La historia de México nos
muestra que en las etapas revolucionarias, de profundos cambios, se agudiza la
lucha de ideas.
Nuestra historia nos muestra,
también, que en esa batalla han salido vencedoras las ideas más avanzadas, las
que señalan la ruta del progreso, la justicia, la independencia y el
fortalecimiento de la soberanía popular.
A través del debate de las
ideas se manifiesta, de manera contundente, la lucha de clases, que se vuelve
intensa en los periodos de cambios.
Hoy, sin que se pueda hablar
de una etapa revolucionaria, se ha iniciado la urgente y vital tarea de
desmotar el neoliberalismo, verdadera dictadura que se instaló hace 36 años.
Los partidarios de este
modelo se encuentran ayunos de ideas, huérfanos de propuestas, a no ser
aquellas que intentan mantener al país dentro del esquema neoliberal. Nada
original y nada nuevo. El Consenso de
Washington, biblia de los neoliberales, aprendido de memoria y repetido
como disco rayado.
La sacrosanta inversión
extranjera como el remedio de todos los males habidos y por haber, el mercado
como su becerro de oro, las privatizaciones como expresión de la modernidad, el
saqueo de los recursos púbicos como modo de vida, la antidemocracia como modelo
político y social, el individualismo como concepción de la vida y culminación
de sus anhelos.
Los neoliberales ni de
prestado pueden vivir en estos momentos, porque su modelo es repudiado a lo
largo y ancho del mundo, en países desarrollados, de medio desarrollo y en
países pobres.
No hay nadie, en su sano
juicio, que levante las demandas neoliberales, visto el desastre económico,
social y político ocasionado en todas partes, y el verdadero reguero de pobreza
e injusticia que provocaron.
Por lo tanto, por hoy y aquí
en México, el debate de las ideas corresponde a las fuerzas democráticas,
progresistas y revolucionarias, de manera que se hagan propuestas y
aportaciones para desmantelar el modelo neoliberal y se marque el camino hacia
un sistema de la vida social elevado, que supere al régimen capitalista en un
futuro no lejano.
Una corriente progresista ha
llegado al gobierno y debe abrir el camino para que el pueblo recupere el poder
para consolidar los grandes y necesarios cambios que requiere México.
Esta será la mejor garantía
de que los neoliberales, derechistas y ultraderechistas no regresen al poder.
Si alguna característica
tiene este blog, desde su aparición, es su lucha permanente contra el
neoliberalismo, denunciando este oprobioso modelo, y advirtiendo los graves
riesgos que entrañaba. La realidad fue más allá de lo que aquí se denunció y
advirtió.
Las cosas, en nuestro país,
han empezado a cambiar, a partir de la elección del 1º. de julio de 2018, que
dejó una correlación de fuerzas favorable a los cambios progresistas, y colocó
a la derecha y ultraderecha contra la pared.
Sin embargo los riesgos de
retroceso permanecerán hasta que el pueblo, sus fuerzas democráticas, progresistas
y revolucionarias se hagan del poder, y hayan organizado al pueblo desde la
base.
Sin la participación directa
y organizada del pueblo y de sus mejores fuerzas nada será perdurable.
En esta etapa, al lado de las
medidas contra la corrupción y por la austeridad en el manejo de los recursos
públicos, al lado de aquellas que se van tomando a favor de la soberanía
energética, de la autosuficiencia alimentaria, de atención a la salud y la
educación, de atención a la juventud y personas de edad, y otras igualmente
urgentes, habría que considerar la conveniencia (urgente también) de desmontar
el andamiaje jurídico de corte neoliberal, en los tres ordenes de gobierno.
En primer lugar, es urgente
depurar la Constitución nacional de las contrarreformas neoliberales que le
incorporaron en más de tres décadas, sobre todo a los artículos 3º. 27, 28, 123
y 130, derogando de nuestra Carta Magna el contenido neoliberal.
Establecer como norma,
precisa y clara, la prohibición de privatizar y desnacionalizar las empresas,
servicios, bienes y recursos públicos.
Enumerar, en esa prohibición,
las empresas energéticas y de otro tipo que, en el futuro, se incorporen al
patrimonio nacional, como las eólicas y
solares.
Tal prohibición debe comprender, expresamente,
la educación en todos sus niveles, la salud, la seguridad social, los centros
de atención infantil, de los jóvenes, mujeres y personas de edad adulta.
De manera especial, los
servicios municipales deben quedar incluidos dentro de esa prohibición.
Aunque el suelo y subsuelo
son propiedad de la nación, es necesario señalar, enfáticamente, que en ningún
caso, y en ninguna circunstancia podrán ser privatizados ni desnacionalizados.
Además, de manera expresa debe señalarse el agua como recurso vital al servicio
de la nación, y excluir cualquier posibilidad de desnacionalización.
Proteger de forma amplia los
recursos de la hacienda pública de la federación, los estados y los municipios,
para impedir actos de corrupción, y elevar la eficiencia de su utilización.
Elevar a rango constitucional la austeridad como principio fundamental de la
administración pública.
El Estado mexicano debe
convertirse, constitucionalmente, en un instrumento incondicional del pueblo,
para garantizar el auténtico progreso social, para consolidar y mantener su
independencia, y reafirmar, en el ámbito internacional, su soberanía.
En otros términos, el Estado
mexicano debe ser un instrumento de emancipación y liberación nacional, y de
verdadera democracia popular.
Señalar, con absoluta
claridad y precisión, que las medidas que se apliquen en la vida económica,
social y política, se orientarán a fortalecer y consolidar el gobierno al
servicio del pueblo, rescatando, así, el poder del que se despojó al pueblo
mexicano.
Sin ninguna duda, los
delincuentes neoliberales que destrozaron al país, tienen que rendir cuentas
ante la justicia. No pueden quedar impunes la gran cantidad de delitos
cometidos, en el afán antinacional y antipopular, de rematar el patrimonio
nacional a través de las privatizaciones y desnacionalizaciones, así como la
grosera y criminal acumulación de riquezas a costa de los recursos públicos.
Esto debe incluir también a los empresarios voraces, socios y cómplices de los
funcionarios neoliberales corruptos.
No basta la sanción moral que
ya cargan a cuestas esos sectores minoritarios. Por elemental sentido de la
justicia, deben ser objeto de sanciones administrativas, políticas y penales. Y,
de manera especial, obligarlos a reparar el inmenso daño ocasionado a los
mexicanos.
El centralismo político y
administrativo será siempre un enorme obstáculo para lograr los cambios y las
transformaciones que urgen. Por eso debe fortalecerse la descentralización, otorgando
mayores facultades a las entidades de la federación y, de forma clara, a los municipios.
Es a nivel municipal donde se
puede y se debe impulsar la participación directa del pueblo, en una primera
etapa para superar la inoperante y antidemocrática forma de gobierno
representativa.
Organizar al pueblo para que
participe en acciones y decisiones de gobierno, de abajo hacia arriba, y de
arriba hacia abajo, será la mejor garantía para lograr y consolidar las
transformaciones económicas, sociales y políticas.
Finalmente, debe conservarse
el contenido de nuestra Constitución nacional, en los aspectos fundamentales
que vienen de nuestra historia, y que han reflejado las aspiraciones de
justicia, independencia y soberanía, y auténtica democracia popular.
