Al Pueblo mexicano por
su entereza
para enfrentar y
derrotar, siempre,
a los traidores a la Patria y a sus aliados.
México es un pueblo con una
bella y rica historia. Los mexicanos nos sentimos profundamente orgullosos de
nuestro pasado milenario, de las luchas y batallas para obtener nuestra
independencia, conservarla y acrecentarla, por conquistar nuestra plena
soberanía en el concierto de las naciones, por establecer un régimen en donde
el pueblo soberano sea el constructor y beneficiario único de la justicia
social.
A través de México, los
mexicanos hemos sabido valorar y solidarizarnos con las luchas de otros pueblos
de todas las latitudes del mundo, de los que hemos aprendido y tomado singulares
experiencias.
Históricamente el pueblo ha
sido solidario con las grandes gestas de otros pueblos de la Tierra y de la
humanidad en su conjunto.
En momentos decisivos de su
historia, en el pasado lejano y en el reciente, México ha realizado aportes valiosos
para contribuir al ascenso del ser humano en su lucha permanente por alcanzar
mayores y mejores niveles de existencia.
La historia nacional es la
guía certera del pueblo por su plena independencia, su verdadera soberanía, la
justicia social y la paz democrática.
Los triunfos transitorios de
los enemigos del pueblo –como ocurre en estos momentos con las contrarreformas
estructurales-, se han superado con la más amplia unidad de las fuerzas
avanzadas, de las fuerzas partidarias del progreso, de sus mejores hombres y
mujeres.
Esta es la enseñanza que
abrevamos de la brillante historia de México. Esta es la herencia imperecedera que
sirve de faro a nuestro pueblo en sus luchas.
Unir a todas esas fuerzas,
independientemente de sus discrepancias o diferencias menores es, hoy, una
exigencia patriótica.
Hay que revertir las
contrarreformas sociales, políticas y económicas aplicadas de 1982 a 2013, y
para lograrlo ha llegado el momento de cambiar la forma de gobierno que se ha
puesto –hoy más que nunca- al servicio de poderes políticos y económicos
domésticos y del extranjero.
El México de principios del
siglo XXI vive bajo la dictadura de la oligarquía. Los gobiernos no son
mandatarios del pueblo. Conscientemente –por interés y conveniencia- se han
convertido en mandaderos de los grandes intereses transnacionales.
De 1982 a la fecha los
gobernantes mexicanos pasaron de la inobservancia de los preceptos
constitucionales fundamentales a su violación sistemática, y de esta a su más
burda alteración, despojando al pueblo de sus derechos conquistados con muchos
sacrificios. A la nación la han despojado de su soberanía y de su patrimonio de
manera cínica y desvergonzada.
Los neoliberales han
destrozado la Constitución General de la República y, en consecuencia, han
destruido el Pacto Constitucional que le dio fortaleza a la nación soberana e
independiente, a la construcción de un régimen democrático que ha sido
cancelado, y que cancela, también, las legítimas aspiraciones populares de
libertad, justicia e igualdad.
En todos los casos esa
oligarquía antipatriota ha invocado una falsa modernidad que, por lo demás,
nunca llegó y bajo su poder nunca llegará.
Después de tres décadas sus
peones siguen repitiendo, al pie de la letra, el catecismo neoliberal concebido
y redactado fuera de México, presentando en cada atentado neoliberal las mismas
falsas promesas de más soberanía, mejor desarrollo y más bienestar. Esas
promesas han sido y son absolutamente falsas de principio a fin.
Ahí están los resultados de
tres décadas de criminal neoliberalismo:
Ese modelo económico
depredador, impuesto desde el exterior, es el padre y la madre de la peligrosa
inseguridad pública que hoy se vive; es el padre y la madre de la elevadísima
corrupción gubernamental y empresarial, una de las más elevadas del mundo.
Con toda intención “los
modernizadores” han tratado de quebrar la educación pública para favorecer la
educación privada, conformando empresas mercantiles en lugar de escuelas dizque
para elevar el nivel educativo de los mexicanos. La contrarreforma en materia
educativa está diseñada para privatizar la educación.
Han privatizado buena parte
de la seguridad social, verdadero crimen contra los trabajadores. Sólo el
rechazo de los trabajadores ha impedido que destruyan al IMSS, al ISSSTE y a
las instituciones de seguridad social de las entidades federativas.
También han seguido una
política criminal en materia salarial, pues de acuerdo con la Cepal, el salario
mínimo actual corresponde, en México, a la tercera parte del que se recibía en
1982.
Así, dice el estudio de la
Cepal, “el salario mínimo de México es el más bajo entre las naciones más
desarrolladas de América Latina, incluso respecto de algunos países
centroamericanos”.
Son los salarios de hambre de
los neoliberales que continuarán si los mexicanos no nos decidimos a cambiar
este régimen oprobioso.
A pretexto de modernizar el
campo modificaron el artículo 27 constitucional para privatizar el ejido. Los
campesinos han resistido este atentado violento, pero han sido objeto de un abandono
criminal de parte de los sucesivos gobiernos neoliberales, favoreciendo las
importaciones y a los agricultores privados. Los neoliberales provocaron que
México perdiera su soberanía alimentaria.
Aceptaron la imposición
yanqui del Tratado de Libre Comercio, alrededor del cual desplegaron una
campaña tan intensa y sucia como la que han realizado, ahora, en torno a la
desnacionalización energética. Los resultados devastadores para los mexicanos
están a la vista de todos.
Desnacionalizaron la Banca
comercial, a pretexto de modernizarla y “democratizarla”. Hoy el 99 % de la
Banca es propiedad de extranjeros.
Desnacionalizaron los
ferrocarriles. Hoy México no cuenta con un sistema ferroviario de pasajeros y
de carga que responda a las necesidades del pueblo. Alguien recordaba que desde
que se llevó a cabo esta desnacionalización, los nuevos dueños sólo han
construido 27 kilómetros de líneas férreas en todo el país.
Privatizaron la industria
siderúrgica, la minería, las líneas aéreas, los aeropuertos. Entregaron las
carreteras a los particulares, y crearon un número reducidísimo de potentados,
etc.
Privatizaron Teléfonos de
México y crearon a uno de los empresarios más ricos del mundo que ha impuesto,
con la autorización gubernamental, la telefonía más cara del mundo.
Privatizaron el canal 13 de
televisión y crearon a otro de los empresarios más ricos de México. Aplicaron
el Fobaproa, y el pueblo pagó y seguirá pagando carretilladas de dinero, en
beneficio exclusivo de especuladores y corruptos banqueros.
Como se ve el proceso
desnacionalizador viene de años, desde que los neoliberales asaltaron el poder,
en 1982.
El resultado: ni crecimiento
industrial, ni desarrollo económico, ni disminución de la pobreza, ni
disminución de la inseguridad que, al contrario, ha crecido de manera
inusitada, ni suficiencia alimentaria, ni fortalecimiento de la soberanía. Todo
lo contrario.
Ahora los neoliberales, que
en muchos lugares del mundo han sido calificados como los nuevos criminales de
guerra, pretenden consumar su obra con la desnacionalización energética.
México, en 2013, es más
dependiente económicamente, es menos soberano y es uno de los países de América
Latina con mayor pobreza y mayores desigualdades sociales.
Además, en tres décadas los
neoliberales quebraron el incipiente sistema democrático mexicano. En ese
periodo violentaron la voluntad popular, cometiendo descarados fraudes
electorales para hacerse o mantenerse en el poder. Hoy los procesos electorales
no son fuente de legitimidad de los gobernantes.
En su ambición desmedida
quebraron las instituciones políticas que el pueblo se dio como resultado de
sus revoluciones de independencia, reforma y de 1910, y que se expresaron en
las constituciones de 1824, 1857 y 1917.
Lo que quedaba de esas
instituciones ha perdido legitimidad frente a la soberanía popular. Por
ejemplo, la aprobación de la contrarreforma energética en todo el proceso
legislativo, federal y estatal, se logró mediante burdas maniobras que ubican a
ciertos senadores y diputados federales y locales como auténticos gánsteres
parlamentarios.
El pueblo mexicano entiende
que las contrarreformas del gobierno de Peña Nieto y de su partido no
representan ningún parteaguas en la historia nacional. Son, simple y
llanamente, la continuación del proceso desnacionalizador iniciado en 1982, con
el agravante de que se lesiona más la soberanía de la nación y se despoja
brutalmente al pueblo de su patrimonio.
Tampoco es cierto que Peña
Nieto sea uno de los 100 pensadores más importantes del mundo, como lo dicen
las publicaciones al servicio de las compañías transnacionales en cuyo interés
gobierna.
No fueron los campesinos, los
obreros, los trabajadores del sector estatal, los mexicanos ocupados en el
sector de los servicios, los profesionales mexicanos, hombres y mujeres, los
jornaleros del campo, los maestros o las maestras de México, los que festejaron
la desnacionalización energética de Peña Nieto, su gobierno y su partido.
Fueron las compañías
petroleras extranjeras, sus voceros oficiales y oficiosos, y los peones que tienen
en México (aquellos a los que Galeano dice que les pidieron apretarse el
cinturón y se bajaron los pantalones) los que festinaron, como verdaderos
buitres la desnacionalización del petróleo y la electricidad decretada con los
cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución nacional.
Por eso no es exagerado
afirmar que el titular del ejecutivo federal actual no representa al pueblo
mexicano, ni el legislativo –cámara de senadores y diputados –donde, para
lograr la desnacionalización energética, aplicaron el gansterismo
parlamentario.
El descontento social, la
molestia, el enojo y la irritación de los mexicanos se sienten en todas partes.
Esto lo sabe el gobierno, por eso una vez elevada a rango constitucional la
desnacionalización del petróleo y la energía eléctrica, blande el garrote
fascista, amenazando a los mexicanos que rechazamos esa contrarreforma y toda
la política neoliberal.
Finalmente hay que decir que
el pueblo entiende que es un despropósito (y una vulgaridad histórica) comparar
al generalísimo Morelos, Siervo de la Nación y Peña Nieto que, por propia
voluntad, con su reforma desnacionalizadora se convierte en siervo de la
oligarquía y de las trasnacionales.