EL DERECHO A LA REVOLUCIÓN EN MÉXICO

En el mundo capitalista la democracia ha entrado a una etapa insalvable de crisis. Su contenido se ha ido reduciendo hasta hacer de ella una auténtica caricatura.

Nuestro país no ha sido la excepción, y hoy nos encontramos, en el inicio del siglo XXI en medio de una profunda crisis de la democracia que afecta, necesariamente, a toda la sociedad.

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo tercero contiene un concepto amplio de democracia, al considerarla “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. Aquí se expresa el mandato para la democracia económica y social que implica un desarrollo equilibrado en el que las desigualdades no tendrían cabida.

Sin embargo esa definición de democracia se fue mutilando hasta dejar –y sólo de manera limitada- la democracia política que nunca alcanzó su realización plena.

2.- Vivimos en un país en que las desigualdades sociales han alcanzado niveles escandalosos; la concentración de la riqueza en muy pocas manos es mayor que hace apenas 20 años, y la pobreza abarca ahora a sectores sociales que antes se consideraban de la clase media. Por lo tanto ese mandato constitucional no solo no se ha logrado sino que cada vez se coloca como un objetivo inalcanzable con el actual modelo económico.

3.- Los distintos gobiernos, pero sobre todo los de corte neoliberal ni siquiera le dieron atención a la democracia política, y solo consideran como democracia a la llamada democracia electoral, que consiste en permitir que los electores –la mayoría de las veces presa de la mercadotecnia- concurran a las urnas, después de campañas electorales insustanciales, a depositar su voto. Es decir, mutilan la democracia política y anulan, en la práctica, la democracia electoral.

Al menos en los últimos 30 años, en México han tenido lugar dos procesos electorales marcados por el fraude, lo cual significa que ni siquiera en ese terreno los neoliberales han respetado la ya de por sí limitada y mutilada democracia.

4.- Sin democracia económica, sin democracia social, sin democracia política, y burlada, a través del fraude, la democracia electoral es natural que las instituciones públicas inevitablemente entren en crisis, como la que estamos viviendo en este momento. De ahí que las mejores fuerzas políticas de México planteen la urgencia de renovar las instituciones como condición indispensable para restablecer la verdadera y auténtica democracia, en los terrenos económico, social, político y de paso en el terreno electoral.

5.- Dicen los historiadores y los novelistas que hay siglos que valen por un minuto y minutos que valen por un siglo. En realidad en los últimos años vivimos en México en medio de acontecimientos muy acelerados desde la Revolución de 1910, porque la mayoría del pueblo ha tomado conciencia rápidamente de que no vivimos dentro de un régimen democrático en ninguno de los aspectos señalados, pero también se entiende que la llamada democracia electoral ha llegado o está por llegar a su fin, y que se hacen necesarios cambios y transformaciones de fondo para que el pueblo pueda recuperar los derechos que le concede la Constitución.

6.- En este ambiente, muchas veces turbulento por su propia naturaleza, un grupo muy amplio de mexicanos considera que ha llegado el momento de hacer uso del derecho que le concede la última parte del artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice “El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

En sentido estricto, al margen de interpretaciones limitadas o mal intencionadas de la derecha el pueblo tiene, de acuerdo con ese texto constitucional, el derecho a la revolución que es, digan lo que digan los reaccionarios, un derecho constitucional que no puede ser limitado por ninguno de los poderes constituidos, ni podrán ser sancionados quienes lo ejerzan.

Afortunadamente entre quienes están dispuestos a hacer uso de ese derecho constitucional hay plena conciencia que tiene que hacerse a través de métodos pacíficos, aunque la Constitución nacional no señala ni limita los métodos para alcanzar ese objetivo.