miércoles, 25 de diciembre de 2013

MÉXICO CONTRA LA DESNACIONALIZACIÓN ENERGÉTICA


Al Pueblo mexicano por su entereza
para enfrentar y derrotar, siempre,
a los traidores a la Patria y a sus aliados.


México es un pueblo con una bella y rica historia. Los mexicanos nos sentimos profundamente orgullosos de nuestro pasado milenario, de las luchas y batallas para obtener nuestra independencia, conservarla y acrecentarla, por conquistar nuestra plena soberanía en el concierto de las naciones, por establecer un régimen en donde el pueblo soberano sea el constructor y beneficiario único de la justicia social.

A través de México, los mexicanos hemos sabido valorar y solidarizarnos con las luchas de otros pueblos de todas las latitudes del mundo, de los que hemos aprendido y tomado singulares experiencias.

Históricamente el pueblo ha sido solidario con las grandes gestas de otros pueblos de la Tierra y de la humanidad en su conjunto.

En momentos decisivos de su historia, en el pasado lejano y en el reciente, México ha realizado aportes valiosos para contribuir al ascenso del ser humano en su lucha permanente por alcanzar mayores y mejores niveles de existencia.

La historia nacional es la guía certera del pueblo por su plena independencia, su verdadera soberanía, la justicia social y la paz democrática.

Los triunfos transitorios de los enemigos del pueblo –como ocurre en estos momentos con las contrarreformas estructurales-, se han superado con la más amplia unidad de las fuerzas avanzadas, de las fuerzas partidarias del progreso, de sus mejores hombres y mujeres.

Esta es la enseñanza que abrevamos de la brillante historia de México. Esta es la herencia imperecedera que sirve de faro a nuestro pueblo en sus luchas.

Unir a todas esas fuerzas, independientemente de sus discrepancias o diferencias menores es, hoy, una exigencia patriótica.

Hay que revertir las contrarreformas sociales, políticas y económicas aplicadas de 1982 a 2013, y para lograrlo ha llegado el momento de cambiar la forma de gobierno que se ha puesto –hoy más que nunca- al servicio de poderes políticos y económicos domésticos y del extranjero.

El México de principios del siglo XXI vive bajo la dictadura de la oligarquía. Los gobiernos no son mandatarios del pueblo. Conscientemente –por interés y conveniencia- se han convertido en mandaderos de los grandes intereses transnacionales.

De 1982 a la fecha los gobernantes mexicanos pasaron de la inobservancia de los preceptos constitucionales fundamentales a su violación sistemática, y de esta a su más burda alteración, despojando al pueblo de sus derechos conquistados con muchos sacrificios. A la nación la han despojado de su soberanía y de su patrimonio de manera cínica y desvergonzada.

Los neoliberales han destrozado la Constitución General de la República y, en consecuencia, han destruido el Pacto Constitucional que le dio fortaleza a la nación soberana e independiente, a la construcción de un régimen democrático que ha sido cancelado, y que cancela, también, las legítimas aspiraciones populares de libertad, justicia e igualdad.

En todos los casos esa oligarquía antipatriota ha invocado una falsa modernidad que, por lo demás, nunca llegó y bajo su poder nunca llegará.

Después de tres décadas sus peones siguen repitiendo, al pie de la letra, el catecismo neoliberal concebido y redactado fuera de México, presentando en cada atentado neoliberal las mismas falsas promesas de más soberanía, mejor desarrollo y más bienestar. Esas promesas han sido y son absolutamente falsas de principio a fin.

Ahí están los resultados de tres décadas de criminal neoliberalismo:

Ese modelo económico depredador, impuesto desde el exterior, es el padre y la madre de la peligrosa inseguridad pública que hoy se vive; es el padre y la madre de la elevadísima corrupción gubernamental y empresarial, una de las más elevadas del mundo.

Con toda intención “los modernizadores” han tratado de quebrar la educación pública para favorecer la educación privada, conformando empresas mercantiles en lugar de escuelas dizque para elevar el nivel educativo de los mexicanos. La contrarreforma en materia educativa está diseñada para privatizar la educación.

Han privatizado buena parte de la seguridad social, verdadero crimen contra los trabajadores. Sólo el rechazo de los trabajadores ha impedido que destruyan al IMSS, al ISSSTE y a las instituciones de seguridad social de las entidades federativas.

También han seguido una política criminal en materia salarial, pues de acuerdo con la Cepal, el salario mínimo actual corresponde, en México, a la tercera parte del que se recibía en 1982.

Así, dice el estudio de la Cepal, “el salario mínimo de México es el más bajo entre las naciones más desarrolladas de América Latina, incluso respecto de algunos países centroamericanos”.

Son los salarios de hambre de los neoliberales que continuarán si los mexicanos no nos decidimos a cambiar este régimen oprobioso.

A pretexto de modernizar el campo modificaron el artículo 27 constitucional para privatizar el ejido. Los campesinos han resistido este atentado violento, pero han sido objeto de un abandono criminal de parte de los sucesivos gobiernos neoliberales, favoreciendo las importaciones y a los agricultores privados. Los neoliberales provocaron que México perdiera su soberanía alimentaria.

Aceptaron la imposición yanqui del Tratado de Libre Comercio, alrededor del cual desplegaron una campaña tan intensa y sucia como la que han realizado, ahora, en torno a la desnacionalización energética. Los resultados devastadores para los mexicanos están a la vista de todos.

Desnacionalizaron la Banca comercial, a pretexto de modernizarla y “democratizarla”. Hoy el 99 % de la Banca es propiedad de extranjeros.

Desnacionalizaron los ferrocarriles. Hoy México no cuenta con un sistema ferroviario de pasajeros y de carga que responda a las necesidades del pueblo. Alguien recordaba que desde que se llevó a cabo esta desnacionalización, los nuevos dueños sólo han construido 27 kilómetros de líneas férreas en todo el país.

Privatizaron la industria siderúrgica, la minería, las líneas aéreas, los aeropuertos. Entregaron las carreteras a los particulares, y crearon un número reducidísimo de potentados, etc.

Privatizaron Teléfonos de México y crearon a uno de los empresarios más ricos del mundo que ha impuesto, con la autorización gubernamental, la telefonía más cara del mundo.

Privatizaron el canal 13 de televisión y crearon a otro de los empresarios más ricos de México. Aplicaron el Fobaproa, y el pueblo pagó y seguirá pagando carretilladas de dinero, en beneficio exclusivo de especuladores y corruptos banqueros.

Como se ve el proceso desnacionalizador viene de años, desde que los neoliberales asaltaron el poder, en 1982.

El resultado: ni crecimiento industrial, ni desarrollo económico, ni disminución de la pobreza, ni disminución de la inseguridad que, al contrario, ha crecido de manera inusitada, ni suficiencia alimentaria, ni fortalecimiento de la soberanía. Todo lo contrario.

Ahora los neoliberales, que en muchos lugares del mundo han sido calificados como los nuevos criminales de guerra, pretenden consumar su obra con la desnacionalización energética.

México, en 2013, es más dependiente económicamente, es menos soberano y es uno de los países de América Latina con mayor pobreza y mayores desigualdades sociales.

Además, en tres décadas los neoliberales quebraron el incipiente sistema democrático mexicano. En ese periodo violentaron la voluntad popular, cometiendo descarados fraudes electorales para hacerse o mantenerse en el poder. Hoy los procesos electorales no son fuente de legitimidad de los gobernantes.

En su ambición desmedida quebraron las instituciones políticas que el pueblo se dio como resultado de sus revoluciones de independencia, reforma y de 1910, y que se expresaron en las  constituciones de 1824, 1857 y 1917.

Lo que quedaba de esas instituciones ha perdido legitimidad frente a la soberanía popular. Por ejemplo, la aprobación de la contrarreforma energética en todo el proceso legislativo, federal y estatal, se logró mediante burdas maniobras que ubican a ciertos senadores y diputados federales y locales como auténticos gánsteres parlamentarios.

El pueblo mexicano entiende que las contrarreformas del gobierno de Peña Nieto y de su partido no representan ningún parteaguas en la historia nacional. Son, simple y llanamente, la continuación del proceso desnacionalizador iniciado en 1982, con el agravante de que se lesiona más la soberanía de la nación y se despoja brutalmente al pueblo de su patrimonio.

Tampoco es cierto que Peña Nieto sea uno de los 100 pensadores más importantes del mundo, como lo dicen las publicaciones al servicio de las compañías transnacionales en cuyo interés gobierna.

No fueron los campesinos, los obreros, los trabajadores del sector estatal, los mexicanos ocupados en el sector de los servicios, los profesionales mexicanos, hombres y mujeres, los jornaleros del campo, los maestros o las maestras de México, los que festejaron la desnacionalización energética de Peña Nieto, su gobierno y su partido.

Fueron las compañías petroleras extranjeras, sus voceros oficiales y oficiosos, y los peones que tienen en México (aquellos a los que Galeano dice que les pidieron apretarse el cinturón y se bajaron los pantalones) los que festinaron, como verdaderos buitres la desnacionalización del petróleo y la electricidad decretada con los cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución nacional.

Por eso no es exagerado afirmar que el titular del ejecutivo federal actual no representa al pueblo mexicano, ni el legislativo –cámara de senadores y diputados –donde, para lograr la desnacionalización energética, aplicaron el gansterismo parlamentario.

El descontento social, la molestia, el enojo y la irritación de los mexicanos se sienten en todas partes. Esto lo sabe el gobierno, por eso una vez elevada a rango constitucional la desnacionalización del petróleo y la energía eléctrica, blande el garrote fascista, amenazando a los mexicanos que rechazamos esa contrarreforma y toda la política neoliberal.


Finalmente hay que decir que el pueblo entiende que es un despropósito (y una vulgaridad histórica) comparar al generalísimo Morelos, Siervo de la Nación y Peña Nieto que, por propia voluntad, con su reforma desnacionalizadora se convierte en siervo de la oligarquía y de las trasnacionales.

jueves, 5 de diciembre de 2013

LA RENUNCIA DE PEÑA NIETO


Aunque ya se sabía, no deja de causar indignación el contenido de la parte esencial del reporte Petróleo, México y el acuerdo transfronterizo , al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, publicado en la edición de La Jornada del 2 de diciembre del año en curso.

En la nota del periódico mexicano se dice que ese reporte fue realizado en octubre de 2012 por el equipo de asesores, encabezado por Richard Lugar. “Sus enviados se reunieron con el equipo de transición del entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, y encontraron, detallan, disposición para ir por una reforma constitucional que permita la participación de transnacionales en la explotación del petróleo”.

“Refieren que se reunieron también con directivos de Pemex, con dirigentes y legisladores, y un líder del PRI comentó: “tenemos la voluntad (de cambiar la Constitución); de lo que no estamos seguros es de contar con los votos”. Otros de los dirigentes del equipo de Peña Nieto reconocieron que las reformas energéticas que no tocan la Carta Magna no funcionan”.

La información precisa que a “Estados Unidos le interesa que México lleve a cabo una reforma significativa a Petróleos Mexicanos (Pemex), capaz de atraer el interés de las empresas petroleras internacionales para invertir su capital y experiencia, ya que su seguridad energética depende de que se mantenga la cuota de importación del crudo mexicano”.

La nota informativa de La Jornada abunda sobre el reporte de los asesores yanquis: “México es importante para la seguridad energética de Estados Unidos, porque es una fuente cercana y políticamente confiable para la importación del petróleo”.

Advierten que “las inversiones de gran escala serán posibles siempre y cuando las trasnacionales “puedan registrar las reservas en la Comisión de Cambios y Valores de Estados Unidos, una forma de contabilidad financiera que no incluirá inversiones conjuntas o contratos de riesgo con Pemex”.

De acuerdo con la nota informativa, en el reporte al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos se dice que “México está sentado sobre 10 mil 400 millones de barriles de petróleo en reservas probadas, cifra que se puede duplicar por el petróleo no convencional. Su existencia en aguas profundas está plenamente probada; sólo en Chicontepec se estiman en 17 mil millones de barriles”.

En la parte final de la nota informativa de La Jornada se destaca: “En este reporte, que tiene fecha del 21 de diciembre de 2012, se resalta asimismo que en el caso del gas encontraron que sus interlocutores (mexicanos) eran optimistas sobre la posibilidad de reformas para abrirlo al capital privado, dada la menor sensibilidad política que produce en relación con el petróleo. Al respecto, detallan, que el gobierno de Estados Unidos estima que México posee una de las reservas de gas shale más grandes del mundo, de 680 billones de metros cúbicos, y es urgente que se explote”.

Hasta aquí la nota informativa de la Jornada.

Esto que ahora se da a conocer en México con mayor detalle, ya había sido denunciado con bastante anticipación. En este mismo blog en el Manifiesto al Pueblo de México, publicado el 14 de julio de 2013, se dijo: el gobierno ha decidido convertir al petróleo mexicano en la mayor reserva petrolera de los yanquis, sin importarle los intereses y el bienestar de nuestro pueblo, y menos la soberanía de la Nación.

Toda la información que se tenía y la que va surgiendo confirma que la conducta de Peña Nieto, la de su gabinete, y la de los legisladores de ambas cámaras que llegaran a aprobar la propuesta presentada, se tipifica jurídicamente como delito de Traición a la Patria.

El artículo 123 del Código Penal Federal establece: Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes:
I.- Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero,
XIII.- Trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración;
Los mexicanos sabemos por experiencia propia que la soberanía petrolera es parte sustancial de nuestra soberanía como Nación y pilar de la seguridad nacional.

La decisión de Peña Nieto, de su partido y de miembros de su gabinete de reformar los artículos 27 y 28 constitucionales y propiciar el regreso de las empresas petroleras extranjeras, además de saquear la riqueza nacional, pretende entregar parte del suelo y subsuelo del territorio mexicano a esas empresas, poniendo en grave riesgo la soberanía de la nación y el desarrollo económico del país.

Insisto: su propuesta de reforma energética para desnacionalizar el petróleo y, de paso, la electricidad encuadran perfectamente en los supuestos de los incisos I y XIII del artículo 123 del Código Penal Federal.

Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que presentará la acusación contra Peña Nieto, por el delito de Traición a la Patria. Ha señalado que existen elementos para fundar esa acusación con base en documentos que materialmente posee, donde se prueba que Peña Nieto contrajo el compromiso en Londres y Estados Unidos con empresas petroleras extranjeras para entregarles parte de la riqueza energética de México.

AMLO fue preciso en este aspecto. Afirmó: “tengo documentos y pruebas de los acuerdos, en Londres y EU, de EPN con petroleras extranjeras”

Con estos elementos y con los que detalla la nota de La Jornada que encabeza este artículo, se probará plenamente que el presidente de la República, debe ser juzgado y castigado por el delito más grave por el que puede ser juzgado y castigado un mexicano.

Por su parte la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación ya ha circulado un borrador en que se contiene material esencial para hacer la acusación por el delito de Traición a la Patria contra Peña Nieto y varios integrantes de su gabinete.

Y una actitud que refuerza esa demanda, y que en cierto sentido se adelanta a los acontecimientos por venir, es la que plantea la renuncia de Peña Nieto a la presidencia de la República.

El apoyo inusitado al planteamiento del General de División Diplomado del Estado Mayor Presidencial, Jesús Jaime García exigiendo la renuncia de Peña y de todo su gabinete, y la misma exigencia planteada a través de las redes sociales por miles de mexicanos, son más que un síntoma.

La demanda expresada en paredes, casetas telefónicas, escuelas, centros deportivos, edificios públicos, mercados, centros comerciales, unidades de pasajeros e infinidad de lugares, y las voces de la gente que se escuchan en todas partes, bajo la breve demanda de “Fuera Peña”, refleja que ya es una exigencia amplia del pueblo mexicano.

Todas estas expresiones demuestran que si viviéramos en un régimen democrático y vigentes figuras como la revocación del mandato, previa consulta popular, Peña y su gabinete no durarían un día más en el poder, y lo mismo ocurriría con otros funcionarios públicos.

Además, con una aceptación del 4.9% como la que tiene el gobierno de Peña entre los mexicanos, al terminar el año 2013, cualquier propuesta o decisión que emane del ejecutivo federal es ilegítima por donde quiera que se le vea. Peña Nieto no tiene el apoyo popular, al contrario, es rechazado y repudiado por los sectores mayoritarios del país.

Medios nacionales (aún los incondicionales del gobierno) e internacionales señalan el desprestigio del gobierno neoliberal de Peña Nieto. Para muchos su tiempo se acabó y continuará su caída en picada.

La demanda popular de la renuncia de Peña Nieto y su gobierno nos coloca en la antesala de acontecimientos trascendentes para la nación mexicana.

domingo, 24 de noviembre de 2013

LA CONSPIRACIÓN CONTRA MÉXICO


Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

La situación que vive México actualmente, con las características del momento, se asemeja a los periodos previos a los levantamientos populares que se han dado a través de nuestra historia.

El grado de inconformidad social contra el gobierno, vale decir, de irritación social, está tan extendida y es tan profunda que, a veces se tiene la impresión, que basta un chispazo para que el pueblo –en pleno uso de su soberanía- inicie su tercer movimiento revolucionario, después de los de 1810 y 1910.

Las condiciones objetivas han madurado rápidamente. La soberanía nacional ha sido dañada de manera muy grave; la enorme desigualdad social provocada por los neoliberales, en los últimos seis gobiernos federales, es alarmante: la concentración de la riqueza, por una parte y la pobreza por la otra, cuantitativa y cualitativamente no se asemejan a ninguna otra etapa de la vida independiente de México; el deterioro de las instituciones políticas está a la vista de todos: los poderes públicos se han puesto cínicamente al servicio de un brevísimo número de acaudalados; la inmensa mayoría de la clase política se encuentra en un alto grado de descomposición, corrompida hasta la médula. La corrupción, en muchos casos, alcanza niveles nunca conocidos.

 Es decir, es enorme el cúmulo de datos sociales, económicos y políticos que la realidad nacional nos proporciona, en estos días, para poder afirmar que nos encontramos cerca de un gran movimiento popular para rescatar a la nación mexicana de las garras de los oligarcas y sus peones que gobiernan.

Y el detonador de ese movimiento puede ser la contrarreforma energética propuesta por Enrique Peña Nieto, que para millones de mexicanos constituye un atentado contra la Nación.

Se ha dicho con toda razón que “La historia del petróleo en México es la historia de una disputa entre los intereses nacionales y los de las potencias mundiales, y entre los de los gobiernos mexicanos y las compañías petroleras extranjeras…Ha habido en esta disputa, gobiernos mexicanos proclives a los intereses extranjeros, y también gobiernos dignos y republicanos que han impedido que las riquezas de nuestro país pasen a manos extranjeras” (Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM).

Por convicción e interés, por razones ideológicas e intereses económicos y políticos, Peña Nieto, su partido y su gobierno, se han colocado, en esta disputa, del lado de los intereses yanquis y de las compañías petroleras extranjeras, y en contra de los intereses nacionales.

A Peña Nieto se le ha calificado, con toda razón, como traidor a la patria por su pretensión de desnacionalizar el petróleo y entregarlo a intereses foráneos, para lo cual propuso reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución nacional, que en su redacción vigente son un pilar fundamental de la propiedad originaria de la nación sobre el suelo y el subsuelo y, por tanto, de la misma soberanía nacional.

El simple planteamiento, la sola intención de alterar esos artículos constitucionales, repito, representa un claro atentado contra los intereses del pueblo y de la nación, y razón suficiente para calificar esa conducta como traición a la patria.

Desde el punto de vista jurídico –teniendo en cuenta las disposiciones de la Constitución mexicana y las normas penales aplicables- no hay duda que se configura el delito de traición a la patria, como lo han señalado juristas reconocidos y personalidades destacadas de nuestro país.

Y desde el punto de vista político representa una carga que acompañará a Enrique Peña Nieto, a su partido y a su gobierno por siempre.

Cuando se escriba este tramo de la historia nacional, las nuevas generaciones, van a colocar al titular del ejecutivo federal, a los miembros de su gabinete, a los legisladores, a todos los desnacionalizados y desnacionalizadores al lado de Agustín de Iturbide, de Antonio López de Santa Anna, de Juan Nepomuceno Almonte, de Miramón, de Mejía, de Porfirio Díaz y los corruptos “científicos” porfiristas, del Chacal Victoriano Huerta y otros traidores a México.

Históricamente los neoliberales desnacionalizados se hermanarán con el general Saturnino Cedillo que tomó las armas para defender a las empresas petroleras extranjeras, expropiadas el 18 de marzo de 1938 pretendiendo, además, un golpe de Estado para asegurar el regreso de esas compañías expropiadas.

La propuesta de Peña Nieto para desnacionalizar la riqueza petrolera a favor de las empresas extranjeras y para que estas se apoderen de la riqueza que corresponde a los mexicanos, es un acto indigno y vergonzoso de quien se ostenta como presidente de los mexicanos, es un acto de deslealtad al pueblo mexicano, es un delito grave, es un acto de lesa patria.

La negativa del gobierno de Peña Nieto a consultar al pueblo, sobre su antipatriótica propuesta, constituye una flagrante violación a la soberanía popular y pone en evidencia la conspiración contra los intereses nacionales que él realiza al lado del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, las compañías petroleras extranjeras, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, etc.

La conspiración contra México que parte de la cúspide más alta del poder, como se ha dicho, sólo puede hoy ser derrotada por la movilización. En este sentido, y frente a esta felonía ha sido notable la resistencia y la lucha de grandes sectores populares que han manifestado su rechazo a la propuesta antinacional del gobierno federal.

Por el momento, y antes de que se discuta en las cámaras legislativas esa contrarreforma y que se siga causando más daño al pueblo, todos los sectores que la rechazan deben trabajar para impedir que se consume ese grave atentando contra México.

Por tanto se requiere la acción conjunta de todas las fuerzas que luchan contra la política criminal de los neoliberales, encabezados por Peña Nieto, y que ya han manifestado su rechazo a la desnacionalización del petróleo y la electricidad.

Es necesario el trabajo conjunto de las fuerzas y personalidades que han realizado y continuarán con las movilizaciones y que han ganado la conciencia de millones de mexicanos; de los que plantean reunir firmas contra la desnacionalización; de los que luchan por que se convoque a una consulta popular; de los que exigen la renuncia de Peña Nieto y su gabinete; de los que le exigen retirar su propuesta energética del Senado; de los que han acusado a Peña Nieto de Traición a la Patria y que han expresado la decisión de presentar formalmente la acusación ante los órganos correspondientes.

Todos unidos en lo esencial para impedir que se consume ese atraco a la nación.

Y de consumarse legislativamente ese atentado, le permitirá al pueblo mexicano recurrir a su Constitución y ejercer el derecho a la revolución que le reconoce el artículo 39, cuyo texto establece:

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Las condiciones objetivas están dadas, y las subjetivas maduran aceleradamente.



viernes, 25 de octubre de 2013

INEFICAZ Y ANTIPATRIOTA EL GOBIERNO DE PEÑA NIETO

·        Urge establecer la Revocación del Mandato.

Todo mundo sabe que el PRI mantuvo con el PAN relaciones íntimas durante los doce años, del 2000 al 2012, que lo hace responsable de los destrozos provocados por los panistas en esa docena trágica. Se pronunciaba contra el PAN porque no estaba en el gobierno, pero no contra la política neoliberal que compartió y comparte plenamente.

Esa política criminal y despiadada, aplicada a rajatabla contra los intereses del pueblo y de la nación, es la que ha provocado el desprestigio total del gobierno del PRI, y personalmente de Peña Nieto. Antes de cumplir un año está desacreditado internacionalmente y es severamente cuestionado en el interior del país.

Si además consideramos las graves acusaciones y los cuestionamientos de que fue objeto durante el proceso electoral (frente que no se ha cerrado a pesar de los esfuerzos gubernamentales para lograrlo) el de Peña Nieto es desde luego un gobierno débil.

Por esta razón la primera medida política que aplico al asumir el poder fue nulificar al legislativo: el llamado Pacto por México es, ni más ni menos, la ruptura en la realidad del orden constitucional. Formalmente existen separados ambos poderes, pero en la realidad (y lo han dicho personalidades en el seno de las Cámaras de diputados y senadores) el legislativo ya no discute, ya no realiza su tarea legislativa, sólo aprueba lo que le envía el Ejecutivo a través del Pacto.

Y así, el poder legislativo ha cambiado su naturaleza. En lo que va de la actual administración federal, el Pacto le asignó el triste papel de simple oficina de trámites. Y para completar el cuadro se incorpora reglamentariamente la figura de los coyotes (en Estados Unidos de Norteamérica les denominan cabilderos) para influir directamente en las decisiones de los legisladores, que se alejan así de las funciones que les asigna la Constitución mexicana.

Como vamos, el siguiente paso en la deslegitimación del legislativo federal, será consumar la presencia mayoritaria de personas que sean representantes directos de los intereses económicos. Ya está la llamada tele bancada y otros legisladores bien identificados como representantes del poder económico y poco falta para que todos los multimillonarios legislen directamente en ese poder (como ocurre en Estados Unidos y en otros países capitalistas desarrollados).

Hoy ya la Cámara de diputados del Congreso de la Unión no representa los intereses populares y nacionales, y la de senadores no representa a las entidades de la Federación.
En mancuerna con el Ejecutivo ambas cámaras siguen destrozando a la nación mexicana, cancelando su desarrollo justo y soberano.

Todo mundo sabe cuáles han sido las contrarreformas enviadas por Peña Nieto y aprobadas por el Poder Legislativo.

La contrarreforma laboral, de corte neoliberal, que el cristero Felipe Calderón le dejó a Peña Nieto, fue tomada como propia por el priista, para tratar de colocar las relaciones obrero patronales en la época porfirista. Los trabajadores y los que desesperadamente buscan un empleo ya ven a Peña Nieto y a la mayoría de los diputados y senadores como sus verdugos.

La teoría y la práctica de los llamados “mercados laborales flexibles” incorporadas a la legislación laboral, que los neoliberales mexicanos, encabezados por Peña Nieto y su gobierno, han llevado al exceso en la legislación sobre educación, representan una humillación para los trabajadores mexicanos.

La precariedad en el empleo, la inseguridad laboral, como ocurría antes de que entrara en vigor la Constitución de 1917, se enseñorean en las relaciones laborales como en el Porfiriato. ¡Esto es modernidad gritan los neoliberales a los cuatro vientos!

La batalla por mantener los derechos laborales reconocidos a nivel constitucional, es un frente de lucha donde los trabajadores están manifestando su espíritu de clase.

La contrarreforma educativa, ajena a cualquier concepción pedagógica que tenga en cuenta las múltiples realidades sociales y económicas de México, contiene disposiciones que velada y abiertamente conducen a la privatización de la educación e incorpora sanciones excesivas contra el magisterio nacional, y pronto se reflejarán en las entidades del país.

Esta contrarreforma ha provocado una fuerte respuesta de la CNTE y de gran parte del SNTE, pues amplios sectores de este sindicato se manifiestan contra el gobierno de Peña Nieto. A no ser los dirigentes sindicales ligados oficialmente al PRI y a su gobierno, ningún maestro que se precie de serlo apoyaría la contrarreforma educativa de Peña.

Ahora bien, desde el momento mismo en que el gobierno de Peña Nieto anunció, su contrarreforma energética, ésta ha sido destruida de manera contundente. Los argumentos en contra han sido tan sólidos que, también, nadie en su sano juicio saldría a defenderla.

Las balandronadas del dirigente nacional del PRI, César Camacho, de salir a la calle a defender esa propuesta antipopular y antinacional quedó en eso, y sólo se ha concretado a repetidas y demagógicas declaraciones en torno al tema, pero nadamás.

Al proponer la desnacionalización del petróleo y la privatización de Pemex, el gobierno del PRI demostró su inclinación derechista y proyanqui, que ya le venía desde 1982 con el gobierno de Miguel de la Madrid y que se acentuó con los gobiernos neoliberales de Salinas de Gortari y Zedillo.

Una máscara “nacionalista” le permitió al PRI cubrirse por algún tiempo, pero finalmente quedó a la vista de todo el mundo su verdadero rostro antipopular y desnacionalizador en los primeros meses de mal gobierno de Peña Nieto.

Pero las cosas van más allá: pesa sobre el gobierno de Peña Nieto la acusación de haber concertado un pacto con empresas extranjeras para entregarles la riqueza petrolera de los mexicanos. Le asiste toda la razón a Andrés Manuel López Obrador al emplazar a Enrique Peña a que “confirme o desmienta que hizo un acuerdo fuera del país con las petroleras extranjeras, lo que podría llamarse el pacto de traición a la patria”.

Y en relación con esto, el periodista Glenn Greenwald, principal contacto de Edward Snowden aseguró, recientemente, que existe mucha información sobre las actividades de espionaje yanqui en Latinoamérica, y que pronto se dará a conocer país por país. Entonces, creo que no habrá que esperar mucho tiempo para saber que ese pacto de traición a la patria se realizó.

Snowden y Greenwald realizarían un gran aporte a los mexicanos si en estos momentos revelan todo lo que saben sobre esos compromisos y otros aspectos de la campaña del candidato del PRI y de otros compromisos adquiridos contra la  nación y el pueblo.

En México existe la impresión y, en algunos casos se tiene la seguridad, de que la existencia de ese pacto con las petroleras extranjeras -cuya información le permite al gobierno yanqui someter al mexicano- es lo que explica el silencio de Peña Nieto ante las burdas acciones de espionaje yanqui.

Y también es la razón principal de su negativa a realizar una consulta popular sobre su contrarreforma energética. Además, su gobierno sabe que de realizarse la consulta el pueblo la rechazaría de manera firme y contundente.

Finalmente, de su cacareada reforma fiscal o hacendaria sólo quedarán aquellas disposiciones que carguen más la mano sobre el pueblo. Se mantendrán, eso sí, los privilegios de los empresarios, es decir, se les seguirán devolviendo carretilladas del dinero de la nación. Se fomentará la corrupción para desangrar a Pemex. Se reducirán recursos a la Universidad Pública y a la cultura (como ya se anunció).

La Constitución nacional obliga a pagar impuestos de manera proporcional, es decir, según la capacidad económica de cada quien. Esto seguirá siendo letra muerta para el gobierno de Peña Nieto, porque gobierna a favor de los acaudalados; lo demás es demagogia pura.
Frente a todo esto -mientras se dan reformas de carácter democrático, nacional y popular- urge establecer a nivel constitucional la figura de la Revocación del Mandato, para impedir que los funcionarios públicos de cualquier nivel atenten contra los intereses populares, y en el caso del presidente de la república, además, contra los intereses de la nación.


Hoy el mandante -que es el pueblo y que constitucionalmente es el único soberano- está desprotegido contra los excesos y las fechorías de los funcionarios, varios de los cuales tienen conductas corruptas o delictivas y atentan abiertamente contra la patria mexicana. Esto no puede continuar.

sábado, 28 de septiembre de 2013

EL PAPEL DE ESQUIROL DE PEÑA NIETO EN LATINOAMÉRICA

La política externa es, siempre, un reflejo de la política interna. No puede ser de otra manera.

El gobierno neoliberal de Peña Nieto ha sido un desastre para los mexicanos, y ese desastre ha tenido su expresión en la política exterior.

Quienes votaron por el PRI, con la esperanza de un cambio respecto a los doce años de mal gobierno panista, se equivocaron rotundamente. El pueblo mexicano sigue sufriendo la continuidad de un modelo de desarrollo rapaz y criminal, que el gobierno del PRI trata de profundizar, entregando el patrimonio nacional a las fuerzas del capitalismo salvaje.

Con la llamada reforma energética los neoliberales (conservadores les denominan desde el exterior) pretenden cometer un despojo violento contra la nación mexicana.

Las medidas políticas, económicas, sociales, y de política exterior del gobierno priista se inscriben claramente dentro del modelo neoliberal. El neoliberalismo es una fábrica eficaz para crear pobres, destruir las instituciones políticas, cancelar los derechos sociales de millones de personas, aniquilar el desarrollo económico autónomo y lesionar la soberanía nacional. Esto está probado y comprobado en México y en otras partes del mundo.

Los neoliberales repiten una y otra vez, hasta el hostigamiento y el cansancio, una retahíla de mentiras para justificar la aplicación de su política antipopular y antinacional.

La realidad ha demostrado que ni defienden el interés nacional, ni combaten la pobreza que sus políticas generan; ni luchan contra las profundas desigualdades sociales creadas por ellos, ni crean empleos, ni desarrollan la ciencia y la tecnología, ni respetan los derechos humanos (en México hablamos de garantías sociales e individuales otorgadas por nuestra Constitución), ni diversifican las relaciones económicas del país, ni  garantizan los derechos de nadie, menos de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de los adultos mayores, ya no se diga de los que sufren alguna discapacidad.

El resultado visible, palpable de la política neoliberal está a la vista de todos: en el interior, 60 millones de mexicanos en la pobreza de un lado y un grupo de multimillonarios que se cuentan con los dedos de las manos, en el otro.

Y hacia el exterior, total sumisión a las políticas de los yanquis. Es más: hay abierta complicidad del gobierno de Peña Nieto con el intervencionismo del gobierno de Obama. Veamos sólo dos aspectos:

1.- El gobierno de Peña Nieto está jugando el sucio papel de esquirol frente a la decisión de la mayoría de los países hermanos de Latinoamérica de caminar hacia su integración. Ya ni formalmente su gobierno se pronuncia por la integración latinoamericana. Está entregado a los brazos de los yanquis.

Por ahí se encuentran las declaraciones demagógicas e incoherentes de los voceros del actual gobierno para “rescatar” el liderazgo de México en América Latina. ¿Cuál liderazgo? ¿El que le imprimió la Revolución Mexicana? ¿El que le dio la política nacionalista del general Lázaro Cárdenas? ¿El que logró el gobierno de López Mateos por su actitud frente a la Revolución Cubana?

¿O el que logró México cuando sus gobiernos aplicaron, en su política exterior, los principios de autodeterminación, de no intervención, de solución pacífica de las controversias, de proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, de la igualdad jurídica de los Estados, de la cooperación internacional para el desarrollo,  y la seguridad internacional?

Es seguro que estos principios, que señala la fracción X del artículo 89 constitucional y que deben presidir la política internacional del gobierno, ni siquiera los conocen ya no digamos los funcionarios, ni siquiera los responsables del área.

Este gobierno neoliberal –en una actitud de “gran potencia”- asiste a las reuniones de las verdaderas potencias económicas a ofrecerles nuestras riquezas, como un mandadero de los empresarios y nunca como mandatario del pueblo. La riqueza y diversidad de las relaciones culturales, científicas, académicas, etc. han sido marginadas para seguir ofreciendo lo que nos queda del patrimonio nacional.

Se quiera o no, al integrar  la Alianza Pacífico, los gobiernos de México, Colombia, Chile y Perú se convierten en voceros de los intereses yanquis. Promueven el libre comercio, pero sobre todo tratan de obstaculizar la unidad e integración latinoamericana, que se expresa a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y otros organismos latinoamericanos. Conscientemente  la Alianza Pacífico -y de manera destacada el gobierno mexicano- les hace el trabajo sucio a los yanquis para dividir a América Latina.

La mayor parte de los países latinoamericanos están dedicados a lograr y consolidar su segunda y definitiva independencia. Hoy es la región más progresista del mundo, que  en bloque rechaza la conducta intervencionista de los yanquis, y que han tenido una actitud digna frente a las agresiones del gobierno norteamericano contra Evo Morales, el espionaje contra Dilma Roussef y, recientemente, las agresiones contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.

El aislamiento de México del resto de América Latina es consecuencia directa de esa política proyanqui del actual gobierno federal. Jugar el papel de esquirol, como lo hace  Peña Nieto, le ha generado un enorme desprestigio a nivel mundial, porque la corriente liberadora que recorre gran parte de América Latina y varias regiones del mundo no pasa ni pasará por Estados Unidos de Norteamérica, ni se logrará sometiéndose al dictado de los yanquis.

2.- Peña Nieto y su gobierno se muestran sumisos y condescendientes con la política injerencista de los yanquis en cuestiones que sólo competen a nuestro pueblo.

En días recientes se denunció el espionaje de los norteamericanos contra la presidenta de Brasil y contra el propio Peña Nieto, cuando era candidato y ya en el ejercicio del gobierno.
Entre la respuesta del gobierno brasileño y la del gobierno mexicano se abrió un abismo, donde la dignidad de la mandataria de Brasil marcó una enorme distancia con la indignidad de Peña Nieto, que faltó, así, a sus responsabilidades constitucionales, pues no se trata de su persona, sino de la soberanía nacional agredida por el gobierno de Obama.

El discurso que pronunció Dilma Roussef en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, al denunciar el espionaje yanqui coloca, sin duda, al gobierno de Peña Nieto en el pasado y, lo peor y más grave, en la más abyecta sumisión ante la potencia norteamericana.

Dijo la presidenta de Brasil: "Las intromisiones en los asuntos de otros países violan las leyes internacionales y son una afrenta a los principios que deben guiar las relaciones entre ellos, especialmente entre las naciones amigas. Una nación soberana jamás puede afirmarse en detrimento de otra soberanía".

Y agregó: constituye una grave violación a los derechos humanos y las libertades civiles, la invasión y captura de información confidencial relacionada con actividades empresariales y, sobre todo, de un irrespeto a la soberanía nacional.

Así, o más claro.

Hoy Peña Nieto  provoca vergüenza a millones de mexicanos que le exigen  someter su actuación, en materia de relaciones internacionales, al mandato de la Constitución nacional. No es que quiera o no hacerlo. Su obligación es ajustarse a los principios que deben presidir la política exterior del gobierno.


La dirigente  brasileña y su gobierno se ganaron el respeto y el más amplio reconocimiento a nivel latinoamericano y mundial. Han asumido el papel de defensores de los pueblos agredidos y violentados por el imperialismo yanqui. En cambio, el gobierno de Peña Nieto queda como cómplice del intervencionismo norteamericano contra su propio pueblo.

viernes, 6 de septiembre de 2013

LOS RENEGADOS DEL PRI

En una actitud vergonzante el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, a pretexto de convertir a la Constitución “en instrumento eficaz al servicio de los mexicanos” (sic) para justificar la desnacionalización del petróleo y la electricidad, repudió en menos de un renglón más de doscientos años de luchas libertarias del pueblo mexicano y la expresión constitucional de esas gestas históricas, al sostener que “es preciso reformar la Constitución que no puede ser objeto de veneración jurídica”.
Desde luego, nadie en su sano juicio hablaría de la Constitución como una ley rígida e inmodificable. Al contrario, siempre se ha afirmado que la Carta Magna tiene que cambiar para responder a las exigencias de la nación y del pueblo.
Pero otra cosa distinta es la manía de los gobernantes de cambiar nuestra Máxima Ley, colocando verdaderos parches como ha ocurrido en las últimas tres décadas de neoliberalismo depredador.
Antes, los conservadores y reaccionarios también incorporaron al texto de la Constitución de 1917 contrarreformas como la que introdujo Miguel Alemán para otorgar el amparo a los terratenientes y parar la reforma agraria. Después los neoliberales, con Miguel de la Madrid, incorporaron la tesis de la rectoría del Estado para cancelar su intervención en la economía; Carlos Salinas impulsó la contrarreforma para destruir el ejido como propiedad social y destruir, también, la separación del Estado y la Iglesia, dando mayor presencia política a los miembros de esta institución medieval, o bien en contrarreformas posteriores incorporando verdaderos fárragos, propios de leyes secundarias, como las de tipo electoral, o recientemente en materia educativa, para abrir el camino a su privatización y cancelar los derechos laborales de los maestros.
He señalado en otros artículos, que aparecen en este blog, que en México tanto en los periodos revolucionarios como en las etapas posteriores, el interés de las fuerzas que participan del lado de la revolución o de la contrarrevolución se concentra en la Constitución: los revolucionarios para incorporar las demandas de la corriente victoriosa y mantener su vigencia, y los enemigos de la revolución para impedir la elaboración de una Constitución revolucionaria, obstruir su aplicación y, en su caso, incorporar sus tesis reaccionarias.

Esto es lo que está ocurriendo en México una vez más. A pretexto de la modernidad, los neoliberales que gobiernan se han propuesto desmantelar las disposiciones constitucionales que establecen la propiedad originaria de la nación sobre el suelo y subsuelo, y la titularidad de la misma nación en la exploración, la explotación y la comercialización de los recursos energéticos del petróleo y la electricidad.

Esta es una batalla crucial de cuyo resultado dependerá el futuro inmediato de los mexicanos.

Por esa razón la inmensa mayoría de nuestro pueblo -sus fuerzas progresistas, la mayoría de los profesionales y académicos, su clase trabajadora, sus jóvenes, hombres y mujeres- se ha pronunciado enérgicamente contra los dogmas neoliberales que buscan dar marcha atrás a la nacionalización de esos recursos estratégicos.

Hay una defensa fuerte y vigorosa de la Constitución mexicana, de su contenido nacional, popular y revolucionario, y de manera particular, en estos momentos, de sus artículos 27 y 28, que los tecnócratas y desnacionalizados pretenden modificar, para entregar a las compañías petroleras extranjeras, sin recato ni vergüenza, a Pemex “uno de los mayores productores de petróleo del mundo” como lo señaló recientemente el diario The Washington Post.

Hay que recordarles a los neoporfiristas que el artículo 27 constitucional fue la base jurídica de la expropiación petrolera y el sustento para que el petróleo se mantenga como propiedad de la Nación, a pesar de los esfuerzos y compromisos inconfesables de los reaccionarios entreguistas.

Por eso, sólo quien tenga mentalidad religiosa o algún prejuicio clerical, puede hablar de “veneración jurídica” de la Constitución. De lo que se trata es de la lucha para defender y preservar disposiciones fundamentales que benefician a la Nación.

El dogma neoliberal que, por cierto, no es invento de los priistas o de los panistas, sino que les ha sido impuesto desde el exterior, choca de lleno con los intereses legítimos de los mexicanos empeñados en mantener y acrecentar la independencia y la soberanía.

A raíz de esa expresión ofensiva del dirigente nacional del PRI contra la Constitución de 1917 y contra la Historia de México, el articulista de La Jornada Víctor M. Toledo señaló: " Que la Constitución de México, que costó la vida de un millón de compatriotas, no debe ser ya objeto de veneración jurídica es una monumental expresión de su confusión o su locura. ¿No la juraron sus militantes y legisladores? Y aquello de que la reforma (la energética) es patriótica, indispensable, muy priísta remite a una clase de sicología clínica sobre la demencia".

Hay que recordarles a los neoliberales dogmáticos que a través de la Historia de México nuestras constituciones han sido cuerpos jurídicos revolucionarios. Las constituciones de 1824 y de 1857 incorporaron a su texto, entre otras, disposiciones anticoloniales, en tanto que la de 1917 mantiene esas normas anticoloniales e incorporó mandatos antiimperialistas, antifeudales y de profundo contenido social.

Nuestra Constitución vigente –la de 1917- es un resumen apretado de la brillante historia nacional. En ella se contienen las ideas libertarias de Miguel Hidalgo y de las fuerzas insurgentes; las concebidas e incorporadas por ese formidable luchador que fue José María Morelos, que en su grandeza rechazó los tratamientos nobiliarios y prefirió que se le llamara Siervo de la Nación; las ideas y concepciones de la corriente federalista y las de los liberales, encabezados por otro mexicano de excepción como fue Benito Juárez; las ideas y la lucha de los Flores Magón, de Villa, de Zapata, de Lázaro Cárdenas, figuras frente a las cuales los dirigentes políticos “modernizadores”, esos políticos de carpa del “nuevo” PRI aparecen como verdaderos enanos.

Y es que la Constitución de 1917 sigue causando ardor en las filas reaccionarias. Los que consideran que la Carta Magna debe ser sustituida por otra, tienen en mente borrar de sus preceptos todo lo relativo a la propiedad originaria de la nación, las garantías individuales, las garantías sociales como la educación, la propiedad social, los derechos laborales, la sujeción del clero a la ley, hasta dejar un código sin importancia.

Hay que repetir y refrescar la memoria de aquellos que reniegan de la Historia nacional, de aquellos desnacionalizados que reniegan de la brillante historia constitucional de México:

Nuestra historia constitucional es el resumen de la historia patria y, particularmente, la Constitución de 1917 representa un resumen extraordinario de la doctrina constitucional más avanzada de su tiempo que se entrelazó con la historia nacional y las heroicas gestas populares.

Los renegados olvidan intencionalmente que la Constitución elaborada por el Congreso Constituyente de Querétaro, en sus 136 artículos, considerando hasta los transitorios, tienen plena justificación histórica. Las mismas garantías individuales responden a mandatos anticoloniales que mantiene nuestra Ley Fundamental. Con afirmaciones o negaciones la Carta Magna otorga protección a los derechos elementales del ser humano, más allá de los que otorgó, en su momento, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la trascendental Revolución Francesa de 1789.

A los renegados del PRI –a los dirigentes de este partido- les estorban las disposiciones avanzadas de nuestra Constitución, por eso hacen mancuerna con los reaccionarios del PAN, con los que no sólo cohabitan, sino con los que mantienen políticamente verdaderas relaciones carnales, para servir mejor al poder económico doméstico y extranjero al que realmente representan.

Hoy, la defensa de los postulados avanzados de la Constitución mexicana, particularmente de sus artículos 27 y 28, constituye una de las banderas de lucha del pueblo que, sin tardanza, debe recuperar su carácter soberano.

La historia nacional demuestra que la más amplia alianza de las fuerzas populares ha derrotado siempre a sus enemigos por poderosos que sean. Esa alianza se está conformando rápidamente. Hay que fortalecerla, impulsarla, cuidarla y defenderla.


Cierto: parar en seco los intentos antipopulares y desnacionalizadores de los neoliberales es la tarea inmediata, pero todo indica que se acerca el momento en que el pueblo soberano llame a cuentas a los traidores a la patria.