(Al leer este artículo, escrito en 1998, se pueden apreciar los grandes pasos dados, en poco más de una década por la mayoría de los pueblos latinoamericanos que, lenta pero firmemente, se van sacudiendo la hegemonía yanqui. De la reunión en Chile, que aquí se narra, a la reciente reunión en Venezuela y Declaración de Caracas, con la que surge la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que comprende a los 33 Estados soberanos de nuestra región, hay una gran distancia. Sin embargo gobiernos como el de México y el de Colombia siguen atados a los yanquis).
El título que lleva esta colaboración parece representar el verdadero dilema de Latinoamérica, sobre todo en la parte final del siglo XX y en medio de la imparable globalización, donde se imponen los intereses de los poderosos dueños del dinero a nivel internacional y se somete a pueblos enteros de todo el mundo.
Un aspecto concreto de la globalización se ha podido apreciar en la reciente reunión celebrada en Chile, en la que, como en los mejores tiempos del imperialismo yanqui, el presidente norteamericano, encabezó casi al resto de mandatarios latinoamericanos, y trazó el camino y el ritmo a que debe andar los países de América Latina.
Todo mundo recuerda que los cambios que se han operado en Latinoamérica en las últimas dos décadas, desde el punto de vista económico, social y político, ha sido impuesto descarada y abiertamente por los intereses de la Unión Americana, y que en nuestros pueblos el neoliberalismo ha sido una mercancía de importación capitalista, que viene directamente de las 7 grandes potencias que dominan al mundo.
No es verdad que el neoliberalismo y las transformaciones dramáticamente negativas que ha traído para los pueblos pobres de la Tierra y, en particular para América Latina, se hayan concebido por los gobernantes nativos, a pesar de que muchos de ellos reclaman su paternidad.
Es necesario hacer memoria de algunos hechos de la década de los ochenta para comprender, ahora, el peligro que se ciernen sobre América Latina con las exigencias planteadas por el imperialismo yanqui y el consentimiento otorgado por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos en la Cumbre de EE.UU.
En 1970 la deuda de América Latina era de 26 800 millones de dólares, y diez años después había aumentado a ¡242 mil millones de dólares!, es decir casi 10 veces. Pero esa enorme cantidad se convirtió en 1990 en 431 millones de dólares, o sea, casi se duplicó. Hoy, ocho años después, la deuda debe estar alrededor de los 800 mil millones de dólares. Nunca se ha reducido un sólo centavo y cada día aumenta, a pesar de las enormes cantidades que, por concepto de pago de intereses, se fugan hacia los grandes centros del capitalismo mundial. Si en 1980 o en 1990 esa deuda era impagable e incobrable, hoy lo es con mayor razón.
Tomando como pretexto la deuda externa, a través de lo que se conoce como el “consenso de Washington” se llegó a la conclusión que América Latina requería una reforma económica a fondo, lo que ahora, en el lenguaje utilizado en Santiago de Chile serían las “reformas de la primera generación” : primero, los gobiernos latinoamericanos debían apoyar al sector privado; segundo, debían liberalizar la política comercial y tercero, debían reducir el papel económico del Estado, exigencias que México ha cumplido al pie de la letra y sin chistar, desde entonces.
Las consecuencias de esta política concebida y aplicada con la estrecha vigilancia de Estados Unidos ha sido desastrosa para los pueblos latinoamericanos. Las cifras demuestran que la pobreza, la marginación, el desempleo, el hambre, la miseria y la muerte se han convertido en pan de todos los días para nuestros pueblos, que aún no salen del azoro, cuando ya los yanquis fueron a la llamada Segunda Cumbre de las Américas, no a plantear, sino a exigir que se apliquen las reformas de la “segunda generación” que incluye, según se ha dicho las reformas democráticas y al sistema judicial.
Las reformas “democráticas” ya están en marcha en varios países latinoamericanos, como México, cuyo gobierno abandonó el concepto constitucional de democracia social para dejar simplemente el concepto electoral de democracia, que nada tiene que ver con los intereses y aspiraciones del pueblo mexicano. Y las reformas al sistema judicial tienen el objetivo de integrar un poder que sirva y proteja los cambios neoliberales, sin el menor propósito de una verdadera justicia como la que reclaman la inmensa mayoría de los latinoamericanos.
Con las reformas de la “segunda generación” se abrirá un ciclo de abierto e incontrolado dominio económico y político de Washington sobre América Latina. A eso fueron a la Cumbre.
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