LA REFORMA ENERGÉTICA NEOLIBERAL, NULA DE PLENO DERECHO

Ha quedado claro, a los ojos de todo mundo, que las privatizaciones fueron un robo descarado a los pueblos que las sufrieron y que, quienes las realizaron eran integrantes de un cártel bastante organizado, como ocurrió en México.

Hoy existe, al menos en nuestro país, información abundante sobre los integrantes de ese cártel y sus conductas delictivas desde el poder público, en contra de los intereses de la nación y el pueblo. Muchos de esos delitos ya salieron a la luz pública, y muchos más saldrán próximamente.

Al margen de las investigaciones que hoy están abiertas sobre la corrupción delictiva de los neoliberales que gobernaron de 1982 a 2018, debe iniciarse una investigación profunda sobre las privatizaciones que se realizaron en ese periodo, porque constituyen, sin duda, un delito de lesa patria.

Hay que investigar a todos los funcionarios involucrados en ese proceso antipatriótico y antinacional y a los empresarios beneficiados, pero particularmente investigar la responsabilidad que, sin duda, tienen los que con una gran deshonra se desempeñaron como presidentes de la República y, en su caso, que reparen el daño causado al patrimonio nacional y sean sujetos de sanciones administrativas, civiles y penales.

Una investigación de esa naturaleza no está sujeta a la voluntad de una mayoría de ciudadanos, sino a la aplicación estricta de las leyes vigentes en el momento en que se realizaron las privatizaciones, y la legislación de ahora.

Las privatizaciones estuvieron viciadas de origen, porque se trató de un remate y una ganga para beneficiar intereses privados, domésticos y extranjeros, incluidos los de muchos que se desempeñaron como funcionarios públicos, y que amasaron fortunas incalculables en perjuicio del patrimonio de los mexicanos.

Una investigación profunda demostraría que muchas violaciones a la legislación nacional (constitucional, administrativa, financiera, penal, etc.) se dieron para poder llevar a cabo ese proceso desnacionalizador.

Insisto: por la gravedad y el enorme daño causado, con las privatizaciones al patrimonio de los mexicanos, las autoridades actuales no se pueden conducir como si nada hubiera pasado. Su responsabilidad es realizar esa investigación, no sólo para castigar (que sí debe hacerse) sino, sobre todo, para reparar el enorme e incalculable daño provocado al pueblo de México.

Y a quienes duden que las privatizaciones se realizaron mediante la comisión de delitos, ahí está lo que ocurrió con las llamadas reformas estructurales (neoliberales hasta la médula), y sobre todo con la mal llamada reforma energética, una auténtica desnacionalización del petróleo mexicano.

Desde que esa acción antipatriótica se realizó, diversas noticias en los medios de información daban cuenta que corrieron carretilladas de dinero (del erario público, desde luego) para comprar la voluntad de legisladores de ambas cámaras a fin de reformar nuestra Constitución y acentuar el proceso de desnacionalización que de hecho (en violación a la legislación vigente en esos momentos) presidentes anteriores a Peña Nieto, realizaron. Se llegó a hablar de las cantidades entregadas a diputados y senadores.

Por cierto, algunos columnistas lo han vuelto a recordar en estos días, ante la posibilidad de que esas maniobras delictivas, para comprar la voluntad de legisladores, se pongan en evidencia.

Y es que esas sucias maniobras identifican plenamente la baja estatura moral del ex presidente Peña Nieto y de su círculo cercano (por no decir de todos su gobierno), y es una característica innata de los neoliberales.

Lo que  pruebe la Fiscalía General de la República de esas conductas delictivas del propio ex presidente Peña, no sólo puede quedar en sanciones a los involucrados: quienes sobornaron y quienes fueron sobornados, que por descontado debe hacerse, sino que lo principal, lo más importante, lo trascendental, para los intereses de la nación mexicana es, mediante la forma o el procedimiento legal que corresponda, declarar que la llamada reforma energética y, consecuentemente, las reformas a los artículos de la Constitución nacional que la consumaron, es y son nulas de pleno derecho.

Se sentaría un gravísimo precedente si se prueba (como lo aclaran ya los testimonios de muchos) que la llamada reforma energética de los neoliberales se logró con sobornos delictivos, y que esas contrarreformas a nuestra máxima Ley mantengan su vigencia.

El deber político, jurídico y moral de todos los mexicanos es exigir que esa reforma, por estar viciada de origen, sea declarada nula de pleno derecho. Y la obligación del gobierno es realizar los trámites para decretar esa nulidad plena.