jueves, 27 de septiembre de 2018

RESCATAR A MÉXICO CON MEDIDAS INMEDIATAS



Al escribir este artículo, me atengo a lo que dijo el profundo y creativo pensador marxista Antonio Gramsci -cuya Antología, publicada en México por la editorial Siglo XXI, tengo a la vista en este momento- al afirmar que en política el mejor método pedagógico es la repetición.

De ahí que  insista en algunas de las propuestas más urgentes que debe aplicar el nuevo gobierno mexicano, emanado de las elecciones del 1 de julio del año en curso:

1.- Por salud de la República es urgente restablecer el mandato del artículo 27 constitucional en materia de petróleo y electricidad, cancelando los contratos otorgados a intereses privados.

La Constitución establecerá como obligación del Estado la nacionalización de la Banca y el Crédito, los ferrocarriles de carga y pasajeros, la industria minera y siderúrgica.

Declarar nulos de pleno derecho los contratos otorgados  a particulares,  empresas petroleras, de la electricidad y mineras en violación de las disposiciones constitucionales que prohíben la entrega del patrimonio nacional.

 Hay que restablecer la soberanía plena en materia energética.

2.- Las fuerzas democráticas tienen también la tarea impostergable de luchar para derogar la contrarreforma laboral, aprobada por los neoliberales panistas,  priistas, perredistas y otros cómplices, que es violatoria del artículo 123 de la Carta Magna y de instrumentos internacionales en materia laboral.

3.- Además, debe rescatarse la seguridad social de manos de los mercaderes inescrupulosos y restablecer el sentido solidario con que se concibió, prohibiendo las afores. La privatización de la seguridad social es un crimen de lesa patria.

4.- En política exterior urge restablecer los principios históricos que señala el artículo 89 de la Constitución nacional, abandonando los sueños de gran potencia que ocultan la pobreza, la miseria y la pérdida de soberanía generadas por 36 años de neoliberalismo.

5.- Por un sentido elemental de dignidad nacional, el gobierno federal tiene la obligación de expulsar del país a las policías yanquis que se encuentran en el territorio nacional, en violación flagrante de la soberanía nacional, investigar y castigar la felonía de los funcionarios traidores que han permitido la injerencia yanqui en cuestiones que sólo competen a los mexicanos.

6.- En materia de crimen organizado y la brutal inseguridad que sufre el pueblo, hay que impedir -por dignidad y vigencia plena de nuestra soberanía como nación- que los yanquis sigan metiendo las manos, en una abierta actitud intervencionista, consentida y auspiciada por los neoliberales, cuando es una facultad exclusiva de los mexicanos decidir como combatir ese fenómeno social.

7.- En cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, -si el gobierno ajusta sus actos a los mandatos de la Constitución nacional- debe retirar al ejército y a la Marina de las funciones policíacas que, de manera anticonstitucional, les otorgaron  los gobiernos neoliberales, lo que provocó que se hayan invadido facultades que la Constitución confiere a otros órganos del Estado.

8.- Revisar, a fondo, las privatizaciones que hicieron los neoliberales y fincar, en su caso, las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que hayan incurrido, porque esas privatizaciones fueron un despojo descarado del patrimonio nacional.

9.- De elemental justicia social es atender la vida de los campesinos mexicanos, abandonados por los neoliberales a su suerte y a sus recursos, y no se diga a los ejidatarios obligados por los tecnócratas a malbaratar sus parcelas para sobrevivir, sin ninguna posibilidad de tener acceso al crédito porque el sistema bancario, entregado por los tecnócratas a los intereses extranjeros, se los niega.

10.- El Senado, como lo han comprobado los mexicanos a través de la historia, no ha tenido gran relevancia. En primer lugar la Cámara de Senadores no participó en la redacción de ninguna de las tres grandes constituciones que han regido la vida de México: la de 1824, la de 1857 y la de 1917, bien porque todavía no existía, como ocurrió con la Constitución de 1824, bien porque esa Cámara había desaparecido o bien porque una revolución triunfante convocaba a un Congreso Constituyente a formar otra Constitución, como sucedió con la Revolución de Ayutla, a mediados del siglo XIX, o con la Revolución Mexicana que creó la Constitución de 1917.

11.- Urge legislar a nivel constitucional para establecer, con amplitud, las causas por las que un presidente de la República puede ser removido del cargo, y las sanciones que se deben aplicar cuando viole la Constitución o las leyes, durante su mandato y después de él.

Debe incorporarse en el texto constitucional el principio según el cual los delitos o daños cometidos contra la Nación por el Presidente de la República, no prescriben, para que sean castigados y reparados en cualquier momento.

Para mayor claridad y precisión: los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra los intereses de la nación y del pueblo, en todos los niveles de gobierno (ejecutivo, legislativo, judicial y municipal) serán exigibles en todo momento y no prescribirán.

La democracia representativa, reflejada en todos los puestos de elección popular, debe ser consecuente hasta el final. Es decir, la doctrina de la representación, como está ahora, es incompleta, porque el mandante, que es el pueblo, no puede casi bajo ninguna circunstancia, destituir al mandatario, pues se le ha negado sistemáticamente el derecho de revocar el mandato.

12.- Llegó el momento de establecer, a nivel constitucional, como requisito para aspirar a un cargo de representación popular el haber prestado servicios reconocidos a la Nación, al Estado o al Municipio, según la elección de que se trate, porque ahora quedan abiertas las puertas para que cualquier rufián o acaudalado, aspire a esos cargos, con los consiguientes riesgos para el pueblo.

En las condiciones actuales y, también,  por salud de la República, no es posible que las autoridades electas, teóricamente por voluntad popular, se mantengan cuando han demostrado ineficiencia, incapacidad o han caído en la corrupción y la impunidad.

14.- En un sentido más amplio, y de manera urgente, hay que transitar de la democracia representativa que ha perdido su esencia, a una democracia participativa, donde el pueblo se convierta en la verdadera fuente de poder, porque como están las cosas ahora ha dejado de serlo, y sus representantes usan y abusan del poder sin control alguno.

15.- Tanto los que se oponían a la nacionalización de la Banca como los que, una vez nacionalizada, lucharon por su reprivatización, son los responsables de que la banca se haya extranjerizado casi totalmente y del desastre financiero que ocasionó, porque se pudo demostrar con números y cifras el inmenso negocio que los particulares realizaron  y realizan con los dineros del pueblo; su utilización para acciones de usura, para no canalizar los recursos a la producción industrial y agropecuaria, sino dedicarlos a la especulación y, de paso, convertir a la Banca extranjera en el canal para saquear al país por mexicanos acaudalados y extranjeros.

 La realidad y los intereses de la Nación vuelven a plantear la necesidad de nacionalizar la Banca y el crédito, que ya en estos momentos se encuentra fuera del control del Estado mexicano, muy a pesar de que a los neoliberales les cauce verdadero pavor el termino nacionalización.

16.- El municipio libre no puede continuar como simple prestador de servicios públicos, con el peligro real de que sea despojado hasta de esta función por el hambre insaciable de la privatización, promovida por los neoliberales y sus amanuenses.

Es necesario que participe directamente en el desarrollo económico, creando empresas que le permitan obtener recursos para dar satisfacción cabal a las necesidades colectivas en distintos ámbitos, lo cual significa que los ayuntamientos como órganos de gobierno de los municipios se conviertan en promotores del desarrollo económico y del bienestar social.

Que tengan una intervención directa en el desarrollo social, particularmente en materia de educación, salud, alimentación, vivienda, recreación, atención a los jóvenes, a los niños, a las personas con capacidades diferentes y adultos mayores.

 En materia de educación serán los responsables directos de abatir el analfabetismo, que es una lacra social y una vergüenza para el México del siglo XXI.

Pero además, el municipio libre debe rescatar su papel de célula de la democracia del que ha sido despojado, tanto en su organización como en su funcionamiento.

 En su organización, porque debiendo tener los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ha sido privado de éste último, y el legislativo ha sido deformado de tal manera que el cabildo se encuentra colocado bajo el dominio del presidente municipal.

El ayuntamiento no es un órgano de gobierno unipersonal; es un órgano colectivo. Su composición es colegiada, y colegiado debe ser su funcionamiento, y colectivos sus acuerdos y resoluciones. El presidente municipal es parte de ese cuerpo, debe convertirse en ejecutor de los acuerdos del Cabildo. Nada más.

17.- Para fortalecer la salud de la población, los Ayuntamientos deberán asumir y difundir una nueva cultura en la materia. Establecerán la práctica de la medicina preventiva, creando los mecanismos necesarios para lograrlo. Aplicarán las medidas adecuadas para canalizar los recursos materiales a fin de que  los ayuntamientos pongan a funcionar la figura del médico de colonia o barrio, así como la de la enfermera familiar y el establecimiento de consultorios municipales, con facultades para prescribir recetas nutricionales y que estén muy cercanos a la gente para atender, en una primera instancia, la salud de sus habitantes.

18.- Hoy por hoy la garantía de la independencia nacional pasa, necesariamente, por la investigación científica y la incorporación al dominio de la revolución tecnológica y científica, en lo que se denomina la era del conocimiento. Canalizar un mayor porcentaje del PIB a la ciencia, la investigación y el desarrollo tecnológico, es vital.

La soberanía científica y tecnológica debe convertirse en un pilar del México del siglo XXI.

19.- Modificar la fracción II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer “el derecho inalienable de los mexicanos de participar en la dirección de los asuntos públicos, entre otras figuras a través del plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la contraloría social”.

20.- Insisto: la Constitución de la República debe consagrar, de manera expresa, como derecho de los mexicanos, la prohibición de privatizar el patrimonio nacional, el de los Estados y Municipios, así como la prohibición de privatizar los servicios de salud, de educación, la seguridad social, las empresas que formen parte o se incorporen al patrimonio público, los aeropuertos, los puertos marítimos, el suelo y subsuelo, las reservas ecológicas, el petróleo y sus derivados, la minería,  la electricidad y las empresas que por mandato constitucional hoy tienen el encargo de manejar esos renglones básicos de la economía nacional, como PEMEX y la CFE.

También estará prohibido privatizar las carreteras y el ejido, restableciéndolo como propiedad de la nación entregada en usufructo a los ejidatarios, los sistemas de riego, el agua, la propiedad y los demás bienes federales y estatales.

Privatizar un bien público será causa inapelable para revocar el mandato de los funcionarios, separarlos de cualquier función pública y obligarlos a reparar los daños provocados, además de las sanciones penales que correspondan.

 Como se aprecia por lo expuesto, no se trata de un programa, sino de acciones urgentes e inmediatas que las fuerzas democráticas deben impulsar.

Además, con medidas así, se sientan bases sólidas para combatir la corrupción que es congénita al sistema capitalista de producción, vigente en México.



viernes, 24 de agosto de 2018

TAREAS URGENTES DE LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS DE MÉXICO, HOY.


Son muy graves y muchos los daños que los neoliberales le han causado al país: dispararon la corrupción a niveles desconocidos; la pobreza ahora abarca a un mayor número de mexicanos, el desempleo se encuentra, también, en niveles altos; la inseguridad pública se ha convertido en los últimos años en un problema verdaderamente grave. México ha pasado de ser un país autosuficiente en materia alimentaria a uno peligrosamente dependiente del exterior; abandonaron al agro mexicano donde se concentra porcentualmente el mayor número de pobres.

Los neoliberales destruyeron, con toda la mala fe y por intereses económicos, a Pemex y convirtieron a México en un país importador de energéticos.

Poniendo por delante sus intereses económicos los neoliberales deterioraron intencionalmente la educación pública para beneficiar a la privada.

La derecha, aferrada al neoliberalismo, dañó las finanzas públicas al someterlas a los dictados del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y no tomaron medidas para la diversificación de nuestras relaciones económicas con el mundo.

 La política internacional prácticamente desapareció, pues cayó en el más absoluto desprestigio. La autoridad que México tenía en América Latina se ha perdido para dar lugar a un aislamiento de nuestro país y a un enfrentamiento constante con los pueblos hermanos que luchan por superar los rezagos económicos y los problemas sociales.

Con la derecha en el poder se profundizó la acumulación de la riqueza, de una parte, y la pobreza, de la otra. Hoy a México se le conoce por sus profundas desigualdades sociales, por sus disparidades entre la ciudad y el campo, por la extrema pobreza en que se debaten millones de compatriotas.

En materia política los neoliberales deterioraron las instituciones construidas a lo largo de años. La presidencia de la República, retenida durante seis sexenios mediante groseros fraudes, como fue reconocido por los propios órganos encargados de velar por la legalidad de los procesos electorales, se encuentra sumida en un enorme desprestigio. Este es uno de los elementos que alimentan la ingobernabilidad en la que nos debatimos.

Todas estas afirmaciones se sustentan en datos, cifras y hechos irrefutables.

Los neoliberales dejaron una caricatura de Estado: en lugar de un Estado que fomentara el desarrollo económico del país, con base en capitales nacionales, uno que dio  protección y privilegios indiscriminados al capital extranjero; en lugar de un Estado que respetara las garantías sociales, uno que fomentó el individualismo; en lugar de un Estado que otorgara seguridad social, uno que impulsó la medicina privada; en lugar de un Estado laico, un Estado clerical.

 En lugar de un Estado conducido con austeridad republicana, un Estado corrupto hasta la médula; en lugar de un Estado que protegiera y fomentara las libertades públicas, uno que protegió  los intereses de la minoría estableciendo la desalmada libertad de comercio; en lugar de un Estado nacionalizador, uno privatizador.

 En lugar de un Estado que diera satisfacción a las necesidades colectivas, uno que hinchó de dinero a la minoría, convirtiendo a México en un pueblo lleno de pobres y de la más grosera de las desigualdades sociales En lugar de un Estado soberano, uno dependiente.

 Hoy México vive una situación de emergencia provocada por esas políticas criminales, pues los neoliberales ocasionaron un verdadero desastre en materia económica, política, social y en las relaciones internacionales de México.

La conclusión es catastrófica: los neoliberales de la derecha y de la ultraderecha destrozaron a México.

 Las fuerzas democráticas tienen la encomienda histórica de rescatarlo, mediante un programa emergente  que tiene que ser necesariamente, forzosamente contrario al modelo neoliberal. No hay de otra.

 Cambios en la superficie dejaría subsistente ese modelo depredador y criminal. O el desarrollo de México se enrumba por un camino distinto y contrario al neoliberal, o no se habrá cumplido el mandato del pueblo en la jornada electoral del primero de julio.

El triunfo de las fuerzas democráticas y patrióticas alrededor de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, debe sentar sólidamente las bases para lograr el objetivo superior de rescatar al país, y orientarlo por la vía de la independencia, la soberanía y la verdadera justicia social.

La derrota de las fuerzas que convirtieron al modelo neoliberal en una dictadura durante más de tres décadas y media, ha sido contundente y debe ser definitiva.

La vida y el destino de México no admiten contemplaciones frente a quienes, sin ninguna consideración moral y política, sumieron al pueblo mexicano en la dependencia, la pobreza, la desigualdad social el saqueo, la rapiña descarada de los recursos públicos, la entrega del territorio nacional y sus recursos a intereses privados, la destrucción de las instituciones que, con enorme esfuerzo, se construyeron y que los neoliberales destruyeron al ponerlas al servicio del poder económico.

-El programa emergente de las fuerzas democráticas mexicanas tiene que ver con el rescate de la Constitución de 1917. Hay que ponerla en vigor, porque ha sido permanentemente violada por la derecha entreguista con la más absoluta impunidad, excluyendo de su texto las contrarreformas que esa corriente antinacional y antipopular le incorporó.

-Urge restablecer la soberanía de la nación. El bien más preciado de todo pueblo independiente es el ejercicio pleno de su soberanía. Sobre ella han pasado y están pasando fuerzas del interior y del extranjero que nos quieren mantener como el traspatio de la potencia más agresiva de la historia.

-El ejercicio de la soberanía nacional nos obliga a rescatar los recursos petroleros y la energía eléctrica para ponerlos al servicio del pueblo mexicano que es el único y legítimo dueño, impidiendo la intervención de los intereses privados en su generación y distribución.

-Para preservar el patrimonio de los mexicanos es urgente elevar a rango constitucional la prohibición de las privatizaciones, que en el pasado reciente fueron la vía de los neoliberales para el saqueo y la rapiña.

Poner, a plenitud, la vigencia del Estado laico, heredero de las mejores luchas históricas de los mexicanos.

De manera urgente necesitamos restablecer la filosofía del artículo tercero constitucional. Lo que nos ha hundido en los peores lugares en materia de educación, es el abandono de esa disposición de la Carta Magna, su constante violación, y la incorporación a su texto de un mazacote al que se denominó reforma educativa.

El rescate del artículo tercero constitucional pone a la orden del día la exigencia de concebir y aplicar una pedagogía auténticamente mexicana.

Hay que parar en seco a quienes pretenden establecer una educación confesional y anticientífica.

Fortalecer a la universidad pública y asegurar la investigación científica y tecnológica es urgente. La soberanía tecnológica debe transformase en un pilar fundamental de México hacia el resto del siglo XXI.

Garantizarle al pueblo, mediante medidas firmes, el disfrute de todas las garantías sociales e individuales, cuya riqueza es mayor que la llevada y traída teoría de los derechos humanos.

Se requiere un plan con carácter emergente, en materia económica para superar la crisis generada por el modelo neoliberal, asegurar la creación de empleos, la defensa de la industria nacional, el rescate de la banca que hoy está en manos de extranjeros, el fortalecimiento del mercado interno, la diversificación de las relaciones económicas con todo el mundo.

Hacer respetar el mandato constitucional, según el cual la contribución económica de los mexicanos debe ser de acuerdo a su capacidad económica, y legislar para prohibir que recursos del fisco sean devueltos a los empresarios que, de esa manera, no sólo no contribuyen al gasto público, sino que se aprovechan de los recursos del pueblo.

De manera especial atender a los campesinos que los neoliberales abandonaron a su propio destino, los condenaron a la quiebra, a la improductividad, y condujeron a la nación a la dependencia en materia alimentaria.

 Implementar una política de seguridad que tenga en cuenta los intereses del pueblo y de la nación, y no plegarse a los intereses de los gobiernos yanquis, que impusieron la política criminal a los neoliberales del país.

Frente a esta situación cabe recordar la propuesta, que hace años presentó la Universidad Nacional Autónoma de México sobre seguridad pública, según la cual la inseguridad debe enfrentarse con tolerancia, patriotismo, comportamiento cívico, solidaridad, estado de derecho y respeto a las garantías individuales, al tiempo que demandó del gobierno federal dar un giro de fondo e inmediato en las estrategias de seguridad, centrándolas en la prevención del delito, la atención a la juventud, al abatimiento de la impunidad y la reducción de muertos y lesionados.

El sexenio que se inicia el próximo primero de diciembre tiene el más amplio respaldo de los mexicanos. Sobre él se deposita la confianza y las esperanzas de que el neoliberalismo sea desmontado y destruido.

 No hay tiempo que perder. Cada fuerza debe contribuir para enriquecer el programa emergente, que debe contener los temas señalados y otros más que contribuyan a rescatar a la Nación mexicana, y todo acompañado por la más convencida austeridad juarista para proteger los recursos públicos.

En un siguiente artículo detallaré un poco más las medidas que aquí se mencionan de manera general, y otras que la propia situación del país va demandando con urgencia.

martes, 10 de julio de 2018

RESQUEBRAJAMIENTO DE LA DICTADURA NEOLIBERAL EN MÉXICO



En 1982 un grupo de facinerosos antipatriotas asaltó el poder, y durante 36 años aplicó una política de corte antipopular y antinacional.

-  En sentido estricto desnacionalizaron el Estado mexicano, lo pusieron al servicio de los económicamente poderosos, de dentro y de fuera, sin ninguna consideración. Su voracidad no tuvo límites y cayeron en la corrupción de manera abierta y ofensiva para el pueblo; cancelaron las manifestaciones elementales de la democracia y se sostuvieron en el poder mediante fraudes descarados y asesinatos; desvirtuaron las instituciones políticas que México se dio a lo largo de 172 años (desde que inicio la lucha por la independencia nacional);  y condujeron a una composición dominante del poder legislativo de élites, ajenas a la representación popular. Convirtieron al poder judicial en tapadera de sus despropósitos.
 
Desmontaron gran parte del Estado surgido de la Revolución mexicana. Limitaron gravemente las garantías sociales y las garantías individuales de los mexicanos, todo por cumplir con las exigencias imperialistas de ajustarse a las sacrosantas leyes del mercado.

Hoy el Estado  mexicano es solo un cascarón, propio para alcanzar sus propósitos antipopulares y antinacionales, pero ajeno a los intereses de la patria mexicana.

- Insisto. A pretexto de la globalización, los gobiernos neoliberales se entregaron en brazos del poder económico foráneo y doméstico, al que sirvieron  incondicionalmente, al que otorgó todas las protecciones habidas y por haber, lesionando los intereses de la nación y empobreciendo, en niveles nunca vistos, al pueblo.

Después de 36 años de dictadura neoliberal México es uno de los países con los más elevados índices de desigualdad social, donde la mayoría de su población vive en la pobreza, y un breve número, que no sobrepasa el 1% tiene en sus manos fortunas incalculables, logradas precisamente en dicho periodo.

 Mediante el remate del patrimonio de los mexicanos, los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, entregaron empresas fundamentales (propiedad de la nación) a intereses privados: desnacionalizaron la banca y el crédito hoy, casi en su totalidad, en manos extranjeras; desnacionalizaron la siderurgia; entregaron la industria minera a intereses privados, sin ningún límite; con el TLC colocaron la economía mexicana como el cabús del imperialismo yanqui quebrando, así, la industria nacional y abatiendo la suficiencia alimentaria. A los campesinos mexicanos los quebraron y hundieron en la improductividad, la pobreza y la miseria.

Obligaron a millones de mexicanos a abandonar su tierra y a su familia para ir a buscar sustento fuera del país, en condiciones adversas y peligrosas. Miles de ellos murieron en el intento, sin que el mal gobierno dijera o hiciera nada.

El breve grupo de desnacionalizados y antipatriotas neoliberales entregaron los ferrocarriles, propiedad de la nación, principalmente a empresas extranjeras; privatizaron gran parte de la industria eléctrica; abrieron, de par en par, las puertas al capital extranjero que ni en sueños llegó a tener la dictadura porfirista.

Saquearon de manera inusitada los recursos públicos, a través de sueldos desorbitados y ofensivos, Utilizaron el poder para labrar fortunas al margen de la ley, en acciones delictivas que hasta la fecha permanecen impunes.

De ser un país petrolero, autosuficiente, convirtieron a México en un país importador de energéticos. Gran parte del jugoso negocio de esa importación está en manos de ex funcionarios públicos, beneficiarios, también de la desnacionalización del petróleo impuesta por el gobierno de Peña Nieto, su partido, el PAN y el PRD, principalmente.

Avanzaron peligrosamente en la privatización de la educación y de la seguridad social; cancelaron derechos fundamentales de los trabajadores que ya se contemplaban en las leyes mexicanas.

- Toda esa política violenta y rapaz condujo a la profundización de la dependencia económica de México, dependencia que nos tiene postrados y a merced del poder económico mundial.

Antonio López de Santa anna y Porfirio Díaz resultan una caricatura frente a los soberbios, corruptos y ostentosos neoliberales priistas y panistas que, finalmente arrastraron y sometieron a varios dirigentes perredistas, igual de corruptos que ellos.

Los sucesivos gobiernos del PRI y del PAN se plegaron a los intereses del gobierno yanqui en política exterior y en la seguridad pública. Aislaron a México del resto de América Latina, lo sumieron en la humillación y el desprestigio frente al mundo entero.

La supuesta lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, fue impuesta por los yanquis, y ellos la aplicaron al pie de la letra durante los 36 años de dictadura neoliberal.  En este periodo el número de muertos supera, en mucho, el cuarto de millón. Un costo elevadísimo para nuestro pueblo del que deben responder los criminales que, desde el poder, permitieron esa masacre.

Se ha dicho con toda razón que los neoliberales son el padre y la madre de la violencia y la inseguridad pública que nos mantiene a los mexicanos como rehenes en nuestra propia patria.

Como nunca, en tiempos del neoliberalismo, se agredió la conciencia nacionalista de todo un pueblo, conciencia que se fue forjando desde antes que se iniciara la lucha por la independencia y que se consolidó en el tiempo que corre desde entonces hasta nuestros días.

Toda su política fue una política de lesa Patria.   
                        
Pero desnacionalizar la economía y la política mexicanas, no les alcanzó a los neoliberales para desnacionalizar la conciencia del pueblo.

Por eso, contra todo lo que hicieron en 36 años esos malos gobiernos, y que en parte se menciona en este artículo (pero que no agota las medidas aplicadas en más de tres décadas y que provocaron el desastre nacional) se levantó el pueblo mexicano el 1 de julio pasado.

Los desnacionalizados y desnacionalizadores, que gobernaron por un periodo casi igual al de la dictadura porfirista, fueron barridos por el pueblo en una jornada electoral, sin utilizar las armas.

La dictadura porfirista, que duró 33 años, fue derrotada en sólo seis meses, pero se llevó años  destruir la estructura colonial, feudal y semiesclavista impuesta, a sangre y fuego en ese periodo.

Para los mexicanos, ahora viene algo más difícil que una campaña electoral y que una jornada para sufragar.

Y el pueblo lo expresó masivamente, de manera clara e inequívoca: destruir el modelo neoliberal y establecer un sistema donde prevalezca plenamente la justicia social.

El 1 de julio inicia un periodo, por expreso mandato popular, en el  que el nuevo gobierno debe iniciar inmediatamente la destrucción del neoliberalismo, desmotando todo esa política criminal que ha postrado al pueblo mexicano, aplicando una política en sentido contrario y ajeno a la que se aplicó por más de tres décadas y media.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe sentar las bases para una verdadera transformación, que fortalezca la independencia de México, consolide la soberanía nacional, establezca como principio esencial la justicia social, para hacer de México una patria generosa para todos sus hijos.
Si es así, habrá cumplido su misión histórica.