En ese periodo quedan comprendidos los sexenios de Miguel de la Madrid, ya fallecido, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña.
Desde el despojo del patrimonio nacional, a través de las privatizaciones, hasta la utilización de recursos públicos, y otros provenientes del extranjero para conseguir la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de desnacionalizar los recursos energéticos de México; acciones, de saqueo a la hacienda pública federal y de varios Estados, a través de maniobras sofisticadas; acuerdos con la delincuencia doméstica e internacional; otorgamiento de contratos leoninos a intereses privados que significaron un verdadero saqueo del patrimonio nacional.
En algunos casos, y de acuerdo con la información que se ha hecho pública recientemente, se dio una verdadera organización de carácter criminal, para apoderarse de bienes públicos y causar daño al patrimonio nacional.
Los ex presidentes casi agotaron la lista de los delitos por hechos de corrupción, que tipifica el Código Penal Federal.
Además cometieron fraudes electorales y compra de votos con recursos públicos y, otros de procedencia ilícita, también de origen extranjero; delitos de lesa humanidad contra núcleos nativos de la población o agrupaciones sociales, y un largo etcétera en materia delictiva.
Hay que destacar, en primer lugar, que los ex presidentes mencionados no gozan de ningún fuero, de ningún privilegio jurídico. No tienen una situación especial, diferente al del resto de los ciudadanos mexicanos. Pueden ser acusados y juzgados en este momento, pues ninguna ley los protege: son ex presidentes.
En segundo lugar, quien puede acusarlos es el ministerio Público Federal representado, en este caso, por la Fiscalía General de la República. Y si alguno de ellos cometió un ilícito en alguna entidad federativa, será la Fiscalía local quien lo acuse.
Todo indica que hay suficientes razones jurídicas para proceder a las acusaciones, concluir las investigaciones de las ya presentadas y ejercer la acción penal contra ellos, individualmente, y donde haya coalición contra quienes se coaligaron para delinquir.
Esta es la vía que nuestro sistema jurídico contempla porque, valga decirlo, los ex presidentes no son ya presidentes; no requieren un procedimiento especial para ser acusados, juzgados, y castigados.
La Fiscalía General de la República ya ha recibido denuncias contra algunos de ellos. Urge que concluya la averiguación, ejerza la acción penal, y sean juzgados y castigados, porque causaron graves daños al pueblo y a la nación.
Y que no se pasen de listos los medios, los periodistas y los articulistas neoliberales, según los cuales no hay delitos que perseguir, porque si se cometieron, justifican, éstos ya prescribieron.
La mayoría, si no es que la totalidad de los delitos que se les imputan no han prescrito, porque se trata de conductas que tuvieron una continuidad en el tiempo, y el bien jurídico protegido (en este caso el patrimonio nacional o las finanzas públicas) siguen resintiendo gravísimos daños.
Es decir, los ex presidentes son plenamente imputables.
La opinión pública y el poder público deben exigir que la Fiscalía General de la República cumpla con sus facultades constitucionales y legales. Que haya castigo y no impunidad.
Y sólo en caso de que las autoridades encargadas de investigar los delitos (que públicamente se les imputan) no lo hagan, entonces sí abrir el espacio para realizar la consulta popular de la que ha hablado el presidente de la República.
De realizarse dicha consulta (con la certeza de que el 95% de los que asistan a manifestar su voluntad lo harían a favor) el proceso acusatorio y judicial sería vinculatorio (es decir, obligatorio) para las autoridades.
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