El domingo 16 de octubre de 2011 coloqué en el blog
un artículo con la denominación “El derecho a la revolución en México” que se
reproduce a continuación, en el marco de los nefastos acontecimientos políticos
marcados por la burla a la voluntad popular en la elección presidencial, en que
la oligarquía atropelló violentamente todas las formas
políticas y jurídicas.
Las instituciones
electorales encargadas de realizar el proceso electoral y culminarlo, con la
calificación presidencial, inapelable, han aceptado y auspiciado que la
Constitución nacional sea violada con descaro, de manera impune.
A partir de esta elección
queda legitimada la compra de votos mediante los procedimientos más repudiables
para violentar la voluntad popular.
El proceso electoral
viciado culmina con la calificación realizada por el Tribunal Federal
Electoral, que constituye una afrenta para el pueblo de México.
Como es una afrenta que las
instituciones -que el pueblo mexicano forjó a través de su historia, en
batallas y victorias memorables- se hayan puesto al servicio de una minoría
acaudalada, cuyos privilegios han postrado a la nación mexicana, empobrecido al
pueblo y lastimado gravemente su soberanía.
Sobre los oligarcas y sus
empleados visibles y ocultos, sobre el IFE y el TRIFE, sobre la cúpula del PRI
y de los panistas alcahuetes recae la responsabilidad histórica de haber
cancelado la vía electoral para lograr los cambios sociales, económicos y
políticos que requiere el pueblo mexicano.
En este momento aciago para
la patria mexicana, el pueblo debe rescatar el mandato del artículo 39 de la
Constitución Mexicana que, en la teoría y la práctica, ha sido cancelado por
los oligarcas.
Dicho artículo ordena
textualmente: “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el
pueblo. Todo poder público dimana y se instituye para beneficio de éste. El Pueblo tiene en todo tiempo el
inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
El Derecho a la Revolución que la Constitución
otorga al pueblo mexicano debe cobrar plena vigencia, como condición para
rescatar a nuestra patria de las mafias oligárquicas que lo han despojado de su
soberanía.
Las reflexiones que se hacen a continuación van en
ese sentido:
En el mundo capitalista la democracia ha entrado a
una etapa insalvable de crisis. Su contenido se ha ido reduciendo hasta hacer
de ella una auténtica caricatura.
Nuestro país no ha sido la excepción, y hoy nos
encontramos, en el inicio del siglo XXI, en medio de una profunda crisis de la
democracia que afecta, necesariamente, a toda la sociedad.
1.- La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su artículo tercero, contiene un concepto amplio de democracia,
al considerarla “no solamente como una estructura jurídica y un régimen
político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento
económico, social y cultural del pueblo”. Aquí se expresa el mandato para la
democracia económica y social que implica un desarrollo equilibrado en el que
las desigualdades no tendrían cabida.
Sin embargo esa definición de democracia se fue
mutilando hasta dejar –y sólo de manera limitada- la democracia política que
nunca alcanzó su realización plena.
2.- Vivimos en un país en que las desigualdades
sociales han alcanzado niveles escandalosos; la concentración de la riqueza en
muy pocas manos es mayor que hace apenas 20 años, y la pobreza abarca ahora a sectores
sociales que antes se consideraban de la clase media. Por lo tanto ese mandato
constitucional no sólo no se ha logrado sino que cada vez se coloca como un
objetivo inalcanzable con el actual modelo económico.
3.- Los distintos gobiernos, pero sobre todo los de
corte neoliberal, ni siquiera le dieron atención a la democracia política, y sólo
consideran como democracia a la llamada democracia electoral, que consiste en
permitir que los electores -la mayoría de las veces presa de la mercadotecnia-
concurran a las urnas, después de campañas electorales insustanciales, a
depositar su voto. Es decir, mutilan la democracia política y anulan, en la
práctica, la democracia electoral.
Al menos en los últimos 30 años, en México han
tenido lugar dos procesos electorales marcados por el fraude, lo cual significa
que ni siquiera en ese terreno los neoliberales han respetado la ya de por sí
limitada y mutilada democracia.
4.- Sin democracia económica, sin democracia
social, sin democracia política, y burlada, a través del fraude, la democracia
electoral es natural que las instituciones públicas inevitablemente entren en
crisis, como la que estamos viviendo en este momento. De ahí que las mejores
fuerzas políticas de México planteen la urgencia de renovar las instituciones
como condición indispensable para restablecer la verdadera y auténtica
democracia, en los terrenos económico, social, político y de paso en el terreno
electoral.
5.- Dicen los historiadores y los novelistas que
hay siglos que valen por un minuto y minutos que valen por un siglo. En
realidad en los últimos años vivimos en México en medio de acontecimientos muy
acelerados desde la Revolución de 1910, porque la mayoría del pueblo ha tomado
conciencia rápidamente de que no vivimos dentro de un régimen democrático en
ninguno de los aspectos señalados, pero también se entiende que la llamada
democracia electoral ha llegado o está por llegar a su fin, y que se hacen
necesarios cambios y transformaciones de fondo para que el pueblo pueda
recuperar los derechos que le concede la Constitución.
6.- En este ambiente, muchas veces turbulento por
su propia naturaleza, un grupo muy amplio de mexicanos considera que ha llegado
el momento de hacer uso del derecho que le concede la última parte del artículo
39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra
dice “El pueblo tiene en todo tiempo el
inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
En sentido estricto, al margen de interpretaciones
limitadas o mal intencionadas de la derecha, el pueblo tiene, de acuerdo con
ese texto constitucional, el derecho a la revolución que es, digan lo que digan
los reaccionarios, un derecho constitucional que no puede ser limitado por
ninguno de los poderes constituidos, ni podrán ser sancionados quienes lo
ejerzan.
Los mexicanos que están dispuestos a hacer uso de
ese derecho constitucional tienen plena conciencia que el derecho a la
revolución se debe ejercer a través de métodos pacíficos, aunque la
Constitución nacional no señala ni limita los métodos para alcanzar ese
objetivo.
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