El término huachicol ha tomado carta de naturalidad en el lenguaje
de los mexicanos, sobre todo a fines del año pasado y principios de este, a
raíz del combate que el gobierno ha emprendido contra el robo de los
hidrocarburos.
Hoy, huchicol, es sinónimo de
delito, de robo, de saqueo, que involucra a funcionarios, servidores públicos
del más alto rango, a organizaciones criminales, y a gente manipulada por los
verdaderos delincuentes.
Bien, por lo que se refiere
específicamente al tema de las privatizaciones, hay que decir que durante lo
que va del actual gobierno federal, presidido por Andrés Manuel López Obrador,
no se ha abordado con profundidad. Si se le ha mencionado, ha sido sólo de
manera marginal.
Pero si se examinan los 36
años de neoliberalismo -de Miguel de la Madrid a Peña Nieto- la nación
mexicana sufrió un saqueo brutal de su patrimonio desde el mismo poder público,
presidido por personas a las que les lavaron el cerebro en universidades
extranjeras, por un empresario cocacolero, un cristero fracasado o un egresado de una
escuela particular, para beneficiar intereses privados.
Durante ese periodo fueron
excluidos del ejercicio del poder los egresados de la Universidad Pública,
particularmente los cuadros profesionales formados en la Universidad Nacional
Autónoma de México, preparados con un sentido ético elevado de servicio al
pueblo y a la nación.
Quienes asaltaron el poder, a
partir de 1982, como lo he señalado en otros artículos aparecidos en este blog,
no se encontraron con un país destruido,
ni con un Estado obeso (cantaleta chocante de los neoliberales, repetida como
disco rayado por años y años).
El establecimiento del modelo neoliberal en
México (como en todos los países con un desarrollo similar al nuestro) fue por
estrictas razones de sumisión ideológica y política a los dictados de los
gobiernos extranjeros, sus instituciones financieras y las grandes empresas
transnacionales.
Milton Friedam, desde el
punto de vista ideológico, es el padre y la madre de ese breve grupo de
desnacionalizados y apátridas que, hoy agazapados, resisten y conspiran contra
el actual gobierno. Estos desnacionalizados no llegaron ni siquiera a formar
parte de los Chicago Boys; siempre fueron simples peones de aquellos, con la
ingrata misión de desbaratar las economías de los países en desarrollo como el
nuestro, quebrar su soberanía, y propiciar la concentración de la riqueza, en
un pequeño grupo, de manera escandalosa.
Los resultados de esa
política neoliberal criminal fueron advertidos a tiempo por cientos de
mexicanos, particularmente por estudiosos de la economía mexicana, y por
quienes, de una o de otra manera formamos parte del sector democrático y
revolucionario de México.
Las privatizaciones fueron un
robo, abierto y descarado del patrimonio de los mexicanos, un despojo a la
nación en volúmenes mayores al del robo de hidrocarburos. No puede, no debe
quedar impune tal grado de felonía de quienes, de manera cínica propiciaron y
disfrutan de una riqueza mal habida, a costa del patrimonio nacional.
Los resultados de la
demagógica expresión de los neoliberales de reclamarse la generación del cambio
y de que su modelo económico lograría la modernización del país, ahí están: hoy
la economía mexicana está desarticulada y más dependiente que en todo el
periodo en que prevalecieron los principios de la Revolución Mexicana; es
México, hoy, una de las naciones con mayor desigualdad social.
Esos resultados desastrosos
(el cochinero del que certeramente
habla López Obrador) no fueron producto de errores, sino de la aplicación del
manual del neoliberalismo, como si fueran autómatas.
Las grandes fortunas que se
lograron en México al amparo del neoliberalismo, no se explican sin las privatizaciones.
Un solo ejemplo: a Carlos Slim –que ahora cómodamente navega de muertito, como
haciéndose el olvidadizo- le entregaron, casi como un regalo, lo que era
Teléfonos del México. Su fortuna no se explica sin ese hecho. Y así, si se
examinan las fortunas de los
multimillonarios que surgieron en el periodo neoliberal.
El gobierno de López Obrador,
con el amplio poder popular que lo respalda, debe investigar, a fondo, todo ese
proceso, hacerlo del conocimiento del pueblo mexicano y fincar las
responsabilidades, de todo tipo que correspondan, pero sobre todo recuperar las
riquezas que robaron a los mexicanos de
1982 a 2018.
En otros países, según lo
señala Naomi Klein, en su famosa obra La
doctrina del Shok, muchos neoliberales privatizadores y empresarios
beneficiarios de esas privatizaciones, están siendo investigados por
corrupción, y otros más, verdaderos peces gordos, están en la cárcel.
La lucha contra la corrupción
que ha enarbolado el actual gobierno debe acabar con la impunidad que marcan
todo ese proceso de robo y saqueo del patrimonio nacional.
Y la consecuencia
legislativa, que debe acompañar la
investigación y exigencia de responsabilidades, es la de elevar a rango
constitucional la no privatización del suelo y subsuelo, de las empresas
publicas y sociales, de la seguridad social, de la educación, y de toda riqueza
del pueblo mexicano.
El mejor homenaje que el
actual gobierno debe hacer a la Constitución nacional, en su 102 Aniversario,
es el establecimiento de la no privatización de los bienes y servicios
públicos, como se señala en el párrafo anterior.
