En 2011 se cumplieron 23 años del fraude electoral a través del cual Carlos Salinas de Gortari se hizo de la presidencia de la República, en una de las acciones más repulsivas de que se tenga memoria en la vida política de México. A ojos vistos se violentó la voluntad popular expresada en las urnas que se pronunció, con toda claridad, por el retorno al camino abierto por la Revolución Mexicana, pues Miguel de la Madrid inició la etapa neoliberal que dura hasta nuestros días y que tanto daño ha causado a los mexicanos.
Ya sea que el sistema electoral se haya callado o se haya caído, se le arrebató al Frente Democrático Nacional y a su candidato presidencial, Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la victoria que el pueblo les dio en las urnas. Fue vergonzoso ver cómo en la propia tribuna de la Cámara de Diputados erigida en Colegio Electoral se presentaron las muestras del fraude: costales llenos de boletas electorales quemadas, votadas a favor de los partidos integrantes del Frente que postuló a Cárdenas y la aparición en basureros de cantidades enormes de boletas incineradas.
Salinas de Gortari no tuvo la legitimidad de las urnas, y se entregó al PAN por conveniencia y por convencimiento, porque necesitó y tuvo su apoyo para aplicar medidas de gobierno contrarias al interés nacional. Sólo hay que recordar que la reforma al artículo 82 constitucional, para permitir que hijos de extranjeros pudieran ser candidatos a la presidencia, con dedicatoria directa a Fox, provocó el rechazo más amplio de la opinión pública nacional. La decisión de esa reforma a la Constitución nacional hacen de Salinas el padre y la madre del panista, en el sentido político.
Al quemar las urnas que contenían los votos emitidos en 1988 no se lograron borrar las evidencias del fraude electoral. Salinas no adquirió legitimidad por el hecho de que los órganos facultados para hacerlo lo declararan, primero presidente electo y después presidente constitucional. Tampoco se legitimó, a los ojos del pueblo, con sus acciones antipopulares y contra la Nación.
Con Calderón se dio un nuevo fraude. Ahora, por lo que se sabe, ya no se quemaron boletas, o por lo menos no aparecieron en los basureros como en 1988. Con una legislación electoral distinta a la vigente en 1988, pero tan vulnerable como aquella, el fraude se cometió durante todo el proceso electoral con la intervención delictiva de Vicente Fox desde la titularidad del ejecutivo federal, reconocida de manera clara por el tribunal encargado de calificar la elección presidencial, ignorada deliberadamente por los intereses políticos y económicos de la cúpula que tiene secuestrado al país.
Pero esa maniobra no les alcanzó para consumar el fraude contra la voluntad popular, y por eso arrastraron a las instituciones electorales, de manera especial al IFE, para imponer a Calderón en la presidencia de la República. Hoy el Instituto Federal Electoral está absolutamente desprestigiado a nivel nacional. Pocos mexicanos creen en su imparcialidad y profesionalismo, pero también tiene un gran desprestigio en el ámbito internacional, pues ya pocos recurren a él para asesorarse en la realización de sus procesos electorales, como se acaba de dio cuenta en una publicación.
También en el caso de Calderón hay ilegitimidad de origen. Pero además, en un estricto sentido jurídico-constitucional el acto bochornoso de “toma de protesta” del panista es nulo de pleno derecho, por las condiciones irregulares en que tuvo lugar y por las circunstancias que lo rodearon. Como se ha dicho en otras ocasiones, ninguna ley o decreto de ninguna de las Cámaras del Poder Legislativo, ningún acuerdo o acto del Congreso de la Unión puede ser válido si se aprueba o toma en condiciones anormales como las que presenciamos el 1º. de diciembre de 2006 en la sede de la Cámara de Diputados donde se encontraban reunidas ambas Cámaras.
El panista Calderón ha ganado a pulso mayor ilegitimidad con sus medidas de gobierno. Sólo habrá que insistir en su intención de desnacionalizar el petróleo mexicano y su terquedad al ofrecer en el extranjero, como si fuera suyo, ese recurso, que nos haya o no escriturado el diablo, es de los mexicanos.
Los mexicanos tenemos presente en la memoria lo que ocurrió con Victoriano Huerta, que formalmente se ajustó a la ley para asumir la presidencia de México, pero para el pueblo es un usurpador, que ha sido juzgado como tal y para siempre tendrá ese calificativo.
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