martes, 18 de noviembre de 2014

MÉXICO EN PIE DE LUCHA

Al pueblo mexicano: por sus luchas,
sus esperanzas, y porque siempre
ha sabido derrotar a sus enemigos


En México se está configurando una etapa prerrevolucionaria, resultado de 32 años de dictadura neoliberal, en la que el poder público (los tres poderes federales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los poderes de los Estados y la mayoría de los poderes municipales) se pusieron incondicionalmente al servicio de la oligarquía.

Esta dictadura neoliberal tiene, pues, una existencia temporal similar a la que tuvo, a fines del siglo XIX y los primeros 10 años del siglo XX, el Porfiriato que entregó la riqueza nacional a los extranjeros, anuló en la práctica la vigencia de la Constitución de 1857, suprimió las más elementales libertades de los mexicanos y sumió al pueblo mexicano en la esclavitud y semiesclavitud para garantizar las riquezas de los terratenientes y del capital extranjero, a los que se entregó, en bandeja de plata, el patrimonio nacional.

El Porfiriato, que en los primeros meses de 1910 recibía elogios desmesurados en el extranjero y que calificaban a Porfirio Díaz como un gran estadista, se derrumbó violentamente en sólo seis meses: del 20 de noviembre de 1910, fecha de inicio de la Revolución Mexicana al 25 de mayo de 1911, en que el dictador presentó su renuncia. Esta lección de la historia nacional debe tenerse muy en cuenta en estos momentos de rebelión popular.

¿Qué hicieron en 32 años los neoliberales facinerosos que asaltaron el poder en 1982?

Hay que recordarlo cuantas veces sea necesario:

 Despojaron al pueblo mexicano de su carácter soberano; convirtieron las elecciones de los gobernantes en un mecanismo formal para convalidar el gobierno al servicio de la oligarquía; hicieron de la democracia una caricatura. Todos los funcionarios, sin excepción, han sido electos por la mayoría de la minoría, incluyendo los escandalosos fraudes que marcan nuestra historia en las últimas tres décadas.

 La impunidad ha sido la marca del neoliberalismo que, usando y abusando del poder, dispuso a su antojo del patrimonio nacional, puesto a remate como si se tratara de una mercancía cualquiera, asumiendo conductas verdaderamente delictivas, sin que los responsables hayan sido castigados.

Hicieron de la corrupción, en todos los niveles de gobierno un modo de vida, frente al cual la corrupción del gobierno de Miguel Alemán parecería juego de niños, sin que esto justifique ese sexenio corrupto.

La Constitución de 1917 corrió la misma suerte que el Código Fundamental de 1857 bajo la dictadura porfirista. La Constitución nacional ha tenido una existencia formal, pero su vigencia ha sido cancelada mediante la abierta violación de sus disposiciones. Los funcionarios públicos, en todos los niveles violan constantemente el contenido de la Constitución nacional, sin que, tampoco, sean sancionados.

Lo he señalado infinidad de veces, y hoy lo vuelvo a repetir: las normas fundamentales de la Constitución mexicana han sido alteradas para garantizar los negocios más turbios y las ganancias más sucias de la oligarquía. A través de las leyes secundarias se han cancelado derechos constitucionales fundamentales de la nación y del pueblo: el despojo del petróleo y la industria eléctrica; el regreso multimillonario de dinero a los empresarios, que no sólo no contribuyen con sus impuestos, sino que se apoderan de los recursos públicos; el despojo de los derechos de los trabajadores mexicanos mediante la contrarreforma electoral del mal gobierno de Peña; el despojo a la nación y a los ejidatarios de la propiedad social.

En el actual sexenio, para garantizar la continuidad de la política depredadora del neoliberalismo, el gobierno maniobró para conformar un bloque de fuerzas de derecha, verdadera junta de notables en el sentido que esta expresión tiene en la Historia de México, integrada por el PRI, el PAN y el PRD, que nulifica en la práctica la función deliberativa y resolutiva de las Cámaras del Congreso de la Unión, que se convirtieron en simples oficinas de trámite. En la práctica el Congreso de la Unión dejó de existir.

El neoliberalismo ha socavado la soberanía nacional, ha dañado gravemente la independencia de México, ha empobrecido al pueblo y enriquecido criminalmente a una breve minoría, generando un grado de desigualdad social inadmisible. Esta brutal desigualdad, generada intencionalmente por las  políticas neoliberales, está en la base de los graves problemas sociales y económicos, que a su vez se convirtieron en una fuente inagotable de la inseguridad pública.

Desde el poder público se dio impulso y protección a los grupos criminales que se multiplicaron a lo largo y ancho del territorio nacional. Los malos gobernantes de México ajustaron sus actos y su política, en esta materia, a las exigencias de los gobiernos yanquis. Así, colombianizaron a México y lo colocaron en una situación similar a la de Afganistán y Paquistán. El imperialismo yanqui manejó a su antojo a los gobernantes de México.

Frente a esta situación ¿qué hacer?

Aplicar la táctica y la estrategia que el pueblo ha utilizado a través de su historia: la unidad más amplia de sus fuerzas populares, progresistas y democráticas. Sin esa amplia unidad no hubiera sido posible la Independencia, el triunfo en la Reforma ni la derrota del porfirismo. Tampoco hubiera sido posible la expropiación petrolera.

El objetivo en este momento debe ser expulsar del poder al grupo gobernante que representa los intereses de la oligarquía y no los del pueblo.

La indignación y la movilización de los mexicanos en las últimas semanas son legítimas y están plenamente justificadas. Es más, son necesarias, pero no deben quedar sólo en la indignación y la movilización.

Los hechos que las desataron: las ejecuciones de Tlatlaya, las muertes y desapariciones de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa; la corrupción de la “Casa Blanca de Peña”,  las agresiones contra la UNAM y la injerencia del gobierno, mediante infiltrados, en las manifestaciones públicas, deben ser un punto de partida para incrementar la lucha contra la dictadura bestial de los neoliberales.

Frente al neoliberalismo el pueblo debe ejercer el derecho a la revolución que le otorga la Constitución mexicana. Señala su artículo 39: “El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

El pueblo va a decidir qué formas utilizará para cambiar a este gobierno. Hacerlo es un derecho irrenunciable frente a la violencia de los oligarcas y sus peones.

El repudio contra el gobierno de Peña Nieto (en este momento sin ninguna autoridad moral y política para mantenerse en la presidencia de la República) calificado como traidor a la patria por entregar la riqueza energética a los intereses privados, hasta la corrupción que representa la “casa blanca", que ha provocando un escándalo mundial, ya llegó a tal grado que millones de mexicanos exigen su renuncia (de la cual hablé el 5 de diciembre de 2013 en este blog).

En estos momentos no sólo de estallidos sociales sino de rebelión popular que vive México –y que crecerá con la irresponsable declaración de Peña de recurrir a la represión de las movilizaciones populares- lo que va a desatar la violencia es la permanencia de Peña y su gobierno en el poder, la existencia de un poder legislativo que ya no representa al pueblo y de un poder judicial ajeno, mejor dicho, enemigo del pueblo.

El baño de sangre que pretende Peña debe ser enérgicamente rechazado por el pueblo, mantener las movilizaciones, crecer en organización y profundizar la lucha por el rescate de la nación.


Creo que está llegando la hora del pueblo mexicano.