Como
estaba previsto y fue denunciado con bastante anticipación, la propuesta
desnacionalizadora del petróleo presentada por Peña Nieto –que también incluye
la energía eléctrica- tiene como base las mismas mentiras y falsedades, que los
neoliberales han manejado desde 1982.
Sin
ninguna duda, la propuesta de modificación a los artículos 27 y 28 de nuestra Constitución,
política y jurídicamente es un atentado contra los intereses nacionales.
A simple vista se advierte
que la iniciativa de Peña despoja a la nación de una actividad que el texto
constitucional vigente le otorga de manera exclusiva, para dar entrada a las
compañías petroleras extranjeras y volver a la situación anterior a 1938.
Se trata de una
desnacionalización abierta, cínica, y descarada porque no sólo despoja a la
nación de su plena soberanía sobre los recursos energéticos, sino que la despoja
de los beneficios que su explotación le ha generado desde 1938.
La
Constitución nacional, en su artículo 27, resguarda los recursos energéticos
petroleros para la nación. Ordena: “Tratándose del petróleo y de los
hidrocarburos de hidrogeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales
radioactivos, no se otorgarán
concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y
la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos
que señale la ley reglamentaria”.
La contrarreforma neoliberal que
Peña Nieto propone dice: “Tratándose… no se expedirán concesiones y
la Ley Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación
llevará a cabo las explotaciones de esos productos.”.
La reforma peñista abre, así,
la puerta para que regresen las compañías petroleras que fueron expulsadas, con
la expropiación y nacionalización petrolera, en 1938.
Es un acto de traición a la
patria.
Para justificar la
desnacionalización, el gobierno de Peña Nieto y su partido han orquestado una
campaña intensa plagada de mentiras: le mienten al pueblo cuando le dicen que la
economía mexicana crecerá, que se crearán miles de empleos, que bajarán los
precios de la gasolina, del diesel, del gas, de la energía eléctrica.
Le mienten cuando dicen que
no se privatiza el petróleo. Veamos lo que afirman los voceros de las empresas
petroleras extranjeras:
El Washington Post, que no se chupa el dedo y no se anda por las ramas
sostiene que “los cambios que Peña Nieto busca en Pemex, un monopolio motivo de
orgullo nacional abrirán la puerta para que los gigantes petroleros como
Exxxon, Mobil o Shell puedan entrar a este lucrativo sector en México”.
La prensa española,
principalmente el periódico conservador y neocolonizador, El País, señala que la apertura al sector privado del petróleo, gas
y electricidad promovida por Peña Nieto, dará grandes beneficios a las
energéticas españolas.
Así, o más claro señores desnacionalizados
y desnacionalizadores.
Queda claro que con su
iniciativa, Peña Nieto y su partido pretenden constitucionalizar el saqueo de
la nación; su propuesta significa un despojo violento del patrimonio nacional, y trata, al mismo tiempo de
legalizar las abiertas e intencionales violaciones constitucionales que
sucesivos gobiernos del PRI y del PAN cometieron, al otorgar a empresas
privadas contratos en una actividad que nuestra Constitución reserva
exclusivamente a la nación.
El gobierno pretende darle
legalidad a lo ilegal en aras de quedar bien con sus verdaderos amos.
Por lo tanto, se trata de un
despojo constitucional en vía de convertirse en despojo energético -petróleo y
electricidad- y de ahí hacia el despojo territorial y de soberanía nacional.
De ese tamaño y de esa
gravedad es la propuesta de este gobierno neoliberal.
Peña Nieto vuelve a repetir
lo que los neoliberales que asaltaron el poder en 1982 dijeron en el curso de
los últimos 33 años en torno a las diversas privatizaciones, y que escuchamos
hasta el cansancio.
Cuando se privatizaron, por
ejemplo, las líneas aéreas, la industria siderúrgica, las minas; cuando se
propuso el Tratado de Libre Comercio y la reprivatización de la Banca, que
condujo rápidamente a su extranjerización, prometieron acabar con la pobreza,
crear empleos, bajar los precios de artículos básicos de consumo, etc.
Pero los resultados de esas
privatizaciones están a la vista de todo mundo: remataron el patrimonio
nacional, empobrecieron al pueblo, convirtieron en multimillonarios a unos
cuantos; llegó el momento en que México fue el campeón mundial de los salarios
más bajos, bajaron los niveles de la educación, convirtieron a México en patio
trasero de los yanquis y elevaron estratosféricamente los índices delictivos;
cancelaron el crecimiento económico nacional y nos hicieron más dependientes.
El neoliberalismo es una
fábrica eficaz para crear pobres. Eso está probado y comprobado en México hasta
la saciedad. Después de tres décadas, 60 millones de mexicanos -es decir uno de
cada dos mexicanos- padecen algún tipo de pobreza; el desempleo es un azote,
principalmente para los jóvenes; el costo de la gasolina, el gas, se incremento
brutalmente; la economía mexicana ha tenido el peor desempeño de los países de
América Latina, y las desigualdades sociales han llegado a niveles intolerables.
Frente a 60 millones de
pobres, el neoliberalismo produjo, en México, 35 multimillonarios, la totalidad
beneficiados con las corruptas y escandalosas privatizaciones.
Su obra la culminaron, estos
apátridas, con el establecimiento de un régimen antidemocrático con tintes
autoritarios y despóticos.
Ahora los neoliberales le siguen
mintiendo al pueblo mexicano para continuar rematando el patrimonio nacional.
Ninguna de sus promesas se cumplió, ahora tampoco se cumplirán. La amarga
experiencia así lo demuestra.
Esas promesas fueron y son simple
demagogia, porque a los neoliberales -los de ayer y los de hoy- no les interesa
crear empleos, fortalecer la soberanía nacional, mejorar los salarios, bajar el
costo de los servicios públicos fundamentales como el uso de la gasolina, el
gas, la electricidad, sino garantizar a sus amos las máximas ganancias.
Esta nueva ofensiva contra el
pueblo, al pretender entregar nuestro petróleo a empresas petroleras
extranjeras, demuestra una vez más que los neoliberales mexicanos son, sin
excepción, desnacionalizados y tienen mentalidad de colonizados. A eso le llaman
modernidad.
Además,
es una aberración política, para no utilizar un término altisonante, invocar en
una iniciativa claramente desnacionalizadora la figura del Presidente Lázaro Cárdenas, nacionalizador del
petróleo. Burda y grosera manipulación de la respetada y querida
figura de un presidente patriota
como Lázaro Cárdenas.
Los calificativos de
perverso, falto de ética, irrespetuoso, falseador de la historia, que le han
endilgado a Peña Nieto por utilizar a Lázaro Cárdenas para apoyar su proyecto
desnacionalizador, son benévolos frente a los que se le hacen masivamente en
las redes sociales, que expresan la irritación y el desprecio de amplios
sectores sociales.
Al invocar cínicamente al
nacionalizador del petróleo para justificar el crimen desnacionalizador que
pretende, Peña Nieto traiciona al
pueblo de México, traiciona la figura y el legado histórico de Lázaro Cárdenas
y traiciona, también, la política nacionalista del Presidente Adolfo López
Mateos, bajo cuyo mandato se incorporaron las disposiciones constitucionales
nacionalistas que Peña quiere borrar.
Por cierto, en una actitud de
bravucón de barrio el dirigente nacional del PRI dice que saldrán a la calle a
defender la iniciativa desnacionalizadora de Peña Nieto.
Que se recuerde, en México,
la única movilización amplia que encabezó, no el PRI, sino el Partido de la
Revolución Mexicana, PRM, arropado ideológicamente por el patriota Lázaro
Cárdenas, es decir por el nacionalismo revolucionario, fue para apoyar la
nacionalización del petróleo, defendida por el pueblo en la que participó con
sus aportaciones económicas para pagar a las petroleras.
La movilización popular
alrededor de la Nacionalización de la Banca, decretada por López Portillo, no
la encabezó el PRI, sino otras fuerzas progresistas. Al PRI no se le da la
calle y menos cuando pretende justificar este atropello al interés nacional.
Los mexicanos sabemos que,
hoy, los intereses populares no están representados por ninguno de los poderes
de la Unión, al contrario, como lo muestra la iniciativa energética de los
desnacionalizados, esos poderes son enemigos del pueblo y de la nación.
En estas circunstancias sólo
el pueblo soberano puede impedir que se consume el nuevo crimen neoliberal de
lesa patria. Su resistencia y oposición a la conducta entreguista de Peña
Nieto, su partido y los alcahuetes del PAN, debe acompañarse con acciones que
denuncien, enjuicien y castiguen a los traidores a la patria. Llegó el momento
de definir y realizar esas acciones para castigar la felonía de los
gobernantes.
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