EL LEGISLATIVO DEBE DECLARAR LA NULIDAD PLENA DE LA REFORMA ENERGÉTICA

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Parece que estamos cerca de tener toda la información que comprobará la existencia de una red criminal, desde el poder público, durante los 36 años de neoliberalismo depredador, y que en este blog se ha denunciado desde siempre,

Con esos elementos, deben tomarse medidas, legislativas de carácter civil, fiscal, administrativo y penal tanto para que no se vuelvan a repetir, como para castigar a los delincuentes, y reparar los graves daños que se le provocaron al pueblo y a la Nación.

Hasta hoy, la derecha neoliberal ha mostrado su evidente interés en minimizar o desvirtuar la gravedad de esos hechos delictivos, porque muchos de los que forman esa corriente antinacional y antipatriótica están involucrados y deberán ser sancionados, y otros verán afectados los jugosos negocios que se derivaron de esas acciones delictivas.

El simple hecho de decir que las audiencias que se realizan a uno de los principales delincuentes, es una cortina de humo para tapar problemas que enfrentamos los mexicanos en esta pandemia, muestra a todas luces el interés, personal y de grupo, de la derecha BMW, como acertadamente la calificó un comentarista.

Dentro de este panorama, y frente a la inminencia de que los mexicanos nos enteremos, con  certeza y con lujo de detalle, de la forma en que se utilizaron recursos públicos y otros provenientes del extranjero para sobornar a diputados y senadores del Congreso de la Unión y lograr, mediante esos sobornos, reformar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para desnacionalizar la riqueza energética de México, quedará muy clara la opción que tenemos los mexicanos.

Estaremos frente a actuaciones de carácter judicial, resultado de las innumerables audiencias que se han iniciado, y ante pruebas contundentes con validez legal.

Nadie puede aceptar y menos justificar los crímenes cometidos, por los neoliberales, desde el poder público. Y nadie puede negar que con esos delitos se dañó gravemente el patrimonio de la nación, y se puso en peligro nuestra soberanía.

Desnacionalizar los recursos energéticos de México, sobornando a legisladores para reformar la Constitución, es equiparable al delito de traición a la patria, que debe castigarse con cárcel y reparación del daño. Cierto.

Pero, como he dicho en mi anterior artículo en este blog, lo principal, lo importante, lo trascendental, es que al ser la mal llamada reforma energética, producto de un delito, como es el soborno, y una vez que quede comprobada la comisión de ese delito o esos delitos (porque el  sobornador fue uno: el gobierno de Peña Nieto, pero los sobornados fueron varios legisladores) procede que el propio Poder Legislativo, es decir, la Cámara de Diputados y Senadores, declaren que esas reformas constitucionales son nulas de pleno derecho.

Se sentaría un gravísimo precedente, en la vida legislativa de México, si se aceptara que reformas a la Constitución o la elaboración de leyes reglamentarias (como ocurrió con la legislación secundaria en materia energética) se realicen mediante sobornos. Eso sería gravísimo.

Pero todavía más: es un atentado contra la soberanía nacional, es un delito de lesa patria que esos sobornos se hayan realizado con recursos provenientes del extranjero (por las aportaciones que la petrolera brasileña Odebrecht hizo para lograr la contrarreforma energética en 2013).

Las cámaras del Congreso de la Unión no tienen ni para dónde hacerse.

Insisto: deberán decretar, mediante un acto legislativo  la nulidad plena de las contrarreformas que se le hicieron a la Constitución, para quedar en los términos y con el texto que tenía antes de esa reforma desnacionalizadora.

Y por los que participaron en el delito de soborno no cabe ninguna duda: tanto los sobornadores como los sobornados cometieron el delito de Traición a la Patria, y debe castigarse como tal.

Al declarar la Nulidad Plena de la reforma energética que los neoliberales alcanzaron por medio de sobornos llevará, por necesidad jurídica, a la invalidación de la legislación secundaria en la materia y, consecuentemente, por lógica jurídica, a la cancelación de los contratos otorgados a capitales privados, domésticos y extranjeros.

LA REFORMA ENERGÉTICA NEOLIBERAL, NULA DE PLENO DERECHO

Ha quedado claro, a los ojos de todo mundo, que las privatizaciones fueron un robo descarado a los pueblos que las sufrieron y que, quienes las realizaron eran integrantes de un cártel bastante organizado, como ocurrió en México.

Hoy existe, al menos en nuestro país, información abundante sobre los integrantes de ese cártel y sus conductas delictivas desde el poder público, en contra de los intereses de la nación y el pueblo. Muchos de esos delitos ya salieron a la luz pública, y muchos más saldrán próximamente.

Al margen de las investigaciones que hoy están abiertas sobre la corrupción delictiva de los neoliberales que gobernaron de 1982 a 2018, debe iniciarse una investigación profunda sobre las privatizaciones que se realizaron en ese periodo, porque constituyen, sin duda, un delito de lesa patria.

Hay que investigar a todos los funcionarios involucrados en ese proceso antipatriótico y antinacional y a los empresarios beneficiados, pero particularmente investigar la responsabilidad que, sin duda, tienen los que con una gran deshonra se desempeñaron como presidentes de la República y, en su caso, que reparen el daño causado al patrimonio nacional y sean sujetos de sanciones administrativas, civiles y penales.

Una investigación de esa naturaleza no está sujeta a la voluntad de una mayoría de ciudadanos, sino a la aplicación estricta de las leyes vigentes en el momento en que se realizaron las privatizaciones, y la legislación de ahora.

Las privatizaciones estuvieron viciadas de origen, porque se trató de un remate y una ganga para beneficiar intereses privados, domésticos y extranjeros, incluidos los de muchos que se desempeñaron como funcionarios públicos, y que amasaron fortunas incalculables en perjuicio del patrimonio de los mexicanos.

Una investigación profunda demostraría que muchas violaciones a la legislación nacional (constitucional, administrativa, financiera, penal, etc.) se dieron para poder llevar a cabo ese proceso desnacionalizador.

Insisto: por la gravedad y el enorme daño causado, con las privatizaciones al patrimonio de los mexicanos, las autoridades actuales no se pueden conducir como si nada hubiera pasado. Su responsabilidad es realizar esa investigación, no sólo para castigar (que sí debe hacerse) sino, sobre todo, para reparar el enorme e incalculable daño provocado al pueblo de México.

Y a quienes duden que las privatizaciones se realizaron mediante la comisión de delitos, ahí está lo que ocurrió con las llamadas reformas estructurales (neoliberales hasta la médula), y sobre todo con la mal llamada reforma energética, una auténtica desnacionalización del petróleo mexicano.

Desde que esa acción antipatriótica se realizó, diversas noticias en los medios de información daban cuenta que corrieron carretilladas de dinero (del erario público, desde luego) para comprar la voluntad de legisladores de ambas cámaras a fin de reformar nuestra Constitución y acentuar el proceso de desnacionalización que de hecho (en violación a la legislación vigente en esos momentos) presidentes anteriores a Peña Nieto, realizaron. Se llegó a hablar de las cantidades entregadas a diputados y senadores.

Por cierto, algunos columnistas lo han vuelto a recordar en estos días, ante la posibilidad de que esas maniobras delictivas, para comprar la voluntad de legisladores, se pongan en evidencia.

Y es que esas sucias maniobras identifican plenamente la baja estatura moral del ex presidente Peña Nieto y de su círculo cercano (por no decir de todos su gobierno), y es una característica innata de los neoliberales.

Lo que  pruebe la Fiscalía General de la República de esas conductas delictivas del propio ex presidente Peña, no sólo puede quedar en sanciones a los involucrados: quienes sobornaron y quienes fueron sobornados, que por descontado debe hacerse, sino que lo principal, lo más importante, lo trascendental, para los intereses de la nación mexicana es, mediante la forma o el procedimiento legal que corresponda, declarar que la llamada reforma energética y, consecuentemente, las reformas a los artículos de la Constitución nacional que la consumaron, es y son nulas de pleno derecho.

Se sentaría un gravísimo precedente si se prueba (como lo aclaran ya los testimonios de muchos) que la llamada reforma energética de los neoliberales se logró con sobornos delictivos, y que esas contrarreformas a nuestra máxima Ley mantengan su vigencia.

El deber político, jurídico y moral de todos los mexicanos es exigir que esa reforma, por estar viciada de origen, sea declarada nula de pleno derecho. Y la obligación del gobierno es realizar los trámites para decretar esa nulidad plena.