Constitucionalmente el Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de la República Mexicana. De esta definición se deriva la naturaleza de la célula política de nuestra organización como República representativa, democrática y federal, compuesta por estados libres y soberanos los que, a su vez, están integrados por municipios libres.
La herencia colonial y la dictadura porfiriana son dos elementos que siguen pesando en los tiempos actuales, que impiden la existencia y el funcionamiento de un Municipio verdaderamente libre, como lo planteo el Constituyente de Querétaro.
El Municipio ha sido tratado, durante los primeros cien años de la Revolución Mexicana como un simple prestador de servicios y, en muchos casos, sin los recursos suficientes para proporcionar esos servicios adecuadamente a la población. El centralismo que ha desplazado al federalismo, arrastró al Municipio a niveles de ineficiencia e inoperancia.
Hay que adecuar el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para convertir al Municipio en auténtica célula de la organización política y del desarrollo económico-social, y en una verdadera escuela de la democracia.
Cuando se habla de un nuevo federalismo debe considerarse como tarea prioritaria el establecimiento pleno del Municipio Libre, un municipio que sea promotor del desarrollo social, económico y cultural, con una estructura administrativa moderna, con capacidad económica para atender las necesidades colectivas y con facultades suficientes para ordenar el progreso y el bienestar.
En las condiciones actuales, los gobiernos municipales deben impulsar en su ámbito territorial la creación de micro, pequeñas y medianas empresas; crear sus propias empresas para ese propósito, así como gestionar el establecimiento de empresas en su territorio para generar empleos.
De manera particular, el gobierno municipal debe despertar e impulsar a los habitantes de su territorio a desarrollar iniciativas para promover el desarrollo económico, social y cultural.
Establecer jurídicamente la obligación de los gobiernos municipales para reglamentar la imagen urbana de sus centros de población.
Impulsar a los ayuntamientos para que tengan una intervención directa en el desarrollo social, particularmente en materia de educación, salud, alimentación, vivienda, recreación, atención de los jóvenes, de los niños, de las personas con capacidades diferentes y adultos mayores. En materia de educación serán los responsables directos de abatir el analfabetismo, que es una lacra social y una vergüenza para el México del siglo XXI.
Para fortalecer la salud de la población, los Ayuntamientos deberán asumir y difundir una nueva cultura en la materia. Establecerán la práctica de la medicina preventiva, creando los mecanismos necesarios para lograrlo. Aplicarán las medidas necesarias para canalizar los recursos materiales a fin de que que los ayuntamientos pongan a funcionar la figura del médico de colonia o barrio, así como la de la enfermera familiar y el establecimiento de consultorios municipales, con facultades para prescribir recetas nutricionales y que estén muy cercanos a la gente para atender en una primera instancia la salud de sus habitantes.
Por otra parte, es urgente fortalecer el funcionamiento del gobierno municipal. Los Ayuntamientos no son órganos unipersonales, sino cuerpos colegiados, que deben tener una intensa actividad legislativa para ordenar el desarrollo social y económico en su territorio.
Para lograrlo no se requiere ninguna reforma a la Constitución nacional, sino impulsar un nuevo estilo de trabajo político que dé prioridad al trabajo legislativo del Cabildo y que coloque al Presidente municipal como ejecutor de las disposiciones, acuerdos y decisiones de dicho cuerpo.
Establecer o restablecer, en su caso, el poder judicial municipal, creando los Juzgados Municipales, que tendrán funciones exclusivamente conciliatorias para casos que no constituyan delitos, y cuyo principal objetivo será restablecer la armonía entre las partes en conflicto. Esta función será totalmente gratuita, y se fortalecerá con bufetes de asesoría jurídica gratuita para casos mayores, así como el otorgamiento de facultades de prevención social a la policía municipal.
Como se aprecia, se propone que el gobierno municipal opere con tres poderes: el ejecutivo, representado por el presidente municipal, el legislativo en manos del Cabildo y el judicial depositado en los Juzgados municipales.
Rechazar el intento del gobierno panista del mando único de la policía a nivel nacional, porque se inscribe dentro del modelo centralista, que atenta contra el Pacto Federal, contra la soberanía de los Estados, y de manera particular contra el Municipio Libre.
Estas propuestas fortalecerán al Municipio y, por lo tanto, al pacto federal, sin afectar la soberanía estatal.
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