Los titulares del ejecutivo federal, los de los Estados y los integrantes de los ayuntamientos, constitucionalmente, son mandatarios del pueblo; están obligados a obedecer y acatar la voluntad popular. El pueblo manda, los gobernantes deben obedecer. El pueblo conserva su carácter de mandante en todo momento. Lo mismo ocurre con los diputados federales y locales que, teórica y constitucionalmente, son representantes del pueblo. El pueblo conserva su poder y la titularidad de la soberanía; los diputados son representantes populares, y el hecho de que tengan esa representación del pueblo no significa que tengan la titularidad de la soberanía y que el pueblo haya renunciado a ella. De hecho y de derecho los diputados, ya se trate del ámbito federal o local, son al mismo tiempo representantes y mandatarios del pueblo.
Tanto la representación como el mandato son figuras tomadas del Derecho Civil. El representado conserva su carácter y prerrogativas frente al representante al que le indica qué actos debe realizar en su representación. Con el mandato ocurre lo mismo: el mandante conserva sus características como tal frente al mandatario, al que ordena qué debe hacer.
Pero estas figuras se han desvirtuado tanto, sobre todo por el interés de los mandatarios, que hoy se entiende todo al revés. Cuando se habla del primer mandatario, refiriéndose al presidente de la República, se piensa que es el primero en mandar y no el primero en obedecer. Y los funcionarios públicos le dan rienda suelta a sus inclinaciones, preferencias, ambiciones y hasta traumas personales a la hora de gobernar al margen y en contra de su verdadera naturaleza de mandatarios.
Las disposiciones constitucionales que establecían el mandato para que el presidente de la República, por ejemplo, rindiera a través del Congreso de la Unión un informe al pueblo del estado que guardaba la administración pública, era parte de la normatividad que entendía al titular del ejecutivo federal como auténtico mandatario, que le rendía en ese acto un informe al mandante, es decir, al pueblo, de lo que había hecho o dejado de hacer.
Que también se haya desvirtuado la esencia del informe presidencial para convertir esa obligación constitucional en un acontecimiento donde se resaltaba hasta el infinito al presidente de la República, ayudó a que, con el paso del tiempo, se perdiera el interés en esa figura de esencia republicana. Pero fueron los panistas, Fox y Calderón, los que dieron al traste con el mandato y el informe presidencial.
El informe se hizo innecesario, no porque no se pudiera hacer un acto como los que realizaba el PRI, sino porque los dos panistas dejaron de ser mandatarios de la nación para asumir conscientemente su papel de mandaderos de los grandes intereses económicos cosa, que por cierto, empezaron a hacer los neoliberales un poco antes, pero reaccionarios del PAN llevaron las cosas a su máximo nivel.
Para no ir muy lejos y constatar lo dicho, en una nota que apareció en EL PAÍS, periódico español, en 2008, se dijo:
“Mientras la semana pasada se daba un recibimiento lleno de pompa al presidente de México, Felipe Calderón, quien fue agasajado y aplaudido por el rey Juan Carlos, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y demás cúpula política, en México se desató la polémica en distintos sectores de la sociedad al ver que el mandatario (sic) brindaba a empresarios españoles lo que no es suyo: el petróleo del país”
Y agrega la nota: “Los comentarios negativos fueron reflejados en distintos medios de comunicación, después de escuchar un discurso que correspondía más a un agente de ventas que a un mandatario…”
Calderón degradó tanto el ejercicio del poder que lo ha colocado ahí donde señala la nota de EL PAÍS. Pero es un agente de ventas que no ofrece lo suyo ni lo de sus patrones, como se sabe bien, sino el patrimonio de los mexicanos, y tampoco lo hace en representación de si mismo, sino como mandadero de intereses extranjeros y domésticos. De mandatario que debió ser, se convirtió por propia voluntad en mandadero, lo que además de desvirtuar el ejercicio del poder presidencial, le quita legitimidad constitucional.
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