PRIANRD= A CORRUPCIÓN Y SAQUEO

México es Tierra de libres

 y tumba de tronos, coronas y traidores

Pancho Villa.

 

La lucha de clases, en México, es intensa. A partir del triunfo electoral y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la derecha, la ultraderecha y los fascistas, en amasiato desde 1982, se lanzaron con todo contra el nuevo gobierno.

Toda declaración del gobierno, medida gubernamental o iniciativa legislativa es criticada por esa agrupación apátrida y profundamente corrupta, pero en ningún caso presentan una propuesta. La razón de esto es que su objetivo principal es regresar al neoliberalismo, y si eso lo dijeran abiertamente recibirían, de manera más intensa que ahora, el repudio del pueblo.

Los reaccionarios de todo tipo, que han sido exhibidos como verdaderos delincuentes, corruptos irredentos, apátridas y desnacionalizados, se han dedicado a ofender al presidente López Obrador.

La mayoría de los columnistas, que durante el neoliberalismo recibieron carretilladas de dinero del erario público, están furiosos, fuera de si, verdaderamente rabiosos. Se comportan como una jauría para atacar al gobierno de la República. Sólo el Presidente les ha contestado, los ha dejado en cueros frente a la opinión pública nacional y mundial.

Lo mismo pasa con los políticos neoliberales, que robaron y saquearon al país como nunca en la historia de México. Es muy larga la lista de atrocidades -robos a la luz pública, saqueos descarados, acciones contra la nación mexicana, contra el pueblo de México, entrega de la riqueza nacional, saqueo de las arcas públicas y muchas acciones criminales- que se cometieron desde el poder público en 36 años de neoliberalismo.

Todos los ex presidentes postulados por el PRI y el PAN, ex funcionarios públicos de esos dos partidos, así como una gran cantidad de empresarios (neoliberales hasta la médula, verdaderos mafiosos, corruptos descarados) están implicados en la comisión de delitos. Todos deben ser juzgados y castigados. Las pruebas que confirman lo anterior se han dado a conocer, y otras nuevas seguirán saliendo.

Su actitud frente a la pandemia los vuelve a mostrar de cuerpo entero, como verdaderos miserables. Todo el tiempo han lucrado con la pandemia, con el número de infectados, y lo peor: con los fallecidos. En el colmo de la descomposición y el cinismo han estado lucrando electoralmente con la tragedia: la degradación humana en su máxima expresión.

Una de las acciones últimas fue la sucia y criminal campaña contra las vacunas provenientes de Rusia y de China, campaña que sí ha confundido a personas de distintos estratos sociales, que llegan a dudar de la eficacia de todas las vacunas, y algunas han expresado su negativa a que sean vacunadas, poniendo en riesgo su salud y la de los demás.

Casi en plena pandemia nos enteramos que un número breve de mexicanos (la mayoría de ellos empresarios apátridas) sacaron dinero de México y lo llevaron a depositar a Estados Unidos. La cifra de ese saqueo (no se le puede denominar de otra manera) lo da a conocer la Reserva Federal estadunidense (Fed): 21 mil millones de dólares fueron sacados de México, durante los dos primeros años del gobierno de López Obrador.

Ellos estaban expatriando millones de dólares y aquí (de manera desvergonzada) le exigían recursos al gobierno dizque para no cerrar sus empresas y mantener el empleo. Exigían otro Fobaproa.

Se ha dicho que esa cantidad saqueada se suma a lo que ya tenían en bancos yanquis, lo que hace un total (siempre con las cifras que proporciona la Fed) de 93 mil 618 millones de dólares, cantidad que representa el 84% de la deuda externa mexicana.

Y otra información venida de Europa: en Andorra les descubrieron, a empresarios y políticos neoliberales, 48 mil millones de pesos que sacaron ilegalmente de territorio mexicano.

Existen empresarios que se niegan a pagar los impuestos que deben de los años del periodo neoliberal, donde los gobiernos del PRIAN, en contubernio, les permitían que no pagaran. El caso de la minera canadiense no sólo se expresa en su negativa para cumplir con el pago de impuestos, sino en una abierta agresión contra la soberanía nacional.

Son los mismos que malgobernaron y se beneficiaron en 36 años de neoliberalismo depredador.

Son los que casi destruyen Pemex y la CFE, consintieron y fomentaron el robro de hidrocarburos (huachicol), los que entregaron el suelo y subsuelo de enormes extensiones del territorio nacional a empresas mineras extranjeras que, además, se niegan a pagar impuestos; son los que entregaron los bancos y los ferrocarriles, son los que entregaron la siderurgia, los que entregaron los puertos y aeropuertos a intereses particulares del país y extranjeros.

Los que hicieron contratos con la petrolera Odebrech perjudiciales para Pemex y para el pueblo mexicano, y que en contraprestación recibieron sobornos para sus campañas electorales; los que estafaron la Hacienda pública para amasar grandes fortunas, los que se construyeron negocios con el dinero de los mexicanos, los que entregaban obra pública, a empresarios nativos y extranjeros, a cambio de sobornos; los que regresaron una millonada de impuestos a empresarios corruptos, que con mucha dificultades se están recuperando, con este gobierno.

Los que realizaron, de manera descarada fraudes electorales (1988, 1994, 2000, 2006 y 2012 y asesinaron a los suyos para mantenerse en el poder, de manera que, en sentido estricto, los presidentes neoliberales (Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón, y Peña Nieto) usurparon el poder durante lo años de neoliberalismo criminal.

Los que crearon organismos “independientes” para ocultar la corrupción y saquear al erario, los que promueven y realizan la fuga de capitales, como se señala más arriba (sin que los casos mencionados agoten el saqueo permanente de capitales.

Son los mismos que entregaron la soberanía nacional, y la seguridad pública a delincuentes de aquí y del extranjero. Los que también entregaron la “lucha” contra el narcotráfico a la DEA, policía norteamericana encargada de regular, según sus interés, la producción y trafico de los narcóticos (quien dude que vea lo que pasó en Paquistán y Afganistán, donde la DEA metió pies y manos, en esa materia, y generó problemas gravísimos).

Son esos neoliberales, corruptos, quienes dejaron abiertas las fronteras de México para que organizaciones criminales introdujeran miles de armas para matar mexicanos.

Los que se aliaron con el crimen organizado para mantener el poder; los que quebraron instituciones como el poder ejecutivo federal, y a muchos de los Estados; que corrompieron el poder judicial y sobornaron a sus pares en el poder legislativo para lograr contrarreformas que avalaran su entreguismo y saqueo.

Fueron los neoliberales los que se plegaron a la política yanqui, se sometieron a sus intereses, profundizaron la dependencia económica respecto al imperialismo norteamericano, y no sólo aislaron sino que enfrentaron a México con el resto de Latinoamérica. Pusieron la política exterior de México al ras del suelo, y la colocaron en el más absoluto desprestigio.

Corrompieron, en su máxima expresión, la vida política y pública de México, y al saquear los recursos de los mexicanos, empobrecieron al pueblo (al concluir el periodo neoliberal más de 65 millones de compatriotas vivían en la pobreza), lo dejaron a la deriva y enviaron a miles de jóvenes a las filas de la delincuencia, o a emigrar de México.

Lo dicho hasta aquí no agota todos los desastres realizados intencionalmente por los neoliberales. La lista es enorme, y parece inagotable, porque todos los días (a dos años del gobierno antineoliberal) se dan a conocer nuevos delitos cometidos por los neoliberales facinerosos

Los daños que ocasionaron son gravísimos y, en algunos casos irreparables (como las miles de vidas cegadas por la política criminal de los neoliberales en todos los ámbitos de la vida de los mexicanos).

La reconstrucción nacional está en marcha, pero restablecer los daños provocados lleva tiempo y grandes esfuerzos.

Se debe luchar, a partir de ya, por la continuación y profundización de todas las medidas aplicadas, y las que las circunstancias requieran en el futuro inmediato hasta rescatar plenamente a México y a los mexicanos de las garras neoliberales.

APLICAR LA EXTINCIÓN DE DOMINIO EN EL CASO ETILENO XXI

 

La Fiscalía General de la República debe acelerar las investigaciones, y ejercer acción penal, en torno a las denuncias presentadas por los sobornos de Odebrecht, ampliamente documentados tanto en Brasil como en México.

En el centro de los sobornos está la concesión a Braskem-Idesa para operar la planta Etileno XXI.

El soborno para la campaña presidencial de Peña Nieto y los sobornos para la aprobación de la reforma energética neoliberal de 2013 configuran varios delitos previstos por la legislación mexicana, y no han prescrito.

Los sobornos entregados por la empresa brasileña dieron lugar directamente a que se acordaran condiciones  leoninas  por los gobiernos de Calderón y Peña Nieto con la empresa brasileña. Es decir, los privilegios otorgados, en grave perjuicio del patrimonio de los mexicanos, son el resultado directo de los sobornos entregados.

En otros términos, hubo un acuerdo, una coalición entre los gobiernos de Calderón y Peña y la empresa de Brasil para delinquir.

Etileno XXI y su operación son el resultado de la corrupción de la empresa y de los gobiernos señalados. Y la corrupción es un delito previsto por nuestra legislación.

La Constitución en su artículo 22, concretamente en su párrafo cuarto, textualmente señala que la Extinción de Dominio “será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia  no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción…y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”.

Declarar extinto el dominio de un bien es resultado de la comisión del delito de corrupción. Y en el caso de Etileno XXI hay elementos suficientes para acreditarlo jurídicamente, pues tiene que ver con la materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos a que se refiere la parte final del citado párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Urge que la autoridad competente declare la Extinción de dominio de la planta  Etileno XXI. Esto dejaría sin valor jurídico el contrato  leonino que ha provocado un daño gravísimo a Pemex directamente y al conjunto de la nación mexicana.

Y con mayor razón urge esa declaración, porque la empresa Braskem-Idesa, ahora invoca las clausulas leoninas de ese contrato, celebrado con los criminales Calderón y Peña, para seguir robando descaradamente a México.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe ejercer plenamente la soberanía de México frente a las pretensiones inauditas de la empresa brasileña, aplicando plenamente la legislación  de México para castigar el delito de corrupción, en este caso.

Y, de manera inmediata, iniciar el proceso penal contra Felipe Calderón, Peña Nieto y los demás implicados  que participaron en ese turbio, sucio y antinacional negocio. No es posible que esos delincuentes vivan como si nada hubiera pasado. Hay que aplicarles un castigo ejemplar

Para recuperar Etileno XXI, el gobierno no debe desembolsar un solo centavo. La razón moral y jurídica está de nuestro lado y no de los delincuentes.

Ni siquiera hay que pensar en expropiar la planta Etileno XXI, sino directamente aplicar la Extinción de Dominio.

LOS EXPRESIDENTES DE MÉXICO PUEDEN SER JUZGADOS AHORA MISMO.

En los meses recientes ha salido a la luz pública información amplia sobre la conducta de los ex presidentes, a partir de 1982 hasta 1918, que probablemente constituyan delitos.

 En ese periodo quedan comprendidos los sexenios de Miguel de la Madrid, ya fallecido, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña.

 Desde el despojo del patrimonio nacional, a través de las privatizaciones, hasta la utilización de recursos públicos, y otros provenientes del extranjero para conseguir la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de desnacionalizar los recursos energéticos de México; acciones, de saqueo a la hacienda pública federal y de varios Estados, a través de maniobras sofisticadas; acuerdos con la delincuencia doméstica e internacional; otorgamiento de contratos leoninos a intereses privados que significaron un verdadero saqueo del patrimonio nacional.

 En algunos casos, y de acuerdo con la información que se ha hecho pública recientemente, se dio una verdadera organización de carácter criminal, para apoderarse de bienes públicos y causar daño al patrimonio nacional.

 Los ex presidentes casi agotaron la lista de los delitos por hechos de corrupción, que tipifica el Código Penal Federal.

 Además cometieron fraudes electorales y compra de votos con recursos públicos y, otros de procedencia ilícita, también de origen extranjero; delitos de lesa humanidad contra núcleos nativos de la población o agrupaciones sociales, y un largo etcétera en materia delictiva. 

 Hay que destacar, en primer lugar, que los ex presidentes mencionados no gozan de ningún fuero, de ningún privilegio jurídico. No tienen una situación especial, diferente al del resto de los ciudadanos mexicanos. Pueden ser acusados y juzgados en este momento, pues ninguna ley los protege: son ex presidentes. 

 En segundo lugar, quien puede acusarlos es el ministerio Público Federal representado, en este caso, por la Fiscalía General de la República. Y si alguno de ellos cometió un ilícito en alguna entidad federativa, será la Fiscalía local quien lo acuse. 

 Todo indica que hay suficientes razones jurídicas para proceder a las acusaciones, concluir las investigaciones de las ya presentadas y ejercer la acción penal contra ellos, individualmente, y donde haya coalición contra quienes se coaligaron para delinquir.

 Esta es la vía que nuestro sistema jurídico contempla porque, valga decirlo, los ex presidentes no son ya presidentes; no requieren un procedimiento especial para ser acusados, juzgados, y castigados.

 La Fiscalía General de la República ya ha recibido denuncias contra algunos de ellos. Urge que concluya la averiguación, ejerza la acción penal, y sean juzgados y castigados, porque causaron graves daños al pueblo y a la nación.

 Y que no se pasen de listos los medios, los periodistas y los articulistas neoliberales, según los cuales no hay delitos que perseguir, porque si se cometieron, justifican, éstos ya prescribieron.

 La mayoría, si no es que la totalidad de los delitos que se les imputan no han prescrito, porque se trata de conductas que tuvieron una continuidad en el tiempo, y el bien jurídico protegido (en este caso el patrimonio nacional o las finanzas públicas) siguen resintiendo gravísimos daños.

 

Es decir, los ex presidentes son plenamente imputables.

 La opinión pública y el poder público deben exigir que la Fiscalía General de la República cumpla con sus facultades constitucionales y legales. Que haya castigo y no impunidad. 

 Y sólo en caso de que las autoridades encargadas de investigar los delitos (que públicamente se les imputan) no lo hagan, entonces sí abrir el espacio para realizar la consulta popular de la que ha hablado el presidente de la República. 

 De realizarse dicha consulta (con la certeza de que el 95% de los que asistan a manifestar su voluntad lo harían a favor) el proceso acusatorio y judicial sería vinculatorio (es decir, obligatorio) para las autoridades.

EL LEGISLATIVO DEBE DECLARAR LA NULIDAD PLENA DE LA REFORMA ENERGÉTICA

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Parece que estamos cerca de tener toda la información que comprobará la existencia de una red criminal, desde el poder público, durante los 36 años de neoliberalismo depredador, y que en este blog se ha denunciado desde siempre,

Con esos elementos, deben tomarse medidas, legislativas de carácter civil, fiscal, administrativo y penal tanto para que no se vuelvan a repetir, como para castigar a los delincuentes, y reparar los graves daños que se le provocaron al pueblo y a la Nación.

Hasta hoy, la derecha neoliberal ha mostrado su evidente interés en minimizar o desvirtuar la gravedad de esos hechos delictivos, porque muchos de los que forman esa corriente antinacional y antipatriótica están involucrados y deberán ser sancionados, y otros verán afectados los jugosos negocios que se derivaron de esas acciones delictivas.

El simple hecho de decir que las audiencias que se realizan a uno de los principales delincuentes, es una cortina de humo para tapar problemas que enfrentamos los mexicanos en esta pandemia, muestra a todas luces el interés, personal y de grupo, de la derecha BMW, como acertadamente la calificó un comentarista.

Dentro de este panorama, y frente a la inminencia de que los mexicanos nos enteremos, con  certeza y con lujo de detalle, de la forma en que se utilizaron recursos públicos y otros provenientes del extranjero para sobornar a diputados y senadores del Congreso de la Unión y lograr, mediante esos sobornos, reformar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para desnacionalizar la riqueza energética de México, quedará muy clara la opción que tenemos los mexicanos.

Estaremos frente a actuaciones de carácter judicial, resultado de las innumerables audiencias que se han iniciado, y ante pruebas contundentes con validez legal.

Nadie puede aceptar y menos justificar los crímenes cometidos, por los neoliberales, desde el poder público. Y nadie puede negar que con esos delitos se dañó gravemente el patrimonio de la nación, y se puso en peligro nuestra soberanía.

Desnacionalizar los recursos energéticos de México, sobornando a legisladores para reformar la Constitución, es equiparable al delito de traición a la patria, que debe castigarse con cárcel y reparación del daño. Cierto.

Pero, como he dicho en mi anterior artículo en este blog, lo principal, lo importante, lo trascendental, es que al ser la mal llamada reforma energética, producto de un delito, como es el soborno, y una vez que quede comprobada la comisión de ese delito o esos delitos (porque el  sobornador fue uno: el gobierno de Peña Nieto, pero los sobornados fueron varios legisladores) procede que el propio Poder Legislativo, es decir, la Cámara de Diputados y Senadores, declaren que esas reformas constitucionales son nulas de pleno derecho.

Se sentaría un gravísimo precedente, en la vida legislativa de México, si se aceptara que reformas a la Constitución o la elaboración de leyes reglamentarias (como ocurrió con la legislación secundaria en materia energética) se realicen mediante sobornos. Eso sería gravísimo.

Pero todavía más: es un atentado contra la soberanía nacional, es un delito de lesa patria que esos sobornos se hayan realizado con recursos provenientes del extranjero (por las aportaciones que la petrolera brasileña Odebrecht hizo para lograr la contrarreforma energética en 2013).

Las cámaras del Congreso de la Unión no tienen ni para dónde hacerse.

Insisto: deberán decretar, mediante un acto legislativo  la nulidad plena de las contrarreformas que se le hicieron a la Constitución, para quedar en los términos y con el texto que tenía antes de esa reforma desnacionalizadora.

Y por los que participaron en el delito de soborno no cabe ninguna duda: tanto los sobornadores como los sobornados cometieron el delito de Traición a la Patria, y debe castigarse como tal.

Al declarar la Nulidad Plena de la reforma energética que los neoliberales alcanzaron por medio de sobornos llevará, por necesidad jurídica, a la invalidación de la legislación secundaria en la materia y, consecuentemente, por lógica jurídica, a la cancelación de los contratos otorgados a capitales privados, domésticos y extranjeros.

LA REFORMA ENERGÉTICA NEOLIBERAL, NULA DE PLENO DERECHO

Ha quedado claro, a los ojos de todo mundo, que las privatizaciones fueron un robo descarado a los pueblos que las sufrieron y que, quienes las realizaron eran integrantes de un cártel bastante organizado, como ocurrió en México.

Hoy existe, al menos en nuestro país, información abundante sobre los integrantes de ese cártel y sus conductas delictivas desde el poder público, en contra de los intereses de la nación y el pueblo. Muchos de esos delitos ya salieron a la luz pública, y muchos más saldrán próximamente.

Al margen de las investigaciones que hoy están abiertas sobre la corrupción delictiva de los neoliberales que gobernaron de 1982 a 2018, debe iniciarse una investigación profunda sobre las privatizaciones que se realizaron en ese periodo, porque constituyen, sin duda, un delito de lesa patria.

Hay que investigar a todos los funcionarios involucrados en ese proceso antipatriótico y antinacional y a los empresarios beneficiados, pero particularmente investigar la responsabilidad que, sin duda, tienen los que con una gran deshonra se desempeñaron como presidentes de la República y, en su caso, que reparen el daño causado al patrimonio nacional y sean sujetos de sanciones administrativas, civiles y penales.

Una investigación de esa naturaleza no está sujeta a la voluntad de una mayoría de ciudadanos, sino a la aplicación estricta de las leyes vigentes en el momento en que se realizaron las privatizaciones, y la legislación de ahora.

Las privatizaciones estuvieron viciadas de origen, porque se trató de un remate y una ganga para beneficiar intereses privados, domésticos y extranjeros, incluidos los de muchos que se desempeñaron como funcionarios públicos, y que amasaron fortunas incalculables en perjuicio del patrimonio de los mexicanos.

Una investigación profunda demostraría que muchas violaciones a la legislación nacional (constitucional, administrativa, financiera, penal, etc.) se dieron para poder llevar a cabo ese proceso desnacionalizador.

Insisto: por la gravedad y el enorme daño causado, con las privatizaciones al patrimonio de los mexicanos, las autoridades actuales no se pueden conducir como si nada hubiera pasado. Su responsabilidad es realizar esa investigación, no sólo para castigar (que sí debe hacerse) sino, sobre todo, para reparar el enorme e incalculable daño provocado al pueblo de México.

Y a quienes duden que las privatizaciones se realizaron mediante la comisión de delitos, ahí está lo que ocurrió con las llamadas reformas estructurales (neoliberales hasta la médula), y sobre todo con la mal llamada reforma energética, una auténtica desnacionalización del petróleo mexicano.

Desde que esa acción antipatriótica se realizó, diversas noticias en los medios de información daban cuenta que corrieron carretilladas de dinero (del erario público, desde luego) para comprar la voluntad de legisladores de ambas cámaras a fin de reformar nuestra Constitución y acentuar el proceso de desnacionalización que de hecho (en violación a la legislación vigente en esos momentos) presidentes anteriores a Peña Nieto, realizaron. Se llegó a hablar de las cantidades entregadas a diputados y senadores.

Por cierto, algunos columnistas lo han vuelto a recordar en estos días, ante la posibilidad de que esas maniobras delictivas, para comprar la voluntad de legisladores, se pongan en evidencia.

Y es que esas sucias maniobras identifican plenamente la baja estatura moral del ex presidente Peña Nieto y de su círculo cercano (por no decir de todos su gobierno), y es una característica innata de los neoliberales.

Lo que  pruebe la Fiscalía General de la República de esas conductas delictivas del propio ex presidente Peña, no sólo puede quedar en sanciones a los involucrados: quienes sobornaron y quienes fueron sobornados, que por descontado debe hacerse, sino que lo principal, lo más importante, lo trascendental, para los intereses de la nación mexicana es, mediante la forma o el procedimiento legal que corresponda, declarar que la llamada reforma energética y, consecuentemente, las reformas a los artículos de la Constitución nacional que la consumaron, es y son nulas de pleno derecho.

Se sentaría un gravísimo precedente si se prueba (como lo aclaran ya los testimonios de muchos) que la llamada reforma energética de los neoliberales se logró con sobornos delictivos, y que esas contrarreformas a nuestra máxima Ley mantengan su vigencia.

El deber político, jurídico y moral de todos los mexicanos es exigir que esa reforma, por estar viciada de origen, sea declarada nula de pleno derecho. Y la obligación del gobierno es realizar los trámites para decretar esa nulidad plena.

LAS TAREAS DEL ESTADO DE BIENESTAR EN MÉXICO

Las fuerzas socialistas y de izquierda, a nivel mundial, siempre han estado reflexionando y expresando propuestas concretas para superar el sistema capitalista.

Ahora en medio del desastre neoliberal, fuerzas progresistas y democráticas  del mundo se aprestan, también, a profundizar la reflexión y agilizar propuestas para superar ese modelo, y el propio sistema capitalista.

Sería un despropósito pretender volver a la normalidad, en el sentido de que se mantuviera intocado e intocable el sistema capitalista, y su engendro: el neoliberalismo, y las expresiones salvajes que envuelven y caracterizan  la globalización.

Los globafólicos están desesperados ante los desafíos que representa la etapa actual, porque nada tienen que proponer. Se quedaron desarmados: sin programa y sin ideas, aunque conserven el poder económico.

Es urgente establecer nuevas bases sólidas, firmes, duraderas para que la humanidad haga posible su ascenso permanente.

En el ámbito nacional ocurre lo mismo que  en el resto del mundo: como los neoliberales fueron totalmente desprogramados por la pandemia, no han planteado ninguna propuesta razonable. Insisten, ellos sí, en regresar al pasado de saqueo, rapiña, explotación y brutal desigualdad.

 En consecuencia, en México, es urgente encaminarse por la ruta del Estado de Bienestar, y consolidarlo como la única opción popular y nacional en este momento.

 Algunas de las tareas inmediatas (otras ya forman parte de la política del actual gobierno federal a profundizarse) deben aplicarse con carácter urgente.

Entre otras las siguientes:

1.- Establecer bases firmes para fortalecer soberanía energética: el petróleo hoy, y las energías limpias en el futuro inmediato. Estas últimas deben ser manejadas exclusivamente por el Estado, con exclusión de los particulares, que sólo buscan lucrar, como ha quedado demostrado hasta el cansancio.

2.- La soberanía científica y tecnológica representa, en nuestros días, un pilar fundamental de la vida económica y social, y soporte de la verdadera soberanía nacional.

3.- Para erradicar el hambre y la pobreza debe instaurarse la soberanía alimentaria. La autosuficiencia en este renglón esencial contribuirá a garantizar alimento suficiente con el valor nutricional que requiere una vida sana.

4.- La salud universal (de la cuna a la tumba) que garantice una vida digna, por encima de los grupos delincuenciales que lucran con la enfermedad y hacen imposible la salud.

5.- Educación para todos que tenga en cuenta los valores del pueblo mexicano que nos vienen de lo más hondo de nuestra historia, que prepare y capacite a la juventud mexicana y fortalezca las relaciones familiares y sociales.

En este aspecto se debe fortalecer la cultura nacional y las culturas regionales.

6.- Los programas sociales que hoy se tienen en el país para adultos mayores, personas con alguna discapacidad, niños y jóvenes, deben ser entendidos como el inicio de más y mayores medidas que sirvan para una mejor distribución de la riqueza generada por los mexicanos.

7.- Pensiones suficientes con el carácter solidario con que fueron concebidas, abandonando el sistema de afores, creación del neoliberalismo rapaz.

8.- En materia fiscal debe gravarse el capital y no el trabajo, y aplicarse la progresividad impositiva.

En México debe aplicarse, pero ya, el mandato de la fracción  IV  del artículo 31  de nuestra Constitución nacional, que ordena la proporcionalidad y equidad en materia impositiva, de manera que paguen más los que más tienen, menos los que menos tienen, y nada paguen los que nada tienen.

9.- El proceso de nacionalizaciones debe elevarse a rango constitucional: de inmediato nacionalizar el crédito y la banca, los renglones fundamentales de la economía, y aquellos del futuro que garanticen el Progreso Social. Nacionalizar los recursos públicos, en beneficio de todos.

10.- En consecuencia, también a nivel constitucional, debe quedar expresamente prohibida cualquier privatización de los servicios, bienes y recursos públicos.

11.- Cancelar la deuda externa. Los bancos usureros del capitalismo no pueden seguir lucrando en medio de la tragedia, ni cuando esta haya sido superada.

12.- Decretar, por causas de utilidad pública, la cancelación del Fobaproa, que sigue siendo un mecanismo de saqueo de los recursos del pueblo.

13.- Acordar y exigir el cumplimiento de las medidas urgentes para proteger el medio ambiente y la biodiversidad.

14.- Luchar por un nuevo orden mundial, con base en los principios constitucionales que norman la política exterior del pueblo mexicano: “la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

15.- Por las características propias de México, fortalecer la propiedad social, y de manera particular el ejido, derogando toda disposición legal que se oponga a este propósito.

Las medidas señaladas, (que ya se contienen en artículos anteriores en este blog), y otras más, serían la base del nuevo Estado de Bienestar en México, y este, a su vez, sentará firmes y sólidos cimientos para la construcción de un sistema superior de la vida social, que deje atrás el sistema capitalista.

La divisa: socialismo o barbarie tiene en nuestros días  una vigencia inocultable.

LOS MISERABLES EN LA PANDEMIA

En un Cartón aparecido en el diario La Jornada, de México, el cartonista, lleno de ingenio y claridad política, señalaba que el covid19 había servido para que muchos se pusieran tapabocas, y algunos más (una minoría rabiosa de neoliberales, digo) se quitaran la careta.

Quizá habría que precisar, que el covid19 los obligó a quitarse la careta y aparecer, como lo que realmente son: unos verdaderos miserables.

En México, esos miserables apuestan a todo para que el gobierno de López Obrador fracase en el combate a la epidemia. Y no hay medida adoptada por el gobierno que no rechacen, sin aportar argumentos que valga la pena considerar.

Muchos empresarios y periodistas (sic), promotores y beneficiarios de la criminal política neoliberal, de manera mágica, se presentan como expertos epidemiólogos, virólogos, infectólogos, expertos, como diría el clásico, en el todo y la parte.

Resalta la ambición desmedida e incontrolable de los empresarios, que saquearon los recursos del pueblo, hasta decir basta, durante los 36 años de neoliberalismo. Y no sólo reclaman más dinero para ellos, en estos difíciles momentos, sino que se niegan a pagar lo que deben, que es una millonada de dinero; y han dicho públicamente que no pagarán, a sabiendas de que cometieron un delito contra el pueblo, de mayor gravedad si consideramos la situación de la pandemia. ¿Quién puede dudar que son unos verdaderos miserables?

Los voceros oficiales y oficiosos del neoliberalismo, fracasado rotundamente, como lo ha señalado Noam Chomsky, destilan rabia y rencor en sus artículos (que afortunadamente pocos leen). Esos voceros convenencieros, presumen ser economistas, médicos y especialistas en terapia intensiva, tecnólogos en respiración artificial, cuando en realidad son neoliberales enfermizos, aferrados al tren destartalado de su modelito económico, en franca actitud de aves de carroña, en espera de lo peor.

Del Consenso de Washington (su verdadera Biblia) no les queda nada.

 Ya sólo les falta que privaticen a quien dice José Saramago en la página 581 de su diario Cuadernos de Lanzarote, edición Alfaguara (1998).

Huérfanos de programa y de ideas, no tienen que plantear y mucho menos nada que justificar. Los destrozos que hicieron están a la vista de todos, y ya han sido condenados, histórica, política y moralmente, como auténticos  miserables delincuentes.

En México, los empresarios desnacionalizados y comentócratas (el autocorrector  me da como opción, comentó ratas) como ocurrió siempre, le imponen línea política a los partidos reaccionarios y de derecha que viven un desbarajuste en su interior porque, quieran o no, el fracaso estrepitoso del neoliberalismo los arrastró, y los dejó en cueros frente al pueblo y la opinión pública.

Los neoliberales de la pandemia (cabe decir, neoliberalismo pandémico), sin ocultar sus siniestros intereses de derecha y ultraderecha impulsan, a través de las redes sociales, noticias falsas. Hasta hoy en eso están bien coordinados, porque para movilizaciones, no lo logran ni con sus familias, por el enorme desprestigio que tienen.

Algunos comentócratas pontifican, a diestra y siniestra, y como he dicho, destilan rabia y rencor.

 El conocido pinochetista chileno, Pablo Hiriart, abusa de la hospitalidad del pueblo mexicano, y como verdadero energúmeno arremete, todos los días y a toda hora, de manera grosera, contra el gobierno mexicano, particularmente contra López Obrador.

Esta conducta debe tipificarse como una causal para retirar la nacionalidad por naturalización, en cualquier momento, o al menos establecer en la Constitución nacional, la prohibición expresa de intervenir en los asuntos políticos del país, que sólo compete a los mexicanos.

Y todos los miserables neoliberales, juntos o separados, dueños de plumas o empresas, y sus peones: los dirigentes de los partidos de derecha y ultraderecha (PAN, PRI, PRD, MC), son tan repudiados por el pueblo y, particularmente, por la opinión pública, que se ven obligados a pedir auxilio de otros miserables como Ernesto Zedillo, que a través del Fobaproa despojó a los mexicanos de tres billones de pesos (sin que hasta la fecha se haya podido pagar, porque sólo de intereses es un dineral) o el irredento ultraneoliberal Vargas Llosa (que tiene de escritor lo que tiene de ultra), tan repudiados como los que se encuentran en territorio mexicano.

Todos, sin excepción, no dejan de manifestar sus afanes golpistas, por eso las ansias incontrolables, enfermizas, verdaderamente patológicas de que se fracase en la lucha contra la pandemia.

Los golpistas exigen que el gobierno de López Obrador siga rescatando empresarios fraudulentos, y deje al pueblo mexicano en el desamparo.

Los mexicanos exigimos que el Fobaproa, criminal instrumento de saqueo y despojo a los mexicanos, debe cancelarse; que llegó el momento de suspender cualquier pago por esa extorsión. Y para esto hay plena justificación: se necesitan recursos para combatir la pandemia y reactivar la economía.

Mil veces cancelar definitivamente el Fobaproa ese pago, producto de un robo continuado, que suspender Santa Lucía, Dos Bocas, o el Tren Maya, que van a crear empleos y ayudarán a salir  de los problemas económicos generados por la pandemia.

Que se someta a consideración del pueblo mexicano, dicha propuesta. Que sea la voluntad del pueblo mexicano quien decida. Es por hoy de la mayor urgencia, y una medida de carácter profundamente democrático y popular.