En este año de elecciones federales, es necesario insistir en el carácter de la Constitución que rige la vida de los mexicanos y convocar al debate sobre el tipo y la naturaleza de los cambios que necesita nuestra Constitución para garantizar el progreso social y la democracia del pueblo.
En México, y en otras partes del mundo, la revolución es fuente del Derecho y, particularmente de la Constitución. Las tres constituciones que han regido la vida independiente de México, fueron resultado de una revolución: la Constitución de 1824 de la Revolución de Independencia; la Constitución de 1857 de la Revolución de Ayutla y del movimiento revolucionario sostenido por los liberales, y la Constitución de 1917 de la Revolución Mexicana.
Tanto en los periodos revolucionarios como en las etapas posteriores, el interés de las fuerzas que participan del lado de la revolución o de la contrarrevolución se concentra en la Constitución: los revolucionarios para incorporar las demandas de la corriente victoriosa y después para mantener su vigencia, y los enemigos de la revolución para impedir la elaboración de una Constitución revolucionaria y obstruir su aplicación y, por lo tanto, detener el avance del país.
A través de la Historia de México nuestras constituciones han sido cuerpos jurídicos revolucionarios. Las constituciones de 1824 y la de 1857 incorporaron a su texto disposiciones anticoloniales, en tanto que la de 1917 tuvo y mantiene normas antiimperialistas, antifeudales y otras muy importantes de contenido social.
La vida de la Constitución de 1824 fue azarosa, y durante breves periodos fue sustituida por leyes centralistas, es decir, de corte colonialista; la Constitución de 1857 que debió estar vigente durante el porfiriato, quedó en letra muerta aunque formalmente vigente. Y la Constitución de 1917, que conserva su vigencia, con diversas reformas y adiciones, ha estado en el centro del debate político en los últimos 95 años.
El clero político es el responsable directo de la revuelta cristera contra la Carta Magna. Poderosos intereses nativos y extranjeros la han combatido con saña, y los contrarrevolucionarios la denominaron despectivamente el “almodrote” de Querétaro. El Partido Acción Nacional surgió para oponerse a las disposiciones más avanzadas de la Constitución de 1917. Parte de su programa y su proyecto reaccionario de nación se oponen a lo más avanzado de nuestra Ley Fundamental, porque el PAN surgió y se mantiene como un partido contrarrevolucionario.
La Revolución Mexicana fue un movimiento antiimperialista, antifeudal, democrático y popular. Por eso no prevaleció, en los debates del Constituyente de Querétaro, el proyecto constitucional de Venustiano Carranza, porque en mucho era una repetición de la de 1857, como si no se hubiera dado la Revolución de 1910.
Hasta la fecha pocos han valorado la trascendental importancia, económica, social y política del mandato constitucional que establece la propiedad originaria de la Nación sobre el suelo y subsuelo.
El artículo 27 constitucional fue la base jurídica de la expropiación petrolera y de que el petróleo se mantenga como propiedad de la Nación, a pesar de los esfuerzos y compromisos inconfesables de los reaccionarios por privatizarlo.
Esa norma constitucional es también la base del ejido, entendido como propiedad social, propiedad que entrega la Nación a núcleos de población, no como propiedad privada. A través del reparto de la tierra, es decir, a través del ejido se rompió el régimen feudal en el cual aproximadamente 800 hacendados –auténticos señores feudales- detentaban el territorio nacional, se liberó a los campesinos y se generó el mercado interno, inexistente en la hacienda porfiriana.
Y gracias a las disposiciones del artículo 27 de la Constitución de 1917 y a la existencia del ejido ha sido posible, hasta hoy, defender y preservar la integridad del territorio nacional, sobre todo en la frontera norte y las costas, siempre en la mira de los grandes intereses económicos. Cualquier intento de colonización del territorio mexicano, al estilo yanqui del siglo XIX, también ha sido frustrado por las disposiciones específicas del 27 constitucional que prohíben a los extranjeros tener propiedad en una franja de 100 kilómetros en la frontera y de 50 en las costas.
Otra disposición de enorme importancia, al lado del 27, es la que se refiere a la educación. El articulo 3º. de la Constitución quebró la pretensión del clero de monopolizar la educación, y no sólo le dio, a la elemental, el carácter de obligatoria y gratuita, sino a la educación en general el carácter de laica (“se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”, según el texto constitucional), democrática y científica. El rechazo a estos postulados constitucionales sigue siendo una bandera de los reaccionarios y del clero, pero no han logrado modificarlos, y menos cuando la ciencia alcanza cada día nuevos y sorprendentes conocimientos.
La educación científica, como lo ordena el artículo 3º. de la Constitución “luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. Los ministros de culto que impartan educación anticientífica, están al margen de la Constitución, y los funcionarios que toleran la violación adquieren responsabilidades públicas.
Y qué decir de las conquistas laborales de los trabajadores, que nuestra Constitución reconoce en su artículo 123, que los neoliberales y reaccionarios de todo tipo vienen atacando con furia desde hace tiempo, para permitir al capital mayores ganancias. Derechos elementales, como la jornada máxima, el salario mínimo, el contrato colectivo de trabajo, el derecho a la sindicalización, el derecho de huelga, etc. fueron ganados a sangre y fuego, y no otorgados por concesión gratuita.
A 95 años de vigencia de la Constitución de 1917 sigue causando ardor en las filas reaccionarias el conjunto de garantías sociales otorgadas por nuestra Constitución en los artículos señalados. Los que consideran que la Carta Magna debe ser sustituida por otra, tienen en mente borrar de sus preceptos todo lo relativo a las garantías, como la educación, la propiedad social, los derechos laborales, la sujeción del clero a la ley, hasta dejar un código sin importancia.
A pesar de la ofensiva reaccionaria contra la Constitución de 1917 desde su promulgación, como la revuelta clerical de los cristeros, el levantamiento contra la expropiación petrolera, el otorgamiento del derecho de amparo a los terratenientes para detener la reforma agraria, con Miguel Alemán, y de los embates violentos de los neoliberales, a partir de 1982, con el gobierno de Miguel de la Madrid; a pesar de las reformas contrarrevolucionarias para acabar con el ejido y revitalizar la presencia política del clero de Carlos Salinas; a pesar de las constantes e innumerables violaciones cometidas por el locuaz Vicente Fox y ahora por Calderón, que agraden el principio de la propiedad originaria de la Nación, al entregar contratos a empresas extranjeras en materia de explotación del petróleo, la Constitución vigente sigue siendo, no sólo el conjunto de normas que nos organizan políticamente, sino un programa revolucionario cuyo cumplimiento garantiza la independencia y soberanía nacionales, avanza hacia la democracia y organiza el desarrollo económico para bienestar de los mexicanos.
Las garantías sociales y las individuales que otorga la Carta Magna deben ser intocables. Con los panistas en el poder se ha iniciado una brutal ofensiva contra las garantías individuales de seguridad, que protegen al individuo frente al Estado. Se busca elevar a rango de ley la arbitrariedad, a pretexto de la supuesta lucha contra el crimen organizado, algo similar a lo que ocurrió en los Estados Unidos, dizque para combatir el terrorismo.
Al contrario, deben enriquecerse, tanto garantías sociales como individuales, con los aportes que otras constituciones están realizando, como la que rige la vida de Ecuador, que eleva sustancialmente los derechos de las personas, o tomar lo que instituciones internacionales, como la ONU y sus organismos especializados, han incorporado en el nuevo catálogo de lo que llaman derechos humanos, pero que para los mexicanos encuadran perfectamente dentro de nuestros derechos sociales e individuales.
Desde luego, en las circunstancias actuales, hay que examinar con detenimiento la organización política y las instituciones que han demostrado su inutilidad, o que son un obstáculo para el desarrollo democrático nacional, entre ellas el presidencialismo exacerbado e irresponsable que se niega a rendir cuentas al pueblo, o la estructura bicameral del Congreso de la Unión que demuestra, a cada momento, su inoperancia.
Urge legislar a nivel constitucional para establecer, con amplitud, las causas por las que un presidente de la República puede ser removido del cargo, y las sanciones que se deben aplicar cuando viole la Constitución o las leyes, durante su mandato y después de él.
Debe incorporarse en el texto constitucional el principio según el cual los delitos o daños cometidos contra la Nación no prescriben, para que sean castigados y reparados en cualquier momento.
La Cámara de Senadores debe desaparecer para dejar exclusivamente la de diputados, con el auténtico carácter de representantes populares, mediante una serie de condiciones, requisitos y exigencias para que se cumpla con ese papel, y para que no se convierta en un centro de cabildeo a través del cual se protejan los intereses de unos cuantos potentados y se olviden los de la Nación.
Llegó el momento de establecer, a nivel constitucional, como requisito para aspirar a un cargo de representación popular el haber prestado servicios reconocidos a la Nación, al Estado o al Municipio, según la elección de que se trate, porque ahora quedan abiertas las puertas para que cualquier rufián o acaudalado, aspire a esos cargos, con los consiguientes riesgos para el pueblo.
La democracia representativa reflejada en todos los puestos de elección popular debe ser consecuente hasta el final. Es decir, la doctrina de la representación, como está ahora, es incompleta, porque el mandante, que es el pueblo, no puede casi bajo ninguna circunstancia, destituir al mandatario, pues se le ha negado sistemáticamente el derecho de revocarle el mandato.
En las condiciones actuales y por salud de la República, no es posible que las autoridades electas, teóricamente por voluntad popular, se mantengan cuando han demostrado ineficiencia, incapacidad o han caído en la corrupción y se mantienen en la impunidad.
De manera urgente hay que transitar de la democracia representativa que ha perdido su esencia, a una democracia participativa, donde el pueblo se convierta en la verdadera fuente de poder, porque como están las cosas ahora ha dejado de serlo, y sus representantes usan y abusan del poder sin control alguno.
En materia religiosa es necesario restituir las normas que garanticen la supremacía del poder del Estado y sujeten al clero a la ley, porque la contrarreforma de Salinas desató las ambiciones del clero para restablecer los fueros y privilegios de la etapa colonial, como lo hemos señalado con claridad en otros artículos publicados en el blog.
Si la campaña electoral que se avecina en México girara, por lo menos, en torno a estas reflexiones que no agotan de ninguna manera el tema y sólo apuntan algunas cuestiones generales en materia constitucional, el pueblo saldría ganando, y los candidatos que participen tendrían que pronunciarse sobre aspectos esenciales de la vida de los mexicanos.
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