LA RENUNCIA DE PEÑA NIETO

Aunque ya se sabía, no deja de causar indignación el contenido de la parte esencial del reporte Petróleo, México y el acuerdo transfronterizo , al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, publicado en la edición de La Jornada del 2 de diciembre del año en curso.

En la nota del periódico mexicano se dice que ese reporte fue realizado en octubre de 2012 por el equipo de asesores, encabezado por Richard Lugar. “Sus enviados se reunieron con el equipo de transición del entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, y encontraron, detallan, disposición para ir por una reforma constitucional que permita la participación de transnacionales en la explotación del petróleo”.

“Refieren que se reunieron también con directivos de Pemex, con dirigentes y legisladores, y un líder del PRI comentó: “tenemos la voluntad (de cambiar la Constitución); de lo que no estamos seguros es de contar con los votos”. Otros de los dirigentes del equipo de Peña Nieto reconocieron que las reformas energéticas que no tocan la Carta Magna no funcionan”.

La información precisa que a “Estados Unidos le interesa que México lleve a cabo una reforma significativa a Petróleos Mexicanos (Pemex), capaz de atraer el interés de las empresas petroleras internacionales para invertir su capital y experiencia, ya que su seguridad energética depende de que se mantenga la cuota de importación del crudo mexicano”.

La nota informativa de La Jornada abunda sobre el reporte de los asesores yanquis: “México es importante para la seguridad energética de Estados Unidos, porque es una fuente cercana y políticamente confiable para la importación del petróleo”.

Advierten que “las inversiones de gran escala serán posibles siempre y cuando las trasnacionales “puedan registrar las reservas en la Comisión de Cambios y Valores de Estados Unidos, una forma de contabilidad financiera que no incluirá inversiones conjuntas o contratos de riesgo con Pemex”.

De acuerdo con la nota informativa, en el reporte al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos se dice que “México está sentado sobre 10 mil 400 millones de barriles de petróleo en reservas probadas, cifra que se puede duplicar por el petróleo no convencional. Su existencia en aguas profundas está plenamente probada; sólo en Chicontepec se estiman en 17 mil millones de barriles”.

En la parte final de la nota informativa de La Jornada se destaca: “En este reporte, que tiene fecha del 21 de diciembre de 2012, se resalta asimismo que en el caso del gas encontraron que sus interlocutores (mexicanos) eran optimistas sobre la posibilidad de reformas para abrirlo al capital privado, dada la menor sensibilidad política que produce en relación con el petróleo. Al respecto, detallan, que el gobierno de Estados Unidos estima que México posee una de las reservas de gas shale más grandes del mundo, de 680 billones de metros cúbicos, y es urgente que se explote”.

Hasta aquí la nota informativa de la Jornada.

Esto que ahora se da a conocer en México con mayor detalle, ya había sido denunciado con bastante anticipación. En este mismo blog en el Manifiesto al Pueblo de México, publicado el 14 de julio de 2013, se dijo: el gobierno ha decidido convertir al petróleo mexicano en la mayor reserva petrolera de los yanquis, sin importarle los intereses y el bienestar de nuestro pueblo, y menos la soberanía de la Nación.

Toda la información que se tenía y la que va surgiendo confirma que la conducta de Peña Nieto, la de su gabinete, y la de los legisladores de ambas cámaras que llegaran a aprobar la propuesta presentada, se tipifica jurídicamente como delito de Traición a la Patria.

El artículo 123 del Código Penal Federal establece: Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes:

I.- Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero,

XIII.- Trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración;

Los mexicanos sabemos por experiencia propia que la soberanía petrolera es parte sustancial de nuestra soberanía como Nación y pilar de la seguridad nacional.

La decisión de Peña Nieto, de su partido y de miembros de su gabinete de reformar los artículos 27 y 28 constitucionales y propiciar el regreso de las empresas petroleras extranjeras, además de saquear la riqueza nacional, pretende entregar parte del suelo y subsuelo del territorio mexicano a esas empresas, poniendo en grave riesgo la soberanía de la nación y el desarrollo económico del país.

Insisto: su propuesta de reforma energética para desnacionalizar el petróleo y, de paso, la electricidad encuadran perfectamente en los supuestos de los incisos I y XIII del artículo 123 del Código Penal Federal.

Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que presentará la acusación contra Peña Nieto, por el delito de Traición a la Patria. Ha señalado que existen elementos para fundar esa acusación con base en documentos que materialmente posee, donde se prueba que Peña Nieto contrajo el compromiso en Londres y Estados Unidos con empresas petroleras extranjeras para entregarles parte de la riqueza energética de México.

AMLO fue preciso en este aspecto. Afirmó: “tengo documentos y pruebas de los acuerdos, en Londres y EU, de EPN con petroleras extranjeras”

Con estos elementos y con los que detalla la nota de La Jornada que encabeza este artículo, se probará plenamente que el presidente de la República, debe ser juzgado y castigado por el delito más grave por el que puede ser juzgado y castigado un mexicano.

Por su parte la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación ya ha circulado un borrador en que se contiene material esencial para hacer la acusación por el delito de Traición a la Patria contra Peña Nieto y varios integrantes de su gabinete.

Y una actitud que refuerza esa demanda, y que en cierto sentido se adelanta a los acontecimientos por venir, es la que plantea la renuncia de Peña Nieto a la presidencia de la República.

El apoyo inusitado al planteamiento del General de División Diplomado del Estado Mayor Presidencial, Jesús Jaime García exigiendo la renuncia de Peña y de todo su gabinete, y la misma exigencia planteada a través de las redes sociales por miles de mexicanos, son más que un síntoma.

La demanda expresada en paredes, casetas telefónicas, escuelas, centros deportivos, edificios públicos, mercados, centros comerciales, unidades de pasajeros e infinidad de lugares, y las voces de la gente que se escuchan en todas partes, bajo la breve demanda de “Fuera Peña”, refleja que ya es una exigencia amplia del pueblo mexicano.

Todas estas expresiones demuestran que si viviéramos en un régimen democrático y vigentes figuras como la revocación del mandato, previa consulta popular, Peña y su gabinete no durarían un día más en el poder, y lo mismo ocurriría con otros funcionarios públicos.

Además, con una aceptación del 4.9% como la que tiene el gobierno de Peña entre los mexicanos, al terminar el año 2013, cualquier propuesta o decisión que emane del ejecutivo federal es ilegítima por donde quiera que se le vea. Peña Nieto no tiene el apoyo popular, al contrario, es rechazado y repudiado por los sectores mayoritarios del país.

Medios nacionales (aún los incondicionales del gobierno) e internacionales señalan el desprestigio del gobierno neoliberal de Peña Nieto. Para muchos su tiempo se acabó y continuará su caída en picada.

La demanda popular de la renuncia de Peña Nieto y su gobierno nos coloca en la antesala de acontecimientos trascendentes para la nación mexicana.