EL GOBIERNO DE PEÑA NIETO

En México hemos llegado a tal grado de desigualdad social y de simulación democrática que se requiere –como condición esencial para seguir avanzando- abolir todos los privilegios que la oligarquía y los gobernantes a su servicio se han dado en perjuicio del pueblo.

Llevamos más de treinta años de despotismo neoliberal, que se pretende continuar a pesar de la irritación social presente en el territorio nacional de diferentes formas.

Bajo el actual gobierno asistimos al cambio de naturaleza de lo que fue el poder popular por excelencia: el poder legislativo. Este poder se está transformando, a los ojos de todos, en una asamblea de notables, despojado de su funciones deliberativas y resolutivas, desempeñando el papel de una simple oficina de trámites de las iniciativas del ejecutivo federal, impuestas y avaladas previamente por una junta de notables, que simulan representar a partidos distintos, sólo diferentes en nombre pero que comparten los mismos intereses.

El presidente de la República en su empeño por atraer las inversiones extranjeras, a toda costa, casi pone a remate el patrimonio nacional, ofreciendo en bandeja de plata al capital foráneo lo que con muchos esfuerzos varias generaciones de mexicanos hemos sabido rescatar y conservar para el patrimonio nacional, que debe ser declarado, por ley, propiedad inalienable de la nación.

En ningún caso, y en ninguna circunstancia puede el titular del ejecutivo federal actuar como gerente de empresas o mandadero de los empresarios. La Constitución nacional le impone la obligación de actuar como representante de la nación, como mandatario del pueblo. 

  

La Constitución nacional se sigue violando sin que pase nada. Exactamente un día antes de que el gobierno federal actual tomara posesión, el 30 de noviembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una adición al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando que la República mexicana es laica. Y si los altos funcionarios no saben qué significa laica, que se remitan al artículo 3º. constitucional.

Dice la fracción I del citado artículo: “Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”.

No se trata del significado etimológico o gramatical del término laica, sino de su acepción constitucional. Y si el artículo 40 constitucional señala que somos una República laica, todos los funcionarios, desde los integrantes de los gobiernos municipales, los funcionarios estatales, los del Distrito Federal y los federales, encabezados por el presidente de la República, tienen la obligación, como funcionarios insisto, de respetar el carácter laico de la República mexicana. Su conducta pública debe “mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”.

Cumplir con esta obligación que les impone la Constitución nacional no les prohíbe tener una creencia religiosa que, por lo demás, es un derecho que les concede, en forma clara, el artículo 24 de la misma Constitución. Lo que tienen prohibido es violar el carácter laico de la República mexicana.

Así es que empezando este sexenio y, seguramente por ignorancia, varios funcionarios federales y del Distrito Federal, encabezados por el Lic. Enrique Peña Nieto, violaron la Constitución al asistir a la misa en que asumió el poder del Vaticano el Papa argentino, que ahora encabeza la iglesia romana. Pero habrá que recordar que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento, y menos de la Constitución.

Durante los primeros cuatro meses de gobierno priista, los mexicanos hemos asistido al restablecimiento de la política represiva en contra de las inconformidades sociales, económicas y políticas. Lo que ocurrió el primero de diciembre de 2012 no puede atribuirse a la casualidad, ni siquiera a la provocación. Montar una provocación e invocarla como razón para la represión recuerda lo que ocurrió en 1968, cuando el movimiento estudiantil fue brutalmente reprimido, con los graves saldos que se mantienen en la memoria de millones de mexicanos y que marcaron la conciencia, de manera particular, de quienes éramos estudiantes de la UNAM, y de todas las escuelas públicas de México.

La represión contra los maestros opuestos a la llamada reforma educativa (cuyo texto  se agregó al artículo 3º. Constitucional cuando era propio de la ley secundaria) indica que el gobierno no está dispuesto a dialogar ni a escuchar.

En los cuatro meses transcurridos de este sexenio, los mexicanos hemos sido víctimas de una propaganda terca del gobierno federal, que invocando falsos motivos quiere justificar la privatización de Pemex. Las cosas son claras: Pemex es una empresa nacionalizada, y si se propone la participación de intereses privados, mejor dicho de empresas petroleras extranjeras, para realizar las funciones que le son propias a la empresa estatal, de manera exclusiva por mandato constitucional, eso es privatización, aquí y en cualquier parte.

Nos quieren espantar con el petate del muerto, diciendo que si no se permite que petroleras extranjeras penetren a Pemex, no vamos a crecer. Y ese “argumento” lo extienden a sus llamadas reformas estructurales. Nos dicen: si se aprueban crecemos, si no se aprueban seguiremos estancados. Eso han dicho los neoliberales desde 1982 que, además, remataron impunemente el patrimonio nacional. Ni crecimos, ni se crearon empleos. Su mayor logro fue convertir a México en una fábrica de pobres: hoy con más de 60 millones en esa situación, casi la mitad de la población. Convirtieron a México, con sus famosos y anacrónicos cambios estructurales, en uno de los países más desiguales de América Latina.

 Y creyendo que todo mundo ignora lo que ocurre en materia petrolera, el gobierno priista sostiene que el ejemplo a seguir en México es  el de Petrobras de Brasil. Y no han tenido que esperar mucho por la respuesta.

Ya les dijeron que lo de Petrobras es un mito; que Brasil perdió parte de su patrimonio y la misma empresa se devaluó; que del 100% en manos de Brasil pasó a tener solamente el 10% de los impuestos en materia petrolera. Una auténtica y verdadera desnacionalización. Hoy Brasil tiene el 48% de acciones de Petrobras, Estados Unidos el 31% y el resto lo tienen bancos privados. Si esto es lo que quieren, que lo digan, pero que no le mientan al pueblo.

¡Y todavía tienen el descaro de afirmar que defender a Pemex y al petróleo nacionalizado es un tabú! Parece un chiste de mal gusto de los neoliberales –si no estuviera de por medio la soberanía nacional- afirmar que con la participación de empresas petroleras se va a afianzar la mexicanidad de Pemex. Por favor.

Les han recordado y explicado con detalle que “el petróleo aporta, en México, el 40% del presupuesto federal. Eso quiere decir que gracias al llamado oro negro se mantienen buena parte de las escuelas públicas, hospitales y demás servicios públicos” Y que “dejar las ganancias del petróleo en manos privadas, ya sean nacionales o extranjeras, implicaría crear un hueco considerable en las finanzas públicas”.

Pero no. Insisten tercamente en desnacionalizar los recursos petroleros y destruir a Pemex, que fue una conquista de la Revolución Mexicana, y que debe preservarse como tal.

En materia fiscal la intención de aplicar el IVA a los alimentos y medicamentos es aberrante. El ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente afirmó, recientemente, que aplicar el IVA a los medicamentos es establecer un impuesto a los enfermos, porque son los enfermos los que compran medicamentos, no las personas sanas, (no sé si esto lo puedan entender los funcionarios públicos partidarios de aplicar el IVA a las medicinas) y, además, porque el gasto en la compra de medicamentos por las instituciones de seguridad social se dispararía, gravando innecesariamente los recursos públicos aportados por los mexicanos, no por hermanas de la caridad.

Alguien reflexionaba, con acierto, que ni siquiera al chacal Huerta se le hubiera ocurrido establecer un impuesto a las personas sólo por enfermarse, y que ese propósito del gobierno actual queda muy pequeño al lado de los impuestos establecidos en tiempos de Santa Ana a las gallinas y a las ventanas.

Y en el límite de lo irracional y la locura, un priista afirmó que aplicar IVA a medicamentos y alimentos era una cuestión de justicia social. ¡Qué barbaridad!

En Brasil, al contrario de lo que el gobierno de Peña Nieto quiere hacer en México,  la presidenta Dilma anunció la eliminación de los impuestos federales que se cobraban a la canasta familiar, y señaló textualmente: “la aplicación de esta medida supondrá un costo anual de aproximadamente 3 mil 850 millones de dólares por concepto de impuestos, pero los beneficios que vendrán para la vida de las personas y para nuestra economía compensan ese corte en la recaudación”. Está claro lo que se quiere aquí y lo que se busca allá.

Y todo porque en más de 30 años de neoliberalismo los gobernantes dejaron de aplicar el principio constitucional que establece como obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos según su capacidad económica, es decir, que pague más el que más tiene, menos el que menos tiene y que nada pague el que nada tiene.

En abierta y descarada violación a ese mandato constitucional, según datos de la Auditoría Superior de la Federación, Calderón devolvió impuestos a grandes contribuyentes por el equivalente al 13.8% de la recaudación total en 2011. Entre ellos el IVA que los consumidores pagamos al adquirir productos y se los regalaron a los empresarios.

El inicio de este sexenio está marcado por la aprobación de la contrarreforma laboral. Simplemente el pago del trabajo por horas ha creado desesperanza, sobre todo en los jóvenes que, de esa manera, serán prácticamente expulsados del país en busca de otras alternativas para vivir, o enviados directamente a los brazos de los narcotraficantes. Los efectos de la contrarreforma laboral en este aspecto van a ser devastadores, como devastador sigue siendo el elevado número de muertos atribuidos al crimen organizado, sin que el gobierno aplique medidas que detengan la inseguridad pública.

Los “espectaculares” anuncios de los primeros meses de gobierno no han cambiado la realidad que vivimos los mexicanos. El  gobierno priista es una prolongación, con nuevos funcionarios, de los gobiernos panistas que, a su vez, fueron continuación de los gobiernos priistas a partir del año 2000. Cobijados con el neoliberalismo destruyeron conquistas importantes de los mexicanos, y ahora se busca concluir esa ingrata tarea.

De manera descarada el dirigente del PRI en la Cámara Federal de Diputados   informó, hace pocos días, que preparaba una iniciativa de ley para legalizar las violaciones y delitos cometidos contra la Constitución mexicana que prohíbe a los extranjeros, en el artículo 27,  tener propiedad en una faja de 50 kilómetros en las playas, territorio del que se ha despojado a México por las maniobras burdas y la corrupción de funcionarios federales, estatales y municipales.

Lo que quiere desaparecer de la Constitución el diputado del PRI, Beltrones, es el siguiente párrafo del artículo 27 constitucional: “En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas”.

Al suprimir esta disposición constitucional, lo que quiere el nuevo PRI es enajenar, sin prohibiciones, el territorio nacional y permitir que unos cuantos hagan grandes negocios.

 Para los neoliberales, para el nuevo PRI, muchas de las disposiciones y mandatos constitucionales son un tabú del que hay que deshacerse. Les avergüenza y les estorba la obra patriótica y revolucionaria del Constituyente de Querétaro. Que no finjan.

En cambio, para el pueblo urge restablecer la vigencia plena de la Constitución mexicana para rescatar a México de las garras del neoliberalismo, para rescatar la educación pública del desastre en que la han sumido, para restablecer la justicia social destruida por las profundas desigualdades que han provocado, para rescatar la soberanía nacional enajenada vergonzosamente como una mercancía.

Por ello urge colocar como una de las principales prioridades el rescate de la soberanía nacional, garantizando a los mexicanos el pleno disfrute de sus recursos energéticos nacionalizados por la Revolución Mexicana, asegurando la soberanía energética y alimentaria, estableciendo la soberanía tecnológica.

Volver a nacionalizar el petróleo mexicano y rescatar a Pemex de la corrupción y el saqueo descarado a que ha sido sometido. Volverlo a colocar en el centro del desarrollo económico y social de los mexicanos.

Porque México no aguanta más neoliberalismo.