El México moderno es producto directo de la Revolución de 1910 y de la Constitución de 1917. Es decir, se trata de un Estado nacional revolucionario que le costó al pueblo mexicano la muerte de más de un millón de sus hijos en el periodo que va de 1910, en que se inició la lucha armada y 1920 en que todavía se presentaron, aunque aislados, brotes de inconformidad popular.
Aunque se ha dejado en el olvido, hay que recordar que la Revolución Mexicana fue un movimiento popular, democrático, antifeudal y antimperialista, porque el pueblo fue el que en su mayoría formó parte del ejército que enfrentó a la dictadura porfiriana, porque se propuso establecer las bases para un régimen que tuviera en cuenta la voluntad de los ciudadanos a la hora de integrar el poder público, en sus distintos niveles; porque se planteó como uno de los objetivos principales destruir el oprobioso sistema de la hacienda, donde 804 propietarios concentraron la inmensa mayoría del territorio nacional, es decir, destruir los latifundios, liberar a los peones acasillados entregándoles la tierra, ya fuera por la vía de la restitución para reintegrarle la tierra a los mexicanos despojados de ella, prácticamente desde que los conquistadores españoles pisaron el suelo de nuestra patria, o por la vía de la dotación, entregando tierra a quienes nunca la habían tenido.
También de manera esencial, la Revolución Mexicana se propuso objetivos antimperialistas, al rescatar los recursos naturales y empresas esenciales para el desarrollo económico que estaban en manos del capital extranjero. Como se sabe la Constitución de 1917 fue el marco jurídico de esos propósitos antimperialistas.
Todos esos objetivos del movimiento armado que se plasmaron en la Carta Magna, exigieron la presencia de un ejecutivo federal unipersonal y fuerte, bajo el principio de la no reelección, que afortunadamente prevalece hasta nuestros días; la integración de un poder legislativo con profundas raíces populares que, al convertirse en Constituyente Permanente, modificó y enriqueció la Constitución vigente desde 1917. Cierto que en muchos casos esas reformas fueron meras ocurrencias de los gobernantes en turno, pero en general reflejaron los propósitos populares, democráticos, antifeudales y antimperialistas.
El camino que se recorrió bajo la vigencia de la Constitución de 1917 no fue en línea recta. Como se recordará, en el gobierno de Miguel Alemán se incorporó el juicio de amparo para proteger a los terratenientes, decisión que detuvo drásticamente el reparto agrario y posibilitó la existencia de grandes extensiones de tierra en manos de una breve minoría. Pero al lado de esa contrarreforma se fue configurando en el texto constitucional todo un capítulo económico relativo a la intervención del Estado en la economía que le permitió al país avanzar de manera importante. “El milagro mexicano” que comprendió un poco más de dos sexenios, sobre todo los de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, en mucho ya fue reflejo de dichas disposiciones.
Ese capítulo económico se fortaleció con la última decisión de carácter revolucionario incorporada al texto constitucional, como fue la nacionalización de la banca, al finalizar el sexenio de José López Portillo.
A partir de entonces se inició la reforma del Estado en sentido contrario a los propósitos de la Revolución de 1910, y a partir de entonces, también la Constitución de 1917, ha resistido los mayores embates de los dogmáticos neoliberales que buscan desaparecer de su contenido cualquier vestigio revolucionario. Miguel de la Madrid castró la esencia del capítulo económico bajo el pretexto de que en México había un Estado obeso y, por lo tanto, era necesario reducirlo, según él por cuestiones prácticas y no ideológicas, afirmación totalmente falsa porque los funcionarios de su gobierno y los que le siguieron en el poder hasta hoy fueron preparados para aplicar dogmáticamente el modelo neoliberal.
Todas la baterías, ligeras y pesadas, de la derecha neoliberal se han enfocado a quebrantar, por la vía de los hechos, el contenido revolucionario del capítulo económico para despojar al Estado mexicano de sus facultades económicas. Por la misma vía de los hechos esa corriente política, al servicio del poder económico, ha quebrantado al Estado laico; ya canceló la reforma agraria que comprendió, en su momento, no sólo el reparto de la tierra, sino el crédito a los campesinos.
Hoy el gobierno federal parece más un peón de los intereses económicos de fuera y de dentro que mandatario del pueblo, y se esmera para que estos vuelvan a dominar, sin límites, el desarrollo económico del país. Y también, al margen de la Constitución y contraviniendo sus mandatos ha quebrantado de manera peligrosa los intentos de establecer un régimen auténticamente democrático.
El Estado mexicano actual, el de la primera parte del siglo XXI, ya no es el Estado que produjo la Revolución Mexicana de 1910, el que se formó y consolidó al amparo de la Constitución de 1917. Lo que busca la derecha neoliberal, donde ésta se encuentre, es derogar los postulados básicos del Estado Nacional revolucionario y por ello, haciendo mucho ruido, habla de reformarlo, partiendo de nuestra Carta Magna porque es un poderoso obstáculo para alcanzar sus objetivos antipopulares y antinacionales.
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