SE ROMPIO EL ORDEN CONSTITUCIONAL

(Este artículo fue publicado en la primer semana de diciembre de 2006 pero, evidentemente, no ha perdido actualidad)

El 1º. de diciembre del 2006, durante la “toma de posesión” de Felipe Calderón, millones de mexicanos fuimos testigos, a través de los medios de difusión, de la ruptura del orden constitucional en nuestro país.

El gobierno presidido por Vicente Fox, el Partido Acción Nacional, sus diputados y Felipe Calderón, quien se pretende a partir de esa fecha Presidente constitucional de México, al violentar el orden constitucional y legal vigente dieron propiamente un golpe de Estado.

En el afán de lograr que Felipe Calderón rindiera la protesta que ordena la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, “cueste lo que cueste” según la expresión de uno de los golpistas, se secuestró la sede de la Cámara de Diputados, donde tuvo lugar la sesión del Congreso de la Unión. Las fuerzas de la policía y del ejército ocuparon dicha sede y, de manera clara, frente a los ojos de los mexicanos, el Estado Mayor Presidencial, que es una policía militar al servicio del Poder Ejecutivo y que según versiones no desmentidas entró armado a la sede legislativa, ocupó espacios en el interior de la Cámara de Diputados al realizarse ese hecho ominoso que hiere profundamente a la República y agrede al pueblo mexicano.

El lugar donde se realizó la reunión conjunta de las Cámaras de Diputados y Senadores, constituidas en Congreso de la Unión, para recibir el juramento constitucional, además, fue tomada por diputados del PAN días antes, bajo el pretexto de que eso harían diputados de otro partido. La ocupación fue consentida y apoyada por quien fungió como Presidente de la Cámara de Diputados, miembro del golpista Acción nacional, quien jamás hizo el menor intento para desalojarlos y restablecer las condiciones para su trabajo normal. A partir de entonces prevaleció la anarquía y el desorden en el interior del recinto legislativo.

Quien funge en un determinado momento como Presidente de la Cámara de Diputados que, en las sesión conjunta de ambas Cámaras preside el Congreso de la Unión, tiene facultades para pedir el apoyo de la fuerza a fin de establecer o restablecer las condiciones necesarias de normalidad y el Poder Legislativo pueda realizar sus trabajos, pero no puede solicitar la presencia policíaca ni consentir la ocupación por una fuerza ajena a dicho poder como lo es el Estado Mayor Presidencial, para realizar un acto que beneficia a un individuo de su misma filiación política.

Al momento de escribir estas líneas la mayoría de los integrantes de la Cámara de Diputados han exigido la destitución del panista Jorge Zermeño, quien funge como presidente de ese cuerpo colegiado, por faccioso y por haber violado la legalidad en el acto que comentamos.

No existieron en ningún momento las condiciones de normalidad mínimas para realizar la toma de protesta el 1º. de diciembre del 2006, pues la máxima tribuna del Poder Legislativo estaba tomada por una turba, su sede fue sitiada en los días previos mediante un impresionante despliegue militar y policiaco, con 5800 policías y 6000 elementos federales, en 5 kilómetros a la redonda del Palacio Legislativo, desorden en su interior y un quórum que el presidente panista declaró, pero jamás verificó. Todo esto lo vieron millones de mexicanos a través de las imágenes de la televisión.
Es más, el ingreso furtivo de Felipe Calderón y su retiro por la puerta de atrás, recorriendo estrechos y ocultos pasillos de la sede cameral, confirman la inexistencia de condiciones para que el Congreso de la Unión recibiera el juramento constitucional.

Haber realizado ese acto mediante la fuerza, en abierto desacato a nuestra Carta Magna y a las normas relativos al gobierno interior de ese órgano colegiado, cancelada claramente la libertad que debe imperar en el funcionamiento del Poder Legislativo Federal, significa que estamos ante un caso que legal, jurídica y legislativamente padece nulidad. Nadie en su sano juicio pretendería darle validez a una ley o decreto aprobado en condiciones como las que prevalecieron el 1º. de diciembre en la sede de la Cámara de Diputados.

Como, en el caso de que se trata, no es un acto individual sino colectivo, dicho acto no sólo padece de nulidad jurídica, sino que todas las personas que violentaron el orden legal y constitucional tienen responsabilidades.

El pueblo mexicano tiene la certeza, por lo que observó directamente, que el juramento no cubrió las condiciones de normalidad constitucional, y sí un acto es nulo de pleno derecho tiene consecuencias jurídicas muy claras que nuestras leyes previenen.

Lo que fue duda en el resultado electoral del 2 de julio se convirtió en certeza el 1º. de diciembre: estamos ante una imposición. La crisis política que se profundizó en julio se complica aún más con la ruptura del orden constitucional en diciembre. Ahora en México existe un Presidente de facto y no de Derecho.

Por lo tanto la tarea, hoy, para el pueblo mexicano es el restablecimiento del orden constitucional roto por un grupo que con el afán de mantenerse en el poder no dudó en consumar un incruento golpe de estado.