sábado, 16 de febrero de 2013

TERRORISMO NEOLIBERAL



Los neoliberales de todas partes, hechos a imagen y semejanza de sus ideólogos y patrones, son producto del capitalismo en descomposición, sistema que venera la especulación como su verdadero dios.

“El neoliberalismo, dice Francisco Ferré, es el alma desalmada de la máquina capitalista que, con la excusa de la crisis económica, se está apropiando de todo sin piedad: de las vidas, las posesiones y los sentimientos de la gente”. El neoliberalismo es… “la clamorosa claudicación de la política ante el peso de la economía, del desmantelamiento de la sociedad del bienestar y la implantación de un régimen depredador de lucha darwiniana por la supervivencia”.

La moral neoliberal ha sido expresada, en días recientes, por el ministro japonés de Finanzas, Taro Aso, quien declaró, de manera cínica, que las personas mayores deben “darse prisa y morir” para aliviar los gastos del Estado en su atención médica.

Por eso no es accidental que en el mundo 3000 millones de personas vivan en la pobreza; que 800 millones padezcan hambre; que los grandes bancos ganen millones y millones especulando con los alimentos; que más de 197 millones de personas, en el mundo, estén sin empleo, y que el desempleo de los jóvenes llegue casi a un 13% a nivel mundial.

Los datos son una acusación irrebatible contra el neoliberalismo depredador: en los últimos 20 años, el 1% de las personas más ricas del planeta ha incrementado sus ganancias en un 60%, y las crisis capitalistas recurrentes han acelerado esa tendencia.

El año pasado, el 2012, las cien personas más ricas del mundo  ganaron 240.000 millones de dólares, cantidad que acabaría con la extrema pobreza, generada por el propio neoliberalismo. Algunas organizaciones sostienen que esa suma permitiría acabar con la pobreza extrema hasta en cuatro veces.

Se dice que los paraísos fiscales concentran la enorme cantidad de 32 billones de dólares que equivalen a la tercera parte de la riqueza global. ¡Cuánta riqueza saqueada y acumulada a costa de la vida, la salud, la educación y el bienestar de millones de personas!
¿Y en México que han hecho los neoliberales de 1982 a la fecha?

La simple relación de los desastres sociales provocados; de los despojos impunes contra el patrimonio nacional, de la desigualdad social inducida por políticas terroristas, en el sentido real del término, por su esencia y consecuencias; de la concentración de la riqueza en unas cuántas manos y la pobreza provocada a más de 60 millones de compatriotas; de haber convertido los procesos electorales en simples simulacros democráticos y de la utilización descarada del poder para beneficiar a un reducidísimo número de acaudalados, esa relación, digo, los convierte en verdaderos criminales.

Los neoliberales del PRI y del PAN tienen la responsabilidad política, jurídica, moral y muchas veces penal de haber causado severos daños al pueblo mexicano, de haberlo empobrecido hasta niveles intolerables, y de haber rematado el patrimonio nacional.

Cuando Miguel de La Madrid arribó a la presidencia de la República, los neoliberales se sacaron de la manga la “teoría” del Estado obeso, una idea desfachatada para justificar el proceso de privatizaciones que a la postre se convirtió en un robo abierto al pueblo y a la nación.

Los neoliberales de México ni siquiera llegaron a teóricos. Fueron simples  aprendices del neoliberalismo en las universidades de Estados Unidos y de algunos países de Europa. Eso sí, se convirtieron en fieles lacayos de sus maestros y de los intereses económicos transnacionales y domésticos.

Desnacionalizaron la banca, y después la entregaron a intereses extranjeros; privatizaron la Compañía Mexicana de Aviación y Teléfonos de México. Precisamente a raíz de la privatización de la línea aérea, la Dirección Nacional del Partido Popular Socialista, de la que yo formaba parte, se entrevistó con Carlos Salinas de Gortari, entonces Secretario de Programación y Presupuesto, para rechazar con la mayor firmeza esa medida antinacional. La entrevista fue dura por los términos con que calificó ese remate el PPS, cuya Dirección Nacional abandonó violentamente la reunión y rompió todo trato con el gobierno de Miguel de La Madrid.

Los lacayos neoliberales privatizaron Televisión Azteca, la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, Fertimex (Fertilizantes de México), el complejo industrial de Ciudad Sahagún en lo que correspondía al Estado Mexicano, ingenios azucareros, aseguradoras, minas de oro y plata, fábricas de cemento.

Mediante una contrarreforma al artículo 27 constitucional se impulsó la privatización de las tierras ejidales, conquista fundamental de la Revolución Mexicana e institución principal para destruir los latifundios y preservar la integridad del territorio nacional.

Los dogmáticos neoliberales privatizaron puertos, aeropuertos y Ferrocarriles Nacionales de México. Desmantelaron la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y lo mismo están haciendo con la Comisión Federal de Electricidad y Pemex.

La hacienda pública se puso al servicio de los acaudalados, a los que rodean  privilegios increíbles a costa del bienestar de los mexicanos. Contraviniendo el mandato constitucional, en México paga más el que menos tiene. Y ahora la reforma fiscal “integral” que se proponen es para sacarle más dinero al pueblo a través del IVA, que es un impuesto al consumo, sin tocar para nada las fortunas de los ricos.

Han dado pasos muy peligrosos para destruir la seguridad social. No han ocultado en ningún momento su lucha (podría decirse odio) contra el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, como tampoco han ocultado su odio contra la educación impartida por el Estado y la universidad pública, a pesar de que algunos gobernantes pasaron por sus aulas.

Es difícil distinguir donde empieza y dónde acaba el terrorismo social, dónde empieza y dónde acaba el terrorismo económico, todo envuelto bajo el manto del terrorismo político que ha quebrantado las instituciones políticas emanadas de la Carta Magna de 1917, cuyas normas han sido violadas sistemáticamente. Al menos tres fraudes electorales –en 1988, en 2006 y en 2012- muestran el rostro verdadero del neoliberalismo en materia política y electoral.

Quizá esta relación no agote el número de fechorías realizadas desde el poder público por los dogmáticos neoliberales, pero sí nos da una idea de los gravísimos daños causados al pueblo mexicano.

Para aplicar el neoliberalismo siempre le mintieron al pueblo y le siguen diciendo falsedades. Dijeron que con las privatizaciones se haría más eficiente al Estado y lo destruyeron; que el país sería más competitivo y lo postraron ante los intereses económicos de afuera y de adentro; que se crearían más empleos y no los crearon; que todo se hacía para beneficio de los “que menos tienen” (término chocante que oculta las condiciones de pobreza y miseria de millones que ellos generaron, convirtiendo al Estado mexicano en una fábrica de pobres); que con las privatizaciones se “democratizaría” la riqueza y la concentraron en pocas manos a niveles  inauditos; que se mejoraría la educación y la han llevado a niveles peligrosos de ineficiencia e inoperancia; que se desarrollaría la ciencia y la tecnología y convirtieron a México en un país maquilador y ensamblador, rezagado científica y tecnológicamente, y en periodos prolongados impusieron los salarios más bajos del mundo.

Repitieron, hasta la saciedad, que el Estado mexicano conservaría “la rectoría” de renglones fundamentales de la economía y la entregaron en bandeja de plata  a la iniciativa privada. Casi dejan el puro cascarón del Estado mexicano surgido de la Revolución de 1910.

El prestigio de México logrado por sus gestas libertarias y soberanas está por los suelos gracias a los neoliberales. En América Latina México ha dejado de ser el respetado hermano mayor porque los neoliberales lo convirtieron en punta de lanza de la política yanqui. En estos días el actual gobierno federal vuelve a levantar al libre comercio para torpedear el verdadero proceso de integración latinoamericana que impulsa vigorosamente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

La política neoliberal, repito, ha sido una fábrica de pobres.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), citando cifras del INEGI, señala que de un total de 112 millones de mexicanos, 52 millones  viven en la pobreza, y casi 2 millones viven en la pobreza extrema, es decir, en la miseria.  Y también, de acuerdo con el INEGI, entre 2000 y 2011, 102 mil 568 personas murieron por nutrición deficiente, lo que significa que murieron ¡23 personas cada día por hambre!

Para la Comisión Económica para América Latina (Cepal), del total de la población, más de 40 millones viven en pobreza y 14 millones en la indigencia.

Ante esta realidad desastrosa, injusta y cruel, resultado de 30 años de neoliberalismo, hablar de terrorismo neoliberal parece poco.

De acuerdo con datos dados a conocer en el curso de la segunda semana de febrero de 2013, aproximadamente 30 millones de personas, que representan casi el 60%  de la población ocupada en  México trabajan en la informalidad.

Eso y más. Los neoliberales son los gerentes de la fábrica que produce elevadísimos índices delictivos. Son muy conocidas las cifras de la enorme cantidad de mexicanos muertos durante el sexenio del cristero menor, Felipe Calderón.

El actual gobierno federal priista agrava las medidas de los neoliberales panistas:

La contrarreforma laboral, exigida por los intereses transnacionales y los empresarios domésticos, ya está teniendo resultados desastrosos para los jóvenes, principalmente, que se ven en la imposibilidad de tener empleo, y  si lo tienen por horas no ganan ni siquiera para sufragar sus gastos de transporte.

En una decisión propia del terrorismo neoliberal contra los trabajadores, la SCJN negó que CFE asumiera el papel de patrón sustituto de los electricistas, que hubiera reparado, en parte, la infamia cometida contra el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Y la anunciada reforma energética –hay que decirlo a tiempo- tiene el propósito de regresar el petróleo, que se nacionalizó en 1938, a las empresas transnacionales.

John Saxe-Fernández sostiene que “ya la privatización de facto de Pemex es tan intensa que el llamado de Peña a abrir más la paraestatal a la IP implica el finiquito de lo que van dejando los neoliberales a favor de las transnacionales que operan con el respaldo del aparato de seguridad de Estados Unidos, interesadas en hacer activos suyos lo que es patrimonio del pueblo mexicano”.

Alerta al pueblo de México: “Mientras en Estados Unidos los sectores estratégicos son asunto de seguridad, acá la cúpula en el poder alienta la privatización y desnacionalización petroeléctrica con grave riesgo para la seguridad humana y la integridad del país”.

Y ante el peligro latente de la desnacionalización petrolera, el PRI busca cambiar, de manera vergonzante, sus documentos básicos, donde aún asoma el nacionalismo revolucionario por los dogmas del mercado, para servir, ya sin ningún recato, a la oligarquía, que es la que realmente manda en México.

El PAN confirma su carácter de alcahuete neoliberal, un simple peón de los peones mayores, y el PRD, por incapacidad y vulgar oportunismo se sube al carro del neoliberalismo, fortaleciendo a los sectores de derecha entreguistas y antipatriotas.

El pueblo dice ¡ya basta! al terrorismo neoliberal que agrede la vida de los mexicanos y quebranta la soberanía nacional.





martes, 22 de enero de 2013

DEFENDER LOS DERECHOS DE LA CLASE OBRERA



La reciente contrarreforma laboral aprobada, con entusiasmo, por los priistas que gobiernan culmina una ofensiva iniciada desde 1982, cuando los neoliberales asaltaron el poder.

El contenido de esta intervención en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión denuncia, desde entonces, las sucias maniobras neoliberales que suplantaron las funciones de las Cámaras de Diputados y Senadores al elaborar Reglamentos a su gusto, violatorios de la Constitución y las leyes, para cancelar derechos fundamentales de los mexicanos, y en este caso de la clase trabajadora.

Hoy, con un Congreso de la Unión integrado, en su mayoría, por partidarios del neoliberalismo rapaz, elaboraron, sin discutir, una ley reglamentaria violatoria del artículo 123 constitucional que agrede violentamente los derechos laborales de los mexicanos.

Se puede acceder al  Diario de los Debates con la dirección:
cronica.diputados.gob.mx/D Debates/54/index.html


Trabajo Parlamentario

LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AÑO III México, D. F., miércoles 13 de febrero de 1991 No. 9

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alfredo Reyes Contreras, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para presentar una proposición sobre los derechos laborales.

El diputado Alfredo Reyes Contreras: -Honorable asamblea:

En distintas ocasiones el Partido Popular Socialista ha denunciado que desde 1982 los gobiernos federales han violentado nuestro régimen constitucional, y a través de la facultad reglamentaria que tiene el Ejecutivo de la Unión han pasado por encima de la Constitución General de la República y por encima de las leyes.

Tal cosa ocurrió con el Reglamento de la Ley de Inversiones Extranjeras al reclasificar los productos de la petroquímica básica para pasarlos a la petroquímica secundaria, al elaborar un reglamento posterior a la venta de Teléfonos de México para justificar su reprivatización. Al margen de la Constitución se fomenta la reprivatización del ejido. Y recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de diciembre de 1990, el Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que conculca derechos fundamentales de la clase obrera de México.

Como se recordará, las normas que regulan la relación obrero-patronal se elevaron a rango constitucional como producto de la Revolución Mexicana, respondiendo a los intereses mayoritarios del pueblo trabajador. La notoria desigualdad entre el patrón y los trabajadores obligó a que las normas laborales, en lugar de permanecer en el derecho privado, se elevaran a rango público y el Estado adquiriera un carácter tutelar para proteger los derechos del trabajador; es decir, de la parte más débil de la relación obrero-patronal.

De una o de otra manera esta situación prevaleció hasta 1982 cuando, a pretexto del cambio estructural y ahora de la modernización, empezó una fuerte ofensiva en contra de la clase obrera del país y de manera particular en contra de todas sus conquistas logradas en una lucha permanente y con grandes sacrificios.

En la ofensiva neoliberal coinciden algunos sectores del gobierno y naturalmente los empresarios. Ellos piensan que nuestra legislación laboral debe adecuarse a la “modernización” y plantean como objetivos fundamentales la productividad y la competitividad internacional, reprimiendo los salarios de los trabajadores para contraer el mercado interno y fomentar las exportaciones.

Tanto empresarios como neoliberales en el gobierno se han propuesto dar marcha atrás a las conquistas obreras y regresar las normas laborales al campo del derecho privado, porque parten de la tesis modernísima de que el obrero y el patrón son iguales y pueden "contratar libremente". Que, por lo tanto, los conflictos obrero-patronales se deben resolver sin la intervención del Estado y que tanto el puesto de trabajo como el salario, la jornada de trabajo, el turno, la estabilidad en el empleo, deben ser variables para aumentar la productividad, término que en realidad encierra mayor sobreexplotación de la mano de obra.

Estas nuevas tesis pretenden que los salarios se paguen por hora de trabajo, que el reparto de utilidades se haga en función de la productividad y la situación bonancible de la empresa, porque dicen los empresarios y los neoliberales que debe acabarse con el "igualitarismo" y el "paternalismo".

Son muy claras las acciones aplicadas por esas fuerzas que constituyen verdaderas agresiones a los trabajadores del país. Las fuerzas de derecha del gobierno en plena armonía con los empresarios se han propuesto los siguientes objetivos: pulverizar la acción del movimiento obrero para debilitarlo; nulificar de varias maneras la acción de los sindicatos, obstaculizar la sindicalización de los trabajadores, bajo el pretexto de defender su "libertad", eliminando la sindicalización obligatoria; obstaculizar la formación de sindicatos mediante el recurso de "acreditación" de la personalidad de esas agrupaciones; destruir el derecho de defensa mutua de los sindicatos al proponer que se eliminen las huelgas por solidaridad, arma del proletariado para multiplicar la presión; acabar con avances tales como el contrato-ley al demandar que se dé preferencia al contrato de cada empresa por separado; hacer nugatorio el derecho de huelga mediante múltiples recursos de presión y de excepciones; intervenir en la vida interna de los sindicatos, a través de todo un sistema de fiscalización; propiciar la persecución de los trabajadores al proponer que se le obligue a identificarse con nombres y firmas en los pronunciamientos de huelga; impulsar la intromisión del poder público para debilitar el derecho de presión de los trabajadores.

Todas estas medidas se requieren para concluir o formalizar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América y Canadá, sin importar la vigencia de los derechos fundamentales de la clase obrera.

Señoras y señores legisladores, una característica esencial de la legislación laboral hasta 1982, fue su constante enriquecimiento para garantizar y ampliar los derechos de los trabajadores. La vigente Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 constitucional, cuando se expide es una de las más avanzadas del mundo capitalista; ahora, cuando las relaciones de producción están siendo modificadas en forma contrarrevolucionaria en favor del capital privado, representa un verdadero obstáculo para el proyecto neoliberal.

Por esa razón o se busca su modificación, que no se ha logrado gracias a la lucha de los trabajadores, o se viola abiertamente y se burlan por vía reglamentaria sus disposiciones, como ocurre con el citado Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Sólo a modo de ejemplo quisiera señalar, ante ustedes, que el artículo 24 del mencionado reglamento es violatorio de los artículo 369 y 370 de la Ley Federal del Trabajo, porque de acuerdo con la ley es la Junta de Conciliación y Arbitraje la que resolverá acerca de la cancelación del registro de sindicatos en lo casos que la misma disposición señala; es decir, en caso de disolución o en caso de que el sindicato deje de tener los requisitos legales.

El artículo 370 de la Ley Federal del Trabajo, expresamente señala que los sindicatos no están sujetos a disolución, suspensión o cancelación de su registro por vía administrativa, pero la fracción II del artículo 24 del Reglamento señala que corresponde a la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la facultad de proceder a la cancelación de los registros otorgados a asociaciones de trabajadores o de patrones.

En la fracción III del artículo 24 del citado reglamento, la mencionada dirección general tiene la facultad de resolver sobre el registro de los cambios de directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones, lo que significa una indebida intromisión del Poder Ejecutivo en la vida de los sindicatos.

Estas disposiciones del Reglamento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social constituyen una abierta agresión al derecho de sindicalización de los trabajadores y no incluyó aquí a los patrones porque sus intereses están fielmente representados y defendidos por el actual Secretario de Trabajo y Previsión Social.

Señoras y señores legisladores, al observar el contenido de este reglamento en materia sindical, nos parece que estamos ante hechos muy graves, y más si recordamos cómo se ha burlado por vía reglamentaria el contenido revolucionario de nuestra Constitución y de nuestras leyes.

Nos encontramos ante un hecho grave, el Ejecutivo asume funciones legislativas; es decir, el Ejecutivo suplanta al legislativo en su función esencial. El Ejecutivo violenta el estado de derecho en que vivimos y rompe con la división de poderes. Además de que en este caso concreto, estamos ante una agresión, como lo he dicho, al movimiento obrero, a los trabajadores y a sus derechos que para nosotros como representantes populares deben ser sagrados.

Por la gravedad que reviste esta situación, me permito presentar a nombre del Partido Popular Socialista, la siguiente proposición:

"Solicito con todo respeto a la Presidencia, que a esta proposición le dé el trámite que señala la fracción III del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La proposición es la siguiente:

Primera. Turnar el contenido de esta intervención a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Segunda. Que la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se aboque al estudio del citado reglamento.

Tercera. Que se demande la comparecencia del Secretario de Trabajo y Previsión Social, ante la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, para que explique con detalle el contenido del reglamento.

Cuarta. Por ser el reglamento ilegal y por atentar en contra de los derechos de sindicalización de la clase obrera, demandar en su oportunidad su derogación.

Sala de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los trece días del mes de febrero de 1991.

Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputado Alfredo Reyes Contreras."

El Presidente: -Túrnese para la atención que proceda, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. (Versión estenográfica)

miércoles, 9 de enero de 2013

CAMBIAR EL RÉGIMEN POLÍTICO DE MÉXICO



En el artículo anterior señalé las tareas urgentes que, a mi juicio, tienen las fuerzas democráticas de la Nación mexicana, frente al desastre provocado por los neoliberales en treinta años de mal gobierno. No se trata, como lo expresé al final, de un programa, sino de las medidas urgentes para detener, también, la continuidad del neoliberalismo anunciado por el nuevo gobierno federal.

Y frente a la continuidad del neoliberalismo que socava la soberanía nacional, que daña gravemente la independencia de México, que empobrece al pueblo y enriquece a unos cuantos, generando un grado de desigualdad social inadmisible, me parece que también es urgente plantear el cambio de régimen político.

El neoliberalismo conduce al país al abismo de manera directa.

La democracia no es más que una caricatura, y la llamada democracia representativa ha sido utilizada para impedir que el pueblo ejerza su soberanía. El pueblo mexicano ha sido despojado de su carácter soberano. En su nombre y representación se gobierna para un selecto grupo de acaudalados.

La elección de los gobernantes se ha convertido en un mecanismo formal que convalida el gobierno de la oligarquía. Los hechos, en este aspecto, son contundentes. El enorme abstencionismo es la muestra débil del rechazo de la mitad de los electores a un proceso lleno de vicios, dominado hoy plenamente por el dinero.

La impunidad ha sido la marca del neoliberalismo que, usando y abusando del poder, dispone a su antojo del patrimonio nacional, lo pone a remate como si se tratara de una mercancía cualquiera, asume conductas verdaderamente delictivas, sin que los responsables sufran ninguna sanción.

La Constitución de 1917 corrió la misma suerte que el Código Fundamental de 1857 bajo la dictadura porfirista: formalmente existe, pero su vigencia ha sido cancelada. Los funcionarios públicos violan constantemente el contenido de la Constitución nacional a ojos vistos, y no pasa nada.

Sus mandatos fundamentales han sido alterados para garantizar los negocios más turbios y las ganancias más sucias de la oligarquía. A través de las leyes secundarias se han cancelado derechos constitucionales fundamentales de la nación y del pueblo: el despojo del petróleo y la industria eléctrica; el regreso multimillonario de dinero a los empresarios, que no sólo no contribuyen con sus impuestos, sino que se apoderan de los recursos públicos; el despojo de los derechos de los trabajadores mexicanos mediante la contrarreforma electoral reciente; el despojo a la nación y a los ejidatarios de la propiedad social. Los ejemplos se multiplican.

Cuando el neoliberalismo ha sido desechado en otros pueblos hermanos de América Latina y del Mundo, y es repudiado mediante grandes manifestaciones, en México se le invoca como el último grito de la moda y se presenta, falsamente, como el remedio de todos nuestros males.

El fuero constitucional, otorgado a funcionarios federales y estatales, ha dejado de ser un mecanismo de protección en el buen ejercicio de las responsabilidades públicas, para convertirse en un instrumento que garantiza el desaseo de los funcionarios y fuente primaria de la impunidad, que se extiende hasta los familiares de quienes lo gozan.

Mientras exista el fuero no habrá transparencia en el ejercicio del gobierno y menos rendición de cuentas, temas sobre los que se habla mucho, se legisla en los tres niveles de gobierno, pero todo sigue igual. La corrupción ha invadido como un cáncer terminal al poder público.

En el extremo, y para garantizar la continuidad de la política depredadora del neoliberalismo, el actual gobierno federal presenta como una conquista histórica la conformación de un bloque de fuerzas de derecha, integrado por el PRI, el PAN y el PRD, que nulifica en la práctica la función deliberativa y resolutiva de las Cámaras del Congreso de la Unión, que se convertirán en simples oficinas de trámite. Ese bloque derechista pretende avasallar a las fuerzas opositoras y cancelar las opiniones contrarias al proyecto neoliberal.

Como en uno de los momentos más aciagos de nuestra historia, surge un Consejo para impulsar el llamado “Acuerdo por México” con un tufo reaccionario, como lo tuvo en su momento la Junta de Notables que impuso la forma monárquica de gobierno. Hoy, en lugar de monarquía, hablamos de neoliberalismo.

A quien le quede alguna duda, lea las siguientes líneas aparecidas en algunos medios nacionales la tarde del martes 8 de enero del año en curso: “El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), José Ángel Gurría, calificó ayer como inédito y excepcional la firma del acuerdo por México. “Lo vemos con enorme interés y entusiasmo… Es lo que le había faltado a México durante tantos años”, puntualizó.

El entusiasmo de la derecha neoliberal expresado en pocas palabras por alguien que debe decir abiertamente qué intereses representa y qué autoridad tiene para meterse en la vida de los mexicanos cada que le viene en gana, sin tener ninguna autoridad para hacerlo.

Los funcionarios públicos a los que la Constitución les otorga el carácter de mandatarios, en la práctica asumen el papel de mandantes o mandones. Todos, sin excepción, son electos por la mayoría de la minoría, incluyendo los escandalosos fraudes que marcan nuestra historia en los últimos 30 años.

Hemos arribado a una situación en que la democracia representativa, en México, no representa al pueblo, no representa a la nación, no representa las aspiraciones legítimas del pueblo mexicano de independencia, soberanía, libertad y justicia social.

La primera condición para cambiar el régimen político en México es que el pueblo recupere su carácter soberano. Esto puede sonar subversivo para los neoliberales, pero el artículo 39 de la Constitución mexicana ordena: “La soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Esta norma constitucional debe modificarse o adicionarse para quedar con la siguiente redacción: “La soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, quien la ejerce directamente a través de las figuras y formas previstas por esta Constitución y las leyes respectivas. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Modificar la fracción II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer “el derecho inalienable de los mexicanos de participar en la dirección de los asuntos públicos, entre otras figuras a través del plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la contraloría social”.

La Iniciativa popular, como derecho de los mexicanos, está prevista en el artículo 35 constitucional, pero establece tales requisitos que hace imposible su ejercicio.

De acuerdo con el nuevo contenido del artículo primero constitucional esos derechos son reconocidos (no otorgados) y deben ser escrupulosamente respetados por todos los funcionarios. Y las leyes reglamentarias deben facilitar su ejercicio y no hacerlos nugatorios.
Hay que destacar que deben ser los ciudadanos los que hagan uso de los derechos citados, y no las autoridades siempre proclives a impedir que se exprese la voluntad colectiva de manera libre y segura.

Como consecuencia de las adiciones señaladas, debe establecerse la revocación del mandato. El mandante es el pueblo y ese carácter, por disposición constitucional, es inalienable. Hay que regresar su carácter soberano al pueblo. Hay que reconocer el poder que la Constitución otorga al pueblo, ese poder que le han usurpado los funcionarios.

En las reformas a la Constitución no debe quedar excluido el pueblo, por lo que es necesario incorporar la figura del Referendo o Referéndum Constitucional para que el pueblo participe directamente en la adición o modificación de la Carta Magna, y lo mismo debe hacerse en las entidades de la federación con las constituciones estatales.

Los funcionarios no deben tener fuero cuando atentan contra los intereses de la nación, contra los intereses del pueblo y de manera particular cuando se atenta contra el patrimonio público. Es decir, los funcionarios públicos, cualquiera que sea su rango no tienen facultades para disponer del patrimonio nacional, estatal y municipal.

Por lo tanto, la Constitución de la República debe consagrar, de manera expresa, como derecho de los mexicanos la prohibición de privatizar el patrimonio nacional, el de los Estados y el Municipal, así como la prohibición de privatizar los servicios de salud, de educación, la seguridad social, las empresas que formen parte o se incorporen al patrimonio público, los aeropuertos, los puertos marítimos, las reservas ecológicas, el petróleo y sus derivados, la electricidad y las empresas que por mandato constitucional hoy tienen el encargo de manejar en forma exclusiva esos renglones básicos de la economía nacional, como PEMEX y la CFE.

También estará prohibido privatizar las carreteras, el ejido, restableciéndolo como propiedad de la nación entregada en usufructo a los ejidatarios, los sistemas de riego, la propiedad y los bienes federales y estatales.

Privatizar un bien público será causa inapelable para revocar el mandato de los funcionarios, separarlos de cualquier función pública y obligarlos a reparar los daños provocados, además de las sanciones penales que correspondan.

La Constitución establecerá como obligación del Estado la nacionalización de la Banca y el Crédito, los ferrocarriles de carga y pasajeros, la industria minera y siderúrgica. Y declarar nulos de pleno derecho los contratos otorgados  a particulares o empresas petroleras o de la electricidad en violación de las disposiciones constitucionales que los prohíben.

La Carta Magna deberá establecer como principio constitucional la intervención del Estado en la economía, no la rectoría que es una figura impulsada por el neoliberalismo y que impide al Estado promover el desarrollo económico y social.

Los delitos cometidos por los funcionarios, en ejercicio del poder, contra los intereses de la nación y del pueblo, en todos los niveles de gobierno (ejecutivo, legislativo, judicial y municipal) serán exigibles en todo momento y no prescribirán.

Hay que ampliar sistemáticamente los derechos sociales y las garantías individuales de los mexicanos:

Reconocer, a nivel constitucional, el derecho a la libertad ideológica, la indemnización por error judicial, a cargo del Estado; la obligación del Estado de garantizar la soberanía alimentaria del país y, consecuentemente, el derecho a la alimentación; el derecho al agua segura; el derecho de los mexicanos a la soberanía energética y tecnológica; el derecho de llevar una vida libre de violencia; el derecho a la paz social; reconocer y ampliar los derechos de las personas de la tercera edad y de las personas con capacidades diferentes; el derecho a la investigación científica; el derecho de los mexicanos a la enseñanza superior.

La Constitución mexicana reconocerá el derecho de toda persona para recurrir a los tribunales a fin de garantizar los derechos que ella reconoce y objetar las violaciones a la propia Constitución. Reconocer también el derecho, tanto a las colectividades como a las personas, para que los funcionarios responsables reparen el daño causado.

Y aunque no estén explícitamente contenidos en las normas constitucionales, se tendrán por reconocidos los derechos otorgados por instrumentos internacionales a favor de las personas, estableciendo el principio de que la ignorancia de un tratado internacional no excusa su cumplimiento.

El cambio de régimen político tendrá, entre uno de sus principales objetivos, el cambio de modelo económico: prohibir las privatizaciones y fomentar las nacionalizaciones.

jueves, 6 de diciembre de 2012

TAREAS URGENTES DE LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS DE MÉXICO




La primera y más importante tarea de las fuerzas democráticas de México, en este momento, frente al nuevo gobierno, es la lucha por restablecer la vigencia de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y por la aplicación de sus postulados más avanzados en beneficio del pueblo: 


Restablecer la vigencia de las normas que contienen las garantías individuales, muchas de ellas canceladas o conculcadas por los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN. De manera inmediata derogar aquellas figuras que niegan en la práctica el ejercicio de esas garantías.

Exigir la vigencia de las garantías sociales, como la establecida en el artículo tercero en materia de educación, aplicando sus postulados filosóficos. Las que contiene el artículo cuarto de la misma Ley Suprema: derecho a la alimentación nutritiva, derecho a la protección de la salud, derecho a un medio ambiente sano, derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.

Exigir la vigencia plena de los derechos de la niñez que contiene la misma disposición constitucional, así como el derecho al acceso a la cultura, el derecho a la cultura física y a la práctica de los deportes.

Cualquier declaración o acuerdo gubernamental que no se oriente claramente a conseguir que las garantías  individuales y sociales se cumplan y apliquen, cae en el terreno de la demagogia.

Además debe respetarse el contenido de los artículos 24 y 130, para que el clero se abstenga de intervenir en la vida política y se concrete a la función que le es propia.

Por salud de la República es urgente el restablecimiento de los mandatos del artículo 27 constitucional en materia de petróleo y electricidad, cancelando los contratos otorgados a intereses privados en violación de esa norma. Hay que restablecer la soberanía plena en materia energética, y combatir, con firmeza, las intenciones del gobierno federal que pretende desnacionalizar la riqueza petrolera y privatizar Pemex.

A Pemex hay que rescatarlo de las garras de las empresas petroleras extranjeras que ya lo penetraron por las acciones fraudulentas y anticonstitucionales desde el poder público; rescatarlo de la corrupción, privada y gubernamental, que materialmente han saqueado a dicha empresa, desde 1982, y robado la renta petrolera propiedad de los mexicanos, y parar la sangría que significa el robo descarado de los fluidos de gas y petróleo, sin que el gobierno haga nada, ubicándose como cómplice de los delincuentes.

Las fuerzas democráticas tienen también la tarea impostergable de luchar para derogar la contrarreforma laboral, aprobada por panistas y priistas recientemente, que es violatoria del artículo 123 de la Carta Magna y de instrumentos internacionales en materia laboral.

Es contradictorio o más bien demagógico que por una parte se hayan aprobado las reformas reaccionarias a la Ley del Trabajo, que no generarán los empleos que se requieren, que institucionaliza los salarios de hambre, que revive el trato que los trabajadores recibían durante la dictadura de Porfirio Díaz, y, por otra, se diga  que se va a combatir la pobreza. “Combatir” la pobreza con bajos salarios, derivados de esa contrarreforma, muestra la verdadera concepción del nuevo gobierno.

Además, debe rescatarse la seguridad social de manos de los mercaderes inescrupulosos y restablecer el sentido solidario con que se concibió. La privatización de la seguridad social es un crimen de lesa patria.

En política exterior urge restablecer los principios históricos que señala el artículo 89 de la Constitución nacional, abandonando los sueños de gran potencia que ocultan la pobreza, la miseria y la pérdida de soberanía generadas por 30 años de neoliberalismo.

También hay que decir que el nuevo gobierno no va a rescatar ningún liderazgo en América Latina si sigue sujeto a los yanquis y si aplica medidas neoliberales que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos están abandonando.

Antes de proponerse convertir a México en una potencia mundial, o un país de clase media hay que rescatar a los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la miseria.

Por un sentido elemental de dignidad nacional, el gobierno federal tiene la obligación de expulsar del país a las policías yanquis que se encuentran en el territorio nacional en violación flagrante de la soberanía nacional, investigar y castigar la felonía de los funcionarios traidores que han permitido la injerencia yanqui en cuestiones que sólo competen a los mexicanos.

Hay que precisar que el prestigio de México en la arena internacional no la construyó el PRI como partido. Se construyó fundamentalmente con dos gobiernos ejercidos con sentido popular y nacional: el gobierno de Lázaro Cárdenas, emanado del Partido de la Revolución Mexicana, que por sus principios y lucha no era el PRI, con una actitud anticolonial, antimperialista, antifascista, solidario con las luchas de los pueblos por la independencia, la soberanía y el progreso social, y el gobierno de López Mateos, también anticolonial y antimperialista que, entre otras cosas, mostró firmeza solidaria con Cuba al negarse a romper relaciones con el naciente gobierno socialista encabezado, en la Isla, por Fidel Castro.

Esos gobiernos emanados de la Revolución Mexicana, condujeron una política internacional digna de un pueblo que proclamó y reclamó principios fundamentales en la convivencia mundial. En las relaciones internacionales no se comportaban como vulgares mercaderes, promoviendo los intereses de los sectores acaudalados, como sí ocurrió con todos los gobiernos neoliberales desde 1982.

Recatar esa presencia de México a nivel internacional no será posible si, además, no se ejerce con dignidad y respeto el gobierno en el interior del país, si se reprimen las manifestaciones justas de los jóvenes que representan la indignación de millones de mexicanos. La represión de la protesta social constituye un acto de provocación y un mensaje dictatorial que los mexicanos rechazamos con la mayor energía.

En materia del crimen organizado y la brutal inseguridad que sufre el pueblo, hay que impedir -por dignidad y vigencia plena de nuestra soberanía como nación- que los yanquis sigan metiendo las manos, en una abierta actitud intervencionista, consentida y auspiciada por los neoliberales, en cuestiones exclusivas de los mexicanos.

Rechazar con energía y firmeza que México siga siendo tratado como conejillo de indias en materia de narcotráfico. Se debe entender que son los yanquis, a través de sus múltiples agencias de espionaje y desestabilización, los que administrar el gran negocio que representan la producción, la comercialización y el consumo de drogas.

Los gringos han colombianizado a México, y le han impuesto una guerra que no resuelve ni resolverá el problema, sino que lo agravará. Los yanquis ponen las armas y México pone los muertos. Los yanquis saben quiénes son y dónde están los grandes capos, por eso cuando les conviene los detienen sin disparar un tiro.

Los yanquis le han dado a México el trato que le dan a Afganistán y Paquistán. La guerra conviene a los gringos, está en sus intereses económicos y políticos que esa guerra desastrosa continué.

Los cómplices de los gringos como Felipe Calderón y su gobierno merecen ser juzgados y castigados con severidad ejemplar. Si quienes deben hacerlo no actúan contra los responsables de casi cien miel muertes y miles de desparecidos y desplazados; si se deja impune la conducta traidora de quienes consintieron que México haya sido invadido por las armas yanquis; si no se castigan los delitos cometidos desde el poder público contra el pueblo y la Nación se estará invitando al pueblo para que tome justicia por su propia mano.

En cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, -si el gobierno ajusta sus actos a los mandatos de la Constitución nacional- debe retirar inmediatamente al ejército y a la Marina de las funciones policíacas que, de manera anticonstitucional, les otorgó el gobierno reaccionario de Calderón, pues son funciones ajenas a su competencia y con ello han invadido facultades que la Constitución confiere a otros órganos del Estado.

En materia fiscal sería criminal que se aumente el IVA y se generalice a los alimentos y medicamentos. De nada servirá el llamado sistema universal de salud si la mayoría de los mexicanos no tienen acceso a la asistencia médica y a un cuadro básico de medicamentos, así como a una alimentación sana. Por hoy, y visto el contenido del articulo cuarto de nuestra Constitución cualquier medida o impuesto que haga nugatorio el derecho a la alimentación y a la salud debe rechazarse de plano por ser anticonstitucional y antipopular.

En el terreno fiscal hay que combatir cualquier intento de seguir gravando el consumo. Hay que gravar al capital, que ha amasado cuantiosas fortunas a costa del hambre, la salud y la vida misma del pueblo.

Restablecer la vigencia del mandato constitucional -burlado de mil maneras por los funcionarios públicos y los intereses privados- según el cual los mexicanos deben contribuir de acuerdo con su capacidad económica. Como ya se dijo en el pasado con mucha insistencia y total claridad: que pague más el que más tiene, que pague menos el que menos tiene y que nada pague el que nada tiene. Y por un elementa sentido de justicia, derogar todas las disposiciones que otorgan privilegios a los adinerados, muchos de los cuales no pagan impuestos, y cuando los pagan se los regresan. Son principios elementales de justicia social.

Como de elemental justicia social es atender la vida de los campesinos mexicanos, abandonados por los neoliberales a su suerte y a sus recursos, y no se diga a los ejidatarios obligados por los tecnócratas a malbaratar sus parcelas para sobrevivir, sin ninguna posibilidad de tener acceso al crédito porque el sistema bancario entregado por los tecnócratas al intereses extranjeros se los niega.

Como se aprecia por lo expuesto, no se trata de un programa, sino de acciones urgentes e inmediatas que las fuerzas democráticas deben impulsar y, de esa manera, cerrar el paso a los intentos gubernamentales de cancelar el debate nacional mediante acuerdos cupulares.

miércoles, 28 de noviembre de 2012

PARAR EN SECO LOS INTENTOS DESNACIONALIZADORES DEL PETRÓLEO MEXICANO



El “nuevo” PRI nos empieza a tratar a los mexicanos como si fuéramos unos retrasados mentales y carentes de memoria histórica. Los principales personajes de ese partido, surgidos de las universidades privadas, sin ningún compromiso social, ajenos a las aspiraciones de justicia social de las grandes masas populares, sin asumir legalmente el gobierno, se han conducido de manera irresponsable: han apostado todo para cancelar derechos fundamentales de la clase trabajadora, y anuncian desfachatadamente la desnacionalización del petróleo.

Sin tener en cuenta razones de carácter histórico, que obviamente ignoran, haciendo gala de soberbia, y sin el menor sentido de pertenencia a un pueblo como el mexicano, se conducen como mandaderos de intereses económicos domésticos y extranjeros, sin importarles los intereses del pueblo.

Causa verdadera indignación que personas como Luis Videgaray y el propio Peña Nieto salgan al extranjero a ofrecer el petróleo mexicano como si se tratara de un recurso del que puedan disponer así como así.

Sus argumentos -si es que así se pueden llamar a lo que dicen para justificar su propuesta desnacionalizadora- los hemos escuchado machaconamente desde 1982 en que se instauró el neoliberalismo depredador. No hay nada novedoso. Ya los escuchamos de los gobiernos priistas y panistas en los últimos 30 años.

Repito: a la contrarreforma neoporfirista en materia laboral, se anuncia la desnacionalización del petróleo mexicano, otra contrarreforma del mismo tipo, invocando los sagrados dogmas de la economía de mercado: el libre comercio, la competitividad, y dizque la generación de empleos.

El signo de la modernidad para el “nuevo” PRI es regresar a la época de Porfirio Díaz, entregando la riqueza petrolera de México a las empresas extranjeras, en una actitud que desafía la tolerancia que el pueblo ha mostrado en las últimas décadas. Parece que estamos ante actos de provocación de esta nueva generación priista.

Con Pemex -hay que refrescarles la memoria- se consolidó el ejercicio pleno de la soberanía nacional al rescatar los recursos petroleros en manos de compañías extranjeras; con Pemex se materializó la expropiación decretada por un gobierno patriota, y con Pemex la nacionalización del petróleo abrió, a nivel mundial, un camino que posteriormente siguieron varios gobiernos en distintas latitudes del mundo, y aún sigue siendo ejemplo para quienes representan a sus pueblos con dignidad.

Lázaro Cárdenas es recordado en muchos países de América Latina y del orbe como el presidente mexicano que desafió al imperialismo yanqui, le ató las garras, recuperó las riquezas petroleras para la nación, e inauguró el proceso de nacionalizaciones, a nivel mundial, en el siglo XX. Levantó a Pemex sobre las ruinas que dejaron las compañías petroleras extranjeras; y los ingenieros mexicanos desarrollaron la tecnología que llevó a esa empresa a elevados niveles de competencia internacional y de gran eficiencia administrativa.

Pemex se convirtió en la columna vertebral del desarrollo económico de México. Sin Pemex no se pueden explicar las transformaciones que se dieron en México en los años constructivos de la Revolución Mexicana, y sin Pemex no se concibe el desarrollo nacional en el siglo XXI.

Los graves problemas de Petróleos Mexicanos son el resultado de las políticas neoliberales que han tratado de destruir esa empresa, y ahora con el “nuevo” PRI consideran que llegó el momento de entregar los recursos petroleros a las compañías extranjeras, y destruir a la empresa que influyó, entre otras cosas, a mantener la paz social en nuestro país.

Priistas y panistas han violado de manera descarada la Constitución nacional al permitir la presencia de inversión privada en actividades reservadas de manera exclusiva para la nación, invocando mentiras para tratar de justificar esas medidas antipatrióticas.

Dice la Constitución Mexicana en su artículo 27 que “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.

De manera que los contratos que empezaron a otorgar los priistas y siguieron otorgando los panistas son nulos de pleno derecho, como lo señalaron reiteradamente conocidos y prestigiados constitucionalistas mexicanos. Y si en el futuro inmediato se siguen otorgando, seguirán siendo nulos de pleno derecho, y quienes los otorgan contraen responsabilidades administrativas y penales que las leyes mexicanas señalan.

Peña Nieto jurará, el primero de diciembre, respetar y hacer respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto la primera medida que debe tomar –si ajusta sus actos a la Constitución nacional y a la ley- es retirar la presencia de la inversión privada en actividades petroleras reservadas exclusivamente al Estado mexicano, o se convertirá como otros gobernantes en violador de la Constitución.

Frente a la amenaza desnacionalizadora, anunciada aquí y prometida irresponsablemente en el extranjero, la inmensa mayoría de los mexicanos debemos asumir la defensa de los recursos petroleros y de Pemex, y combatir las falsedades que invocan los neoliberales.

No hay ninguna razón económica o social que justifique la desnacionalización del petróleo y la privatización de Pemex.

Desnacionalizar el petróleo mexicano y liquidar la empresa petrolera de los mexicanos ha sido y es una exigencia de las compañías extranjeras, repetida como vulgares ventrílocuos por el FMI, el BM, la OCDE y otras instituciones creadas a nivel mundial por esos intereses, a los que representan y defienden, y en nombre de los cuales sugieren e imponen medidas en perjuicio de pueblos como el mexicano.