Mientras buena parte de la
opinión pública –sobre todo la que se genera en las redes sociales- se
entretiene con casos de marrullerías electorales, y el uso de los programas
sociales para adquirir votantes y votos, o el escándalo provocado por la
prepotencia de los junior del nuevo PRI, éste partido a través de sus
dirigentes parlamentarios sigue su ofensiva contra la Constitución General de
la República cuyo contenido, en su inmensa mayoría, les parece un dogma del que
les urge deshacerse.
En los años recientes han
seguido dos caminos para anular disposiciones o derechos fundamentales
consagrados a nivel constitucional: sin reformar la Constitución modifican las
leyes secundarias y anulan la norma constitucional, o de manera abierta
presentan iniciativas para reformar disposiciones fundamentales de nuestra
Carta Magna.
¿Y la historia mexicana,
parte de la cual se expresa en la Constitución Nacional, dónde queda?
Para ellos todo lo que no
encuadre en el neoliberalismo, en el fundamentalismo de mercado, en la
sacrosanta e impronunciable competitividad, en la violenta privatización del
patrimonio nacional, es dogma, es mito, es nostalgia del pasado y otros
calificativos más.
Hoy su política ya no
comprende la privatización de minas, siderurgia, teléfonos, líneas aéreas,
ferrocarriles, banca y crédito, etc. No. Eso ya lo privatizaron, ya se lo
entregaron –mediante verdaderos remates- a intereses privados. Ahora van por la
privatización de lo que queda, el suelo y el subsuelo de la nación, los
recursos energéticos (petróleo, electricidad y las nuevas fuentes de energía
como la eólica, y si pueden, hasta la energía solar). Van, en el sentido real
del término por el remate del territorio nacional.
No otro sentido tiene la
iniciativa priista para privatizar, y por lo tanto desnacionalizar, las
fronteras y costas de México, que con la Constitución vigente está prohibido.
Sin duda, un pilar
fundamental de la soberanía nacional y de la integridad territorial de la
República mexicana fue incorporado por el Constituyente de Querétaro en el
artículo 27 constitucional, al establecer una prohibición clara, precisa y
contundente a los extranjeros para adquirir el dominio directo de tierras y
aguas en una amplia zona de las fronteras y las costas.
Tal prohibición quedó establecida
en la fracción I del artículo 27 constitucional, según la cual, “en una faja de
cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en la playas, por
ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo de tierras y
aguas”.
Este enunciado breve de la
Constitución mexicana es producto de las constantes agresiones provenientes del
exterior, que según los modernos neoliberales del PRI ya no existen porque
ahora los filibusteros expansionistas se han transformado en hermanas de la caridad, como también lo han
hecho las grandes inmobiliarias extranjeras.
Pretendiendo aparecer como
modernizadores, los nuevos priistas se conducen como representantes de
poderosos intereses económicos, sin que
nada les importen los intereses de la nación y del pueblo.
Mi maestro de la Facultad de
Derecho de la UNAM, el Doctor Carlos Arellano García, en un breve estudio
titulado “Evolución de la cláusula Calvo y la zona prohibida en el Derecho
Constitucional Mexicano y en el Derecho Internacional” refiriéndose a una
iniciativa con propósitos similares a la de los priistas “modernos” señala
enfáticamente que “los que suscribieron la iniciativa a la que nos referimos no
tienen la más remota idea de lo grave que resulta su iniciativa desde el punto
de vista de los intereses nacionales, pareciera que patrocinan intereses
extranjeros en contra de los derechos fundamentales y los intereses vitales de
nuestro país”.
Hay que repetirlo: la iniciativa
presentada por Manlio Fabio Beltrones, y ya aprobada por la Cámara de
Diputados, representa un atentado contra
la soberanía nacional, contra la integridad del territorio nacional, contra la
seguridad nacional y contra los intereses –posesiones ejidales y propiedades- de
muchos mexicanos que viven en la zona costera y fronteriza.
Dicen los priistas que con esa medida crecerá
la economía. Es una falsedad que sólo rematando parte del territorio nacional
se logre ese propósito. La finalidad es otra.
Con dicha iniciativa -antinacional
y antipopular- el nuevo PRI trata, entre otras cosas, de legalizar las
posesiones anticonstitucionales que muchos extranjeros tienen en las costas y
las fronteras, a través de prestanombres, de fideicomisos y otras maniobras
sucias contra el interés de la patria, y despojar a ejidatarios y pequeños
propietarios, sobre todo de la zona costera.
Es ni más ni menos otra
iniciativa desnacionalizadora de los herederos de la mal llamada “generación
del cambio” que comandó Carlos Salinas, y todos ellos son herederos de Antonio
López de Santana y de los vendepatrias que han existido a través de nuestra
historia, que hoy reviven cobijados por
la bandera neoliberal impuesta desde el exterior.
Ya sabemos, porque lo han
demostrado siempre, que a los neoliberales no les preocupan los intereses
nacionales, pues, además, están previendo un jugoso negocio, donde ellos serán
los amanuenses y peones de los grandes intereses económicos, directamente de
las grandes inmobiliarias extranjeras.
Este propósito del nuevo PRI
de poner a remate y desnacionalizar una importante extensión del territorio
nacional debe denunciarse y combatirse. No es posible que sigan agrediendo a
México y a los mexicanos.
