En una actitud vergonzante el dirigente nacional
del PRI, César Camacho Quiroz, a pretexto de convertir a la Constitución “en
instrumento eficaz al servicio de los mexicanos” (sic) para justificar la
desnacionalización del petróleo y la electricidad, repudió en menos de un
renglón más de doscientos años de luchas libertarias del pueblo mexicano y la
expresión constitucional de esas gestas históricas, al sostener que “es preciso
reformar la Constitución que no puede ser objeto de veneración jurídica”.
Desde luego, nadie en su sano juicio hablaría de la
Constitución como una ley rígida e inmodificable. Al contrario, siempre se ha
afirmado que la Carta Magna tiene que cambiar para responder a las exigencias de
la nación y del pueblo.
Pero otra cosa distinta es la manía de los
gobernantes de cambiar nuestra Máxima Ley, colocando verdaderos parches como ha
ocurrido en las últimas tres décadas de neoliberalismo depredador.
Antes, los conservadores y reaccionarios también
incorporaron al texto de la Constitución de 1917 contrarreformas como la que
introdujo Miguel Alemán para otorgar el amparo a los terratenientes y parar la
reforma agraria. Después los neoliberales, con Miguel de la Madrid, incorporaron
la tesis de la rectoría del Estado para cancelar su intervención en la
economía; Carlos Salinas impulsó la contrarreforma para destruir el ejido como
propiedad social y destruir, también, la separación del Estado y la Iglesia,
dando mayor presencia política a los miembros de esta institución medieval, o
bien en contrarreformas posteriores incorporando verdaderos fárragos, propios
de leyes secundarias, como las de tipo electoral, o recientemente en materia
educativa, para abrir el camino a su privatización y cancelar los derechos
laborales de los maestros.
He señalado en otros
artículos, que aparecen en este blog, que en México tanto
en los periodos revolucionarios como en las etapas posteriores, el interés de
las fuerzas que participan del lado de la revolución o de la contrarrevolución
se concentra en la Constitución: los revolucionarios para incorporar las
demandas de la corriente victoriosa y mantener su vigencia, y los enemigos de
la revolución para impedir la elaboración de una Constitución revolucionaria,
obstruir su aplicación y, en su caso, incorporar sus tesis reaccionarias.
Esto es lo que está
ocurriendo en México una vez más. A pretexto de la modernidad, los neoliberales
que gobiernan se han propuesto desmantelar las disposiciones constitucionales
que establecen la propiedad originaria de la nación sobre el suelo y subsuelo,
y la titularidad de la misma nación en la exploración, la explotación y la
comercialización de los recursos energéticos del petróleo y la electricidad.
Esta es una batalla crucial
de cuyo resultado dependerá el futuro inmediato de los mexicanos.
Por esa razón la inmensa
mayoría de nuestro pueblo -sus fuerzas progresistas, la mayoría de los
profesionales y académicos, su clase trabajadora, sus jóvenes, hombres y
mujeres- se ha pronunciado enérgicamente contra los dogmas neoliberales que
buscan dar marcha atrás a la nacionalización de esos recursos estratégicos.
Hay una defensa fuerte y
vigorosa de la Constitución mexicana, de su contenido nacional, popular y
revolucionario, y de manera particular, en estos momentos, de sus artículos 27
y 28, que los tecnócratas y desnacionalizados pretenden modificar, para
entregar a las compañías petroleras extranjeras, sin recato ni vergüenza, a
Pemex “uno de los mayores productores de petróleo del mundo” como lo señaló
recientemente el diario The Washington Post.
Hay que recordarles a los
neoporfiristas que el artículo 27 constitucional fue la base jurídica de la
expropiación petrolera y el sustento para que el petróleo se mantenga como
propiedad de la Nación, a pesar de los esfuerzos y compromisos inconfesables de
los reaccionarios entreguistas.
Por eso, sólo quien tenga
mentalidad religiosa o algún prejuicio clerical, puede hablar de “veneración jurídica” de la Constitución.
De lo que se trata es de la lucha para defender y preservar disposiciones fundamentales
que benefician a la Nación.
El dogma neoliberal que, por
cierto, no es invento de los priistas o de los panistas, sino que les ha sido
impuesto desde el exterior, choca de lleno con los intereses legítimos de los
mexicanos empeñados en mantener y acrecentar la independencia y la soberanía.
A raíz de esa expresión
ofensiva del dirigente nacional del PRI contra la Constitución de 1917 y contra
la Historia de México, el articulista de La Jornada Víctor M. Toledo señaló: " Que la Constitución de México, que costó la
vida de un millón de compatriotas, no debe ser ya objeto de veneración jurídica
es una monumental expresión de su confusión o su locura. ¿No la juraron sus
militantes y legisladores? Y aquello de que la reforma (la energética) es
patriótica, indispensable, muy priísta remite a una clase de sicología clínica
sobre la demencia".
Hay que recordarles a los
neoliberales dogmáticos que a través de la Historia de México nuestras
constituciones han sido cuerpos jurídicos revolucionarios. Las constituciones
de 1824 y de 1857 incorporaron a su texto, entre otras, disposiciones
anticoloniales, en tanto que la de 1917 mantiene esas normas anticoloniales e
incorporó mandatos antiimperialistas, antifeudales y de profundo contenido
social.
Nuestra Constitución vigente
–la de 1917- es un resumen apretado de la brillante historia nacional. En ella
se contienen las ideas libertarias de Miguel Hidalgo y de las fuerzas
insurgentes; las concebidas e incorporadas por ese formidable luchador que fue
José María Morelos, que en su grandeza rechazó los tratamientos nobiliarios y
prefirió que se le llamara Siervo de la Nación; las ideas y concepciones de la
corriente federalista y las de los liberales, encabezados por otro mexicano de
excepción como fue Benito Juárez; las ideas y la lucha de los Flores Magón, de
Villa, de Zapata, de Lázaro Cárdenas, figuras frente a las cuales los
dirigentes políticos “modernizadores”, esos políticos de carpa del “nuevo” PRI
aparecen como verdaderos enanos.
Y es que la Constitución de
1917 sigue causando ardor en las filas reaccionarias. Los que consideran que la
Carta Magna debe ser sustituida por otra, tienen en mente borrar de sus
preceptos todo lo relativo a la propiedad originaria de la nación, las
garantías individuales, las garantías sociales como la educación, la propiedad
social, los derechos laborales, la sujeción del clero a la ley, hasta dejar un
código sin importancia.
Hay que
repetir y refrescar la memoria de aquellos que reniegan de la Historia nacional,
de aquellos desnacionalizados que reniegan de la brillante historia
constitucional de México:
Nuestra
historia constitucional es el resumen de la historia patria y, particularmente,
la Constitución de 1917 representa un resumen extraordinario de la doctrina
constitucional más avanzada de su tiempo que se entrelazó con la historia
nacional y las heroicas gestas populares.
Los
renegados olvidan intencionalmente que la Constitución elaborada por el
Congreso Constituyente de Querétaro, en sus 136 artículos, considerando hasta
los transitorios, tienen plena justificación histórica. Las mismas garantías
individuales responden a mandatos anticoloniales que mantiene nuestra Ley
Fundamental. Con afirmaciones o negaciones la Carta Magna otorga protección a
los derechos elementales del ser humano, más allá de los que otorgó, en su
momento, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la
trascendental Revolución Francesa de 1789.
A los
renegados del PRI –a los dirigentes de este partido- les estorban las
disposiciones avanzadas de nuestra Constitución, por eso hacen mancuerna con
los reaccionarios del PAN, con los que no sólo cohabitan, sino con los que
mantienen políticamente verdaderas relaciones carnales, para servir mejor al
poder económico doméstico y extranjero al que realmente representan.
Hoy, la
defensa de los postulados avanzados de la Constitución mexicana,
particularmente de sus artículos 27 y 28, constituye una de las banderas de
lucha del pueblo que, sin tardanza, debe recuperar su carácter soberano.
La
historia nacional demuestra que la más amplia alianza de las fuerzas populares
ha derrotado siempre a sus enemigos por poderosos que sean. Esa alianza se está
conformando rápidamente. Hay que fortalecerla, impulsarla, cuidarla y
defenderla.
Cierto: parar
en seco los intentos antipopulares y desnacionalizadores de los neoliberales es
la tarea inmediata, pero todo indica que se acerca el momento en que el pueblo
soberano llame a cuentas a los traidores a la patria.
Es correcto lo que tu dices, estamos en el mismo tono. En estos momentos en que se ciernen sobre nuestra querida patria el peligro más vil de la reacción y los traidores a México.
ResponderEliminarEn estos momentos de máxima unidad se requiere de todos los patriotas, te pido te pongas en contacto conmigo.