La Revolución Mexicana tuvo, entre una de sus causas más importantes, la excesiva concentración de la riqueza territorial. En la dictadura porfirista 804 familias llegaron a tener en sus manos todo el territorio nacional.
De ahí que, también, una de las demandas más sentidas fuera la de romper la estructura feudal, repartir la tierra y, consecuentemente, liberar a millones de compatriotas que vivían en condiciones de esclavitud o semiesclavitud.
El carácter antifeudal de nuestro movimiento social tuvo manifestaciones muy claras: efectivamente rompió el sistema hacendario, liberó a millones de peones acasillados, entregó la tierra, iniciando de esa manera la formación de un mercado interno que impulsó la industrialización y el crecimiento de la clase obrera.
De un país agrario atrasado y, primitivo, la Revolución de 1910 transformó a México en un país agrario industrial y, finalmente en país industrial agrario.
Sin embargo, en este campo, como en otros no consiguió realizar totalmente sus objetivos, pero hizo avanzar al país.
El concepto de propiedad originaria de la nación, la existencia del ejido como propiedad social y por lo tanto no privada, colocaron a México a la vanguardia de la organización agraria del mundo capitalista, pero faltó completar ese proceso con el apoyo crediticio y técnico, lo que hubiera hecho avanzar la Reforma Agraria a niveles insospechados.
Sin haber culminado la Reforma Agraria, se dio el proceso contrarrevolucionario encabezado por el grupo neoliberal que en 1982 asaltó el poder y, a pretexto de la modernización, se propusieran destruir lo que con tanto esfuerzo se fue consiguiendo a lo largo de la fase constructiva de la Revolución Mexicana.
Basta una lectura superficial de las contrarreformas salinistas al artículo 27 constitucional y el contenido de la ley Agraria, reglamentaria de ese artículo, para apreciar las verdaderas intenciones de los neoliberales: despojar a la nación de su propiedad, destruir la propiedad social de los ejidatarios, despojar a los ejidatarios, incorporar al ejido al torrente mercantil, forma de propiedad que se había colocado, por voluntad popular, fuera del comercio, e iniciar un acelerado proceso de privatización de la tierra, así como la participación del capital extranjero en la propiedad territorial, propiedad a la que no tenía acceso antes.
A partir de esas reformas contrarrevolucionarias se acentuó un violento ataque contra el ejido y los ejidatarios. Hoy es de lo más fácil vender un ejido, para lo cual no se requiere formalidad jurídica alguna, a diferencia de la propiedad privada, cuya compraventa está rodeada de verdaderas solemnidades.
Hoy para recuperar el sistema ejidal no sólo como patrimonio de millones de campesinos, sino como instrumento que ha garantizado la integridad territorial de México, no hay otro camino, que derogar el contenido antinacional, antiagrario y anticampesino que le incorporó Salinas al artículo 27 de la Constitución; ya no hay que esperar más tiempo, pues en en los últimos años se han agravado las precarias condiciones de vida de millones de compatriotas nuestros que viven en el campo, a cuya desesperada situación hay que agregar la gran inseguridad en la tenencia de la tierra que ahora sufren.
¡El ejido no puede y no debe desaparecer!
Sí hay que modernizar la vida del campo, pero conservando una institución como el ejido al que el pueblo mexicano debe no sólo alimentación, sino gran parte del desarrollo social alcanzado hasta la fecha.
Hay que desarrollar al ejido como unidad de producción y de servicios múltiples, que permita satisfacer las necesidades en todos los órdenes de las familias campesinas, otorgándoles los bienes y servicios que eleven sustancialmente sus condiciones de existencia.
¡Por eso urge reformar el texto actual del artículo 27 constitucional!
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