DEFENDER LOS DERECHOS DE LA CLASE OBRERA

La reciente contrarreforma laboral aprobada, con entusiasmo, por los priistas que gobiernan culmina una ofensiva iniciada desde 1982, cuando los neoliberales asaltaron el poder.

El contenido de esta intervención en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión denuncia, desde entonces, las sucias maniobras neoliberales que suplantaron las funciones de las Cámaras de Diputados y Senadores al elaborar Reglamentos a su gusto, violatorios de la Constitución y las leyes, para cancelar derechos fundamentales de los mexicanos, y en este caso de la clase trabajadora.

Hoy, con un Congreso de la Unión integrado, en su mayoría, por partidarios del neoliberalismo rapaz, elaboraron, sin discutir, una ley reglamentaria violatoria del artículo 123 constitucional que agrede violentamente los derechos laborales de los mexicanos.

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Trabajo Parlamentario

LIV LEGISLATURA

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

DIARIO de los DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AÑO III México, D. F., miércoles 13 de febrero de 1991 No. 9

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alfredo Reyes Contreras, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para presentar una proposición sobre los derechos laborales.

El diputado Alfredo Reyes Contreras: -Honorable asamblea:

En distintas ocasiones el Partido Popular Socialista ha denunciado que desde 1982 los gobiernos federales han violentado nuestro régimen constitucional, y a través de la facultad reglamentaria que tiene el Ejecutivo de la Unión han pasado por encima de la Constitución General de la República y por encima de las leyes.

Tal cosa ocurrió con el Reglamento de la Ley de Inversiones Extranjeras al reclasificar los productos de la petroquímica básica para pasarlos a la petroquímica secundaria, al elaborar un reglamento posterior a la venta de Teléfonos de México para justificar su reprivatización. Al margen de la Constitución se fomenta la reprivatización del ejido. Y recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de diciembre de 1990, el Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que conculca derechos fundamentales de la clase obrera de México.

Como se recordará, las normas que regulan la relación obrero-patronal se elevaron a rango constitucional como producto de la Revolución Mexicana, respondiendo a los intereses mayoritarios del pueblo trabajador. La notoria desigualdad entre el patrón y los trabajadores obligó a que las normas laborales, en lugar de permanecer en el derecho privado, se elevaran a rango público y el Estado adquiriera un carácter tutelar para proteger los derechos del trabajador; es decir, de la parte más débil de la relación obrero-patronal.

De una o de otra manera esta situación prevaleció hasta 1982 cuando, a pretexto del cambio estructural y ahora de la modernización, empezó una fuerte ofensiva en contra de la clase obrera del país y de manera particular en contra de todas sus conquistas logradas en una lucha permanente y con grandes sacrificios.

En la ofensiva neoliberal coinciden algunos sectores del gobierno y naturalmente los empresarios. Ellos piensan que nuestra legislación laboral debe adecuarse a la “modernización” y plantean como objetivos fundamentales la productividad y la competitividad internacional, reprimiendo los salarios de los trabajadores para contraer el mercado interno y fomentar las exportaciones.

Tanto empresarios como neoliberales en el gobierno se han propuesto dar marcha atrás a las conquistas obreras y regresar las normas laborales al campo del derecho privado, porque parten de la tesis modernísima de que el obrero y el patrón son iguales y pueden "contratar libremente". Que, por lo tanto, los conflictos obrero-patronales se deben resolver sin la intervención del Estado y que tanto el puesto de trabajo como el salario, la jornada de trabajo, el turno, la estabilidad en el empleo, deben ser variables para aumentar la productividad, término que en realidad encierra mayor sobreexplotación de la mano de obra.

Estas nuevas tesis pretenden que los salarios se paguen por hora de trabajo, que el reparto de utilidades se haga en función de la productividad y la situación bonancible de la empresa, porque dicen los empresarios y los neoliberales que debe acabarse con el "igualitarismo" y el "paternalismo".

Son muy claras las acciones aplicadas por esas fuerzas que constituyen verdaderas agresiones a los trabajadores del país. Las fuerzas de derecha del gobierno en plena armonía con los empresarios se han propuesto los siguientes objetivos: pulverizar la acción del movimiento obrero para debilitarlo; nulificar de varias maneras la acción de los sindicatos, obstaculizar la sindicalización de los trabajadores, bajo el pretexto de defender su "libertad", eliminando la sindicalización obligatoria; obstaculizar la formación de sindicatos mediante el recurso de "acreditación" de la personalidad de esas agrupaciones; destruir el derecho de defensa mutua de los sindicatos al proponer que se eliminen las huelgas por solidaridad, arma del proletariado para multiplicar la presión; acabar con avances tales como el contrato-ley al demandar que se dé preferencia al contrato de cada empresa por separado; hacer nugatorio el derecho de huelga mediante múltiples recursos de presión y de excepciones; intervenir en la vida interna de los sindicatos, a través de todo un sistema de fiscalización; propiciar la persecución de los trabajadores al proponer que se le obligue a identificarse con nombres y firmas en los pronunciamientos de huelga; impulsar la intromisión del poder público para debilitar el derecho de presión de los trabajadores.

Todas estas medidas se requieren para concluir o formalizar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América y Canadá, sin importar la vigencia de los derechos fundamentales de la clase obrera.

Señoras y señores legisladores, una característica esencial de la legislación laboral hasta 1982, fue su constante enriquecimiento para garantizar y ampliar los derechos de los trabajadores. La vigente Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 constitucional, cuando se expide es una de las más avanzadas del mundo capitalista; ahora, cuando las relaciones de producción están siendo modificadas en forma contrarrevolucionaria en favor del capital privado, representa un verdadero obstáculo para el proyecto neoliberal.

Por esa razón o se busca su modificación, que no se ha logrado gracias a la lucha de los trabajadores, o se viola abiertamente y se burlan por vía reglamentaria sus disposiciones, como ocurre con el citado Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Sólo a modo de ejemplo quisiera señalar, ante ustedes, que el artículo 24 del mencionado reglamento es violatorio de los artículo 369 y 370 de la Ley Federal del Trabajo, porque de acuerdo con la ley es la Junta de Conciliación y Arbitraje la que resolverá acerca de la cancelación del registro de sindicatos en lo casos que la misma disposición señala; es decir, en caso de disolución o en caso de que el sindicato deje de tener los requisitos legales.

El artículo 370 de la Ley Federal del Trabajo, expresamente señala que los sindicatos no están sujetos a disolución, suspensión o cancelación de su registro por vía administrativa, pero la fracción II del artículo 24 del Reglamento señala que corresponde a la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la facultad de proceder a la cancelación de los registros otorgados a asociaciones de trabajadores o de patrones.

En la fracción III del artículo 24 del citado reglamento, la mencionada dirección general tiene la facultad de resolver sobre el registro de los cambios de directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones, lo que significa una indebida intromisión del Poder Ejecutivo en la vida de los sindicatos.

Estas disposiciones del Reglamento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social constituyen una abierta agresión al derecho de sindicalización de los trabajadores y no incluyó aquí a los patrones porque sus intereses están fielmente representados y defendidos por el actual Secretario de Trabajo y Previsión Social.

Señoras y señores legisladores, al observar el contenido de este reglamento en materia sindical, nos parece que estamos ante hechos muy graves, y más si recordamos cómo se ha burlado por vía reglamentaria el contenido revolucionario de nuestra Constitución y de nuestras leyes.

Nos encontramos ante un hecho grave, el Ejecutivo asume funciones legislativas; es decir, el Ejecutivo suplanta al legislativo en su función esencial. El Ejecutivo violenta el estado de derecho en que vivimos y rompe con la división de poderes. Además de que en este caso concreto, estamos ante una agresión, como lo he dicho, al movimiento obrero, a los trabajadores y a sus derechos que para nosotros como representantes populares deben ser sagrados.

Por la gravedad que reviste esta situación, me permito presentar a nombre del Partido Popular Socialista, la siguiente proposición:

"Solicito con todo respeto a la Presidencia, que a esta proposición le dé el trámite que señala la fracción III del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La proposición es la siguiente:

Primera. Turnar el contenido de esta intervención a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Segunda. Que la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se aboque al estudio del citado reglamento.

Tercera. Que se demande la comparecencia del Secretario de Trabajo y Previsión Social, ante la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, para que explique con detalle el contenido del reglamento.

Cuarta. Por ser el reglamento ilegal y por atentar en contra de los derechos de sindicalización de la clase obrera, demandar en su oportunidad su derogación.

Sala de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los trece días del mes de febrero de 1991.

Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputado Alfredo Reyes Contreras."

El Presidente: -Túrnese para la atención que proceda, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. (Versión estenográfica)

CAMBIAR EL RÉGIMEN POLÍTICO DE MÉXICO

En el artículo anterior señalé las tareas urgentes que, a mi juicio, tienen las fuerzas democráticas de la Nación mexicana, frente al desastre provocado por los neoliberales en treinta años de mal gobierno. No se trata, como lo expresé al final, de un programa, sino de las medidas urgentes para detener, también, la continuidad del neoliberalismo anunciado por el nuevo gobierno federal.

Y frente a la continuidad del neoliberalismo que socava la soberanía nacional, que daña gravemente la independencia de México, que empobrece al pueblo y enriquece a unos cuantos, generando un grado de desigualdad social inadmisible, me parece que también es urgente plantear el cambio de régimen político.

El neoliberalismo conduce al país al abismo de manera directa.

La democracia no es más que una caricatura, y la llamada democracia representativa ha sido utilizada para impedir que el pueblo ejerza su soberanía. El pueblo mexicano ha sido despojado de su carácter soberano. En su nombre y representación se gobierna para un selecto grupo de acaudalados.

La elección de los gobernantes se ha convertido en un mecanismo formal que convalida el gobierno de la oligarquía. Los hechos, en este aspecto, son contundentes. El enorme abstencionismo es la muestra débil del rechazo de la mitad de los electores a un proceso lleno de vicios, dominado hoy plenamente por el dinero.

La impunidad ha sido la marca del neoliberalismo que, usando y abusando del poder, dispone a su antojo del patrimonio nacional, lo pone a remate como si se tratara de una mercancía cualquiera, asume conductas verdaderamente delictivas, sin que los responsables sufran ninguna sanción.

La Constitución de 1917 corrió la misma suerte que el Código Fundamental de 1857 bajo la dictadura porfirista: formalmente existe, pero su vigencia ha sido cancelada. Los funcionarios públicos violan constantemente el contenido de la Constitución nacional a ojos vistos, y no pasa nada.

Sus mandatos fundamentales han sido alterados para garantizar los negocios más turbios y las ganancias más sucias de la oligarquía. A través de las leyes secundarias se han cancelado derechos constitucionales fundamentales de la nación y del pueblo: el despojo del petróleo y la industria eléctrica; el regreso multimillonario de dinero a los empresarios, que no sólo no contribuyen con sus impuestos, sino que se apoderan de los recursos públicos; el despojo de los derechos de los trabajadores mexicanos mediante la contrarreforma electoral reciente; el despojo a la nación y a los ejidatarios de la propiedad social. Los ejemplos se multiplican.

Cuando el neoliberalismo ha sido desechado en otros pueblos hermanos de América Latina y del Mundo, y es repudiado mediante grandes manifestaciones, en México se le invoca como el último grito de la moda y se presenta, falsamente, como el remedio de todos nuestros males.

El fuero constitucional, otorgado a funcionarios federales y estatales, ha dejado de ser un mecanismo de protección en el buen ejercicio de las responsabilidades públicas, para convertirse en un instrumento que garantiza el desaseo de los funcionarios y fuente primaria de la impunidad, que se extiende hasta los familiares de quienes lo gozan.

Mientras exista el fuero no habrá transparencia en el ejercicio del gobierno y menos rendición de cuentas, temas sobre los que se habla mucho, se legisla en los tres niveles de gobierno, pero todo sigue igual. La corrupción ha invadido como un cáncer terminal al poder público.

En el extremo, y para garantizar la continuidad de la política depredadora del neoliberalismo, el actual gobierno federal presenta como una conquista histórica la conformación de un bloque de fuerzas de derecha, integrado por el PRI, el PAN y el PRD, que nulifica en la práctica la función deliberativa y resolutiva de las Cámaras del Congreso de la Unión, que se convertirán en simples oficinas de trámite. Ese bloque derechista pretende avasallar a las fuerzas opositoras y cancelar las opiniones contrarias al proyecto neoliberal.

Como en uno de los momentos más aciagos de nuestra historia, surge un Consejo para impulsar el llamado “Acuerdo por México” con un tufo reaccionario, como lo tuvo en su momento la Junta de Notables que impuso la forma monárquica de gobierno. Hoy, en lugar de monarquía, hablamos de neoliberalismo.

A quien le quede alguna duda, lea las siguientes líneas aparecidas en algunos medios nacionales la tarde del martes 8 de enero del año en curso: “El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), José Ángel Gurría, calificó ayer como inédito y excepcional la firma del acuerdo por México. “Lo vemos con enorme interés y entusiasmo… Es lo que le había faltado a México durante tantos años”, puntualizó.

El entusiasmo de la derecha neoliberal expresado en pocas palabras por alguien que debe decir abiertamente qué intereses representa y qué autoridad tiene para meterse en la vida de los mexicanos cada que le viene en gana, sin tener ninguna autoridad para hacerlo.

Los funcionarios públicos a los que la Constitución les otorga el carácter de mandatarios, en la práctica asumen el papel de mandantes o mandones. Todos, sin excepción, son electos por la mayoría de la minoría, incluyendo los escandalosos fraudes que marcan nuestra historia en los últimos 30 años.

Hemos arribado a una situación en que la democracia representativa, en México, no representa al pueblo, no representa a la nación, no representa las aspiraciones legítimas del pueblo mexicano de independencia, soberanía, libertad y justicia social.

La primera condición para cambiar el régimen político en México es que el pueblo recupere su carácter soberano. Esto puede sonar subversivo para los neoliberales, pero el artículo 39 de la Constitución mexicana ordena: “La soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Esta norma constitucional debe modificarse o adicionarse para quedar con la siguiente redacción: “La soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, quien la ejerce directamente a través de las figuras y formas previstas por esta Constitución y las leyes respectivas. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Modificar la fracción II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer “el derecho inalienable de los mexicanos de participar en la dirección de los asuntos públicos, entre otras figuras a través del plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la contraloría social”.

La Iniciativa popular, como derecho de los mexicanos, está prevista en el artículo 35 constitucional, pero establece tales requisitos que hace imposible su ejercicio.

De acuerdo con el nuevo contenido del artículo primero constitucional esos derechos son reconocidos (no otorgados) y deben ser escrupulosamente respetados por todos los funcionarios. Y las leyes reglamentarias deben facilitar su ejercicio y no hacerlos nugatorios.

Hay que destacar que deben ser los ciudadanos los que hagan uso de los derechos citados, y no las autoridades siempre proclives a impedir que se exprese la voluntad colectiva de manera libre y segura.

Como consecuencia de las adiciones señaladas, debe establecerse la revocación del mandato. El mandante es el pueblo y ese carácter, por disposición constitucional, es inalienable. Hay que regresar su carácter soberano al pueblo. Hay que reconocer el poder que la Constitución otorga al pueblo, ese poder que le han usurpado los funcionarios.

En las reformas a la Constitución no debe quedar excluido el pueblo, por lo que es necesario incorporar la figura del Referendo o Referéndum Constitucional para que el pueblo participe directamente en la adición o modificación de la Carta Magna, y lo mismo debe hacerse en las entidades de la federación con las constituciones estatales.

Los funcionarios no deben tener fuero cuando atentan contra los intereses de la nación, contra los intereses del pueblo y de manera particular cuando se atenta contra el patrimonio público. Es decir, los funcionarios públicos, cualquiera que sea su rango no tienen facultades para disponer del patrimonio nacional, estatal y municipal.

Por lo tanto, la Constitución de la República debe consagrar, de manera expresa, como derecho de los mexicanos la prohibición de privatizar el patrimonio nacional, el de los Estados y el Municipal, así como la prohibición de privatizar los servicios de salud, de educación, la seguridad social, las empresas que formen parte o se incorporen al patrimonio público, los aeropuertos, los puertos marítimos, las reservas ecológicas, el petróleo y sus derivados, la electricidad y las empresas que por mandato constitucional hoy tienen el encargo de manejar en forma exclusiva esos renglones básicos de la economía nacional, como PEMEX y la CFE.

También estará prohibido privatizar las carreteras, el ejido, restableciéndolo como propiedad de la nación entregada en usufructo a los ejidatarios, los sistemas de riego, la propiedad y los bienes federales y estatales.

Privatizar un bien público será causa inapelable para revocar el mandato de los funcionarios, separarlos de cualquier función pública y obligarlos a reparar los daños provocados, además de las sanciones penales que correspondan.

La Constitución establecerá como obligación del Estado la nacionalización de la Banca y el Crédito, los ferrocarriles de carga y pasajeros, la industria minera y siderúrgica. Y declarar nulos de pleno derecho los contratos otorgados  a particulares o empresas petroleras o de la electricidad en violación de las disposiciones constitucionales que los prohíben.

La Carta Magna deberá establecer como principio constitucional la intervención del Estado en la economía, no la rectoría que es una figura impulsada por el neoliberalismo y que impide al Estado promover el desarrollo económico y social.

Los delitos cometidos por los funcionarios, en ejercicio del poder, contra los intereses de la nación y del pueblo, en todos los niveles de gobierno (ejecutivo, legislativo, judicial y municipal) serán exigibles en todo momento y no prescribirán.

Hay que ampliar sistemáticamente los derechos sociales y las garantías individuales de los mexicanos:

Reconocer, a nivel constitucional, el derecho a la libertad ideológica, la indemnización por error judicial, a cargo del Estado; la obligación del Estado de garantizar la soberanía alimentaria del país y, consecuentemente, el derecho a la alimentación; el derecho al agua segura; el derecho de los mexicanos a la soberanía energética y tecnológica; el derecho de llevar una vida libre de violencia; el derecho a la paz social; reconocer y ampliar los derechos de las personas de la tercera edad y de las personas con capacidades diferentes; el derecho a la investigación científica; el derecho de los mexicanos a la enseñanza superior.

La Constitución mexicana reconocerá el derecho de toda persona para recurrir a los tribunales a fin de garantizar los derechos que ella reconoce y objetar las violaciones a la propia Constitución. Reconocer también el derecho, tanto a las colectividades como a las personas, para que los funcionarios responsables reparen el daño causado.

Y aunque no estén explícitamente contenidos en las normas constitucionales, se tendrán por reconocidos los derechos otorgados por instrumentos internacionales a favor de las personas, estableciendo el principio de que la ignorancia de un tratado internacional no excusa su cumplimiento.

El cambio de régimen político tendrá, entre uno de sus principales objetivos, el cambio de modelo económico: prohibir las privatizaciones y fomentar las nacionalizaciones.