Desde 1982 los gobernantes
neoliberales aislaron paulatinamente a México de Latinoamérica y con descarada
desvergüenza lo convirtieron en el patio trasero de los yanquis. Si hoy algún
gobierno de América Latina no participa de los afanes libertarios y de justicia
social que animan a la mayoría de los gobernantes latinoamericanos, ese es el
gobierno mexicano.
Como peones de las
transnacionales y de la oligarquía nativa, desde hace más de tres décadas, los
gobernantes neoliberales participaron febrilmente en la transferencia
desenfrenada del patrimonio nacional a los intereses privados, es decir, la
riqueza pública se transfirió a la riqueza privada y, en consecuencia,
condujeron la economía nacional al desastre y a la quiebra de la soberanía
nacional.
Con la privatización de
los recursos energéticos, el neoliberalismo en México, ha tocado fondo, porque
ya nada más quedarían los edificios públicos por privatizar como se dice entre
el pueblo.
Durante el proceso de
privatizaciones se fue privatizando, también, el gobierno. Al tiempo que se
despojó al pueblo de su patrimonio recuperado de manos coloniales, con las tres
grandes revoluciones que marcan la vida de México en las últimas dos centurias
(Independencia, Reforma y Revolución), se destruyeron sus instituciones
políticas. Hoy ninguno de los tres poderes de la Unión representa los intereses
de la nación y del pueblo.
Más que en el pasado los
gobernantes están dedicados febrilmente a realizar turbios negocios con el patrimonio
nacional y los recursos públicos propiedad de los mexicanos. Al mismo tiempo,
invocando una falsa modernidad, protegen a los buitres de los negocios que ya
han penetrado al gobierno. Existe una relación de mafias entre los gobernantes
y los potentados. El resultado ha sido el saqueo descarado de la riqueza del
país.
Todos los neoliberales,
sin excepción, se han conducido como vulgares demagogos y han caído en el
cinismo político más abierto. Falsean la realidad, engañan al pueblo y le
mienten permanentemente. El establecimiento de sueldos vitalicios para
funcionarios públicos agrede la esencia misma de la República y restablece en
los hechos el régimen monárquico.
De manera burda han
despojado al pueblo de su carácter soberano y se oponen, por todos los medios a
su alcance, a que el pueblo sea el que decida.
El impulso a la educación
privada en décadas le ha dado resultado a la oligarquía que, ahora, ha colocado
en el poder a los cuadros profesionales formados en sus escuelas y con su
filosofía. La práctica ha demostrado que la educación privada ha creado
verdaderos estafadores y delincuentes cuando asumen funciones públicas.
En el curso de las últimas
tres décadas la distancia política entre el Partido Revolucionario
Institucional y el Partido Acción Nacional se redujo a cero. Además ambas
organizaciones políticas están penetradas hasta los huesos por la corrupción,
base y sustento de las privatizaciones y otras acciones criminales perpetradas
desde el poder. Los neoliberales son corruptos por naturaleza, son corrompidos
y corruptores. Con ellos en el poder México no tiene porvenir.
El PAN de cogobernante
pasó a ser gobernante en contubernio con el PRI, y éste, que en estricto
sentido no es un partido político porque en su interior se da la lucha de clases,
recorrió un rápido camino: del nacionalismo revolucionario a una pretendida (y
falsa) posición centrista; de ahí se desplazó rápidamente a la derecha. Hoy,
bajo, la dirección de Peña Nieto, es una organización colocada en la
ultraderecha, y quien lo dude puede ver los constantes reclamos de amasiato y
maridaje que le hacen frecuentemente los panistas.
El reaccionario y fascista
Bravo Mena, cuadro destacado de la contrarrevolución, lo dijo para que todo
mundo lo entienda. Textual: “Peña Nieto concretó el programa histórico del
PAN”. Así o más claro.
Por lo tanto, uno de los
hechos políticos más relevante de las últimas tres décadas fue el ascenso de la contrarrevolución al poder.
Precisamente este hecho
pone en riesgo el porvenir inmediato de México como país independiente y
soberano, sin hablar ya de un país justo que desde hace años fue cancelado por
los neoliberales.
El pueblo mexicano
iniciará, más temprano que tarde, un vigoroso movimiento de emancipación
soberana, económica, política, social y cultural para cumplir los grandes
objetivos de su historia. Ese movimiento de emancipación requiere la
reagrupación de las fuerzas progresistas y democráticas con un programa mínimo
que contemple la recuperación del contenido avanzado de la Constitución mexicana,
que la depure de los parches pegados por el neoliberalismo y que la enriquezca
con disposiciones que protejan a la nación y al pueblo, y castiguen la felonía
de los funcionarios. Los siguientes puntos conducirían a este gran objetivo
nacional:
1.- Nacionalizar al
gobierno para ponerlo al servicio del pueblo.
2.- Rescatar la soberanía popular,
fortaleciendo los mecanismos para que sea el pueblo el que dirija su gobierno.
3.- Restablecer (haciendo
efectivo el mandato constitucional) la propiedad originaria de la nación sobre
el suelo y el subsuelo, medida que permitirá rescatar los recursos energéticos,
los recursos minerales y todos los recursos naturales que se han entregado y se
están entregando a la oligarquía.
4.- Nacionalizar, con el
sustento anterior, la riqueza petrolera, la producción y comercialización de la
energía eléctrica, y rescatar, bajo el mismo criterio, la riqueza minera, la
banca y el crédito.
5.- Restablecer los
derechos laborales que han desaparecido de la ley o aquellos que, a pretexto de
la modernidad, los neoliberales han conculcado a los trabajadores.
6.- Fortalecer la
educación pública restableciendo la vigencia plena del artículo tercero
constitucional y derogando las contrarreformas que impulsaron la educación
privada.
7.- Elevar a rango
constitucional la prohibición expresa para la privatización del patrimonio
nacional.
8.- Suprimir los sueldos
vitalicios que se han establecido por ley y que constituyen una agresión contra
los intereses populares.
9.- Establecer como
delitos graves con sanciones severas la privatización del patrimonio de la
nación o partes de él, así como la disposición de los recursos públicos por los
funcionarios de gobierno.
10.- Incorporar a la
Constitución Mexicana expresamente el principio de que los delitos cometidos
por los funcionarios contra la nación y contra el pueblo no prescriben nunca y
que, por tanto, son exigibles en cualquier momento. Incorporar dicho principio
en relación con la conducta del presidente de la República, los senadores, los
diputados federales, los integrantes de la Suprema Corte de la Nación, los
gobernadores, los diputados locales, los miembros de los Tribunales Superiores
a nivel estatal e integrantes de los ayuntamientos.
11.- Derogar el fuero que
tienen los funcionarios públicos y establecer el mandato de que puedan ser
enjuiciados en cualquier momento de su encargo o después de concluido.
12.- Elevar a rango
constitucional, a nivel federal, estatal
y municipal las figuras del plebiscito, del referéndum, la consulta popular y
la revocación del mandato, mediante procedimientos sencillos para su
realización, a fin de que el pueblo recupere su soberanía.
13.- Abrogar y derogar
todas las leyes aprobadas en los últimos 32 años que se opongan a las medidas
anteriores o que las hagan nugatorias, mediante una legislación pronta que
restablezca los intereses del pueblo mexicano. Y de manera inmediata echar
abajo las contrarrevolucionarias reformas estructurales impuestas por el
gobierno traidor de Peña Nieto.
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