PROCEDE LA NULIDAD DE LOS VOTOS OBTENIDOS MEDIANTE EL FRAUDE, NO LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN

 Desconozco el recurso de invalidez de la elección interpuesto por los partidos que postularon, como su candidato presidencial, a López Obrador, y no se requiere formar parte de alguno de ellos para entender, como patriota, la gravedad de la situación provocada por los neoliberales y los grupos de poder que han cerrado filas en torno al candidato del PRI, y que han resultado beneficiarios por los sucesivos gobiernos federales, desde 1982.

Como ciudadanos tenemos la obligación de levantar la voz, porque los atropellos cometidos contra la voluntad popular adquieren una dimensión pocas veces vista en la historia nacional. Se trata ni más ni menos de un agravio parecido al de 1988 y al de 2006, pero ahora con nuevas y novedosas agravantes que lo hace más repudiable.

Los neoliberales han metido al país en un verdadero atolladero, en un escándalo de dimensiones internacionales que nos afecta como pueblo, y que pone en peligro la incipiente vida democrática de México, herida de muerte si se consuma la imposición.

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en el párrafo segundo de su fracción I que el sufragio será universal, libre, secreto y directo.

Son principios constitucionales que deben observarse y, por lo tanto, deben prevalecer en todo tipo de elección, tanto federales, como estatales y municipales. Esos principios, repito son: la universalidad del voto, el voto libre, el voto secreto y el voto directo.

Que el voto sea libre significa, como se entiende, que no sea obtenido mediante presiones; que el votante no sea sujeto de violencia física o moral; que la voluntad del que sufraga no sea comprada por el dinero u otros medios.

Si se violan esos principios –y de manera especial el voto libre- se diga lo que se diga, se argumente lo que sea, no habrá elección que sea válida, o mejor dicho, los votos obtenidos  violando la libertad del voto no serán validos.

Si durante el proceso electoral se perfilaron dos bloques de fuerzas, los neoliberales y los antineoliberales, desde hace dos semanas la sociedad mexicana se ha polarizado entre los que dicen haber obtenido la victoria con procedimiento al margen de la ley, y una enorme mayoría de mexicanos que no reconocen esa supuesta victoria.

En sólo 15 días se ha ampliado la percepción en el seno de la sociedad de que el PRI recurrió a la compra de votos mediante distintos mecanismos, a pesar de que los medios de información, en su inmensa mayoría, mantienen una brutal ofensiva contra López Obrador.

También se ha clarificado para millones de personas, que generalmente permanecen ajenos a los acontecimientos de la vida política nacional, la percepción de que se trata de una imposición de los sectores económicamente poderosos.

Ha quedado claro que el madruguete del PAN, a través de Josefina Vázquez, levantando la mano a Peña Nieto el domingo 1 de julio, la actitud irresponsable del IFE señalando datos que no se sabe de donde salían, la perversión de medios de comunicación declarando la victoria del priista, la apresurada e indebida intervención  de Calderón, declarando (o legitimando, como dijo la secretaria general del PRI) a Peña Nieto como ganador, intervención que, se informa, fue grabada a las 4 de la tarde del 1° de julio sin conocer, siquiera, los resultados de las encuestas de salida, y en seguida la autoproclamación de Peña Nieto, aparte de colocarse al margen de la legalidad, abonaron para que se hable, con absoluta razón, de imposición.

Hoy existe un amplio movimiento que abarca a los partidos que postularon a López Obrador como su candidato presidencial, organizaciones sociales de origen popular, la inmensa mayoría de los integrantes del #YoSoy132, profesionistas, intelectuales, amas de casa, obreros y gentes de otras actividades económicas, que desconocen a Peña Nieto como ganador de la elección presidencial.

Nunca en la historia reciente del país se habían presentado la cantidad de protestas contra un candidato, como se presentaron contra Enrique Peña durante el proceso electoral y nunca, tampoco, después de la elección se habían dado manifestaciones masivas como las que se han presentado contra el candidato priista.

Hasta este momento los partidos que postularon a López Obrador recurren el camino legal para pedir la invalidez de la elección. Otra gran parte, la que ha realizado y mantienen la movilización –que ya han rebasado a los que plantean la invalidez- desconocen como ganador al candidato priista, y se empieza a general el movimiento que está abiertamente en contra de Peña Nieto, anunciado su decisión de oponerse a que llegue a la presidencia de la República, por el conjunto de anomalías denunciadas.

En el momento en que el movimiento, hoy disperso, acuerde una estrategia común cambiará cualitativamente la correlación de fuerzas políticas en México, y para muchos ese momento ya llegó, convocando a las fuerzas democráticas del país a unificarse para impedir que se consume esa violenta agresión a la voluntad popular. Es cuestión de tiempo.

 En esta situación se abre otra vertiente distinta a la que sostienen los partidos que plantean la invalidez de la elección. Constitucionalmente es exigible la anulación de la votación obtenida por las fuerzas políticas que recurrieron a la compra de votos, como mecanismo para ganar la elección, porque no se puede meter en el mismo costal a los  que compraron los votos y a los que no cometieron ese ilícito.

También, en las circunstancias actuales, se ha confirma la complicidad del PAN frente a las violentas agresiones a la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas. A pesar de que cuenta con elementos para impugnar y demostrar esas violaciones ha reculado poniéndose a las órdenes del PRI. El si, pero no panista vuelve a manifestar, con absoluta claridad su carácter de alcahuete del neoliberalismo y peón de los oligarcas.