La Fiscalía General de la
República debe acelerar las investigaciones, y ejercer acción penal, en torno a
las denuncias presentadas por los sobornos de Odebrecht, ampliamente
documentados tanto en Brasil como en México.
En el centro de los sobornos
está la concesión a Braskem-Idesa para operar la planta Etileno XXI.
El soborno para la campaña
presidencial de Peña Nieto y los sobornos para la aprobación de la reforma
energética neoliberal de 2013 configuran varios delitos previstos por la
legislación mexicana, y no han prescrito.
Los sobornos entregados por
la empresa brasileña dieron lugar directamente a que se acordaran condiciones leoninas por los gobiernos de Calderón y Peña Nieto con
la empresa brasileña. Es decir, los privilegios otorgados, en grave perjuicio
del patrimonio de los mexicanos, son el resultado directo de los sobornos
entregados.
En otros términos, hubo un
acuerdo, una coalición entre los gobiernos de Calderón y Peña y la empresa de
Brasil para delinquir.
Etileno XXI y su operación
son el resultado de la corrupción de la empresa y de los gobiernos señalados. Y
la corrupción es un delito previsto por nuestra legislación.
La Constitución en su
artículo 22, concretamente en su párrafo cuarto, textualmente señala que la
Extinción de Dominio “será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya
legítima procedencia no pueda
acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de
hechos de corrupción…y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y
petroquímicos”.
Declarar extinto el dominio
de un bien es resultado de la comisión del delito de corrupción. Y en el caso
de Etileno XXI hay elementos suficientes para acreditarlo jurídicamente, pues
tiene que ver con la materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos a
que se refiere la parte final del citado párrafo cuarto del artículo 22 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Urge que la autoridad
competente declare la Extinción de dominio de la planta Etileno XXI. Esto dejaría sin valor jurídico
el contrato leonino que ha provocado un
daño gravísimo a Pemex directamente y al conjunto de la nación mexicana.
Y con mayor razón urge esa
declaración, porque la empresa Braskem-Idesa, ahora invoca las clausulas
leoninas de ese contrato, celebrado con los criminales Calderón y Peña, para
seguir robando descaradamente a México.
El gobierno de Andrés Manuel López
Obrador debe ejercer plenamente la soberanía de México frente a las
pretensiones inauditas de la empresa brasileña, aplicando plenamente la
legislación de México para castigar el
delito de corrupción, en este caso.
Y, de manera inmediata,
iniciar el proceso penal contra Felipe Calderón, Peña Nieto y los demás
implicados que participaron en ese
turbio, sucio y antinacional negocio. No es posible que esos delincuentes vivan
como si nada hubiera pasado. Hay que aplicarles un castigo ejemplar
Para recuperar Etileno XXI,
el gobierno no debe desembolsar un solo centavo. La razón moral y jurídica está
de nuestro lado y no de los delincuentes.
Ni siquiera hay que pensar en
expropiar la planta Etileno XXI, sino directamente aplicar la Extinción de
Dominio.
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