LOS RENEGADOS DEL PRI

En una actitud vergonzante el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, a pretexto de convertir a la Constitución “en instrumento eficaz al servicio de los mexicanos” (sic) para justificar la desnacionalización del petróleo y la electricidad, repudió en menos de un renglón más de doscientos años de luchas libertarias del pueblo mexicano y la expresión constitucional de esas gestas históricas, al sostener que “es preciso reformar la Constitución que no puede ser objeto de veneración jurídica”.

Desde luego, nadie en su sano juicio hablaría de la Constitución como una ley rígida e inmodificable. Al contrario, siempre se ha afirmado que la Carta Magna tiene que cambiar para responder a las exigencias de la nación y del pueblo.

Pero otra cosa distinta es la manía de los gobernantes de cambiar nuestra Máxima Ley, colocando verdaderos parches como ha ocurrido en las últimas tres décadas de neoliberalismo depredador.

Antes, los conservadores y reaccionarios también incorporaron al texto de la Constitución de 1917 contrarreformas como la que introdujo Miguel Alemán para otorgar el amparo a los terratenientes y parar la reforma agraria. Después los neoliberales, con Miguel de la Madrid, incorporaron la tesis de la rectoría del Estado para cancelar su intervención en la economía; Carlos Salinas impulsó la contrarreforma para destruir el ejido como propiedad social y destruir, también, la separación del Estado y la Iglesia, dando mayor presencia política a los miembros de esta institución medieval, o bien en contrarreformas posteriores incorporando verdaderos fárragos, propios de leyes secundarias, como las de tipo electoral, o recientemente en materia educativa, para abrir el camino a su privatización y cancelar los derechos laborales de los maestros.

He señalado en otros artículos, que aparecen en este blog, que en México tanto en los periodos revolucionarios como en las etapas posteriores, el interés de las fuerzas que participan del lado de la revolución o de la contrarrevolución se concentra en la Constitución: los revolucionarios para incorporar las demandas de la corriente victoriosa y mantener su vigencia, y los enemigos de la revolución para impedir la elaboración de una Constitución revolucionaria, obstruir su aplicación y, en su caso, incorporar sus tesis reaccionarias.

Esto es lo que está ocurriendo en México una vez más. A pretexto de la modernidad, los neoliberales que gobiernan se han propuesto desmantelar las disposiciones constitucionales que establecen la propiedad originaria de la nación sobre el suelo y subsuelo, y la titularidad de la misma nación en la exploración, la explotación y la comercialización de los recursos energéticos del petróleo y la electricidad.

Esta es una batalla crucial de cuyo resultado dependerá el futuro inmediato de los mexicanos.

Por esa razón la inmensa mayoría de nuestro pueblo -sus fuerzas progresistas, la mayoría de los profesionales y académicos, su clase trabajadora, sus jóvenes, hombres y mujeres- se ha pronunciado enérgicamente contra los dogmas neoliberales que buscan dar marcha atrás a la nacionalización de esos recursos estratégicos.

Hay una defensa fuerte y vigorosa de la Constitución mexicana, de su contenido nacional, popular y revolucionario, y de manera particular, en estos momentos, de sus artículos 27 y 28, que los tecnócratas y desnacionalizados pretenden modificar, para entregar a las compañías petroleras extranjeras, sin recato ni vergüenza, a Pemex “uno de los mayores productores de petróleo del mundo” como lo señaló recientemente el diario The Washington Post.

Hay que recordarles a los neoporfiristas que el artículo 27 constitucional fue la base jurídica de la expropiación petrolera y el sustento para que el petróleo se mantenga como propiedad de la Nación, a pesar de los esfuerzos y compromisos inconfesables de los reaccionarios entreguistas.

Por eso, sólo quien tenga mentalidad religiosa o algún prejuicio clerical, puede hablar de “veneración jurídica” de la Constitución. De lo que se trata es de la lucha para defender y preservar disposiciones fundamentales que benefician a la Nación.

El dogma neoliberal que, por cierto, no es invento de los priistas o de los panistas, sino que les ha sido impuesto desde el exterior, choca de lleno con los intereses legítimos de los mexicanos empeñados en mantener y acrecentar la independencia y la soberanía.

A raíz de esa expresión ofensiva del dirigente nacional del PRI contra la Constitución de 1917 y contra la Historia de México, el articulista de La Jornada Víctor M. Toledo señaló: " Que la Constitución de México, que costó la vida de un millón de compatriotas, no debe ser ya objeto de veneración jurídica es una monumental expresión de su confusión o su locura. ¿No la juraron sus militantes y legisladores? Y aquello de que la reforma (la energética) es patriótica, indispensable, muy priísta remite a una clase de sicología clínica sobre la demencia".

Hay que recordarles a los neoliberales dogmáticos que a través de la Historia de México nuestras constituciones han sido cuerpos jurídicos revolucionarios. Las constituciones de 1824 y de 1857 incorporaron a su texto, entre otras, disposiciones anticoloniales, en tanto que la de 1917 mantiene esas normas anticoloniales e incorporó mandatos antiimperialistas, antifeudales y de profundo contenido social.

Nuestra Constitución vigente –la de 1917- es un resumen apretado de la brillante historia nacional. En ella se contienen las ideas libertarias de Miguel Hidalgo y de las fuerzas insurgentes; las concebidas e incorporadas por ese formidable luchador que fue José María Morelos, que en su grandeza rechazó los tratamientos nobiliarios y prefirió que se le llamara Siervo de la Nación; las ideas y concepciones de la corriente federalista y las de los liberales, encabezados por otro mexicano de excepción como fue Benito Juárez; las ideas y la lucha de los Flores Magón, de Villa, de Zapata, de Lázaro Cárdenas, figuras frente a las cuales los dirigentes políticos “modernizadores”, esos políticos de carpa del “nuevo” PRI aparecen como verdaderos enanos.

Y es que la Constitución de 1917 sigue causando ardor en las filas reaccionarias. Los que consideran que la Carta Magna debe ser sustituida por otra, tienen en mente borrar de sus preceptos todo lo relativo a la propiedad originaria de la nación, las garantías individuales, las garantías sociales como la educación, la propiedad social, los derechos laborales, la sujeción del clero a la ley, hasta dejar un código sin importancia.

Hay que repetir y refrescar la memoria de aquellos que reniegan de la Historia nacional, de aquellos desnacionalizados que reniegan de la brillante historia constitucional de México:

Nuestra historia constitucional es el resumen de la historia patria y, particularmente, la Constitución de 1917 representa un resumen extraordinario de la doctrina constitucional más avanzada de su tiempo que se entrelazó con la historia nacional y las heroicas gestas populares.

Los renegados olvidan intencionalmente que la Constitución elaborada por el Congreso Constituyente de Querétaro, en sus 136 artículos, considerando hasta los transitorios, tienen plena justificación histórica. Las mismas garantías individuales responden a mandatos anticoloniales que mantiene nuestra Ley Fundamental. Con afirmaciones o negaciones la Carta Magna otorga protección a los derechos elementales del ser humano, más allá de los que otorgó, en su momento, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la trascendental Revolución Francesa de 1789.

A los renegados del PRI –a los dirigentes de este partido- les estorban las disposiciones avanzadas de nuestra Constitución, por eso hacen mancuerna con los reaccionarios del PAN, con los que no sólo cohabitan, sino con los que mantienen políticamente verdaderas relaciones carnales, para servir mejor al poder económico doméstico y extranjero al que realmente representan.

Hoy, la defensa de los postulados avanzados de la Constitución mexicana, particularmente de sus artículos 27 y 28, constituye una de las banderas de lucha del pueblo que, sin tardanza, debe recuperar su carácter soberano.

La historia nacional demuestra que la más amplia alianza de las fuerzas populares ha derrotado siempre a sus enemigos por poderosos que sean. Esa alianza se está conformando rápidamente. Hay que fortalecerla, impulsarla, cuidarla y defenderla.

Cierto: parar en seco los intentos antipopulares y desnacionalizadores de los neoliberales es la tarea inmediata, pero todo indica que se acerca el momento en que el pueblo soberano llame a cuentas a los traidores a la patria.