Los neoliberales de aquí siempre se han manifestado en contra de la intervención del Estado en la vida económica de la nación y en defensa de la llamada iniciativa privada, sutil manera de defender al capital extranjero.
El “argumento” mas invocado, por esas fuerzas, consistió en calificar al Estado como un mal administrador y resaltar las “virtudes” de los negocios privados, como la expresión más acabada del bien común, cantaleta chocante de los panistas, repetida hasta el cansancio.
Sin embargo, a pesar de su ofensiva reaccionaria, los gobiernos emanados de la Revolución, como en ningún país de América Latina, lograron conformar un poderoso Sector Estatal de la Economía, firme baluarte de la independencia económica, que inició con la histórica decisión de expropiar y nacionalizar el petróleo el 18 de marzo de 1938 y concluyó con la nacionalización de la Banca y el Crédito el 1o. de septiembre de 1982.
A partir de ese año se inició un violento proceso privatizador, que adquirió una celeridad inusitada en el sexenio de Carlos Salinas. Se dijo, en todos los tonos, que privatizar era modernizar, era democratizar el capital, era acabar con la ineficiencia de las empresas estatales, era terminar con la corrupción; privatizar significaba crear empleos y dinamizar la planta productiva. Esto y más se dijo de manera, por demás, irresponsable.
Si nos remitimos a la realidad, a los hechos, a lo que realmente ocurrió, ¿cómo se ha manifestado la privatización y que efectos ha tenido? Veamos:
Privatización es sinónimo de concentración criminal de la riqueza en unas cuantas manos. Solamente hay que recordar la lista de los multimillonarios mexicanos que aparecen en la lista de Forbes, encabezados hace años por Carlos Slim.
Privatización es sinónimo de remate del patrimonio nacional, conducta que debiera ser tipificada como traición a la patria y los responsables severamente castigados.
A partir de Miguel de la Madrid se inició la venta de las empresas del Sector Estatal con el pretexto de que teníamos un Estado “obeso” y que era necesario adelgazarlo, aunque lo verdaderamente obeso eran sus ideas reaccionarias, les dijeron en alguna ocasión de la Marina.
Privatización es sinónimo de desempleo. Los resultados están a la vista de todos y lo sufren, en carne propia, millones de mexicanos que han perdido su empleo o que no encuentran trabajo, a raíz de la crisis económica permanente generada por el neoliberalismo. Millones de jóvenes han sido marginados del estudio y del trabajo por culpa de quienes aplican a rajatabla ese modelo depredador.
Privatización también es sinónimo de corrupción, que como nunca se había visto en el país, por el carácter cínico y desenfrenado de esa corrupción.
En ese sentido, tanto en el extranjero como aquí se han publicado datos que muestran las preferencias del gobierno hacia ciertos empresarios y grupos económicos a los que entregó las empresas estatales a bajo precio. Por salud pública la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de sus órganos técnicos, debe realizar una minuciosa investigación para determinar el grado de responsabilidad de los gobiernos privatizadores. Las cosas no se pueden quedar así como así. Contra los intereses de la nación no deben prescribir los delitos.
Privatización es sinónimo de pobreza y miseria. Los tecnócratas prepotentes, que todo lo ven a través de frías cifras y porcentajes, han causado un tremendo daño al nivel de vida del pueblo. De un poco más de 112 millones de mexicanos que somos, aproximadamente 65 millones viven en la pobreza y la mitad de esta cifra pavorosa se debate en la miseria, a la que los juniors denominan, con cinismo, extrema pobreza.
En fin, privatización es sinónimo de desnacionalización. Significa despojar a la nación de su patrimonio para entregarlo a la voracidad del interés privado; significa privar a la nación de los beneficios y ventajas aportadas por su patrimonio. Para privatizar, los neoliberales recurrieron y siguen recurriendo, a burdas maniobras, propias de una dictadura y no de un gobierno emanado de la voluntad popular.
El artículo 25 constitucional señala la existencia de áreas estratégicas de la economía en manos exclusivamente del Estado, y se enlistan como tales una serie de actividades esenciales para el desarrollo económico nacional.
Los neoliberales no respetaron ni siquiera sus propias reformas. Violando el mandato constitucional, iniciaron la privatización silenciosa de PEMEX, privatizaron los ferrocarriles, reclasificaron muchos productos de la petroquímica básica y la colocaron como petroquímica secundaria para entregarla, al capital privado, sobre todo al extranjero; excluyeron del listado del artículo 28, varias actividades como los ferrocarriles y las comunicaciones vía satélite; excluyeron a la Banca y al Crédito de dicha disposición constitucional, que implícitamente fue considerada como una actividad estratégica. En fin, decidieron arbitrariamente qué era estratégico y que no para adoptar medidas contrarias al interés nacional.
En un país como México, fuertemente influido por el capital extranjero, dependiente en alto grado del mercado norteamericano, afirmó Vicente Lombardo Toledano: nacionalizar es descolonizar.
El proceso sufrido desde 1982 es exactamente lo contrario porque la privatización significa desnacionalizar y, en consecuencia, neocolonizar.
Los gobiernos panistas expresaron su decisión de continuar las privatizaciones, realizando maniobras sucias, ilegales y anticonstitucionales para privatizar el petróleo mexicano y dando, propiamente un golpe de Estado al desaparecer la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y agredir brutalmente al Sindicato Mexicano de Electricistas.
El proceso privatizador, es decir el proceso neocolonizador ha sido detenido en otras latitudes del mundo. En América Latina varios países están abandonando paulatinamente este camino empobrecedor; han dando marcha atrás en la venta del patrimonio nacional y, por lo tanto, han elegido el desarrollo con justicia, independencia y soberanía.
No es el caso del gobierno derechista de México que en su afán de plegarse incondicionalmente a los dictados del gobierno yanqui, insiste tercamente en las reformas estructurales, que no son otra cosa que privatizar lo que queda, acabar con la seguridad social y desparecer los derechos de la clase trabajadora.
A los panistas le hacen coro aquellos nefastos funcionarios que hicieron y deshicieron con Salinas, los neoliberales como Pedro Aspe, Guillermo Ortiz y Miguel Ángel Gurría, integrantes de la autodenominada “generación del cambio” que insisten en que se privatice Pemex y se borren los derechos laborales.
Los mexicanos hemos tenido una experiencia muy amarga en 29 años de neoliberalismo. Los estragos provocados están a la vista de todos. No está a discusión si ese modelo de desarrollo (sic) es bueno o es malo, simplemente ha sido desastroso.
Con toda razón se ha dicho que los neoliberales son los nuevos criminales de guerra.
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