?
Aplicar la táctica y la estrategia que el pueblo ha utilizado a través
de su historia: la unidad más amplia de sus fuerzas populares, progresistas y
democráticas. Sin esa amplia unidad no hubiera sido posible la Independencia,
el triunfo en la Reforma ni la derrota del porfirismo. Tampoco hubiera sido posible
la expropiación petrolera.
El objetivo en este momento debe ser expulsar del poder al grupo
gobernante que representa los intereses de la oligarquía y no los del pueblo.
La indignación y la movilización de los mexicanos en las últimas semanas
son legítimas y están plenamente justificadas. Es más, son necesarias, pero no
deben quedar sólo en la indignación y la movilización.
Los hechos que las desataron: las ejecuciones de Tlatlaya, las muertes y
desapariciones de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa; la corrupción de
la “Casa Blanca de Peña”, las agresiones
contra la UNAM y la injerencia del gobierno, mediante infiltrados, en las
manifestaciones públicas, deben ser un punto de partida para incrementar la
lucha contra la dictadura bestial de los neoliberales.
Frente al neoliberalismo el pueblo debe ejercer el derecho a la revolución que le otorga la Constitución
mexicana. Señala su artículo 39: “El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho
de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
El pueblo va a decidir qué formas utilizará para
cambiar a este gobierno. Hacerlo es un derecho irrenunciable frente a la
violencia de los oligarcas y sus peones.
El repudio contra el gobierno de Peña Nieto (en este momento sin ninguna
autoridad moral y política para mantenerse en la presidencia de la República)
calificado como traidor a la patria por entregar la riqueza energética a los
intereses privados, hasta la corrupción que representa la “casa blanca",
que ha provocando un escándalo mundial, ya llegó a tal grado que millones de
mexicanos exigen su renuncia (de la cual hablé el 5 de diciembre de 2013 en
este blog).
En estos momentos no sólo de estallidos sociales sino de rebelión
popular que vive México –y que crecerá con la irresponsable declaración de Peña
de recurrir a la represión de las movilizaciones populares- lo que va a desatar
la violencia es la permanencia de Peña y su gobierno en el poder, la existencia
de un poder legislativo que ya no representa al pueblo y de un poder judicial
ajeno, mejor dicho, enemigo del pueblo.
El baño de sangre que pretende Peña debe ser enérgicamente rechazado por
el pueblo, mantener las movilizaciones, crecer en organización y profundizar la
lucha por el rescate de la nación.
Creo que está llegando la
hora del pueblo mexicano.