martes, 9 de septiembre de 2014

LA LUCHA POR LA EMANCIPACIÓN DE MÉXICO

Desde 1982 los gobernantes neoliberales aislaron paulatinamente a México de Latinoamérica y con descarada desvergüenza lo convirtieron en el patio trasero de los yanquis. Si hoy algún gobierno de América Latina no participa de los afanes libertarios y de justicia social que animan a la mayoría de los gobernantes latinoamericanos, ese es el gobierno mexicano.

Como peones de las transnacionales y de la oligarquía nativa, desde hace más de tres décadas, los gobernantes neoliberales participaron febrilmente en la transferencia desenfrenada del patrimonio nacional a los intereses privados, es decir, la riqueza pública se transfirió a la riqueza privada y, en consecuencia, condujeron la economía nacional al desastre y a la quiebra de la soberanía nacional.

Con la privatización de los recursos energéticos, el neoliberalismo en México, ha tocado fondo, porque ya nada más quedarían los edificios públicos por privatizar como se dice entre el pueblo.

Durante el proceso de privatizaciones se fue privatizando, también, el gobierno. Al tiempo que se despojó al pueblo de su patrimonio recuperado de manos coloniales, con las tres grandes revoluciones que marcan la vida de México en las últimas dos centurias (Independencia, Reforma y Revolución), se destruyeron sus instituciones políticas. Hoy ninguno de los tres poderes de la Unión representa los intereses de la nación y del pueblo.

Más que en el pasado los gobernantes están dedicados febrilmente a realizar turbios negocios con el patrimonio nacional y los recursos públicos propiedad de los mexicanos. Al mismo tiempo, invocando una falsa modernidad, protegen a los buitres de los negocios que ya han penetrado al gobierno. Existe una relación de mafias entre los gobernantes y los potentados. El resultado ha sido el saqueo descarado de la riqueza del país.

Todos los neoliberales, sin excepción, se han conducido como vulgares demagogos y han caído en el cinismo político más abierto. Falsean la realidad, engañan al pueblo y le mienten permanentemente. El establecimiento de sueldos vitalicios para funcionarios públicos agrede la esencia misma de la República y restablece en los hechos el régimen monárquico.

De manera burda han despojado al pueblo de su carácter soberano y se oponen, por todos los medios a su alcance, a que el pueblo sea el que decida.

El impulso a la educación privada en décadas le ha dado resultado a la oligarquía que, ahora, ha colocado en el poder a los cuadros profesionales formados en sus escuelas y con su filosofía. La práctica ha demostrado que la educación privada ha creado verdaderos estafadores y delincuentes cuando asumen funciones públicas.

En el curso de las últimas tres décadas la distancia política entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional se redujo a cero. Además ambas organizaciones políticas están penetradas hasta los huesos por la corrupción, base y sustento de las privatizaciones y otras acciones criminales perpetradas desde el poder. Los neoliberales son corruptos por naturaleza, son corrompidos y corruptores. Con ellos en el poder México no tiene porvenir.

El PAN de cogobernante pasó a ser gobernante en contubernio con el PRI, y éste, que en estricto sentido no es un partido político porque en su interior se da la lucha de clases, recorrió un rápido camino: del nacionalismo revolucionario a una pretendida (y falsa) posición centrista; de ahí se desplazó rápidamente a la derecha. Hoy, bajo, la dirección de Peña Nieto, es una organización colocada en la ultraderecha, y quien lo dude puede ver los constantes reclamos de amasiato y maridaje que le hacen frecuentemente los panistas.

El reaccionario y fascista Bravo Mena, cuadro destacado de la contrarrevolución, lo dijo para que todo mundo lo entienda. Textual: “Peña Nieto concretó el programa histórico del PAN”. Así o más claro.

Por lo tanto, uno de los hechos políticos más relevante de las últimas tres décadas fue  el ascenso de la contrarrevolución al poder.

Precisamente este hecho pone en riesgo el porvenir inmediato de México como país independiente y soberano, sin hablar ya de un país justo que desde hace años fue cancelado por los neoliberales.

El pueblo mexicano iniciará, más temprano que tarde, un vigoroso movimiento de emancipación soberana, económica, política, social y cultural para cumplir los grandes objetivos de su historia. Ese movimiento de emancipación requiere la reagrupación de las fuerzas progresistas y democráticas con un programa mínimo que contemple la recuperación del contenido avanzado de la Constitución mexicana, que la depure de los parches pegados por el neoliberalismo y que la enriquezca con disposiciones que protejan a la nación y al pueblo, y castiguen la felonía de los funcionarios. Los siguientes puntos conducirían a este gran objetivo nacional:

1.- Nacionalizar al gobierno para ponerlo al servicio del pueblo.

2.- Rescatar la soberanía popular, fortaleciendo los mecanismos para que sea el pueblo el que dirija su gobierno.

3.- Restablecer (haciendo efectivo el mandato constitucional) la propiedad originaria de la nación sobre el suelo y el subsuelo, medida que permitirá rescatar los recursos energéticos, los recursos minerales y todos los recursos naturales que se han entregado y se están entregando a la oligarquía.

4.- Nacionalizar, con el sustento anterior, la riqueza petrolera, la producción y comercialización de la energía eléctrica, y rescatar, bajo el mismo criterio, la riqueza minera, la banca y el crédito.

5.- Restablecer los derechos laborales que han desaparecido de la ley o aquellos que, a pretexto de la modernidad, los neoliberales han conculcado a los trabajadores.

6.- Fortalecer la educación pública restableciendo la vigencia plena del artículo tercero constitucional y derogando las contrarreformas que impulsaron la educación privada.

7.- Elevar a rango constitucional la prohibición expresa para la privatización del patrimonio nacional.

8.- Suprimir los sueldos vitalicios que se han establecido por ley y que constituyen una agresión contra los intereses populares.

9.- Establecer como delitos graves con sanciones severas la privatización del patrimonio de la nación o partes de él, así como la disposición de los recursos públicos por los funcionarios de gobierno.

10.- Incorporar a la Constitución Mexicana expresamente el principio de que los delitos cometidos por los funcionarios contra la nación y contra el pueblo no prescriben nunca y que, por tanto, son exigibles en cualquier momento. Incorporar dicho principio en relación con la conducta del presidente de la República, los senadores, los diputados federales, los integrantes de la Suprema Corte de la Nación, los gobernadores, los diputados locales, los miembros de los Tribunales Superiores a nivel estatal e integrantes de los ayuntamientos.

11.- Derogar el fuero que tienen los funcionarios públicos y establecer el mandato de que puedan ser enjuiciados en cualquier momento de su encargo o después de concluido.

12.- Elevar a rango constitucional, a nivel federal,  estatal y municipal las figuras del plebiscito, del referéndum, la consulta popular y la revocación del mandato, mediante procedimientos sencillos para su realización, a fin de que el pueblo recupere su soberanía.


13.- Abrogar y derogar todas las leyes aprobadas en los últimos 32 años que se opongan a las medidas anteriores o que las hagan nugatorias, mediante una legislación pronta que restablezca los intereses del pueblo mexicano. Y de manera inmediata echar abajo las contrarrevolucionarias reformas estructurales impuestas por el gobierno traidor de Peña Nieto.

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