Hasta 1982 el Estado mexicano fue el que surgió del movimiento armado de 1910, plasmado en la Constitución de 1917, actor y motor de las transformaciones que experimentó México en siete décadas.
Desde el punto de vista formal, con la Constitución de 1824, nace el Estado mexicano como un Estado Federal, con un régimen republicano, representativo y democrático, que se mantiene hasta la fecha.
Sin estar el Estado mexicano, por sobre la sociedad, a pesar de haber surgido de un movimiento revolucionario; respondiendo, en su esencia y naturaleza, a los intereses de la clase social que triunfó ideológicamente y en el campo de las armas, nace con una orientación antifeudal, antimperialista, pero al mismo tiempo democrático-burgués.
El Estado mexicano, con estas características, en siete décadas hizo de México un país industrial-agrario, superando el carácter agrario atrasado y primitivo que tenía en la segunda década del presente siglo.
El desarrollo industrial, que fue demanda de los sectores más avanzados poco después de expedida la Constitución de 1917 generó, necesariamente, el crecimiento de una burguesía que fue ocupando posiciones importantes en el aparato estatal, pero sobre todo se fue conformando como clase homogénea. Al mismo tiempo provocó el crecimiento cuantitativo de la clase obrera.
Un Estado antifeudal, para romper las trabas que impedían el desarrollo económico, se vio precisado a proteger a grandes sectores sociales; tenía que ser un Estado que reconociera derechos a los campesinos y a los obreros principalmente. Por eso tenemos en México una legislación laboral avanzada, y tuvimos normas constitucionales y legales que reconocieron el derecho de los mexicanos a la tierra, legislación sin la cual no hubiera sido posible romper el sistema de la hacienda.
De algún tiempo para acá se ha venido hablando de reformar el Estado, y hace algunos años se publicó una amplia relación de temas que acordaron varios partidos para discutir todo, lo que significaba no una reforma del Estado sino una refundación del mismo.
Entonces había que preguntar, ¿se trata de reformar el carácter antifeudal, antimperialista, y democrático-burgués del Estado mexicano o se trata de reformar el Estado en su acepción constitucional?; ¿se busca reformar el Estado surgido de la Revolución Mexicana o el que surgió, formalmente desde 1824?
Para desgracia del pueblo mexicano, los neoliberales han reformado ya, o para utilizar una expresión más precisa: han cambiado ya la naturaleza del Estado que surgió de la Revolución Mexicana.
El que fuera secretario particular de Carlos Salinas de Gortari, Juan Rebolledo, egresado de Harvard, en un trabajo denominado “La reforma del estado mexicano”, publicado por los neoliberales que dirigen el Fondo de Cultura Económica y redactado en tono petulante, no deja duda alguna sobre el modelo de Estado “moderno”, es decir, neoliberal de ese grupúsculo, opuesto abiertamente al que había estado vigente hasta 1982. Trastocaron todo y cambiaron todo. ¿Qué nos dejaron?
El lugar de un Estado con una economía cerrada y protegida, un Estado con la economía abierta y penetrada. En lugar de un Estado propietario, un Estado rector. En lugar de un Estado “populista”, uno que protege a los empresarios. En lugar de un Estado con varios partidos políticos, uno con dos o tres de la misma clase social. En lugar de un Estado que defienda la soberanía nacional y que tenga una política internacional independiente, uno entreguista y sometido a la política de los yanquis. En lugar de un Estado que preserve la propiedad social y que defienda a los campesinos, uno que protege la propiedad privada, fomenta el latifundismo y protege a los agricultores capitalistas.
En lugar de un Estado que fomente el desarrollo económico del país con base en capitales nacionales, uno que da protección y privilegios al capital extranjero. En lugar de un Estado que respete las garantías sociales, uno que fomenta el individualismo. En lugar de un Estado que otorgue seguridad social, uno que impulsa la medicina privada. En lugar de un Estado laico, un Estado clerical. En lugar de un Estado conducido con austeridad republicana, un Estado corrupto hasta la médula. En lugar de un Estado que proteja y fomente las libertades públicas, uno que protege los intereses de la minoría estableciendo la desalmada libertad de comercio. En lugar de un Estado nacionalizador, uno privatizador. En lugar de un Estado que dé satisfacción a las necesidades colectivas, uno que hincha de dinero a la minoría. En lugar de un Estado soberano, uno dependiente. En fin, en lugar de un Estado revolucionario, un Estado reaccionario.
¿Estas son las reformas, en beneficio de la minoría, que pretenden continuarse, poniendo en consonancia el texto constitucional con los cambios neoliberales?
Si no se reforma, con sentido popular y nacional, lo que reformaron los neoliberales, no habrá reforma del Estado.
La realidad es que las limitaciones a la intervención del Estado en la vida económica de la nación y la consecuente privatización de la mayoría de las empresas estatales, la apertura para que hijos de extranjeros tuvieran acceso al máximo poder de México, como sucedió con Fox, los cambios para modificar, en mucho, la naturaleza jurídica del ejido, el cambio de la situación de la iglesia frente al Estado, implicaron una reforma contrarrevolucionaria al Estado Mexicano. Todos los cambios mencionados se realizaron en los últimos 29 años.
Otro aspecto. En el pasado, cualquier pretensión de reforma del Estado, bajo la denominación de reforma política, y que propiamente da comienzo en 1964, bajo el gobierno de Adolfo López Mateos, al incorporar, a nivel federal, la figura de los diputados de partido, y que lentamente se fueron dando en las entidades de la federación, han requerido invariablemente de reformas a la Carta Magna. Por lo tanto cualquier reforma del Estado, por mínima que sea, implica en nuestros días, reformar la Constitución nacional. Ninguna reforma del Estado o ninguna reforma política se puede concebir sin modificar la Constitución.
Y lo que ha sucedido en el pasado, se vuelve a repetir ahora: la lucha se da, por una parte entre las fuerzas que pretenden avanzar, estableciendo normas constitucionales para modernizar la vida política, o aquellas que aseguren nuestra independencia económica y mejoren las condiciones de vida de los mexicanos y, por la otra, aquellas fuerzas que tienen el interés por hacer prevalecer el interés de las minorías –cosa que los neoliberales han conseguido sin reformas de fondo-, con sentido antinacional y antipopular. Estos van con todo para elevar a rango constitucional el despótico estado neoliberal, sin importarles para nada la vida de nuestro pueblo.
Los temas que hoy comprende la reforma del Estado son múltiples y van desde la refundación del Instituto Federal Electoral, por el desprestigio en que se encuentra a raíz de la elección presidencial del 2006, la prohibición del uso comercial de la radio y la televisión con propósitos electorales, la observancia del derecho de información; empatar –como señalan con frecuencia representantes de varios partidos políticos- las elecciones federales y locales, hasta la insistencia para superar el excesivo centralismo que caracteriza todos los aspectos de la vida nacional, descentralizando facultades hacia los Estados y los municipios, evitando de esa manera que la Federación siga siendo la instancia que avasalla a los integrantes del Estado Federal.
El llamado federalismo fiscal tal como opera en estos momentos representa un obstáculo para el desarrollo del país. La federación concentra más del 85% de los recursos nacionales y, obviamente, menos del 15% de esos recursos corresponden a los Estados y municipios.
Desde el punto de vista legislativo la federación fue absorbiendo más y más facultades en detrimento de las partes del Pacto Federal. Un estudio breve de las reformas frecuentes al artículo 73 de la Constitución General de la República confirma lo anterior.
Es más, en las condiciones políticas imperantes bajo los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional –desde el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario en 1929 hasta la pérdida de la presidencia de la República en el 2000- los estados renunciaron a legislar o influir en la legislación federal de manera directa, no ejerciendo la facultad de presentar iniciativas de ley que a ese nivel les otorga la fracción III del artículo 71 constitucional. Una norma vigente, eminentemente federalista ha sido desdeñada desde siempre, y hoy duerme plácidamente el sueño de los justos.
Con los gobiernos panistas las cosas siguen igual, y no se ve por ninguna parte el interés de alguno de los Estados, a través de su legislatura, para ejercer ese derecho y así fortalecer sustancialmente el federalismo, preocupación y empeño de la mayor parte de las fuerzas democráticas del país.
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