DRAMÁTICA SITUACIÓN DEL CAMPO MEXICANO

Hasta la fecha no han sido evaluados, en toda su dimensión, los cambios experimentados en el campo mexicano, a raíz de la política neoliberal aplicada en los últimos 29 años, por las administraciones federales que lo condujeron aL desastre, bajo las presiones de los intereses transnacionales y de los agricultores capitalistas, beneficiarios de las medidas aplicadas desde 1982.

El reparto de la tierra y la destrucción de los latifundios liberó a gran parte de los peones acasillados de la hacienda, los dotó de poder de compra y puso a la orden del día la necesidad de industrializar al país, cuyas fuerzas productivas experimentaron un desarrollo importante, asumiendo la producción agrícola un papel destacado en la economía nacional.

A distinto ritmo y con evidentes problemas el campo mexicano se desarrolló durante seis décadas, pero a partir del gobierno de Miguel de la Madrid se interrumpió bruscamente la canalización de recursos financieros a la producción agrícola, desapareciendo los precios de garantía y empobreciendo a los campesinos.

Con el campo se hizo lo que con las empresas estatales, primero se les redujo el financiamiento, después se desarrolló una violenta campaña, a través de todos los medios, para hacerlas aparecer como ineficientes y, finalmente, se les privatizó.

La propiedad social en el campo mexicano, o mejor dicho, la propiedad de la nación, representada por el ejido principalmente, está siendo privatizada aceleradamente a raíz de los cambios contrarrevolucionarios que se le hicieron al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la expedición de la ley agraria, con lo que se terminó, para los neoliberales, el reparto agrario, y se fortaleció a la propiedad privada rural.

Pero unos años antes de esa legislación procapitalista, los gobiernos neoliberales tomaron una serie de medidas que afectaron, de manera profunda y negativa, a los campesinos, principalmente a los ejidatarios, a los pequeños propietarios y a los comuneros. Simplemente un ejemplo: entre 1988 y 1991, se dio una drástica disminución de los créditos otorgados por Banrural, que se redujeron en 60% en términos reales; se modificó el seguro agrícola y se inició la reorganización de Conasupo para finalmente desmantelarla.

Hacia el año de 1990 las agencias gubernamentales como Anagsa, Fertilizantes de México y Productora Nacional de Semillas, que se habían establecido en los años sesenta, para incrementar la producción y distribución de insumos agrícolas, se privatizaron, pero también se privatizaron los sistemas de riego. Y se dio una violenta desregulación comercial, lo que propició que de 317 productos que requerían permisos de importación sólo quedaran 57.

Considerando estos datos, se concluye que la legislación neoliberal para el campo fue, en mucho, la culminación de un proceso contra los campesinos de México, a favor de los agricultores capitalistas y del capital extranjero, y el inicio de una ofensiva, también muy violenta, contra la propiedad social, pues con las reformas al artículo 27 constitucional y la legislación secundaria, se abrieron a la privatización más de la mitad de la tierra agrícola y el 40% de la de pastos y bosques del sector ejidal.

Así el Estado abandonó su función de Estado interventor y se quedó únicamente como Estado promotor de la inversión privada, situación que alcanzó niveles alarmantes en las administraciones panistas.

En este cuadro de severos cambios no sólo la propiedad de la nación está en peligro y el ejido en proceso de extinción, sino que los mismos campesinos están en riesgo de inminente desaparición como clase social, no como producto de un desarrollo acelerado del capitalismo en el campo, cosa que ha ocurrido en otras latitudes del mundo, lo que no significa que desaparezcan los productores del campo, pero sí los campesinos como clase social. Para los campesinos mexicanos no está en juego una parcela más o una parcela menos, o mejores precios para sus productos, sino su propia existencia.

Este es el drama que confrontan millones de compatriotas y que requieren la máxima atención de las fuerzas políticas y sociales de México.

Frente a esta situación se han levantado voces sensatas que exigen una economía rural con rostro humano, que haga compatible la producción campesina con la inevitable modernidad encarnada en la biotecnología, en la bioingeniería, en la informática, en la biogenética y en otras ramas científicas cuya utilización se traduzca no sólo en el aumento de la producción, sino en el bienestar de la familia campesina.

Sin embargo una demanda fundamental, estando de acuerdo en que debe transformarse la situación del campo, es evitar la liquidación del ejido como forma de producción rural, pues su modernización se puede lograr, y la aplicación de los avances científicos y tecnológicos se pueden hacer con la organización colectiva y no necesariamente bajo la vigencia absoluta de la propiedad privada.