La legislación electoral federal vigente y las legislaciones locales de todas las entidades del país, copias de aquella, han querido ser presentadas como el último grito de la moda y, consecuentemente, como una expresión democrática, a grado tal que algunos intelectuales orgánicos, esos que viven de la ubre gubernamental, echan las campanas al vuelo, afirmando que México vive en el juego y rejuego de una transición hacia la democracia, y que ahora sí, con los órganos electorales ciudadanizados hay plena garantía en las elecciones y, desde luego, la más pura y acabada democracia. La elección de 2006 desdijo esas afirmaciones interesadas.
El sistema de partidos creado por la legislación electoral, dicen esos partidarios de la transición, se ha fortalecido, hay mayor competencia, mayor equidad, y agregan, en pleno júbilo democrático, otras “cualidades” del sistema político mexicano.
Sin embargo, la realidad nos muestra cosas bien distintas. Basta referirse a unos cuantos aspectos de la vida política nacional para apreciar, en primer lugar y sobre todo, que nos encontramos muy lejos de la democracia, pues ésta no consiste en el puro juego electoral, o la pura democracia formal, castrada de su contenido social, económico y cultural.
Hemos visto que el sistema de partidos políticos, y las circunstancias que vive el país, han propiciado que varios de ellos asuman, por razones de conveniencia electoral, posiciones que antes no aceptaban o de plano rechazaban. Y así, en un juego burdo, la derecha se recorre al centro político para captar el voto de los ingenuos; lo que ahora se llama izquierda también se va muy seguido a posiciones de centro. Programáticamente casi todos los partidos coinciden con los planteamientos de centro. Ya en el poder la derecha demagógica del PAN se fue a la ultraderecha y aplicó medidas de gobierno de ese corte. Demagogia pura.
En realidad se han sustituido, en mucho, los pronunciamientos programáticos por la mercadotecnia, y en lugar de elaborar programas, construyen candidatos a los que presentan como si se tratara de un producto para que los ciudadanos los consuman.
Un fenómeno político que vivimos en los últimos quince años, y que se ha acentuado a nivel federal, estatal y municipal, es el ir y venir de personajes y candidatos de un partido a otro, como si nada. Del PRI se han desprendido gentes que se han ido a los otros partidos, y del PRD han regresado al PRI, aunque es difícil localizar un personaje destacado que haya pasado del PAN al PRI, o que haya regresado al Revolucionario Institucional después de haber recibido el bautizo del reaccionario bien común panista.
Para el gobierno derechista del PAN y los partidarios de la transición hacia la democracia que se encuentran en otras formaciones políticas, la pluralidad y la alternancia en el poder se han convertido en el objetivo fundamental del sistema político mexicano y, por tanto de la democracia, aunque el número de desempleados, pobres y miserables siga creciendo, y aunque se toleren o de plano se fomente agresiones a la soberanía nacional. Lo que importa para ellos es el juego por y para el poder.
Hoy, de acuerdo con la legislación electoral -la federal o las locales- ya existe la garantía de que la derecha se alterne el poder con la ultraderecha; que la derecha comparta el poder con el centro, y que el centro lo comparta con la ultraderecha, en un ambiente civilizado, de mutuo respeto y de amplio entendimiento entre esas fuerzas.
Como ocurre en estos casos, el gran perdedor sigue siendo el pueblo, porque la consolidación de la pluralidad que tanto se pregona no cambia para nada la situación de millones de mexicanos que se debaten en medio de graves y agudos problemas.
En este panorama sombrío para el pueblo, lo que está a la orden del día es la expulsión de la ultraderecha panista que se encuentra en poder y que sigue mostrando el rostro fascistoide que le dio nacimiento y al que quiere regresar como la cabra al monte, como acaba de ocurrir con el anuncio represivo de Calderón al pretender perseguir a quienes lo acusaron, merecida y fundamente, ante la Corte Penal Internacional.
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