Artículo escrito cuando se debatía la forma de presentar el informe del ejecutivo federal, en el último sexenio de la derecha.
Durante tres semanas o más, los mexicanos hemos presenciado el forcejeo político entre quienes buscan renovar la forma, a través de la cual el ejecutivo federal cumpla con el mandato constitucional de informar el estado que guarda la administración pública del país, y quienes pretenden mantener el presidencialismo exacerbado, donde la figura del presidente avasalle a todo y a todos.
Los partidarios del presidencialismo, entre los que destaca el PAN, exigen que Calderón –como lo hacía el PRI en sus mejores momentos- se presente a la apertura de sesiones del Congreso de la Unión el 1º. de septiembre, atraiga todos los reflectores y desde la tribuna legislativa, pontificando a diestra y siniestra, haga pronunciamientos políticos que lleven agua al molino de los reaccionarios, conservadores, derechistas y ultraderechistas que detentan, por hoy, el gobierno federal.
Los intentos de modificar el formato de ese evento -que cada día se vuelve más intrascendente para la enorme mayoría del pueblo mexicano- al margen de las disposiciones constitucionales que lo regulan, tuvo el marcado interés de cambiar para que todo permaneciera igual. Se recurrió a las amenazas, al chantaje, a las promesas para que Calderón, en un acto faraónico, intente legitimarse ante la opinión pública nacional como presidente de la República, porque su origen fraudulento lo sigue y persigue a todas partes.
Los fervientes partidarios del presidencialismo quisieron presentarse como los máximos exponentes de nuevas prácticas democráticas, por eso dijeron que una de esas formas era el diálogo entre el ejecutivo y los miembros del Congreso de la Unión, frente a lo cual el informe, que por obligación constitucional debe presentar el ejecutivo federal, quedaría relegado a un segundo o tercer término. Y fueron más allá -en su desesperación por conservar, o más bien, por fortalecer el presidencialismo- al exigir el debate entre ambos poderes, con todas las ventajas para el ejecutivo, ante lo cual el informe desaparecería del escenario para ensalzar –exactamente como en el pasado- al ejecutivo y denigrar al legislativo como cuerpo colegiado.
Perdida la batalla o casi perdida, porque todavía no todo está dicho en torno al 1º. de septiembre, pues es previsible que Calderón sólo entregue por escrito su informe, no dialogue y menos debata con los legisladores, los neopresidencialistas y sus adláteres han acordado dejarle todo el escenario a Calderón y quizá a su partido, sin la presencia del legislativo federal, en un acto a celebrar el día siguiente en el Auditorio Nacional, arropado por sus correligionarios, con todos los micrófonos y cámaras a su servicio, en un vano intento por continuar con el “día del presidente”, sólo que ahora, en lugar del día primero sería el 2 de septiembre, en lo que van a cacarear, sin duda, como un “logro democrático”. Es decir, será un acto donde habrá circo, maroma y teatro reaccionario.
Ahora bien, la obligación que tiene el ejecutivo de informar al Congreso por escrito, como lo ordena el artículo 69 constitucional, hay que mantenerlo, pero el pueblo debe exigir transparencia y veracidad en la información que rinda, porque sucede que varios años después de rendido un informe se descubre que el presidente en turno no dijo la verdad; que modificó y alteró los datos, es decir, que le mintió a la nación.
Se requiere un informe verdadero, no maquillado, no alterado, que no oculte nada, y que en caso de ocurrir así haya una sanción severa para el ejecutivo federal y los miembros de su gabinete involucrados en la falsedad de informes, porque eso perjudica directamente al pueblo. Alguien que mienta no es digno de ocupar un alto puesto en el gobierno.
Nadie está en contra de que haya comunicación entre los poderes de la Unión. Muchos constitucionalistas consideran que debe haber colaboración de poderes y, de hecho, se da permanentemente. Dentro de la colaboración caben perfectamente el diálogo, la confrontación de ideas y programas y, si se quiere, hasta el debate entre poderes o entre algunos miembros de los poderes, lo cual requiere otros tiempos y otros escenarios, y no el informe del 1º.de septiembre, en donde no sería posible dialogar ni debatir.
En el seno de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión se ha demostrado siempre que el trabajo más productivo se da en Comisiones. Allí puede ir el titular del ejecutivo federal para ampliar la información que requieran los legisladores. Es el lugar apropiado para que aclare dudas y aporte elementos necesarios para facilitar el trabajo legislativo, para que confronte las ideas y las opiniones distintas a las suyas, aunque eso ya lo hacen los secretarios del gabinete. Lo demás es puro circo.
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