No hay mucha diferencia entre lo que ocurría en 2007 y lo que sucede al iniciar el 2012 en México. Cambian algunas personas, escenarios y porcentajes, pero la tendencia y los desastres provocados por los panistas, en México, son cada día más agudos, mientas Latinoamérica se va deshaciendo de ese lastre. Cuando se cumplían 25 años del modelo neoliberal depredador, los mexicanos estábamos leyendo, en parte, lo que ocurre cuando ese modelo cumple más de tres décadas: crece el número de pobres, crece la población joven sin empleo, y el dato dramático: casi 60 mil mexicanos muertos en la guerra que los yanquis le impusieron a Calderón, por lo cual, tarde o temprano, tendrá que responder ante el pueblo y la humanidad.
En los últimos 25 años la economía mexicana ha experimentado una crisis permanente y recurrente, que se ha expresado, entre otras cosas, en inflación alta, como ocurrió con el gobierno de Miguel de la Madrid, en un crecimiento artificial como sucedió con Salinas y, también, en un aparente crecimiento con Zedillo, después de la tremenda crisis desatada por el llamado “error de diciembre”, responsabilidad de ambos gobiernos, es decir, el de Carlos Salinas y el de Ernesto Zedillo. Y hablo de crecimiento artificial y aparente, porque en los hechos la pobreza de amplios sectores populares siguió creciendo y la concentración de la riqueza en pocas manos se acentúo.
Con Fox –al que ahora se le están “descubriendo” las trapacerías y corruptelas en que incurrió su gobierno- el crecimiento se redujo de tal manera que casi atina a conseguir su sueño guajiro del 7%, pero no anual sino sexenal, porque se entregó al sector empresarial y golpeó rudamente al pueblo. Con Vicente Fox –un proyanqui convencido, calificado merecidamente por el presidente venezolano Hugo Chávez como el “cachorro del imperialismo”, por su actitud entreguista y antipatriota- la dependencia de nuestra economía respecto de la norteamericana creció, y la crisis se profundizó al aislar intencionalmente a México del resto de América Latina. Pero, además, la economía mexicana perdió frente a la economía china, primero porque la potencia asiática, que mantiene porcentajes de crecimiento arriba del 10% anual desde hace varios años, desplazó a México como el principal socio comercial de los Estados Unidos y, segundo, porque la economía mexicana fue penetrada por la economía china.
El bajo, o mejor dicho, el nulo crecimiento de la economía con Fox continuará en el actual sexenio, pues los gobiernos panistas no han querido entender que el neoliberalismo ha entrado en una crisis profunda e irreversible; que ese modelo ya no tiene ningún porvenir, y menos en Latinoamérica; que de manera destacada los pueblos de América Latina, a través de una lucha a fondo, se están sacudiendo tanto el modelo neoliberal como las secuelas de miseria, pobreza, atraso, analfabetismo, crecimiento inusitado de la delincuencia y otras lacras sociales, que se generaron o crecieron bajo los criminales gobiernos neoliberales de toda la zona.
Y son esos pueblos los que han logrado desplazar a los neoliberales del poder, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Venezuela, y hasta en el mismo Perú. Hoy el mapa político y económico latinoamericano se ha modificado de manera muy importante, y todos esos países están logrando –algunos de ellos ya por varios años consecutivos- un crecimiento económico alto que no se logró, como no se podía conseguir, bajo el neoliberalismo. Lo que explica ese crecimiento de sus economías –cuyas cifras se pueden comprobar consultando los estudios de la CEPAL- es el abandono del modelo neoliberal. En tanto que los gobiernos, como el de los panistas en México, que se mantienen tercamente aplicando la política del neoliberalismo, lo que han conseguido es el estancamiento económico, el crecimiento del desempleo y el agravamiento de otros fenómenos sociales.
Precisamente los datos recientes de la CEPAL, colocan a la economía de México en el último lugar de crecimiento en América Latina durante 2007, abajo ya no digamos de países como Brasil, Argentina, Chile y Venezuela, sino muy por abajo del crecimiento que lograrán países como Panamá (8.5%), República Dominicana (7.5%), Perú (7.3%), Colombia (6.8%), Costa Rica (6.0%), Honduras (5.5%), Uruguay (5.2%), Guatemala (5.0%). Y también por abajo del crecimiento que lograrán El Salvador (4.5%), Nicaragua (4.3%), Bolivia (4.2%), Paraguay (4.0%), Ecuador (3.5%), y Haití (3.5%).
La economía mexicana, según las previsiones de la CEPAL, sólo crecerá al 3.2%, el más bajo de América Latina. Y todavía los panistas neoliberales en el poder insisten en sus famosas reformas estructurales, es decir, reformas neoliberales, que conducirían a México, en las actuales circunstancias latinoamericanas, a una verdadera catástrofe. Cuando la gran mayoría de países latinoamericanos han abandonado paulatinamente las políticas impuestas por los yanquis a través de sus agencias financieras, y orientan su desarrollo hacia el crecimiento y bienestar general, aquí con un gobierno reaccionario se insiste en aplicar el modelo que ya fracasó, no ahora sino desde hace tiempo, que no genera crecimiento, que no crea empleos, que no combate la pobreza, y que sí profundiza la desigualdad social a niveles jamás conocidos.
Con los panistas, México ha dejado de ser el hermano mayor de América Latina, se transformó en el hermano menor, y es ya el hijo adoptivo del imperialismo.
sábado, 14 de enero de 2012
NEOLIBERALISMO CLERICAL
Este artículo lo escribí en 2007, cuando el clero se volvió a pronunciar abiertamente en defensa de Calderón y demandó las reformas estructurales (léase: neoliberal) que hoy mantienen como cantaleta los neoliberales, sobre todo el grupo compacto autodenominado “La generación del Cambio”, a los que les queda mejor la denominación de vendepatrias. Se advierte claramente la complicidad del clero con ese grupo faccioso.
Con sus cómplices en el poder, el clero político ha retomado activamente el papel de violador contumaz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que los partidos distintos al PAN, con su indiferencia, o a lo mejor también con su complicidad, propician que el clero viole permanentemente las disposiciones del artículo 130 constitucional, que en otros tiempos –con una redacción clara y precisa- logró contener los ímpetus políticos de un sector mayoritario de los ministros de la iglesia católica.
El inciso e) de dicho artículo, al referirse a los ministros de culto religioso, dice textualmente: “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma, los símbolos patrios”
Desde Los Pinos se auspicia que la alta jerarquía del clero católico sistemáticamente haga declaraciones políticas: defiende a Calderón, critica a los partidos, se meta con las instituciones del país y asuma, como suyo, el neoliberalismo económico. La complicidad de la Secretaría de Gobernación como autoridad responsable de velar por el respeto y la observancia de la Constitución, salta a la vista.
Hace unos días –y por enésima vez- el clero, a través de una de sus publicaciones periódicas, se fue hasta la cocina, al afirmar que la actual legislatura federal es “una de las más irresponsables de las que se tenga memoria”, haciendo diferencias de matiz entre los partidos mayoritarios en ese órgano colegiado, con la intención de justificar al PAN y defender abiertamente a Calderón.
Se pronunció, como lo hace Calderón y el PAN, por privatizar el petróleo, la energía eléctrica y realizar la reforma fiscal para clavarle más el diente al pueblo mexicano. Pretendiendo justificar su planteamiento mintió al afirmar que “todos los sectores del país están de acuerdo en la urgencia de cambios estructurales en distintos rubros”. Con hipocresía no habla abiertamente de la electricidad, el petróleo y la reforma fiscal, y sólo habla “de cambios estructurales en distintos rubros”, fingiendo padecer demencia, pero todo mundo sabe a qué se refiere cuando habla de cambios estructurales, terminología, por cierto, tomada del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Ya se puede hablar, en México, del neoliberalismo clerical.
En dicha publicación, el clero se lanza violentamente contra el Partido de la Revolución Democrática, pues su grupo parlamentario, dicen los “santos señores”, “intentó de manera burda y violenta impedir la toma de posesión del jefe del Ejecutivo”, opinión que lo coloca en favor de Calderón, asumiendo la defensa –evidentemente, no gratuita- del panista. Y en plena coincidencia con los reaccionarios panistas justifica el fraude en las elecciones federales del 2006, que según su “inmaculada” percepción “nadie vio…ni los observadores nacionales ni extranjeros, ni las encuestas, ni las distintas revisiones realizadas”, ubicándose en el papel de máximo órgano electoral del país, por encima del Instituto Federal Electoral, y pretendiendo que sus opiniones tengan carácter definitivo e inatacable.
Como se aprecia, cada una de las declaraciones del clero, puestas entre comillas, se refieren a cuestiones de orden político: el ataque directo a la actividad y las resoluciones del Poder Legislativo son políticas; la defensa del modelo neoliberal, es eminentemente política; la condena a la actitud del PRD es política; la defensa abierta y sin tapujos de Calderón cae en el terreno político, y todas esas opiniones, sin excepción, violan la Constitución General de la República en el artículo que transcribimos inicialmente.
Si tanto hablan los gobernantes del Estado de Derecho, ahí tienen un caso para aplicar las leyes, que no requieren ninguna interpretación, sino su estricta aplicación. El clero debe dedicarse a realizar sus funciones, y todo indica que se impone el restablecimiento de la legislación constitucional anterior a la vigente, en que no se reconocía personalidad jurídica a las instituciones denominadas iglesias.
Por estar tan ocupados en intervenir constantemente en las cuestiones políticas que no les incumben, abandonan las “funciones espirituales” de su iglesia y a sus feligreses que prefieren emigrar a otras religiones.
Hoy muchos creyentes se preguntan cuál fue la posición del clero mexicano cuando se decretó oficialmente la desaparición del purgatorio, o si como dirección de la iglesia católica asumió la defensa de las almas que moraban en el limbo, como también se identificaba a ese lugar ahora inexistente y, por lo tanto vació. También los creyentes quisieran saber si el clero político está o no de acuerdo en que el cielo y el infierno no están ni arriba ni abajo, es decir, que físicamente no existen y que sólo se trata de estados de ánimo de las personas. En fin, quieren saber la posición de la alta jerarquía eclesiástica frente a la Congregación para la Doctrina de la Fe –antigua inquisición de negra memoria- cuando fue presidida por Joseph Alois Ratzinger, o sea el papa Benedicto XVI.
Con sus cómplices en el poder, el clero político ha retomado activamente el papel de violador contumaz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que los partidos distintos al PAN, con su indiferencia, o a lo mejor también con su complicidad, propician que el clero viole permanentemente las disposiciones del artículo 130 constitucional, que en otros tiempos –con una redacción clara y precisa- logró contener los ímpetus políticos de un sector mayoritario de los ministros de la iglesia católica.
El inciso e) de dicho artículo, al referirse a los ministros de culto religioso, dice textualmente: “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma, los símbolos patrios”
Desde Los Pinos se auspicia que la alta jerarquía del clero católico sistemáticamente haga declaraciones políticas: defiende a Calderón, critica a los partidos, se meta con las instituciones del país y asuma, como suyo, el neoliberalismo económico. La complicidad de la Secretaría de Gobernación como autoridad responsable de velar por el respeto y la observancia de la Constitución, salta a la vista.
Hace unos días –y por enésima vez- el clero, a través de una de sus publicaciones periódicas, se fue hasta la cocina, al afirmar que la actual legislatura federal es “una de las más irresponsables de las que se tenga memoria”, haciendo diferencias de matiz entre los partidos mayoritarios en ese órgano colegiado, con la intención de justificar al PAN y defender abiertamente a Calderón.
Se pronunció, como lo hace Calderón y el PAN, por privatizar el petróleo, la energía eléctrica y realizar la reforma fiscal para clavarle más el diente al pueblo mexicano. Pretendiendo justificar su planteamiento mintió al afirmar que “todos los sectores del país están de acuerdo en la urgencia de cambios estructurales en distintos rubros”. Con hipocresía no habla abiertamente de la electricidad, el petróleo y la reforma fiscal, y sólo habla “de cambios estructurales en distintos rubros”, fingiendo padecer demencia, pero todo mundo sabe a qué se refiere cuando habla de cambios estructurales, terminología, por cierto, tomada del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Ya se puede hablar, en México, del neoliberalismo clerical.
En dicha publicación, el clero se lanza violentamente contra el Partido de la Revolución Democrática, pues su grupo parlamentario, dicen los “santos señores”, “intentó de manera burda y violenta impedir la toma de posesión del jefe del Ejecutivo”, opinión que lo coloca en favor de Calderón, asumiendo la defensa –evidentemente, no gratuita- del panista. Y en plena coincidencia con los reaccionarios panistas justifica el fraude en las elecciones federales del 2006, que según su “inmaculada” percepción “nadie vio…ni los observadores nacionales ni extranjeros, ni las encuestas, ni las distintas revisiones realizadas”, ubicándose en el papel de máximo órgano electoral del país, por encima del Instituto Federal Electoral, y pretendiendo que sus opiniones tengan carácter definitivo e inatacable.
Como se aprecia, cada una de las declaraciones del clero, puestas entre comillas, se refieren a cuestiones de orden político: el ataque directo a la actividad y las resoluciones del Poder Legislativo son políticas; la defensa del modelo neoliberal, es eminentemente política; la condena a la actitud del PRD es política; la defensa abierta y sin tapujos de Calderón cae en el terreno político, y todas esas opiniones, sin excepción, violan la Constitución General de la República en el artículo que transcribimos inicialmente.
Si tanto hablan los gobernantes del Estado de Derecho, ahí tienen un caso para aplicar las leyes, que no requieren ninguna interpretación, sino su estricta aplicación. El clero debe dedicarse a realizar sus funciones, y todo indica que se impone el restablecimiento de la legislación constitucional anterior a la vigente, en que no se reconocía personalidad jurídica a las instituciones denominadas iglesias.
Por estar tan ocupados en intervenir constantemente en las cuestiones políticas que no les incumben, abandonan las “funciones espirituales” de su iglesia y a sus feligreses que prefieren emigrar a otras religiones.
Hoy muchos creyentes se preguntan cuál fue la posición del clero mexicano cuando se decretó oficialmente la desaparición del purgatorio, o si como dirección de la iglesia católica asumió la defensa de las almas que moraban en el limbo, como también se identificaba a ese lugar ahora inexistente y, por lo tanto vació. También los creyentes quisieran saber si el clero político está o no de acuerdo en que el cielo y el infierno no están ni arriba ni abajo, es decir, que físicamente no existen y que sólo se trata de estados de ánimo de las personas. En fin, quieren saber la posición de la alta jerarquía eclesiástica frente a la Congregación para la Doctrina de la Fe –antigua inquisición de negra memoria- cuando fue presidida por Joseph Alois Ratzinger, o sea el papa Benedicto XVI.
domingo, 8 de enero de 2012
HACIA EL 2012: CONSTRUIR EL MUNICIPIO LIBRE
Tuve la oportunidad de participar, en diciembre de 1982, en el debate sobre las reformas al artículo 115 constitucional. En el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se encuentra ese debate. Hubo una gran resistencia en el gobierno federal para dar pasos a favor de la construcción del Municipio Libre. Ahí se localizan las reflexiones, pero sobre todo las propuestas que hice en nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista. Cuando el secretario de la Cámara preguntó a los diputados presentes si eran de aprobarse, la respuesta de la mayoría resolvió: deséchese.
El tiempo daría la razón a los planteamientos y propuestas realizadas por el PPS. De una o de otra manera se fueron incorporando como parte de esa norma constitucional y se tradujeron en beneficio de los municipios de la República. Después de otra reforma a fines del siglo XX, nos encontramos ante la necesidad de ir a fondo en la concepción de un Municipio auténticamente libre, porque el centralismo lo está asfixiando.
En ese sentido están encaminadas las siguientes consideraciones.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, contiene propiamente una definición de lo que es el Municipio, al señalar, que el municipio libre es la base de la división territorial, de la organización política y administrativa de los Estados, y en ocho fracciones contiene las bases de su organización general.
Sin embargo ya casi nadie habla del municipio libre, ni siquiera como término constitucional, menos como aspiración a lograr, a pesar de que esa denominación constituye la base de toda concepción municipal. Es decir, hay que partir de la idea del municipio libre, aún con todas las limitaciones que le fija la propia norma constitucional, para lograr su plena construcción. Esto sí sería realmente un avance sustancial en la tan cacareada reforma del Estado.
El municipio libre se tiene que alcanzar manteniéndolo como base de la división territorial, de la organización política y administrativa de los Estados, pero será necesario agregar un aspecto más: convirtiéndolo, si no en célula, sí en elemento fundamental del desarrollo económico y social de los mexicanos.
En otros términos, el municipio libre no puede continuar como simple prestador de servicios públicos, con el peligro real de que sea despojado hasta de esta función por el hambre insaciable de la privatización, promovida por los neoliberales y sus amanuenses. Es necesario que participe directamente en el desarrollo económico, creando empresas que le permitan obtener recursos para dar satisfacción cabal a las necesidades colectivas en distintos ámbitos, lo cual significa que los ayuntamientos como órganos de gobierno de los municipios se conviertan en promotores del desarrollo económico y del bienestar social.
Restablecer la intervención del Estado en el desarrollo económico, aparte del nivel federal y estatal, para que tenga carácter municipal, para que los tres niveles de gobierno participen en la promoción económica, y lo que habría que precisar con amplitud sería qué renglones del desarrollo económico quedarían en la esfera municipal, aunque se mencionan algunos como la venta de materiales para la construcción, venta de gas doméstico, de las gasolinas y otros productos de Pemex, la comercialización de bienes y servicios básicos, transporte y otros.
Pero además, el municipio libre debe rescatar su papel de célula de la democracia del que ha sido despojado, tanto en su organización como en sus funciones. En su organización, porque debiendo tener los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ha sido privado de éste último, y el legislativo ha sido deformado de tal manera que el cabildo se encuentra colocado bajo el dominio del presidente municipal.
El ayuntamiento no es un órgano de gobierno unipersonal; es un órgano colectivo. Su composición es colegiada, y colegiado debe ser su funcionamiento, colectivos sus acuerdos y resoluciones. El presidente municipal es parte de ese cuerpo, debe convertirse en ejecutor de los acuerdos del Cabildo. Nada más.
Célula de la democracia también, y sobre todo, porque debe ser en el municipio donde el pueblo participe directamente en la resolución de sus problemas y no sólo se le dé oportunidad, la mayoría de las veces restringida, para elegir a funcionarios que, una vez electos no se sienten con responsabilidad frente a sus electores, quienes deberán tener el derecho de revocar el mandato, cuando un ayuntamiento o sus integrantes no cumplan con sus obligaciones.
Es en el Municipio donde la democracia participa debe sustituir a la democracia representativa, porque ésta ya es una verdadera camisa de fuerza que impide la vida democrática.
No hay ninguna disposición en la Constitución nacional, ni tiene por qué haberla en la local, que impida avanzar hacia el auténtico municipio libre, que fortalezca su economía, su hacienda, sin gravar a sus habitantes; que fortalezca la vida democrática de la comunidad que gobierna y que avance con auténtico sentido democrático en su composición y en su funcionamiento. La intervención del pueblo en la estructura y funcionamiento del gobierno municipal debe convertirse en una realidad en el siglo XXI.
Ojalá hubiera la voluntad de los partidos políticos de abordar este tema con el interés superior de avanzar y dejar atrás los obstáculos que impiden el municipio libre que se propusieron los Constituyentes de Querétaro.
El tiempo daría la razón a los planteamientos y propuestas realizadas por el PPS. De una o de otra manera se fueron incorporando como parte de esa norma constitucional y se tradujeron en beneficio de los municipios de la República. Después de otra reforma a fines del siglo XX, nos encontramos ante la necesidad de ir a fondo en la concepción de un Municipio auténticamente libre, porque el centralismo lo está asfixiando.
En ese sentido están encaminadas las siguientes consideraciones.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, contiene propiamente una definición de lo que es el Municipio, al señalar, que el municipio libre es la base de la división territorial, de la organización política y administrativa de los Estados, y en ocho fracciones contiene las bases de su organización general.
Sin embargo ya casi nadie habla del municipio libre, ni siquiera como término constitucional, menos como aspiración a lograr, a pesar de que esa denominación constituye la base de toda concepción municipal. Es decir, hay que partir de la idea del municipio libre, aún con todas las limitaciones que le fija la propia norma constitucional, para lograr su plena construcción. Esto sí sería realmente un avance sustancial en la tan cacareada reforma del Estado.
El municipio libre se tiene que alcanzar manteniéndolo como base de la división territorial, de la organización política y administrativa de los Estados, pero será necesario agregar un aspecto más: convirtiéndolo, si no en célula, sí en elemento fundamental del desarrollo económico y social de los mexicanos.
En otros términos, el municipio libre no puede continuar como simple prestador de servicios públicos, con el peligro real de que sea despojado hasta de esta función por el hambre insaciable de la privatización, promovida por los neoliberales y sus amanuenses. Es necesario que participe directamente en el desarrollo económico, creando empresas que le permitan obtener recursos para dar satisfacción cabal a las necesidades colectivas en distintos ámbitos, lo cual significa que los ayuntamientos como órganos de gobierno de los municipios se conviertan en promotores del desarrollo económico y del bienestar social.
Restablecer la intervención del Estado en el desarrollo económico, aparte del nivel federal y estatal, para que tenga carácter municipal, para que los tres niveles de gobierno participen en la promoción económica, y lo que habría que precisar con amplitud sería qué renglones del desarrollo económico quedarían en la esfera municipal, aunque se mencionan algunos como la venta de materiales para la construcción, venta de gas doméstico, de las gasolinas y otros productos de Pemex, la comercialización de bienes y servicios básicos, transporte y otros.
Pero además, el municipio libre debe rescatar su papel de célula de la democracia del que ha sido despojado, tanto en su organización como en sus funciones. En su organización, porque debiendo tener los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ha sido privado de éste último, y el legislativo ha sido deformado de tal manera que el cabildo se encuentra colocado bajo el dominio del presidente municipal.
El ayuntamiento no es un órgano de gobierno unipersonal; es un órgano colectivo. Su composición es colegiada, y colegiado debe ser su funcionamiento, colectivos sus acuerdos y resoluciones. El presidente municipal es parte de ese cuerpo, debe convertirse en ejecutor de los acuerdos del Cabildo. Nada más.
Célula de la democracia también, y sobre todo, porque debe ser en el municipio donde el pueblo participe directamente en la resolución de sus problemas y no sólo se le dé oportunidad, la mayoría de las veces restringida, para elegir a funcionarios que, una vez electos no se sienten con responsabilidad frente a sus electores, quienes deberán tener el derecho de revocar el mandato, cuando un ayuntamiento o sus integrantes no cumplan con sus obligaciones.
Es en el Municipio donde la democracia participa debe sustituir a la democracia representativa, porque ésta ya es una verdadera camisa de fuerza que impide la vida democrática.
No hay ninguna disposición en la Constitución nacional, ni tiene por qué haberla en la local, que impida avanzar hacia el auténtico municipio libre, que fortalezca su economía, su hacienda, sin gravar a sus habitantes; que fortalezca la vida democrática de la comunidad que gobierna y que avance con auténtico sentido democrático en su composición y en su funcionamiento. La intervención del pueblo en la estructura y funcionamiento del gobierno municipal debe convertirse en una realidad en el siglo XXI.
Ojalá hubiera la voluntad de los partidos políticos de abordar este tema con el interés superior de avanzar y dejar atrás los obstáculos que impiden el municipio libre que se propusieron los Constituyentes de Querétaro.
¿POR QUÉ SURGIÓ EL FOBAPROA?
Los mexicanos que hayan nacido hace 20, 18 o 15 años si acaso habrán oído, entre penumbras, el término Fobaproa y algunos que sean mayores ya no recordarán por qué surgió este instrumento, a través del cual los neoliberales despojaron al pueblo de enormes recursos que debieron aplicarse a la atención de la salud, a la educación, a la construcción de carreteras, a promover la producción del campo, en fin al desarrollo de la economía nacional. Creo que es necesario mantener, estos hechos, en la memoria colectiva., por eso rescato este articulo escrito en 1998.
En medio del escándalo provocado por el Fobaproa, casi nadie -y mucho menos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión- ha planteado la verdadera alternativa frente a los abusos cometidos a través del Fondo, instrumento que, finalmente, sirvió para rescatar a la Banca privada en quiebra y cargar todos sus costos sobre el pueblo mexicano, que será quien al final pague los platos rotos.
Los principales partidos en la Cámara de Diputados o en el Senado han centrado su atención, y hacia allá han desviado el interés de los mexicanos, sobre los montos del Fobaproa, sobre los nombres de los más beneficiados con créditos voluminosos, sobre las condiciones en que operó ese instrumento financiero y sobre otros aspectos técnicos y jurídicos.
Pero nadie ha señalado, ni ha mencionado siquiera, que con el Fobaproa, que por lo demás fue un instrumento insuficiente para atender los problemas bancarios derivados de la crisis de 1994, el gobierno neoliberal se negó a recuperar para el pueblo lo que ya le pertenecía de hecho y por derecho, y rechazó la nacionalización de los bancos, con el falso argumento de que el costo sería mayor, que se fugarían capitales del país, y que no entrarían los que se requieren, y porque, además, dicen los que tomaron la decisión de la no nacionalización bancaria, se daría una reacción adversa de los mercados internacionales ahora que vivimos en plena globalización.
Los tres partidos que tienen el poder en México -el PRI, el PAN y el PRD- al igual que el gobierno, le han ocultado muy bien al pueblo que la decisión más sana, desde todos los puntos de vista, hubiera sido la nacionalización de la banca privada en quiebra, y que el costo económico no hubiera sido tan distinto al que ahora tenemos que pagar a través del Fobaproa, con la diferencia fundamental de que en estos momentos -de haberse nacionalizado la banca- las instituciones serían del pueblo y no de un grupo reducidísimo de magnates de las finanzas que siguen haciendo negocios, muchos de ellos turbios.
Y es que frente a la crisis bancaria de 1995 existían dos caminos perfectamente delimitados: o se rescataba para el pueblo la Banca y el Crédito, es decir, se nacionalizaba esa actividad que resulta de primer orden en la economía de cualquier país, o se rescataba al breve grupo de adinerados que la habían llevado a la quiebra por incapacidad, inexperiencia y excesiva ambición de riqueza. El gobierno optó por el segundo camino y en la práctica despojó a los mexicanos de algo que ya les pertenecía.
Las cosas no son tan sencillas como las han visto y planteado los tres partidos que están discutiendo el tema del Fobaproa. No es tan importante si se reduce o aumenta el porcentaje de los activos que el Fobaproa recuperará hasta dentro de diez años; no resulta de primer orden si a los pequeños y medianos deudores, rescatados por el Fobaproa, les perdonan más o menos intereses o les reducen en un porcentaje determinado su deuda. No, la discusión real no debe versar sobre los montos perdidos o a recuperar.
Lo que realmente interesa a los mexicanos, y es lo que debe discutirse y aclararse, es que el gobierno, para proteger a los bancos y a los banqueros, y sólo de manera secundaria a los deudores -y hasta eso no a todos los deudores, porque la preferencia la tienen los grandes - es que el Fobaproa fue un instrumento que se utilizó para impedir la nacionalización de los bancos, es decir, fue un instrumento para proteger los negocios de los bancos y de los banqueros.
Con el Fobaproa -digan lo que digan y oculten lo que oculten- se consumó un despojo incalificable y de grandes dimensiones contra el pueblo mexicano. Y cualquiera que sea el futuro del Fobaproa, lo apruebe o no el Congreso, ya nada podrá reparar el grave daño que se le ha ocasionado al desarrollo autónomo de México, precisamente si se tienen en cuenta los tiempos de globalización, fenómeno que no debe significar la entrega incondicional de los intereses nacionales a los tiburones económicos del país y del extranjero.
Por lo tanto, un tratamiento adecuado del Fobaproa es reabrir el tema sobre la urgencia de nacionalizar la banca. No hay otra.
En medio del escándalo provocado por el Fobaproa, casi nadie -y mucho menos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión- ha planteado la verdadera alternativa frente a los abusos cometidos a través del Fondo, instrumento que, finalmente, sirvió para rescatar a la Banca privada en quiebra y cargar todos sus costos sobre el pueblo mexicano, que será quien al final pague los platos rotos.
Los principales partidos en la Cámara de Diputados o en el Senado han centrado su atención, y hacia allá han desviado el interés de los mexicanos, sobre los montos del Fobaproa, sobre los nombres de los más beneficiados con créditos voluminosos, sobre las condiciones en que operó ese instrumento financiero y sobre otros aspectos técnicos y jurídicos.
Pero nadie ha señalado, ni ha mencionado siquiera, que con el Fobaproa, que por lo demás fue un instrumento insuficiente para atender los problemas bancarios derivados de la crisis de 1994, el gobierno neoliberal se negó a recuperar para el pueblo lo que ya le pertenecía de hecho y por derecho, y rechazó la nacionalización de los bancos, con el falso argumento de que el costo sería mayor, que se fugarían capitales del país, y que no entrarían los que se requieren, y porque, además, dicen los que tomaron la decisión de la no nacionalización bancaria, se daría una reacción adversa de los mercados internacionales ahora que vivimos en plena globalización.
Los tres partidos que tienen el poder en México -el PRI, el PAN y el PRD- al igual que el gobierno, le han ocultado muy bien al pueblo que la decisión más sana, desde todos los puntos de vista, hubiera sido la nacionalización de la banca privada en quiebra, y que el costo económico no hubiera sido tan distinto al que ahora tenemos que pagar a través del Fobaproa, con la diferencia fundamental de que en estos momentos -de haberse nacionalizado la banca- las instituciones serían del pueblo y no de un grupo reducidísimo de magnates de las finanzas que siguen haciendo negocios, muchos de ellos turbios.
Y es que frente a la crisis bancaria de 1995 existían dos caminos perfectamente delimitados: o se rescataba para el pueblo la Banca y el Crédito, es decir, se nacionalizaba esa actividad que resulta de primer orden en la economía de cualquier país, o se rescataba al breve grupo de adinerados que la habían llevado a la quiebra por incapacidad, inexperiencia y excesiva ambición de riqueza. El gobierno optó por el segundo camino y en la práctica despojó a los mexicanos de algo que ya les pertenecía.
Las cosas no son tan sencillas como las han visto y planteado los tres partidos que están discutiendo el tema del Fobaproa. No es tan importante si se reduce o aumenta el porcentaje de los activos que el Fobaproa recuperará hasta dentro de diez años; no resulta de primer orden si a los pequeños y medianos deudores, rescatados por el Fobaproa, les perdonan más o menos intereses o les reducen en un porcentaje determinado su deuda. No, la discusión real no debe versar sobre los montos perdidos o a recuperar.
Lo que realmente interesa a los mexicanos, y es lo que debe discutirse y aclararse, es que el gobierno, para proteger a los bancos y a los banqueros, y sólo de manera secundaria a los deudores -y hasta eso no a todos los deudores, porque la preferencia la tienen los grandes - es que el Fobaproa fue un instrumento que se utilizó para impedir la nacionalización de los bancos, es decir, fue un instrumento para proteger los negocios de los bancos y de los banqueros.
Con el Fobaproa -digan lo que digan y oculten lo que oculten- se consumó un despojo incalificable y de grandes dimensiones contra el pueblo mexicano. Y cualquiera que sea el futuro del Fobaproa, lo apruebe o no el Congreso, ya nada podrá reparar el grave daño que se le ha ocasionado al desarrollo autónomo de México, precisamente si se tienen en cuenta los tiempos de globalización, fenómeno que no debe significar la entrega incondicional de los intereses nacionales a los tiburones económicos del país y del extranjero.
Por lo tanto, un tratamiento adecuado del Fobaproa es reabrir el tema sobre la urgencia de nacionalizar la banca. No hay otra.
LOS TECNÓCRATAS EMPOBRECIERON AL PUEBLO MEXICANO
Los estragos causados por el neoliberalismo han dejado un pueblo sumido en la pobreza y la desesperación. En poco tiempo los tecnócratas lograron lo que en América del Sur consiguieron los regímenes militares. Ya en 1996, año en que escribí este artículo, los efectos de ese modelo eran desastrosos, y para las grandes masas populares quedaba claro que se trataba de un modelo impuesto desde el exterior, y no concebido por los irresponsables funcionarios que presumían sus títulos obtenidos en universidades de Estados Unidos o Europa, donde les lavaron el cerebro para que –como peones- lo aplicaran en México. Para desgracia de nuestro país esos tecnócratas, dentro de los que se cuentan Carlos Salinas, Guillermo Ortiz, Ángel Gurría, Pedro Aspe, Ernesto Zedillo, Ángel Gurría, Jaime Serra Puche, Patricio Chirinos, Luis Téllez, entre otros, conservan posiciones relevantes y se han agrupado para influir, a fondo, en el candidato presidencial del PRI.
Resulta claro que los tecnócratas no podrán eludir la responsabilidad política de haber hundido a México en la mayor y más peligrosa dependencia económica respecto del mercado norteamericano, pero tampoco podrán eludir la responsabilidad política, moral e histórica de haber sumido a nuestro pueblo en la pobreza y en la miseria.
La única política responsable de este desastre nacional es el conjunto de medidas aplicadas desde 1982. Esas “políticas jóvenes”, léase neoliberales, con plena conciencia de quienes las aplicaron, empobrecieron al pueblo, al establecer salarios de hambre, dizque para convertir la economía mexicana en exportadora, para lo cual no dudaron en deprimir, hasta los niveles más bajos, el poder adquisitivo de los trabajadores.
Ricardo García Sáinz, ex funcionario público y al que evidentemente no se le puede acusar de comunista o algo por el estilo, nos recuerda en una ponencia que presentó en el foro Compromisos por la Nación, que la remuneración en Ginebra es 20 veces mayor que la de México; la de Buenos Aires, 2.5 veces, la de Sao Paulo, 2.4 veces, y en las remuneraciones promedio de 48 ciudades del mundo, sólo Manila, Laos, Jakarta y El Cairo están por debajo de las mexicanas.
Y proporciona otros datos: frente a un incremento de la productividad del 27% en los últimos años, el salario tuvo un incremento de 11%.
¿Esta criminal política de contención salarial se debe a la intervención del Estado en la economía? ¿Fueron los gobiernos anteriores a 1982 los que establecieron salarios de hambre que colocaron a México casi como campeón mundial de los salarios más bajos?
La situación de los campesinos se está volviendo catastrófica. Allí se concentra el 80% de los pobres que el neoliberalismo ha creado en México. Pero la caída de la producción agrícola -lo recuerda el propio García Sáinz- cayó entre 1985 y 1994 en un 6%, y la producción de básicos en un 9%, como resultado de las políticas neoliberales. Y finalmente, para no abundar en más cifras al alcance de los mexicanos en los datos nada confiables de INEGI: el índice general de precios aumentó, entre 1990 y 1995, en 239%, en tanto que el precio de los productos agropecuarios se elevó 105%.
Como se conoce y sabe, los gobiernos neoliberales de México, particularmente el de Salinas de Gortari, han sido colocados en los primerísimos lugares en el proceso privatizador que, hay que repetirlo una vez más, ha sido un proceso desnacionalizador, concentrador de la riqueza en manos de unos cuantos privilegiados, generador de desempleo y graves desajustes económicos, y también ha significado un despojo, a plena luz del día, del patrimonio del pueblo mexicano. Se trata de otro campeonato mundial avalado por los órganos financieros y económicos del imperialismo mundial, como el Fondo Monetario Internacional y en Banco Mundial.
Los resultados sociales del neoliberalismo han sido verdaderamente catastróficos: de 93 millones de mexicanos, más de 60 millones viven en la pobreza, por abajo de los niveles de subsistencia, y un poco más de la mitad de los sesenta, es decir más de 30 millones de compatriotas se debaten en la miseria, que los tecnicismos neoliberales no pueden ocultar.
Todo este cuadro social lleno de dramatismo se ha creado entre 1982 y 1996, cuando ya no gobernaba al país Adolfo López Mateos, Días Ordaz, Luis Echeverría o José López Portillo, es decir los gobiernos representativos de la intervención del Estado en la vida económica, sino cuando han gobernado Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.
Las palabras o las cifras manipuladas no pueden cambiar la realidad de millones y millones de mexicanos: hay, por la propia naturaleza injusta del neoliberalismo, total incapacidad para atender las necesidades humanas como ha quedado plenamente demostrado en los 14 últimos años, aunque el propio titular del ejecutivo federal quiera cargar la culpa de los estragos del neoliberalismo al Estado interventor, que él califica despectivamente de estatismo.
¿Con qué elementos, con qué argumentos considera Zedillo que puede derrotar los avances alcanzados por el pueblo mexicano bajo la intervención del Estado? Y sobre todo, ¿cómo podrá probar las bondades que él atribuye al neoliberalismo, cuando todos los mexicanos, a excepción de los beneficiarios de esa política, hemos sido, de una manera o de otra, víctimas de esa política que mata a un mayor número de mexicanos, les ha reducido su nivel de vida, los deja sin empleo, sin educación, sin vivienda y sin atención médica, y los obliga a pasar la frontera norte para no morir de hambre?
Una patria dependiente, sometida a intereses del exterior y un pueblo pobre y en la miseria es el legado del neoliberalismo. ¿Hasta cuándo?
Resulta claro que los tecnócratas no podrán eludir la responsabilidad política de haber hundido a México en la mayor y más peligrosa dependencia económica respecto del mercado norteamericano, pero tampoco podrán eludir la responsabilidad política, moral e histórica de haber sumido a nuestro pueblo en la pobreza y en la miseria.
La única política responsable de este desastre nacional es el conjunto de medidas aplicadas desde 1982. Esas “políticas jóvenes”, léase neoliberales, con plena conciencia de quienes las aplicaron, empobrecieron al pueblo, al establecer salarios de hambre, dizque para convertir la economía mexicana en exportadora, para lo cual no dudaron en deprimir, hasta los niveles más bajos, el poder adquisitivo de los trabajadores.
Ricardo García Sáinz, ex funcionario público y al que evidentemente no se le puede acusar de comunista o algo por el estilo, nos recuerda en una ponencia que presentó en el foro Compromisos por la Nación, que la remuneración en Ginebra es 20 veces mayor que la de México; la de Buenos Aires, 2.5 veces, la de Sao Paulo, 2.4 veces, y en las remuneraciones promedio de 48 ciudades del mundo, sólo Manila, Laos, Jakarta y El Cairo están por debajo de las mexicanas.
Y proporciona otros datos: frente a un incremento de la productividad del 27% en los últimos años, el salario tuvo un incremento de 11%.
¿Esta criminal política de contención salarial se debe a la intervención del Estado en la economía? ¿Fueron los gobiernos anteriores a 1982 los que establecieron salarios de hambre que colocaron a México casi como campeón mundial de los salarios más bajos?
La situación de los campesinos se está volviendo catastrófica. Allí se concentra el 80% de los pobres que el neoliberalismo ha creado en México. Pero la caída de la producción agrícola -lo recuerda el propio García Sáinz- cayó entre 1985 y 1994 en un 6%, y la producción de básicos en un 9%, como resultado de las políticas neoliberales. Y finalmente, para no abundar en más cifras al alcance de los mexicanos en los datos nada confiables de INEGI: el índice general de precios aumentó, entre 1990 y 1995, en 239%, en tanto que el precio de los productos agropecuarios se elevó 105%.
Como se conoce y sabe, los gobiernos neoliberales de México, particularmente el de Salinas de Gortari, han sido colocados en los primerísimos lugares en el proceso privatizador que, hay que repetirlo una vez más, ha sido un proceso desnacionalizador, concentrador de la riqueza en manos de unos cuantos privilegiados, generador de desempleo y graves desajustes económicos, y también ha significado un despojo, a plena luz del día, del patrimonio del pueblo mexicano. Se trata de otro campeonato mundial avalado por los órganos financieros y económicos del imperialismo mundial, como el Fondo Monetario Internacional y en Banco Mundial.
Los resultados sociales del neoliberalismo han sido verdaderamente catastróficos: de 93 millones de mexicanos, más de 60 millones viven en la pobreza, por abajo de los niveles de subsistencia, y un poco más de la mitad de los sesenta, es decir más de 30 millones de compatriotas se debaten en la miseria, que los tecnicismos neoliberales no pueden ocultar.
Todo este cuadro social lleno de dramatismo se ha creado entre 1982 y 1996, cuando ya no gobernaba al país Adolfo López Mateos, Días Ordaz, Luis Echeverría o José López Portillo, es decir los gobiernos representativos de la intervención del Estado en la vida económica, sino cuando han gobernado Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.
Las palabras o las cifras manipuladas no pueden cambiar la realidad de millones y millones de mexicanos: hay, por la propia naturaleza injusta del neoliberalismo, total incapacidad para atender las necesidades humanas como ha quedado plenamente demostrado en los 14 últimos años, aunque el propio titular del ejecutivo federal quiera cargar la culpa de los estragos del neoliberalismo al Estado interventor, que él califica despectivamente de estatismo.
¿Con qué elementos, con qué argumentos considera Zedillo que puede derrotar los avances alcanzados por el pueblo mexicano bajo la intervención del Estado? Y sobre todo, ¿cómo podrá probar las bondades que él atribuye al neoliberalismo, cuando todos los mexicanos, a excepción de los beneficiarios de esa política, hemos sido, de una manera o de otra, víctimas de esa política que mata a un mayor número de mexicanos, les ha reducido su nivel de vida, los deja sin empleo, sin educación, sin vivienda y sin atención médica, y los obliga a pasar la frontera norte para no morir de hambre?
Una patria dependiente, sometida a intereses del exterior y un pueblo pobre y en la miseria es el legado del neoliberalismo. ¿Hasta cuándo?
sábado, 7 de enero de 2012
HACIA EL 2012: URGENTES REFORMAS CONSTITUCIONALES
En este año de elecciones federales, es necesario insistir en el carácter de la Constitución que rige la vida de los mexicanos y convocar al debate sobre el tipo y la naturaleza de los cambios que necesita nuestra Constitución para garantizar el progreso social y la democracia del pueblo.
En México, y en otras partes del mundo, la revolución es fuente del Derecho y, particularmente de la Constitución. Las tres constituciones que han regido la vida independiente de México, fueron resultado de una revolución: la Constitución de 1824 de la Revolución de Independencia; la Constitución de 1857 de la Revolución de Ayutla y del movimiento revolucionario sostenido por los liberales, y la Constitución de 1917 de la Revolución Mexicana.
Tanto en los periodos revolucionarios como en las etapas posteriores, el interés de las fuerzas que participan del lado de la revolución o de la contrarrevolución se concentra en la Constitución: los revolucionarios para incorporar las demandas de la corriente victoriosa y después para mantener su vigencia, y los enemigos de la revolución para impedir la elaboración de una Constitución revolucionaria y obstruir su aplicación y, por lo tanto, detener el avance del país.
A través de la Historia de México nuestras constituciones han sido cuerpos jurídicos revolucionarios. Las constituciones de 1824 y la de 1857 incorporaron a su texto disposiciones anticoloniales, en tanto que la de 1917 tuvo y mantiene normas antiimperialistas, antifeudales y otras muy importantes de contenido social.
La vida de la Constitución de 1824 fue azarosa, y durante breves periodos fue sustituida por leyes centralistas, es decir, de corte colonialista; la Constitución de 1857 que debió estar vigente durante el porfiriato, quedó en letra muerta aunque formalmente vigente. Y la Constitución de 1917, que conserva su vigencia, con diversas reformas y adiciones, ha estado en el centro del debate político en los últimos 95 años.
El clero político es el responsable directo de la revuelta cristera contra la Carta Magna. Poderosos intereses nativos y extranjeros la han combatido con saña, y los contrarrevolucionarios la denominaron despectivamente el “almodrote” de Querétaro. El Partido Acción Nacional surgió para oponerse a las disposiciones más avanzadas de la Constitución de 1917. Parte de su programa y su proyecto reaccionario de nación se oponen a lo más avanzado de nuestra Ley Fundamental, porque el PAN surgió y se mantiene como un partido contrarrevolucionario.
La Revolución Mexicana fue un movimiento antiimperialista, antifeudal, democrático y popular. Por eso no prevaleció, en los debates del Constituyente de Querétaro, el proyecto constitucional de Venustiano Carranza, porque en mucho era una repetición de la de 1857, como si no se hubiera dado la Revolución de 1910.
Hasta la fecha pocos han valorado la trascendental importancia, económica, social y política del mandato constitucional que establece la propiedad originaria de la Nación sobre el suelo y subsuelo.
El artículo 27 constitucional fue la base jurídica de la expropiación petrolera y de que el petróleo se mantenga como propiedad de la Nación, a pesar de los esfuerzos y compromisos inconfesables de los reaccionarios por privatizarlo.
Esa norma constitucional es también la base del ejido, entendido como propiedad social, propiedad que entrega la Nación a núcleos de población, no como propiedad privada. A través del reparto de la tierra, es decir, a través del ejido se rompió el régimen feudal en el cual aproximadamente 800 hacendados –auténticos señores feudales- detentaban el territorio nacional, se liberó a los campesinos y se generó el mercado interno, inexistente en la hacienda porfiriana.
Y gracias a las disposiciones del artículo 27 de la Constitución de 1917 y a la existencia del ejido ha sido posible, hasta hoy, defender y preservar la integridad del territorio nacional, sobre todo en la frontera norte y las costas, siempre en la mira de los grandes intereses económicos. Cualquier intento de colonización del territorio mexicano, al estilo yanqui del siglo XIX, también ha sido frustrado por las disposiciones específicas del 27 constitucional que prohíben a los extranjeros tener propiedad en una franja de 100 kilómetros en la frontera y de 50 en las costas.
Otra disposición de enorme importancia, al lado del 27, es la que se refiere a la educación. El articulo 3º. de la Constitución quebró la pretensión del clero de monopolizar la educación, y no sólo le dio, a la elemental, el carácter de obligatoria y gratuita, sino a la educación en general el carácter de laica (“se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”, según el texto constitucional), democrática y científica. El rechazo a estos postulados constitucionales sigue siendo una bandera de los reaccionarios y del clero, pero no han logrado modificarlos, y menos cuando la ciencia alcanza cada día nuevos y sorprendentes conocimientos.
La educación científica, como lo ordena el artículo 3º. de la Constitución “luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. Los ministros de culto que impartan educación anticientífica, están al margen de la Constitución, y los funcionarios que toleran la violación adquieren responsabilidades públicas.
Y qué decir de las conquistas laborales de los trabajadores, que nuestra Constitución reconoce en su artículo 123, que los neoliberales y reaccionarios de todo tipo vienen atacando con furia desde hace tiempo, para permitir al capital mayores ganancias. Derechos elementales, como la jornada máxima, el salario mínimo, el contrato colectivo de trabajo, el derecho a la sindicalización, el derecho de huelga, etc. fueron ganados a sangre y fuego, y no otorgados por concesión gratuita.
A 95 años de vigencia de la Constitución de 1917 sigue causando ardor en las filas reaccionarias el conjunto de garantías sociales otorgadas por nuestra Constitución en los artículos señalados. Los que consideran que la Carta Magna debe ser sustituida por otra, tienen en mente borrar de sus preceptos todo lo relativo a las garantías, como la educación, la propiedad social, los derechos laborales, la sujeción del clero a la ley, hasta dejar un código sin importancia.
A pesar de la ofensiva reaccionaria contra la Constitución de 1917 desde su promulgación, como la revuelta clerical de los cristeros, el levantamiento contra la expropiación petrolera, el otorgamiento del derecho de amparo a los terratenientes para detener la reforma agraria, con Miguel Alemán, y de los embates violentos de los neoliberales, a partir de 1982, con el gobierno de Miguel de la Madrid; a pesar de las reformas contrarrevolucionarias para acabar con el ejido y revitalizar la presencia política del clero de Carlos Salinas; a pesar de las constantes e innumerables violaciones cometidas por el locuaz Vicente Fox y ahora por Calderón, que agraden el principio de la propiedad originaria de la Nación, al entregar contratos a empresas extranjeras en materia de explotación del petróleo, la Constitución vigente sigue siendo, no sólo el conjunto de normas que nos organizan políticamente, sino un programa revolucionario cuyo cumplimiento garantiza la independencia y soberanía nacionales, avanza hacia la democracia y organiza el desarrollo económico para bienestar de los mexicanos.
Las garantías sociales y las individuales que otorga la Carta Magna deben ser intocables. Con los panistas en el poder se ha iniciado una brutal ofensiva contra las garantías individuales de seguridad, que protegen al individuo frente al Estado. Se busca elevar a rango de ley la arbitrariedad, a pretexto de la supuesta lucha contra el crimen organizado, algo similar a lo que ocurrió en los Estados Unidos, dizque para combatir el terrorismo.
Al contrario, deben enriquecerse, tanto garantías sociales como individuales, con los aportes que otras constituciones están realizando, como la que rige la vida de Ecuador, que eleva sustancialmente los derechos de las personas, o tomar lo que instituciones internacionales, como la ONU y sus organismos especializados, han incorporado en el nuevo catálogo de lo que llaman derechos humanos, pero que para los mexicanos encuadran perfectamente dentro de nuestros derechos sociales e individuales.
Desde luego, en las circunstancias actuales, hay que examinar con detenimiento la organización política y las instituciones que han demostrado su inutilidad, o que son un obstáculo para el desarrollo democrático nacional, entre ellas el presidencialismo exacerbado e irresponsable que se niega a rendir cuentas al pueblo, o la estructura bicameral del Congreso de la Unión que demuestra, a cada momento, su inoperancia.
Urge legislar a nivel constitucional para establecer, con amplitud, las causas por las que un presidente de la República puede ser removido del cargo, y las sanciones que se deben aplicar cuando viole la Constitución o las leyes, durante su mandato y después de él.
Debe incorporarse en el texto constitucional el principio según el cual los delitos o daños cometidos contra la Nación no prescriben, para que sean castigados y reparados en cualquier momento.
La Cámara de Senadores debe desaparecer para dejar exclusivamente la de diputados, con el auténtico carácter de representantes populares, mediante una serie de condiciones, requisitos y exigencias para que se cumpla con ese papel, y para que no se convierta en un centro de cabildeo a través del cual se protejan los intereses de unos cuantos potentados y se olviden los de la Nación.
Llegó el momento de establecer, a nivel constitucional, como requisito para aspirar a un cargo de representación popular el haber prestado servicios reconocidos a la Nación, al Estado o al Municipio, según la elección de que se trate, porque ahora quedan abiertas las puertas para que cualquier rufián o acaudalado, aspire a esos cargos, con los consiguientes riesgos para el pueblo.
La democracia representativa reflejada en todos los puestos de elección popular debe ser consecuente hasta el final. Es decir, la doctrina de la representación, como está ahora, es incompleta, porque el mandante, que es el pueblo, no puede casi bajo ninguna circunstancia, destituir al mandatario, pues se le ha negado sistemáticamente el derecho de revocarle el mandato.
En las condiciones actuales y por salud de la República, no es posible que las autoridades electas, teóricamente por voluntad popular, se mantengan cuando han demostrado ineficiencia, incapacidad o han caído en la corrupción y se mantienen en la impunidad.
De manera urgente hay que transitar de la democracia representativa que ha perdido su esencia, a una democracia participativa, donde el pueblo se convierta en la verdadera fuente de poder, porque como están las cosas ahora ha dejado de serlo, y sus representantes usan y abusan del poder sin control alguno.
En materia religiosa es necesario restituir las normas que garanticen la supremacía del poder del Estado y sujeten al clero a la ley, porque la contrarreforma de Salinas desató las ambiciones del clero para restablecer los fueros y privilegios de la etapa colonial, como lo hemos señalado con claridad en otros artículos publicados en el blog.
Si la campaña electoral que se avecina en México girara, por lo menos, en torno a estas reflexiones que no agotan de ninguna manera el tema y sólo apuntan algunas cuestiones generales en materia constitucional, el pueblo saldría ganando, y los candidatos que participen tendrían que pronunciarse sobre aspectos esenciales de la vida de los mexicanos.
En México, y en otras partes del mundo, la revolución es fuente del Derecho y, particularmente de la Constitución. Las tres constituciones que han regido la vida independiente de México, fueron resultado de una revolución: la Constitución de 1824 de la Revolución de Independencia; la Constitución de 1857 de la Revolución de Ayutla y del movimiento revolucionario sostenido por los liberales, y la Constitución de 1917 de la Revolución Mexicana.
Tanto en los periodos revolucionarios como en las etapas posteriores, el interés de las fuerzas que participan del lado de la revolución o de la contrarrevolución se concentra en la Constitución: los revolucionarios para incorporar las demandas de la corriente victoriosa y después para mantener su vigencia, y los enemigos de la revolución para impedir la elaboración de una Constitución revolucionaria y obstruir su aplicación y, por lo tanto, detener el avance del país.
A través de la Historia de México nuestras constituciones han sido cuerpos jurídicos revolucionarios. Las constituciones de 1824 y la de 1857 incorporaron a su texto disposiciones anticoloniales, en tanto que la de 1917 tuvo y mantiene normas antiimperialistas, antifeudales y otras muy importantes de contenido social.
La vida de la Constitución de 1824 fue azarosa, y durante breves periodos fue sustituida por leyes centralistas, es decir, de corte colonialista; la Constitución de 1857 que debió estar vigente durante el porfiriato, quedó en letra muerta aunque formalmente vigente. Y la Constitución de 1917, que conserva su vigencia, con diversas reformas y adiciones, ha estado en el centro del debate político en los últimos 95 años.
El clero político es el responsable directo de la revuelta cristera contra la Carta Magna. Poderosos intereses nativos y extranjeros la han combatido con saña, y los contrarrevolucionarios la denominaron despectivamente el “almodrote” de Querétaro. El Partido Acción Nacional surgió para oponerse a las disposiciones más avanzadas de la Constitución de 1917. Parte de su programa y su proyecto reaccionario de nación se oponen a lo más avanzado de nuestra Ley Fundamental, porque el PAN surgió y se mantiene como un partido contrarrevolucionario.
La Revolución Mexicana fue un movimiento antiimperialista, antifeudal, democrático y popular. Por eso no prevaleció, en los debates del Constituyente de Querétaro, el proyecto constitucional de Venustiano Carranza, porque en mucho era una repetición de la de 1857, como si no se hubiera dado la Revolución de 1910.
Hasta la fecha pocos han valorado la trascendental importancia, económica, social y política del mandato constitucional que establece la propiedad originaria de la Nación sobre el suelo y subsuelo.
El artículo 27 constitucional fue la base jurídica de la expropiación petrolera y de que el petróleo se mantenga como propiedad de la Nación, a pesar de los esfuerzos y compromisos inconfesables de los reaccionarios por privatizarlo.
Esa norma constitucional es también la base del ejido, entendido como propiedad social, propiedad que entrega la Nación a núcleos de población, no como propiedad privada. A través del reparto de la tierra, es decir, a través del ejido se rompió el régimen feudal en el cual aproximadamente 800 hacendados –auténticos señores feudales- detentaban el territorio nacional, se liberó a los campesinos y se generó el mercado interno, inexistente en la hacienda porfiriana.
Y gracias a las disposiciones del artículo 27 de la Constitución de 1917 y a la existencia del ejido ha sido posible, hasta hoy, defender y preservar la integridad del territorio nacional, sobre todo en la frontera norte y las costas, siempre en la mira de los grandes intereses económicos. Cualquier intento de colonización del territorio mexicano, al estilo yanqui del siglo XIX, también ha sido frustrado por las disposiciones específicas del 27 constitucional que prohíben a los extranjeros tener propiedad en una franja de 100 kilómetros en la frontera y de 50 en las costas.
Otra disposición de enorme importancia, al lado del 27, es la que se refiere a la educación. El articulo 3º. de la Constitución quebró la pretensión del clero de monopolizar la educación, y no sólo le dio, a la elemental, el carácter de obligatoria y gratuita, sino a la educación en general el carácter de laica (“se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”, según el texto constitucional), democrática y científica. El rechazo a estos postulados constitucionales sigue siendo una bandera de los reaccionarios y del clero, pero no han logrado modificarlos, y menos cuando la ciencia alcanza cada día nuevos y sorprendentes conocimientos.
La educación científica, como lo ordena el artículo 3º. de la Constitución “luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. Los ministros de culto que impartan educación anticientífica, están al margen de la Constitución, y los funcionarios que toleran la violación adquieren responsabilidades públicas.
Y qué decir de las conquistas laborales de los trabajadores, que nuestra Constitución reconoce en su artículo 123, que los neoliberales y reaccionarios de todo tipo vienen atacando con furia desde hace tiempo, para permitir al capital mayores ganancias. Derechos elementales, como la jornada máxima, el salario mínimo, el contrato colectivo de trabajo, el derecho a la sindicalización, el derecho de huelga, etc. fueron ganados a sangre y fuego, y no otorgados por concesión gratuita.
A 95 años de vigencia de la Constitución de 1917 sigue causando ardor en las filas reaccionarias el conjunto de garantías sociales otorgadas por nuestra Constitución en los artículos señalados. Los que consideran que la Carta Magna debe ser sustituida por otra, tienen en mente borrar de sus preceptos todo lo relativo a las garantías, como la educación, la propiedad social, los derechos laborales, la sujeción del clero a la ley, hasta dejar un código sin importancia.
A pesar de la ofensiva reaccionaria contra la Constitución de 1917 desde su promulgación, como la revuelta clerical de los cristeros, el levantamiento contra la expropiación petrolera, el otorgamiento del derecho de amparo a los terratenientes para detener la reforma agraria, con Miguel Alemán, y de los embates violentos de los neoliberales, a partir de 1982, con el gobierno de Miguel de la Madrid; a pesar de las reformas contrarrevolucionarias para acabar con el ejido y revitalizar la presencia política del clero de Carlos Salinas; a pesar de las constantes e innumerables violaciones cometidas por el locuaz Vicente Fox y ahora por Calderón, que agraden el principio de la propiedad originaria de la Nación, al entregar contratos a empresas extranjeras en materia de explotación del petróleo, la Constitución vigente sigue siendo, no sólo el conjunto de normas que nos organizan políticamente, sino un programa revolucionario cuyo cumplimiento garantiza la independencia y soberanía nacionales, avanza hacia la democracia y organiza el desarrollo económico para bienestar de los mexicanos.
Las garantías sociales y las individuales que otorga la Carta Magna deben ser intocables. Con los panistas en el poder se ha iniciado una brutal ofensiva contra las garantías individuales de seguridad, que protegen al individuo frente al Estado. Se busca elevar a rango de ley la arbitrariedad, a pretexto de la supuesta lucha contra el crimen organizado, algo similar a lo que ocurrió en los Estados Unidos, dizque para combatir el terrorismo.
Al contrario, deben enriquecerse, tanto garantías sociales como individuales, con los aportes que otras constituciones están realizando, como la que rige la vida de Ecuador, que eleva sustancialmente los derechos de las personas, o tomar lo que instituciones internacionales, como la ONU y sus organismos especializados, han incorporado en el nuevo catálogo de lo que llaman derechos humanos, pero que para los mexicanos encuadran perfectamente dentro de nuestros derechos sociales e individuales.
Desde luego, en las circunstancias actuales, hay que examinar con detenimiento la organización política y las instituciones que han demostrado su inutilidad, o que son un obstáculo para el desarrollo democrático nacional, entre ellas el presidencialismo exacerbado e irresponsable que se niega a rendir cuentas al pueblo, o la estructura bicameral del Congreso de la Unión que demuestra, a cada momento, su inoperancia.
Urge legislar a nivel constitucional para establecer, con amplitud, las causas por las que un presidente de la República puede ser removido del cargo, y las sanciones que se deben aplicar cuando viole la Constitución o las leyes, durante su mandato y después de él.
Debe incorporarse en el texto constitucional el principio según el cual los delitos o daños cometidos contra la Nación no prescriben, para que sean castigados y reparados en cualquier momento.
La Cámara de Senadores debe desaparecer para dejar exclusivamente la de diputados, con el auténtico carácter de representantes populares, mediante una serie de condiciones, requisitos y exigencias para que se cumpla con ese papel, y para que no se convierta en un centro de cabildeo a través del cual se protejan los intereses de unos cuantos potentados y se olviden los de la Nación.
Llegó el momento de establecer, a nivel constitucional, como requisito para aspirar a un cargo de representación popular el haber prestado servicios reconocidos a la Nación, al Estado o al Municipio, según la elección de que se trate, porque ahora quedan abiertas las puertas para que cualquier rufián o acaudalado, aspire a esos cargos, con los consiguientes riesgos para el pueblo.
La democracia representativa reflejada en todos los puestos de elección popular debe ser consecuente hasta el final. Es decir, la doctrina de la representación, como está ahora, es incompleta, porque el mandante, que es el pueblo, no puede casi bajo ninguna circunstancia, destituir al mandatario, pues se le ha negado sistemáticamente el derecho de revocarle el mandato.
En las condiciones actuales y por salud de la República, no es posible que las autoridades electas, teóricamente por voluntad popular, se mantengan cuando han demostrado ineficiencia, incapacidad o han caído en la corrupción y se mantienen en la impunidad.
De manera urgente hay que transitar de la democracia representativa que ha perdido su esencia, a una democracia participativa, donde el pueblo se convierta en la verdadera fuente de poder, porque como están las cosas ahora ha dejado de serlo, y sus representantes usan y abusan del poder sin control alguno.
En materia religiosa es necesario restituir las normas que garanticen la supremacía del poder del Estado y sujeten al clero a la ley, porque la contrarreforma de Salinas desató las ambiciones del clero para restablecer los fueros y privilegios de la etapa colonial, como lo hemos señalado con claridad en otros artículos publicados en el blog.
Si la campaña electoral que se avecina en México girara, por lo menos, en torno a estas reflexiones que no agotan de ninguna manera el tema y sólo apuntan algunas cuestiones generales en materia constitucional, el pueblo saldría ganando, y los candidatos que participen tendrían que pronunciarse sobre aspectos esenciales de la vida de los mexicanos.
LA IGLESIA TIENE MUCHOS PRIVILEGIOS, PERO QUIERE MÁS.
En México históricamente se ha dado un enfrentamiento entre el poder religioso y el poder civil. Este enfrentamiento tiene su origen en el dominio que ejerció durante 300 años el Estado-iglesia español, es decir, durante toda la etapa colonial.
La lucha por la independencia y los primeros años del México independiente orientados a consolidar una nueva estructura, diferente a la impuesta por los españoles, fue difícil, entre otras cosas, por el obstáculo permanente del poder religioso, representado por los altos dirigentes de la iglesia católica. No se pueden olvidar los pasajes de la propia declaración de independencia, la consolidación de la República por los liberales y la Revolución de 1910, así como los principales frutos jurídico-constitucionales que marcan la vida nacional: la Constitución de 1824, la de 1857 y la de 1917. Dichos ordenamiento fueron y son atacadas sin excepción por la alta jerarquía eclesiástica.
Hasta la fecha, a pesar de que la contrarreforma de Salinas le reconoció personalidad jurídica a las instituciones denominadas iglesias y, con ello el carácter de ciudadanos a los ministros de culto religioso y el consecuente derecho a votar en las elecciones, la iglesia, sobre todo la católica, quiere más. Por eso no se exagera cuando se afirma que lo que busca es recuperar los fueros y privilegios que tuvo y que le daban fuerza para combatir al Estado mexicano.
Por ejemplo “El Chato” Norberto Rivera Carrera no quita el dedo del renglón y sostiene que las reformas constitucionales que reconocieron personalidad jurídica a las iglesias son insuficientes; que se le debe otorgar al clero el derecho de participar en la educación y tener acceso a los medios de información.
Lo que no dijo es que, a pesar de esas reformas y las limitaciones que legalmente tienen los ministros de culto religioso para intervenir en la vida política nacional, la alta jerarquía eclesiástica de la iglesia católica viola la ley todos los días y a toda hora. De hecho se conduce como un partido político, sin las obligaciones legales que tienen las agrupaciones políticas, y cuentan con la complicidad de las autoridades panistas de gobernación que incumplen sus obligaciones, y se hacen de la vista gorda frente a las reiteradas violaciones del clero a las leyes mexicanas.
En realidad los miembros del clero -sobre todo los del alto clero- viven una situación de excepción en materia política. Fiscalmente viven en el paraíso; penalmente gozan de impunidad; constitucionalmente son violadores contumaces y se conducen al margen de la norma superior.
Por cierto, los constitucionalistas tienen materia para la reflexión ante la designación que de los jerarcas católicos hace el Estado Vaticano, que se sujetan así al poder de un Estado extranjero y de hecho renuncian a la nacionalidad mexicana, pero ninguna autoridad los toca.
Cuando las iglesias no tenían personalidad y los ministros de culto religioso no eran reconocidos ciudadanos por haber jurado sumisión a un poder extranjero, como efectivamente es el Vaticano, su status jurídico era distinto al que tienen al adquirir la ciudadanía. Cierto que es una ciudadanía restringida, porque sólo tienen el derecho político de votar, y carecen de los demás, sobre todo del derecho de reunión y de asociación política, pero también, de hecho, han convertido a las iglesias en verdaderos centros de actividad política.
Ahora como ciudadanos, aunque sea a medias, deben abstenerse de jurar obediencia a los representantes de un poder transnacional, que es un deber de todos los mexicanos. Y en esta materia como en otras no debe haber ningún tipo de excepción.
Jurídica y políticamente no tiene ninguna validez el título, denominación, reconocimiento o funciones que un Estado extranjero, cualquiera que sea, otorgue a un ciudadano mexicano, sino cumpliendo los requisitos que la norma constitucional contiene. Lo mismo debe pasar con los ministros de culto, a los que otorga reconocimiento el jefe del Estado Vaticano; desempeñan funciones en virtud de la jerarquía que les otorga la Romana Iglesia, como dijo Karol Wojtyla al elevar a rango de Cardenal a Rivera Carrera, que a su vez juró, si era necesario, el derramamiento de su sangre para cumplir la misión que le encomendó un jefe de Estado extranjero, como es el jefe del Estado Vaticano. ¿Acaso no es fuero mantenerse en estado de excepción?
Cuando afirmo que la iglesia quiere más (no me refiero a la morena de la canción, en México, que quiere otro tipo de cosas), es porque su ambición terrenal no tienen límites. La reciente contrarreforma al artículo 24 constitucional, aprobada por la mayoría de los miembros de la Cámara de diputados del Congreso de la Unión, muestra su insaciable apetito de poder, muy lejos de las funciones supuestamente espirituales que dice representar.
En este sentido está la visita programada, para el mes de marzo, de Joseph Aloisius Ratzinger, el Papa alemán. Este señor viene a México con fines políticos: apoyar al alicaído, y seguramente derrotado, Partido Acción Nacional y de pasada intentar detener la caída libre de la iglesia católica que, cada año pierde, en nuestro país, a miles de feligreses.
La lucha por la independencia y los primeros años del México independiente orientados a consolidar una nueva estructura, diferente a la impuesta por los españoles, fue difícil, entre otras cosas, por el obstáculo permanente del poder religioso, representado por los altos dirigentes de la iglesia católica. No se pueden olvidar los pasajes de la propia declaración de independencia, la consolidación de la República por los liberales y la Revolución de 1910, así como los principales frutos jurídico-constitucionales que marcan la vida nacional: la Constitución de 1824, la de 1857 y la de 1917. Dichos ordenamiento fueron y son atacadas sin excepción por la alta jerarquía eclesiástica.
Hasta la fecha, a pesar de que la contrarreforma de Salinas le reconoció personalidad jurídica a las instituciones denominadas iglesias y, con ello el carácter de ciudadanos a los ministros de culto religioso y el consecuente derecho a votar en las elecciones, la iglesia, sobre todo la católica, quiere más. Por eso no se exagera cuando se afirma que lo que busca es recuperar los fueros y privilegios que tuvo y que le daban fuerza para combatir al Estado mexicano.
Por ejemplo “El Chato” Norberto Rivera Carrera no quita el dedo del renglón y sostiene que las reformas constitucionales que reconocieron personalidad jurídica a las iglesias son insuficientes; que se le debe otorgar al clero el derecho de participar en la educación y tener acceso a los medios de información.
Lo que no dijo es que, a pesar de esas reformas y las limitaciones que legalmente tienen los ministros de culto religioso para intervenir en la vida política nacional, la alta jerarquía eclesiástica de la iglesia católica viola la ley todos los días y a toda hora. De hecho se conduce como un partido político, sin las obligaciones legales que tienen las agrupaciones políticas, y cuentan con la complicidad de las autoridades panistas de gobernación que incumplen sus obligaciones, y se hacen de la vista gorda frente a las reiteradas violaciones del clero a las leyes mexicanas.
En realidad los miembros del clero -sobre todo los del alto clero- viven una situación de excepción en materia política. Fiscalmente viven en el paraíso; penalmente gozan de impunidad; constitucionalmente son violadores contumaces y se conducen al margen de la norma superior.
Por cierto, los constitucionalistas tienen materia para la reflexión ante la designación que de los jerarcas católicos hace el Estado Vaticano, que se sujetan así al poder de un Estado extranjero y de hecho renuncian a la nacionalidad mexicana, pero ninguna autoridad los toca.
Cuando las iglesias no tenían personalidad y los ministros de culto religioso no eran reconocidos ciudadanos por haber jurado sumisión a un poder extranjero, como efectivamente es el Vaticano, su status jurídico era distinto al que tienen al adquirir la ciudadanía. Cierto que es una ciudadanía restringida, porque sólo tienen el derecho político de votar, y carecen de los demás, sobre todo del derecho de reunión y de asociación política, pero también, de hecho, han convertido a las iglesias en verdaderos centros de actividad política.
Ahora como ciudadanos, aunque sea a medias, deben abstenerse de jurar obediencia a los representantes de un poder transnacional, que es un deber de todos los mexicanos. Y en esta materia como en otras no debe haber ningún tipo de excepción.
Jurídica y políticamente no tiene ninguna validez el título, denominación, reconocimiento o funciones que un Estado extranjero, cualquiera que sea, otorgue a un ciudadano mexicano, sino cumpliendo los requisitos que la norma constitucional contiene. Lo mismo debe pasar con los ministros de culto, a los que otorga reconocimiento el jefe del Estado Vaticano; desempeñan funciones en virtud de la jerarquía que les otorga la Romana Iglesia, como dijo Karol Wojtyla al elevar a rango de Cardenal a Rivera Carrera, que a su vez juró, si era necesario, el derramamiento de su sangre para cumplir la misión que le encomendó un jefe de Estado extranjero, como es el jefe del Estado Vaticano. ¿Acaso no es fuero mantenerse en estado de excepción?
Cuando afirmo que la iglesia quiere más (no me refiero a la morena de la canción, en México, que quiere otro tipo de cosas), es porque su ambición terrenal no tienen límites. La reciente contrarreforma al artículo 24 constitucional, aprobada por la mayoría de los miembros de la Cámara de diputados del Congreso de la Unión, muestra su insaciable apetito de poder, muy lejos de las funciones supuestamente espirituales que dice representar.
En este sentido está la visita programada, para el mes de marzo, de Joseph Aloisius Ratzinger, el Papa alemán. Este señor viene a México con fines políticos: apoyar al alicaído, y seguramente derrotado, Partido Acción Nacional y de pasada intentar detener la caída libre de la iglesia católica que, cada año pierde, en nuestro país, a miles de feligreses.
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