Al escribir este artículo, me atengo a lo que dijo el
profundo y creativo pensador marxista Antonio Gramsci -cuya Antología,
publicada en México por la editorial Siglo XXI, tengo a la vista en este
momento- al afirmar que en política el mejor método pedagógico es la
repetición.
De ahí que
insista en algunas de las propuestas más urgentes que debe aplicar el nuevo
gobierno mexicano, emanado de las elecciones del 1 de julio del año en curso:
1.- Por salud de la República es urgente restablecer
el mandato del artículo 27 constitucional en materia de petróleo y
electricidad, cancelando los contratos otorgados a intereses privados.
La Constitución establecerá como obligación del Estado
la nacionalización de la Banca y el Crédito, los ferrocarriles de carga y
pasajeros, la industria minera y siderúrgica.
Declarar nulos de pleno derecho los contratos
otorgados a particulares, empresas petroleras, de la electricidad y
mineras en violación de las disposiciones constitucionales que prohíben la
entrega del patrimonio nacional.
Hay que
restablecer la soberanía plena en materia energética.
2.- Las fuerzas democráticas tienen también la tarea
impostergable de luchar para derogar la contrarreforma laboral, aprobada por
los neoliberales panistas, priistas,
perredistas y otros cómplices, que es violatoria del artículo 123 de la Carta
Magna y de instrumentos internacionales en materia laboral.
3.- Además, debe rescatarse la seguridad social de
manos de los mercaderes inescrupulosos y restablecer el sentido solidario con
que se concibió, prohibiendo las afores. La privatización de la seguridad
social es un crimen de lesa patria.
4.- En política exterior urge restablecer los
principios históricos que señala el artículo 89 de la Constitución nacional,
abandonando los sueños de gran potencia que ocultan la pobreza, la miseria y la
pérdida de soberanía generadas por 36 años de neoliberalismo.
5.- Por un sentido elemental de dignidad nacional, el
gobierno federal tiene la obligación de expulsar del país a las policías
yanquis que se encuentran en el territorio nacional, en violación flagrante de
la soberanía nacional, investigar y castigar la felonía de los funcionarios
traidores que han permitido la injerencia yanqui en cuestiones que sólo
competen a los mexicanos.
6.- En materia de crimen organizado y la brutal
inseguridad que sufre el pueblo, hay que impedir -por dignidad y vigencia plena
de nuestra soberanía como nación- que los yanquis sigan metiendo las manos, en
una abierta actitud intervencionista, consentida y auspiciada por los
neoliberales, cuando es una facultad exclusiva de los mexicanos decidir como
combatir ese fenómeno social.
7.- En cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales, -si el gobierno ajusta sus actos a los mandatos de la
Constitución nacional- debe retirar al ejército y a la Marina de las funciones
policíacas que, de manera anticonstitucional, les otorgaron los gobiernos neoliberales, lo que provocó
que se hayan invadido facultades que la Constitución confiere a otros órganos
del Estado.
8.- Revisar, a fondo, las privatizaciones que hicieron
los neoliberales y fincar, en su caso, las responsabilidades administrativas,
civiles y penales en que hayan incurrido, porque esas privatizaciones fueron un
despojo descarado del patrimonio nacional.
9.- De elemental justicia social es atender la vida de
los campesinos mexicanos, abandonados por los neoliberales a su suerte y a sus
recursos, y no se diga a los ejidatarios obligados por los tecnócratas a
malbaratar sus parcelas para sobrevivir, sin ninguna posibilidad de tener
acceso al crédito porque el sistema bancario, entregado por los tecnócratas a
los intereses extranjeros, se los niega.
10.- El Senado, como lo han comprobado los mexicanos a
través de la historia, no ha tenido gran relevancia. En primer lugar la Cámara
de Senadores no participó en la redacción de ninguna de las tres grandes
constituciones que han regido la vida de México: la de 1824, la de 1857 y la de
1917, bien porque todavía no existía, como ocurrió con la Constitución de 1824,
bien porque esa Cámara había desaparecido o bien porque una revolución
triunfante convocaba a un Congreso Constituyente a formar otra Constitución,
como sucedió con la Revolución de Ayutla, a mediados del siglo XIX, o con la
Revolución Mexicana que creó la Constitución de 1917.
11.- Urge legislar a nivel constitucional para
establecer, con amplitud, las causas por las que un presidente de la República
puede ser removido del cargo, y las sanciones que se deben aplicar cuando viole
la Constitución o las leyes, durante su mandato y después de él.
Debe incorporarse en el texto constitucional el
principio según el cual los delitos o daños cometidos contra la Nación por el
Presidente de la República, no prescriben, para que sean castigados y reparados
en cualquier momento.
Para mayor claridad y precisión: los delitos cometidos
por los funcionarios públicos contra los intereses de la nación y del pueblo,
en todos los niveles de gobierno (ejecutivo, legislativo, judicial y municipal)
serán exigibles en todo momento y no prescribirán.
La democracia representativa, reflejada en todos los
puestos de elección popular, debe ser consecuente hasta el final. Es decir, la
doctrina de la representación, como está ahora, es incompleta, porque el
mandante, que es el pueblo, no puede casi bajo ninguna circunstancia, destituir
al mandatario, pues se le ha negado sistemáticamente el derecho de revocar el
mandato.
12.- Llegó el momento de establecer, a nivel
constitucional, como requisito para aspirar a un cargo de representación
popular el haber prestado servicios reconocidos a la Nación, al Estado o al
Municipio, según la elección de que se trate, porque ahora quedan abiertas las
puertas para que cualquier rufián o acaudalado, aspire a esos cargos, con los
consiguientes riesgos para el pueblo.
En las condiciones actuales y, también, por salud de la República, no es posible que
las autoridades electas, teóricamente por voluntad popular, se mantengan cuando
han demostrado ineficiencia, incapacidad o han caído en la corrupción y la
impunidad.
14.- En un sentido más amplio, y de manera urgente,
hay que transitar de la democracia representativa que ha perdido su esencia, a
una democracia participativa, donde el pueblo se convierta en la verdadera
fuente de poder, porque como están las cosas ahora ha dejado de serlo, y sus
representantes usan y abusan del poder sin control alguno.
15.- Tanto los que se oponían a la nacionalización de
la Banca como los que, una vez nacionalizada, lucharon por su reprivatización,
son los responsables de que la banca se haya extranjerizado casi totalmente y
del desastre financiero que ocasionó, porque se pudo demostrar con números y
cifras el inmenso negocio que los particulares realizaron y realizan con los dineros del pueblo; su
utilización para acciones de usura, para no canalizar los recursos a la
producción industrial y agropecuaria, sino dedicarlos a la especulación y, de
paso, convertir a la Banca extranjera en el canal para saquear al país por
mexicanos acaudalados y extranjeros.
La realidad y
los intereses de la Nación vuelven a plantear la necesidad de nacionalizar la
Banca y el crédito, que ya en estos momentos se encuentra fuera del control del
Estado mexicano, muy a pesar de que a los neoliberales les cauce verdadero
pavor el termino nacionalización.
16.- El municipio libre no puede continuar como simple
prestador de servicios públicos, con el peligro real de que sea despojado hasta
de esta función por el hambre insaciable de la privatización, promovida por los
neoliberales y sus amanuenses.
Es necesario que participe directamente en el
desarrollo económico, creando empresas que le permitan obtener recursos para dar
satisfacción cabal a las necesidades colectivas en distintos ámbitos, lo cual
significa que los ayuntamientos como órganos de gobierno de los municipios se
conviertan en promotores del desarrollo económico y del bienestar social.
Que tengan una intervención directa en el desarrollo
social, particularmente en materia de educación, salud, alimentación, vivienda,
recreación, atención a los jóvenes, a los niños, a las personas con capacidades
diferentes y adultos mayores.
En materia de
educación serán los responsables directos de abatir el analfabetismo, que es
una lacra social y una vergüenza para el México del siglo XXI.
Pero además, el municipio libre debe rescatar su papel
de célula de la democracia del que ha sido despojado, tanto en su organización
como en su funcionamiento.
En su
organización, porque debiendo tener los tres poderes, el ejecutivo, el
legislativo y el judicial, ha sido privado de éste último, y el legislativo ha
sido deformado de tal manera que el cabildo se encuentra colocado bajo el
dominio del presidente municipal.
El ayuntamiento no es un órgano de gobierno
unipersonal; es un órgano colectivo. Su composición es colegiada, y colegiado
debe ser su funcionamiento, y colectivos sus acuerdos y resoluciones. El
presidente municipal es parte de ese cuerpo, debe convertirse en ejecutor de
los acuerdos del Cabildo. Nada más.
17.- Para fortalecer la salud de la población, los
Ayuntamientos deberán asumir y difundir una nueva cultura en la materia.
Establecerán la práctica de la medicina preventiva, creando los mecanismos
necesarios para lograrlo. Aplicarán las medidas adecuadas para canalizar los
recursos materiales a fin de que los
ayuntamientos pongan a funcionar la figura del médico de colonia o barrio, así
como la de la enfermera familiar y el establecimiento de consultorios
municipales, con facultades para prescribir recetas nutricionales y que estén
muy cercanos a la gente para atender, en una primera instancia, la salud de sus
habitantes.
18.- Hoy por hoy la garantía de la independencia
nacional pasa, necesariamente, por la investigación científica y la
incorporación al dominio de la revolución tecnológica y científica, en lo que
se denomina la era del conocimiento. Canalizar un mayor porcentaje del PIB a la
ciencia, la investigación y el desarrollo tecnológico, es vital.
La soberanía científica y tecnológica debe convertirse
en un pilar del México del siglo XXI.
19.- Modificar la fracción II del artículo 35 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer “el
derecho inalienable de los mexicanos de participar en la dirección de los
asuntos públicos, entre otras figuras a través del plebiscito, el referéndum,
la iniciativa popular, la contraloría social”.
20.- Insisto: la Constitución de la República debe consagrar,
de manera expresa, como derecho de los mexicanos, la prohibición de privatizar
el patrimonio nacional, el de los Estados y Municipios, así como la prohibición
de privatizar los servicios de salud, de educación, la seguridad social, las
empresas que formen parte o se incorporen al patrimonio público, los
aeropuertos, los puertos marítimos, el suelo y subsuelo, las reservas
ecológicas, el petróleo y sus derivados, la minería, la electricidad y las empresas que por
mandato constitucional hoy tienen el encargo de manejar esos renglones básicos
de la economía nacional, como PEMEX y la CFE.
También estará prohibido privatizar las carreteras y
el ejido, restableciéndolo como propiedad de la nación entregada en usufructo a
los ejidatarios, los sistemas de riego, el agua, la propiedad y los demás
bienes federales y estatales.
Privatizar un bien público será causa inapelable para
revocar el mandato de los funcionarios, separarlos de cualquier función pública
y obligarlos a reparar los daños provocados, además de las sanciones penales
que correspondan.
Como se aprecia
por lo expuesto, no se trata de un programa, sino de acciones urgentes e
inmediatas que las fuerzas democráticas deben impulsar.
Además, con medidas así, se sientan bases sólidas para
combatir la corrupción que es congénita al sistema capitalista de producción,
vigente en México.
