Llama poderosamente la atención el abandono en que han incurrido muchos funcionarios públicos, a nivel federal y estatal, del espíritu juarista en relación con la conducta que deben adoptar frente a los actos de culto religioso. A raíz de la reforma regresiva de Salinas de Gortari, al artículo 130 constitucional, se han dado verdaderos excesos de autoridades, cuya primera y fundamental obligación es respetar la disposiciones que nos rigen en todos los ámbitos, pero sobre todo en materia religiosa que nos llevó, el siglo pasado y principios del actual, a violentos enfrentamientos por la desmedida ambición terrenal de los jerarcas de la Iglesia católica, que se siguen cubriendo con el velo extraterrenal para gozar de privilegios o recuperar los perdidos.
Los funcionarios públicos, pero sobre todo los de mayor responsabilidad, tienen la obligación de empaparse un poco en la Historia de México, que en el capítulo de la conducta clerical ha sido verdaderamente trágica, pues la Iglesia y sus representantes nunca han aceptado ni aceptarán la autoridad civil que los mexicanos reconocemos como tal. Entonces podrán advertir que el clero político mantiene una actitud de revancha y de odio histórico a figuras tan queridas y veneradas por los mexicanos como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Francisco Villa, Emiliano Zapata, y contra la Constitución nacional vigente en la medida en que no expresa sus intereses políticos.
Y si esto no les basta, o piensan que la modernidad significa olvidarse de la historia nacional, debieran ser respetuosos de los mexicanos a los que gobiernan y que, o no tienen creencia religiosa, o tienen una distinta a la católica, porque la presencia de los gobernantes en actos de culto público de una determinada Iglesia lastima a los partidarios de otros cultos y crea tensiones políticas innecesarias. De ahí la sabiduría de Juárez para conducirse con extremo respeto en esta materia y prohibir la asistencia de los funcionarios a ceremonias de culto religioso.
Me resisto a creer que los funcionarios públicos no hayan advertido que la Iglesia Católica -su alta jerarquía- es una organización política que tiene una vasta experiencia de dos siglos; que la gran mayoría de sus actos, cubiertos por el manto religioso, son verdaderos actos políticos; que los púlpitos se han convertido en tribunas políticas, desde donde el clero condena a diestra y siniestra a todo y a todos, y que las homilías de muchos de sus ministros son manifiestos políticos que nada tienen que ver con su supuesto papel espiritual que dicen tener encomendado.
Sería muy lamentable que los funcionarios no percibieran que la Iglesia católica es, también, un poder económico. Y si no, allí están los grandes volúmenes de dinero que manejan, las residencias de sus ministros, y los enormes negocios del Vaticano, señalados con lujo de detalle por el investigador británico David Yalop, en su conocida y difundida obra En el nombre de Dios.
Y sería verdaderamente el colmo del desconocimiento que dichos funcionarios atribuyan a los jerarcas de la Iglesia católica propósitos democráticos. Si alguna institución existe sobre la faz de la tierra que conserva métodos antidemocráticos en la designación, terrenal y no divina, de sus funcionarios es la Iglesia Católica. Nada más hay que recordar que el nombramiento del Papa se hace en el acto más cerrado e impenetrable de todos cuantos conoce la humanidad. Por eso el clero católico no tiene ninguna autoridad moral para exigirle nada a nadie en el terreno de la democracia. Pero si amenaza con intervenir abiertamente en la vida política del país, entonces hay que aplicar, sin contemplaciones, la ley y acabar con la impunidad en que siempre han vivido y de la que los funcionarios públicos se hacen cómplices.
Lo anterior no significa que a los funcionarios se les prohíba tener una creencia religiosa, porque como mexicanos tienen la garantía que otorga el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero lo que si deben tener prohibido es que manifiesten sus inclinaciones clericales bajo el argumento de la civilidad en las relaciones con quien sigue combatiendo las instituciones y las leyes más avanzadas del Estado mexicano.
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