Parece que estamos cerca de tener
toda la información que comprobará la existencia de una red criminal, desde el
poder público, durante los 36 años de neoliberalismo depredador, y que en este
blog se ha denunciado desde siempre,
Con esos elementos, deben
tomarse medidas, legislativas de carácter civil, fiscal, administrativo y penal
tanto para que no se vuelvan a repetir, como para castigar a los delincuentes,
y reparar los graves daños que se le provocaron al pueblo y a la Nación.
Hasta hoy, la derecha
neoliberal ha mostrado su evidente interés en minimizar o desvirtuar la
gravedad de esos hechos delictivos, porque muchos de los que forman esa
corriente antinacional y antipatriótica están involucrados y deberán ser
sancionados, y otros verán afectados los jugosos negocios que se derivaron de
esas acciones delictivas.
El simple hecho de decir que
las audiencias que se realizan a uno de los principales delincuentes, es una
cortina de humo para tapar problemas que enfrentamos los mexicanos en esta
pandemia, muestra a todas luces el interés, personal y de grupo, de la derecha BMW,
como acertadamente la calificó un comentarista.
Dentro de este panorama, y
frente a la inminencia de que los mexicanos nos enteremos, con certeza y con lujo de detalle, de la forma en
que se utilizaron recursos públicos y otros provenientes del extranjero para
sobornar a diputados y senadores del Congreso de la Unión y lograr, mediante
esos sobornos, reformar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para
desnacionalizar la riqueza energética de México, quedará muy clara la opción
que tenemos los mexicanos.
Estaremos frente a
actuaciones de carácter judicial, resultado de las innumerables audiencias que
se han iniciado, y ante pruebas contundentes con validez legal.
Nadie puede aceptar y menos
justificar los crímenes cometidos, por los neoliberales, desde el poder
público. Y nadie puede negar que con esos delitos se dañó gravemente el
patrimonio de la nación, y se puso en peligro nuestra soberanía.
Desnacionalizar los recursos
energéticos de México, sobornando a legisladores para reformar la Constitución,
es equiparable al delito de traición a la patria, que debe castigarse con
cárcel y reparación del daño. Cierto.
Pero, como he dicho en mi anterior
artículo en este blog, lo principal, lo importante, lo trascendental, es que al
ser la mal llamada reforma energética, producto de un delito, como es el
soborno, y una vez que quede comprobada la comisión de ese delito o esos
delitos (porque el sobornador fue uno:
el gobierno de Peña Nieto, pero los sobornados fueron varios legisladores)
procede que el propio Poder Legislativo, es decir, la Cámara de Diputados y
Senadores, declaren que esas reformas constitucionales son nulas de pleno derecho.
Se sentaría un gravísimo
precedente, en la vida legislativa de México, si se aceptara que reformas a la
Constitución o la elaboración de leyes reglamentarias (como ocurrió con la
legislación secundaria en materia energética) se realicen mediante sobornos. Eso
sería gravísimo.
Pero todavía más: es un
atentado contra la soberanía nacional, es un delito de lesa patria que esos
sobornos se hayan realizado con recursos provenientes del extranjero (por las
aportaciones que la petrolera brasileña Odebrecht hizo para lograr la
contrarreforma energética en 2013).
Las cámaras del Congreso de
la Unión no tienen ni para dónde hacerse.
Insisto: deberán decretar,
mediante un acto legislativo la nulidad
plena de las contrarreformas que se le hicieron a la Constitución, para
quedar en los términos y con el texto que tenía antes de esa reforma
desnacionalizadora.
Y por los que participaron en
el delito de soborno no cabe ninguna duda: tanto los sobornadores como los
sobornados cometieron el delito de Traición
a la Patria, y debe castigarse como tal.
Al declarar la Nulidad Plena de la reforma energética
que los neoliberales alcanzaron por medio de sobornos llevará, por necesidad
jurídica, a la invalidación de la legislación secundaria en la materia y,
consecuentemente, por lógica jurídica, a la cancelación de los contratos
otorgados a capitales privados, domésticos y extranjeros.
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