miércoles, 19 de octubre de 2011

EL PAN SE AFERRA AL PRESIDENCIALISMO

Artículo escrito cuando se debatía la forma de presentar el informe del ejecutivo federal, en el último sexenio de la derecha.

Durante tres semanas o más, los mexicanos hemos presenciado el forcejeo político entre quienes buscan renovar la forma, a través de la cual el ejecutivo federal cumpla con el mandato constitucional de informar el estado que guarda la administración pública del país, y quienes pretenden mantener el presidencialismo exacerbado, donde la figura del presidente avasalle a todo y a todos.

Los partidarios del presidencialismo, entre los que destaca el PAN, exigen que Calderón –como lo hacía el PRI en sus mejores momentos- se presente a la apertura de sesiones del Congreso de la Unión el 1º. de septiembre, atraiga todos los reflectores y desde la tribuna legislativa, pontificando a diestra y siniestra, haga pronunciamientos políticos que lleven agua al molino de los reaccionarios, conservadores, derechistas y ultraderechistas que detentan, por hoy, el gobierno federal.

Los intentos de modificar el formato de ese evento -que cada día se vuelve más intrascendente para la enorme mayoría del pueblo mexicano- al margen de las disposiciones constitucionales que lo regulan, tuvo el marcado interés de cambiar para que todo permaneciera igual. Se recurrió a las amenazas, al chantaje, a las promesas para que Calderón, en un acto faraónico, intente legitimarse ante la opinión pública nacional como presidente de la República, porque su origen fraudulento lo sigue y persigue a todas partes.

Los fervientes partidarios del presidencialismo quisieron presentarse como los máximos exponentes de nuevas prácticas democráticas, por eso dijeron que una de esas formas era el diálogo entre el ejecutivo y los miembros del Congreso de la Unión, frente a lo cual el informe, que por obligación constitucional debe presentar el ejecutivo federal, quedaría relegado a un segundo o tercer término. Y fueron más allá -en su desesperación por conservar, o más bien, por fortalecer el presidencialismo- al exigir el debate entre ambos poderes, con todas las ventajas para el ejecutivo, ante lo cual el informe desaparecería del escenario para ensalzar –exactamente como en el pasado- al ejecutivo y denigrar al legislativo como cuerpo colegiado.

Perdida la batalla o casi perdida, porque todavía no todo está dicho en torno al 1º. de septiembre, pues es previsible que Calderón sólo entregue por escrito su informe, no dialogue y menos debata con los legisladores, los neopresidencialistas y sus adláteres han acordado dejarle todo el escenario a Calderón y quizá a su partido, sin la presencia del legislativo federal, en un acto a celebrar el día siguiente en el Auditorio Nacional, arropado por sus correligionarios, con todos los micrófonos y cámaras a su servicio, en un vano intento por continuar con el “día del presidente”, sólo que ahora, en lugar del día primero sería el 2 de septiembre, en lo que van a cacarear, sin duda, como un “logro democrático”. Es decir, será un acto donde habrá circo, maroma y teatro reaccionario.

Ahora bien, la obligación que tiene el ejecutivo de informar al Congreso por escrito, como lo ordena el artículo 69 constitucional, hay que mantenerlo, pero el pueblo debe exigir transparencia y veracidad en la información que rinda, porque sucede que varios años después de rendido un informe se descubre que el presidente en turno no dijo la verdad; que modificó y alteró los datos, es decir, que le mintió a la nación.

Se requiere un informe verdadero, no maquillado, no alterado, que no oculte nada, y que en caso de ocurrir así haya una sanción severa para el ejecutivo federal y los miembros de su gabinete involucrados en la falsedad de informes, porque eso perjudica directamente al pueblo. Alguien que mienta no es digno de ocupar un alto puesto en el gobierno.

Nadie está en contra de que haya comunicación entre los poderes de la Unión. Muchos constitucionalistas consideran que debe haber colaboración de poderes y, de hecho, se da permanentemente. Dentro de la colaboración caben perfectamente el diálogo, la confrontación de ideas y programas y, si se quiere, hasta el debate entre poderes o entre algunos miembros de los poderes, lo cual requiere otros tiempos y otros escenarios, y no el informe del 1º.de septiembre, en donde no sería posible dialogar ni debatir.

En el seno de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión se ha demostrado siempre que el trabajo más productivo se da en Comisiones. Allí puede ir el titular del ejecutivo federal para ampliar la información que requieran los legisladores. Es el lugar apropiado para que aclare dudas y aporte elementos necesarios para facilitar el trabajo legislativo, para que confronte las ideas y las opiniones distintas a las suyas, aunque eso ya lo hacen los secretarios del gabinete. Lo demás es puro circo.

EL GOLPE DE ESTADO


Artículo escrito 2 semanas después del fraude de la derecha del 2006.

El tiempo transcurrido del domingo 2 de julio a la fecha -menos de 20 días- ha dejado perfectamente claro el cúmulo de irregularidades, muchas de ellas constitutivas de delitos, cometidas por el gobierno federal, algunos gobiernos estatales, el PAN y su candidato.

Lo que ha quedado demostrado, para propios y extraños, es que nos encontramos frente a un enorme fraude electoral que representa un peligroso retroceso en las aspiraciones populares legítimas de constituir un régimen de democracia electoral.

1.- Está demostrado hasta la saciedad la intervención indebida de toda la estructura del gobierno federal y la continuidad de una campaña a favor del candidato presidencial del PAN que adquiere, peligrosamente, rasgos fascistoides y abre las puertas a un enfrentamiento social.

Quienes se han colocado al margen de la ley son el candidato panista, su partido y quienes lo reconocen como ganador de una elección sobre la que no hay ninguna resolución del órgano competente para hacerlo. Además en la medida que transcurre el tiempo y se aportan más pruebas sobre el fraude, Calderón y su partido están más acorralados que antes y a la defensiva frente al legítimo interés de que prevalezca la limpieza en los resultados de la elección.

No es exagerado hablar, como ya lo hacen muchos analistas políticos, de un golpe de Estado que, como todo acto de esa naturaleza, proviene de la derecha y de los sectores económicamente poderosos. En ninguna parte del mundo ni en ninguna época la izquierda ha dado un golpe de Estado, al contrario, quienes históricamente ha resultado víctima de ese tipo de acciones son la izquierda y los movimientos populares.

2.- Quien se mantiene a la ofensiva, dentro de los cauces de la ley es el candidato presidencial del PRD y el movimiento popular que ha propiciado, como no se había visto en la reciente historia de nuestro país. Se trata de un movimiento pacífico, ordenado, de acuerdo con la ley, que tratara de ser descarrilado por sus enemigos, pero que no tiene naturaleza violenta.

3.- Lo del PRI es una verdadera tragedia, no solo por la disminución notable de su votación, sino porque perdió lo poco que le quedaba de nacionalista. Las traiciones internas que están saliendo a la luz, y que muestran que muchos gobernadores priistas trabajaron desde el PRI a favor de Calderón, lo coloca en la antesala de una severa crisis de identidad, si no rectifica a tiempo.

Frente a la polarización de las fuerzas políticas como resultado del proceso electoral, o el PRI se inclina por convertirse en un partido de derecha, o se coloca francamente como un partido nacionalista, progresista y revolucionario, expulsando de sus filas a los neoliberales que lo hundieron y lo condujeron a la derrota electoral.

Muy lamentable resulta el papel obsequioso que algunos gobernadores priistas, que se creía tenían una posición avanzada, han adoptado para respaldar a Calderón, asumiendo la actitud indecorosa de la muchacha solícita.

4.- El papel de comparsa que se le asignó a Roberto Campa y a Patricia Mercado, ha quedado más que evidente al pronunciarse, de manera ilegal, a favor de Calderón, dispuestos a cambiar el alma por tortillas duras, según la dura expresión popular.

5.- Los resultados electorales nos ponen, también frente a un hecho inocultable: el IFE, al que se ha manejado de manera facciosa para favorecer los intereses del candidato panista, ha quedado en el total desprestigio, y ha herido de manera muy grave los esfuerzos del pueblo mexicano por avanzar en la vida democrática.

6.- Finalmente, la consignación de Luís Echeverría por el delito de genocidio, y su consecuente liberación, aunque haya sido una maniobra del gobierno federal, sienta un buen precedente porque abre el camino para que los sucesivos gobiernos sean acusados y juzgados por las múltiples violaciones a la legalidad cometidas durante su mandato, y sobre todo, en estos momentos, en el proceso electoral.

AVES DE RAPIÑA SOBRE EL PETRÓLEO Y LA ELECTRICIDAD

El petróleo expropiado y nacionalizado por el General Lázaro Cárdenas en 1938, y la energía eléctrica nacionalizada totalmente, en 1960, por Adolfo López Mateos se convirtieron, desde entonces, en dos pilares fundamentales del desarrollo económico de México. A pesar de los duros y violentos embates que durante 29 años de neoliberalismo han padecido, siguen siendo la base de la economía nacional y, sobre todo, parte esencial en la defensa de nuestra soberanía.

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27 señala claramente que “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso, se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria”.

2.- En el mismo párrafo sexto del artículo 27 constitucional, en su parte final, expresamente se establece: “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.

3.- Estos dos aspectos reafirman la propiedad originaria de la Nación sobre el suelo y subsuelo, tesis fundamental de la Constitución de 1917 y hacen posible –hay que repetirlo- el ejercicio de nuestra soberanía. No se entiende a ningún país soberano sin el dominio de esas riquezas que se encuentran en su territorio.

4.- Ninguno de los presidentes neoliberales, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, pudieron modificar el contenido de la Constitución nacional, para privatizar el petróleo y la energía eléctrica, a pesar de sus deseos y los de los capitalistas que como verdaderos buitres buscan hacerse de esa riqueza. Fox y Calderón durante doce años se la pasaron hablando de reformas estructurales, que no pudieron llevar a cabo por una sencilla razón: no contaron con una correlación de fuerzas favorables y, hay que decirlo claramente, en el PRI han prevalecido las fuerzas contrarias a dichas reformas que pretenden, en primer lugar, privatizar petróleo y electricidad, pero también aniquilar los derechos de los trabajadores, conquistados a sangre y fuego, contenidos en el artículo 123 constitucional.

5.- Felipe Calderón, su equipo, su partido, varios empresarios de México y el capital extranjero consideraron que había llegado el momento para realizar esas reformas estructurales. De manera febril han trabajado, unos exigiendo y otros concediendo espacios en la industria petrolera y en la industria eléctrica, violentando el orden constitucional, cuyo cumplimiento no está sujeto a los intereses privados o a los caprichos de los gobernantes en turno.

6.- En general la desastrosa experiencia ha demostrado que los procesos privatizadores fueron una verdadera estafa para los intereses de las naciones, en cualquier parte del planeta, y particularmente la privatización del petróleo en otras regiones del mundo llevaron a la quiebra, a la inestabilidad, a la ingobernabilidad y a la profundización de las crisis económica y social. Quien lo dude que tome sólo el ejemplo de lo ocurrido en Argentina con Menem.

7.- Por lo que se refiere a la industria eléctrica, los países que la han sufrido jamás obtuvieron los beneficios que les prometieron. Dice Sharon Beder, investigadora y profesora de ciencia, tecnología y sociedad, de una universidad de Australia que en todos los países donde la electricidad se ha privatizado, a) los precios se incrementaron, b) los servicios se volvieron menos confiables, c) se produjeron apagones, d) se dio menos inversión en la infraestructura para generar electricidad, y e) se perdieron miles de empleos.

La privatización del sector eléctrico a juicio de la investigadora puede ser considerada como una estafa “para despojar a la sociedad de su legítimo control sobre un servicio público esencial. Es un truco concebido y ejecutado por grupos de poder que buscan beneficiarse del control privado”.

8.- Frente a la actitud de los neoliberales, sean gobernantes o empresarios, al pueblo mexicano no le queda otro camino que seguir la lucha para defender la permanencia de las empresas nacionales del petróleo y la electricidad, de manera que la Nación siga ejerciendo su soberanía sobre esa riqueza.

Las privatizaciones han significado corrupción, despojo, estafa y agresión a la soberanía nacional. Insistir en ellas significa una verdadera traición a la Patria.

martes, 18 de octubre de 2011

LOS RIESGOS QUE REPRESENTA CALDERÓN

Artículo escrito dos meses antes de la elección presidencial de 2006.

Cuando faltan, aproximadamente, 60 días para las elecciones presidenciales del 2 de julio, cada candidato es conocido por la mayor parte de los mexicanos, y a estas alturas se sabe lo que representa cada uno de ellos.

El candidato de la derecha, o para decirlo mejor, el candidato de la ultraderecha, Felipe Calderón, ha realizado una serie de pronunciamientos que lo ubican perfectamente en el ala reaccionaria de la política mexicana.

1.- Felipe calderón, por lo dicho y hecho, representa el continuismo del actual gobierno. Públicamente se ha comprometido a continuar la forma de gobernar de Fox, y en ningún momento se ha desligado de él.

2.- El candidato panista está íntimamente vinculado con los grupos de ultraderecha que ocupan importantes puestos en la administración pública federal, entre ellos, de manera destacada, El Yunque.

3.- La continuidad de una administración panista en el gobierno federal representa, además, el riesgo de impulsar las medidas privatizadoras, prácticamente de toda la actividad económica, pero sobre todo se corre el riesgo de que Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, la Cía. Luz y Fuerza del Centro, y el agua, un recurso vitalmente necesario, se entreguen a los intereses privados y se generen problemas tan graves como los que, en su momento, se presentaron en Argentina.

4.- De igual forma se correría el riesgo de agredir, como se ha hecho en la administración federal de Fox, a los trabajadores, de violentar sus derechos laborales y cancelar las conquistas sociales, porque los panistas y sus funcionarios no han renunciado a modificar la legislación laboral en perjuicio de los trabajadores, así como las instituciones de seguridad social, como el IMSS, ISSSTE, IFONAVIT y FOVISTE, que corren el peligro de ser privatizadas, para beneficiar los intereses de la minoría.

5.- La política internacional, que ha sido un desastre en el gobierno de Fox, continuaría por el mismo camino, pues como candidato Calderón se ha enfrentado verbalmente con mandatarios de Latinoamérica que, desde luego, no comparten la ideología derechista del candidato del PAN.

6.- El continuismo de un gobierno de derecha implicaría un grave riesgo de aislamiento para México, como ya ha ocurrido en el sexenio de Fox, pero que se acentuaría en los años futuros, porque son muy evidentes las diferencias ideológicas que el PAN mantiene con los gobernantes actuales de Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Venezuela, Bolivia que están luchando por ejercer su soberanía sin supeditarse a los intereses de los yanquis y algunos de los cuales están rescatando, con éxito, los recursos naturales en manos de empresas extranjeras, como la reciente nacionalización de los hidrocarburos decretada por el presidente boliviano Evo Morales.

7.- Fox, que se mantiene tercamente en campaña, ha insistido una y otra vez, que debe mantenerse el modelo económico, es decir, el neoliberalismo, y critica a los que combaten dicho modelo.

Sólo para ubicar en el campo económico este planteamiento de Fox hay que recordar el bajo crecimiento que ha tenido la economía mexicana en lo que va del sexenio, y de acuerdo con las perspectivas de crecimiento de la CEPAL para el 2006, México estaría ubicado en el lugar 13 o 14 de las economías latinoamericanas, con apenas un 3.5 por ciento, comparable al crecimiento que experimentará El Salvador y muy por abajo del que se tiene previsto para Argentina, Venezuela, Chile, e inclusive Haití y la República Dominicana.

Como se ve el continuismo hundiría a México y lo colocaría al borde de una crisis tan profunda que abriría la puerta a los conflictos sociales y a la desestabilización.

HACIA EL 2012: LIMITAR EL PRESIDENCIALISMO

Existen importantes estudios académicos que examinan con seriedad el tema del presidencialismo; que demuestran sus excesivas facultades constitucionales y que han exhibido las llamadas facultades metaconstitucionales, que en esencia significan el ejercicio de otras que no le otorga la ley.

El del presidencialismo es un tema prioritario que no sólo debe ponerse a debate en estos momentos políticos del país para salvaguardar el desarrollo de México, sino realizar los cambios jurídicos que se requieren para acotar y sujetar a la ley la conducta del presidente en turno.

Tiene que limitarse el excesivo fuero con que se protege la figura presidencial, que lo ha convertido en un funcionario autoritario en cuyas manos se deposita el destino de millones de mexicanos, prácticamente sin ningún control, y sin ninguna posibilidad de que los gobernados le exijan rendición de cuentas del mandato encomendado.

Constitucional y jurídicamente el presidente de la República, así como cualquier otro funcionario electo, es mandatario del pueblo, recogiendo una figura del Derecho Privado, según la cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante lo que éste le encarga. Así, quien conserva la facultad de mandar es el pueblo; quien debe de obedecer es el mandatario que, al mismo tiempo decide la duración de mandato y su revocación. Repito, en nuestro sistema constitucional el mandatario es el pueblo.

En las condiciones que vive el país es necesario incorporar expresamente en el orden jurídico mexicano, para que no quede ningún género de duda, ésta relación entre el pueblo, como mandante y los funcionarios -empezando por el propio presidente de la República- como mandatarios, lo que hace innecesario el fuero tan amplio como el que hoy tiene, porque no debe existir ningún privilegio del funcionario y menos del presidente de la Republica, para eludir sus obligaciones y sus responsabilidades.

El principio general que debe normar las funciones del presidente de la República es el siguiente: contra la nación no existe fuero.

En este sentido, el presidente de la República debe ser responsable penalmente de los delitos que cometa durante su mandato y, en consecuencia, pueda ser juzgado sin necesidad de una protección especial que, como se ha visto en los últimos sexenios, le ha costado mucho al pueblo mexicano.

Si el presidente de la República debe ser responsable penalmente, además de las responsabilidades administrativas que adquiera en el desempeño del cargo, y puede ser juzgado por los tribunales comunes, se tendrá que establecer otro principio según el cual los delitos que cometa, en sus funciones, no podrán prescribir, porque cuando el titular del Ejecutivo Federal incurre en responsabilidad penal, en ejercicio de su encargo, no afecta a una persona o a un número reducido de ellas, sino a millones de mexicanos y a veces al pueblo entero.

Entonces, el principio que deberá incorporarse al propio texto de la Constitución nacional es que los delitos contra cualquier mexicano y contra la nación no prescriben.

Hay que ubicar la figura presidencial en el nuevo contexto. Cierto, hay que mantener la no reelección y agregar la revocación del mandato presidencial, pues aplicando consecuentemente la figura del mandato, el mandatario, que es el pueblo, conserva en todo momento la facultad de mantener o revocar al mandante.

Todo lo anterior hay que aplicarlo por salud de la República que, en las condiciones actuales, tiene que soportar a presidente disfuncionales, incapaces, corruptos y hasta verdaderos delincuentes.

Y CALDERÓN GRITÓ: ¡VIVA ITURBIDE!

Este artículo fue escrito cuando Felipe Calderón era dirigente nacional del PAN y dio el grito en el Ángel de la Independencia en 1997.

Ahora que la alternancia ha sido auspiciada por la legislación electoral y, seguramente, por acuerdos de las altas cúpulas políticas del país, y cuando el PAN sin rubor se dice vanguardia en la lucha por la democracia, viene a cuento el grito de ¡viva Iturbide!, pronunciado con emoción conservadora y añoranza monárquica por el dirigente nacional panista, Felipe Calderón Hinojosa, en el Ángel de la Independencia en septiembre del año pasado.

Ese grito expresa exactamente lo que es el Partido Acción Nacional, ni más ni menos y, por lo tanto, tiene un profundo significado político y una carga histórica muy precisa, que no deja lugar a dudas de lo que pretende y se propone el PAN si alguna vez se hace del poder en México.

A menos que sean ignorantes los panistas y sus dirigentes, deben saber que la monarquía que representó Agustín I es, en el fondo y en la forma, todo lo opuesto a la República; que la monarquía, como forma de gobierno, se opone a la presencia y participación del pueblo así sea en su forma más elemental.

Lucas Alamán, el ideólogo más importante de los centralistas y conservadores del siglo pasado y, por lo tanto, de las fuerzas partidarias de la monarquía, venerado por los falsos luchadores de la democracia hoy día, lo dijo claramente: “Estamos decididos contra la federación; contra el sistema representativo por el orden de las elecciones; contra los ayuntamientos electivos y contra todo lo que se llama elección popular. Para realizar esta idea ... contamos con la fuerza moral que da la uniformidad del clero, de los propietarios y de toda la gente sensata (sic) que está en el mismo sentido”.

Quizá esta idea, que no se ha transcrito en todo su texto, debiera formar parte de una proclama panista contra la estructura federal del Estado mexicano y frente a los hechos políticos que vive nuestra patria, porque, por lo menos hay que suponer, que los panistas han leído algún texto de ciencia política y debieran saber que el régimen monárquico es todo lo opuesto al sistema federal que se estableció en México como resultado del triunfo de la Revolución de Independencia y con la Constitución de 1824.

La monarquía encierra un sentido antidemocrático, porque destaca como necesario el gobierno de una junta de notables, de una élite privilegiada, por encima y en contra del pueblo, a morir. También forma parte del régimen monárquico, añorado por Calderón Hinojosa y sus compañeros de partido, la intolerancia ideológica y, por lo tanto, religiosa, producto de una visión estrecha y miope de lo que es el ser humano. La intolerancia, cualquiera que sea, lleva aparejada necesariamente la persecución de los que no piensan como los intolerantes. La historia nacional es abundante en ejemplos de este tipo para vergüenza del ser humano.

Quien dice, frente a todos, ¡viva Iturbide!, dice: viva la monarquía y muera la democracia; viva la monarquía y muera la República; viva la monarquía y muera el Estado federal. Dice también: viva la junta de notables y muera el pueblo; viva la intolerancia y muera la libertad; viva la opresión colonial y muera la independencia. Todo eso y más significa el grito antihistórico del dirigente panista. No es nada más un grito, es ante todo una posición política muy clara y definida.

Y es que los panistas tienen, en realidad, sueños monárquicos. Calderón Hinojosa o Fernández de Cevallos, quisieran ser Felipe I, o Diego I, respectivamente, y en caso de no lograrlo, por lo menos recibir de sus vasallos el título de su majestad, su ilustrísima, o ya al borde de la locura monárquica, por lo menos que se les hable como su serenísima u otro título que destaque su alta alcurnia, alejados de la chusma, el viejerio y demás calificativos groseros que han utilizado para referirse al pueblo; ese pueblo que avasallado por la mercadotecnia electoral, confundido ha votado algunas veces por el PAN.

HACIA EL 2012: REAFIRMAR LA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS

La República mexicana es un Estado Federal. Es decir, una unión de Estados con el cimiento de un pacto federal que todos reconocen en la Constitución General de la República.

El pacto federal reconoce la existencia de tres niveles de poder: los poderes federales, los poderes estatales y los municipales.

Desde su nacimiento como República Federal, el desarrollo de México se ha visto detenido y alterado por la persistencia de prácticas centralistas heredadas de la colonia española.

Algunos momentos destacados de la historia nacional se identifican con la vigencia y el fortalecimiento del federalismo.

Hoy, transcurrido el primer decenio del siglo XXI, es necesario volver a plantear la urgencia de combatir el centralismo y fortalecer el federalismo. Este nuevo federalismo que reclaman los mexicanos significa fortalecer las facultades económicas de todas las entidades integrantes de la federación mexicana.

Desde hace tiempo el centralismo está ahogando económica, social y políticamente al país. El centralismo es una de las principales trabas para impulsar el desarrollo económico, pues los Estados carecen de recursos y facultades para promoverlo, porque el poder ejecutivo federal centraliza excesivamente los recursos públicos, afectando gravemente el desarrollo de las entidades federativas y de los municipios.

En mucho, la desigualdad social, que sufre el pueblo mexicano se debe a esa política sectaria en que, además, se combinan perfectamente el centralismo y el modelo neoliberal, en perjuicio de la justicia social.

La práctica de un centralismo exacerbado y las excesivas facultades del Poder Ejecutivo Federal se convierten en un arma que limita el ejercicio democrático de las libertades fundamentales de los ciudadanos y de la población en general; daña las instituciones políticas creadas y fortalecidas a lo largo de 200 años de lucha por la justicia, la libertad y la democracia.

En consecuencia, la lucha por un federalismo que redistribuya recursos y facultades, para fortalecer el pacto federal, debe ser uno de los objetivos fundamentales en el próximo sexenio.

En este marco debe impulsarse un nuevo papel, más activo, de las entidades que integran la Federación.

En México hemos llegado a una situación en que el fortalecimiento del desarrollo nacional, el fortalecimiento de la democracia y la proyección de nuestro país a mejores niveles de bienestar y respetabilidad en el ámbito internacional, requiere que los gobiernos estatales desarrollen un papel más activo en el escenario nacional.

De las entidades federativas deben salir constantemente iniciativas y propuestas para impulsar a México a estadios superiores de desarrollo, demandar que se modifiquen las políticas que afectan a la nación mexicana, exigir que se apliquen aquellas que la benefician; demandar el respeto, la observancia y la vigencia del Pacto Federal.

No podemos permanecer impasibles o indiferentes ante las constantes violaciones al orden constitucional por grupos o facciones de poder, o mirar con indiferencia cómo se adoptan políticas que perjudican a las mayorías sólo por beneficiar intereses de una minoría.

Desde las entidades debe lucharse para que se respeten las garantías individuales, los derechos sociales y los derechos humanos que consagra la Constitución Nacional y la legislación federal. No está a discreción de nadie el respeto irrestricto del conjunto de derechos que otorgan las leyes más elevadas de nuestro sistema jurídico nacional.

Desde los Estados de la República debe demandarse que se pongan en práctica las medidas necesarias que nos conduzcan, en el corto y mediano plazo, a la sociedad del conocimiento, donde ciencia y tecnología no sólo presidan el desarrollo económico y social, sino que la población se apropie de ese conocimiento para mejorar su calidad de vida.

De manera especial, desde las entidades del país debe mantenerse la lucha permanente por la defensa del patrimonio nacional. Luchar para rescatar los recursos energéticos a fin de que se pongan incondicionalmente al servicio de la nación.

Una tarea impostergable de los Estados es la lucha por restablecer la vigencia plena del artículo 3º. Constitucional y del Estado laico violentados por la derecha en el poder.

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena que “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la Nación llevara a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”

La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, en su artículo 1o. señala que “corresponde a la Nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos los carburos de hidrógeno que se encuentren en el territorio nacional…”

En materia energética combatir todo intento de privatización del patrimonio de los mexicanos y exigir que es necesario revisar y transparentar las formas y los medios a través de los cuales se administra; apoyar todo lo necesario para que se garantice la fortaleza financiera y operativa de las instituciones responsables de su explotación y administración; y, postular la soberanía sobre el recurso y su control eficaz por el pueblo para supeditar todo género de intereses al superior de la Nación.

Las entidades deben sumarse al resto de la población que lucha por la plena soberanía energética, a fin de abrir nuevos cauces al desarrollo nacional en tiempos de globalización.

Exigir que los fondos petroleros se utilicen para el desarrollo de la Nación y el bienestar de los mexicanos. Que se establezca un fondo social, con esos recursos para apoyar a las actuales y futuras generaciones de mexicanos.

Al hacer frente a los nuevos desafíos que en materia de energía nos presenta el siglo XXI, es urgente, en un marco jurídico adecuado, que se otorguen facultades a los Estados y Municipios para que exploren fuentes alternativas de energía, como la solar y la eólica, que no son contaminantes, que están disponibles en todas partes, que tengan efectos económicos en el corto plazo y que nos preparan para cubrir las necesidades de energía de manera inmediata.

Las partes de la Federación deben impulsar la soberanía tecnológica de nuestro país, requisito fundamental para impedir que la brecha tecnológica entre países ricos y países en desarrollo se siga ensanchando, y quedemos rezagados de las grandes conquistas humanas en ese terreno.

Demandar que el gasto público federal, el trabajo de investigación científico de la Universidad Pública Mexicana y sus institutos tecnológicos, se oriente al logro de la soberanía tecnológica.

Convertir a los Estados en la punta de lanza de las nuevas tecnologías de la información, del desarrollo del conocimiento y el saber.

Aplicar las medidas o demandar que se apliquen para que los mexicanos gocen de un sistema de seguridad social universal: que tengan servicios de calidad en salud, seguro contra accidentes y pensión decorosa durante la vejez.

Hoy, la defensa de la soberanía nacional, frente a los embates de la globalización, deja de ser tarea exclusiva de los poderes federales, para convertirse en prioridad de las partes integrantes del Pacto Federal.

Las entidades deben jugar un papel de primer orden en la elevada misión de defender la soberanía de la Nación, que hoy descansa en tres pilares fundamentales: la soberanía energética que hay que preservar a toda costa, la soberanía tecnológica que hay que lograr y la soberanía alimentaría que hay que reconquistar.

A estos pilares esenciales incorporar el concepto de seguridad climática, que nos otorgue bienestar a las actuales generaciones y que preserve un planeta habitable para las generaciones venideras.

Incursionar desde los Estados en el tratamiento de los residuos sólidos para convertirlos en fuentes de energía limpia. Transformar la basura en energía es un objetivo impostergable.

Desde las entidades promover una política gubernamental que contemple la urgencia de utilizar los 10 mil kilómetros de litoral que se tienen en la República mexicana, para obtener alimentos provenientes del mar a bajo costo. El derecho a la alimentación encuentra en esta medida una posibilidad real para realizarse.

En su caso realizar las reformas constitucionales necesarias para lograr estos propósitos, fortaleciendo la soberanía de las entidades federativas, con mayores facultades y mayor presencia en la vida de la nación mexicana.