miércoles, 25 de diciembre de 2013

MÉXICO CONTRA LA DESNACIONALIZACIÓN ENERGÉTICA


Al Pueblo mexicano por su entereza
para enfrentar y derrotar, siempre,
a los traidores a la Patria y a sus aliados.


México es un pueblo con una bella y rica historia. Los mexicanos nos sentimos profundamente orgullosos de nuestro pasado milenario, de las luchas y batallas para obtener nuestra independencia, conservarla y acrecentarla, por conquistar nuestra plena soberanía en el concierto de las naciones, por establecer un régimen en donde el pueblo soberano sea el constructor y beneficiario único de la justicia social.

A través de México, los mexicanos hemos sabido valorar y solidarizarnos con las luchas de otros pueblos de todas las latitudes del mundo, de los que hemos aprendido y tomado singulares experiencias.

Históricamente el pueblo ha sido solidario con las grandes gestas de otros pueblos de la Tierra y de la humanidad en su conjunto.

En momentos decisivos de su historia, en el pasado lejano y en el reciente, México ha realizado aportes valiosos para contribuir al ascenso del ser humano en su lucha permanente por alcanzar mayores y mejores niveles de existencia.

La historia nacional es la guía certera del pueblo por su plena independencia, su verdadera soberanía, la justicia social y la paz democrática.

Los triunfos transitorios de los enemigos del pueblo –como ocurre en estos momentos con las contrarreformas estructurales-, se han superado con la más amplia unidad de las fuerzas avanzadas, de las fuerzas partidarias del progreso, de sus mejores hombres y mujeres.

Esta es la enseñanza que abrevamos de la brillante historia de México. Esta es la herencia imperecedera que sirve de faro a nuestro pueblo en sus luchas.

Unir a todas esas fuerzas, independientemente de sus discrepancias o diferencias menores es, hoy, una exigencia patriótica.

Hay que revertir las contrarreformas sociales, políticas y económicas aplicadas de 1982 a 2013, y para lograrlo ha llegado el momento de cambiar la forma de gobierno que se ha puesto –hoy más que nunca- al servicio de poderes políticos y económicos domésticos y del extranjero.

El México de principios del siglo XXI vive bajo la dictadura de la oligarquía. Los gobiernos no son mandatarios del pueblo. Conscientemente –por interés y conveniencia- se han convertido en mandaderos de los grandes intereses transnacionales.

De 1982 a la fecha los gobernantes mexicanos pasaron de la inobservancia de los preceptos constitucionales fundamentales a su violación sistemática, y de esta a su más burda alteración, despojando al pueblo de sus derechos conquistados con muchos sacrificios. A la nación la han despojado de su soberanía y de su patrimonio de manera cínica y desvergonzada.

Los neoliberales han destrozado la Constitución General de la República y, en consecuencia, han destruido el Pacto Constitucional que le dio fortaleza a la nación soberana e independiente, a la construcción de un régimen democrático que ha sido cancelado, y que cancela, también, las legítimas aspiraciones populares de libertad, justicia e igualdad.

En todos los casos esa oligarquía antipatriota ha invocado una falsa modernidad que, por lo demás, nunca llegó y bajo su poder nunca llegará.

Después de tres décadas sus peones siguen repitiendo, al pie de la letra, el catecismo neoliberal concebido y redactado fuera de México, presentando en cada atentado neoliberal las mismas falsas promesas de más soberanía, mejor desarrollo y más bienestar. Esas promesas han sido y son absolutamente falsas de principio a fin.

Ahí están los resultados de tres décadas de criminal neoliberalismo:

Ese modelo económico depredador, impuesto desde el exterior, es el padre y la madre de la peligrosa inseguridad pública que hoy se vive; es el padre y la madre de la elevadísima corrupción gubernamental y empresarial, una de las más elevadas del mundo.

Con toda intención “los modernizadores” han tratado de quebrar la educación pública para favorecer la educación privada, conformando empresas mercantiles en lugar de escuelas dizque para elevar el nivel educativo de los mexicanos. La contrarreforma en materia educativa está diseñada para privatizar la educación.

Han privatizado buena parte de la seguridad social, verdadero crimen contra los trabajadores. Sólo el rechazo de los trabajadores ha impedido que destruyan al IMSS, al ISSSTE y a las instituciones de seguridad social de las entidades federativas.

También han seguido una política criminal en materia salarial, pues de acuerdo con la Cepal, el salario mínimo actual corresponde, en México, a la tercera parte del que se recibía en 1982.

Así, dice el estudio de la Cepal, “el salario mínimo de México es el más bajo entre las naciones más desarrolladas de América Latina, incluso respecto de algunos países centroamericanos”.

Son los salarios de hambre de los neoliberales que continuarán si los mexicanos no nos decidimos a cambiar este régimen oprobioso.

A pretexto de modernizar el campo modificaron el artículo 27 constitucional para privatizar el ejido. Los campesinos han resistido este atentado violento, pero han sido objeto de un abandono criminal de parte de los sucesivos gobiernos neoliberales, favoreciendo las importaciones y a los agricultores privados. Los neoliberales provocaron que México perdiera su soberanía alimentaria.

Aceptaron la imposición yanqui del Tratado de Libre Comercio, alrededor del cual desplegaron una campaña tan intensa y sucia como la que han realizado, ahora, en torno a la desnacionalización energética. Los resultados devastadores para los mexicanos están a la vista de todos.

Desnacionalizaron la Banca comercial, a pretexto de modernizarla y “democratizarla”. Hoy el 99 % de la Banca es propiedad de extranjeros.

Desnacionalizaron los ferrocarriles. Hoy México no cuenta con un sistema ferroviario de pasajeros y de carga que responda a las necesidades del pueblo. Alguien recordaba que desde que se llevó a cabo esta desnacionalización, los nuevos dueños sólo han construido 27 kilómetros de líneas férreas en todo el país.

Privatizaron la industria siderúrgica, la minería, las líneas aéreas, los aeropuertos. Entregaron las carreteras a los particulares, y crearon un número reducidísimo de potentados, etc.

Privatizaron Teléfonos de México y crearon a uno de los empresarios más ricos del mundo que ha impuesto, con la autorización gubernamental, la telefonía más cara del mundo.

Privatizaron el canal 13 de televisión y crearon a otro de los empresarios más ricos de México. Aplicaron el Fobaproa, y el pueblo pagó y seguirá pagando carretilladas de dinero, en beneficio exclusivo de especuladores y corruptos banqueros.

Como se ve el proceso desnacionalizador viene de años, desde que los neoliberales asaltaron el poder, en 1982.

El resultado: ni crecimiento industrial, ni desarrollo económico, ni disminución de la pobreza, ni disminución de la inseguridad que, al contrario, ha crecido de manera inusitada, ni suficiencia alimentaria, ni fortalecimiento de la soberanía. Todo lo contrario.

Ahora los neoliberales, que en muchos lugares del mundo han sido calificados como los nuevos criminales de guerra, pretenden consumar su obra con la desnacionalización energética.

México, en 2013, es más dependiente económicamente, es menos soberano y es uno de los países de América Latina con mayor pobreza y mayores desigualdades sociales.

Además, en tres décadas los neoliberales quebraron el incipiente sistema democrático mexicano. En ese periodo violentaron la voluntad popular, cometiendo descarados fraudes electorales para hacerse o mantenerse en el poder. Hoy los procesos electorales no son fuente de legitimidad de los gobernantes.

En su ambición desmedida quebraron las instituciones políticas que el pueblo se dio como resultado de sus revoluciones de independencia, reforma y de 1910, y que se expresaron en las  constituciones de 1824, 1857 y 1917.

Lo que quedaba de esas instituciones ha perdido legitimidad frente a la soberanía popular. Por ejemplo, la aprobación de la contrarreforma energética en todo el proceso legislativo, federal y estatal, se logró mediante burdas maniobras que ubican a ciertos senadores y diputados federales y locales como auténticos gánsteres parlamentarios.

El pueblo mexicano entiende que las contrarreformas del gobierno de Peña Nieto y de su partido no representan ningún parteaguas en la historia nacional. Son, simple y llanamente, la continuación del proceso desnacionalizador iniciado en 1982, con el agravante de que se lesiona más la soberanía de la nación y se despoja brutalmente al pueblo de su patrimonio.

Tampoco es cierto que Peña Nieto sea uno de los 100 pensadores más importantes del mundo, como lo dicen las publicaciones al servicio de las compañías transnacionales en cuyo interés gobierna.

No fueron los campesinos, los obreros, los trabajadores del sector estatal, los mexicanos ocupados en el sector de los servicios, los profesionales mexicanos, hombres y mujeres, los jornaleros del campo, los maestros o las maestras de México, los que festejaron la desnacionalización energética de Peña Nieto, su gobierno y su partido.

Fueron las compañías petroleras extranjeras, sus voceros oficiales y oficiosos, y los peones que tienen en México (aquellos a los que Galeano dice que les pidieron apretarse el cinturón y se bajaron los pantalones) los que festinaron, como verdaderos buitres la desnacionalización del petróleo y la electricidad decretada con los cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución nacional.

Por eso no es exagerado afirmar que el titular del ejecutivo federal actual no representa al pueblo mexicano, ni el legislativo –cámara de senadores y diputados –donde, para lograr la desnacionalización energética, aplicaron el gansterismo parlamentario.

El descontento social, la molestia, el enojo y la irritación de los mexicanos se sienten en todas partes. Esto lo sabe el gobierno, por eso una vez elevada a rango constitucional la desnacionalización del petróleo y la energía eléctrica, blande el garrote fascista, amenazando a los mexicanos que rechazamos esa contrarreforma y toda la política neoliberal.


Finalmente hay que decir que el pueblo entiende que es un despropósito (y una vulgaridad histórica) comparar al generalísimo Morelos, Siervo de la Nación y Peña Nieto que, por propia voluntad, con su reforma desnacionalizadora se convierte en siervo de la oligarquía y de las trasnacionales.

jueves, 5 de diciembre de 2013

LA RENUNCIA DE PEÑA NIETO


Aunque ya se sabía, no deja de causar indignación el contenido de la parte esencial del reporte Petróleo, México y el acuerdo transfronterizo , al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, publicado en la edición de La Jornada del 2 de diciembre del año en curso.

En la nota del periódico mexicano se dice que ese reporte fue realizado en octubre de 2012 por el equipo de asesores, encabezado por Richard Lugar. “Sus enviados se reunieron con el equipo de transición del entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, y encontraron, detallan, disposición para ir por una reforma constitucional que permita la participación de transnacionales en la explotación del petróleo”.

“Refieren que se reunieron también con directivos de Pemex, con dirigentes y legisladores, y un líder del PRI comentó: “tenemos la voluntad (de cambiar la Constitución); de lo que no estamos seguros es de contar con los votos”. Otros de los dirigentes del equipo de Peña Nieto reconocieron que las reformas energéticas que no tocan la Carta Magna no funcionan”.

La información precisa que a “Estados Unidos le interesa que México lleve a cabo una reforma significativa a Petróleos Mexicanos (Pemex), capaz de atraer el interés de las empresas petroleras internacionales para invertir su capital y experiencia, ya que su seguridad energética depende de que se mantenga la cuota de importación del crudo mexicano”.

La nota informativa de La Jornada abunda sobre el reporte de los asesores yanquis: “México es importante para la seguridad energética de Estados Unidos, porque es una fuente cercana y políticamente confiable para la importación del petróleo”.

Advierten que “las inversiones de gran escala serán posibles siempre y cuando las trasnacionales “puedan registrar las reservas en la Comisión de Cambios y Valores de Estados Unidos, una forma de contabilidad financiera que no incluirá inversiones conjuntas o contratos de riesgo con Pemex”.

De acuerdo con la nota informativa, en el reporte al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos se dice que “México está sentado sobre 10 mil 400 millones de barriles de petróleo en reservas probadas, cifra que se puede duplicar por el petróleo no convencional. Su existencia en aguas profundas está plenamente probada; sólo en Chicontepec se estiman en 17 mil millones de barriles”.

En la parte final de la nota informativa de La Jornada se destaca: “En este reporte, que tiene fecha del 21 de diciembre de 2012, se resalta asimismo que en el caso del gas encontraron que sus interlocutores (mexicanos) eran optimistas sobre la posibilidad de reformas para abrirlo al capital privado, dada la menor sensibilidad política que produce en relación con el petróleo. Al respecto, detallan, que el gobierno de Estados Unidos estima que México posee una de las reservas de gas shale más grandes del mundo, de 680 billones de metros cúbicos, y es urgente que se explote”.

Hasta aquí la nota informativa de la Jornada.

Esto que ahora se da a conocer en México con mayor detalle, ya había sido denunciado con bastante anticipación. En este mismo blog en el Manifiesto al Pueblo de México, publicado el 14 de julio de 2013, se dijo: el gobierno ha decidido convertir al petróleo mexicano en la mayor reserva petrolera de los yanquis, sin importarle los intereses y el bienestar de nuestro pueblo, y menos la soberanía de la Nación.

Toda la información que se tenía y la que va surgiendo confirma que la conducta de Peña Nieto, la de su gabinete, y la de los legisladores de ambas cámaras que llegaran a aprobar la propuesta presentada, se tipifica jurídicamente como delito de Traición a la Patria.

El artículo 123 del Código Penal Federal establece: Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes:
I.- Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero,
XIII.- Trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración;
Los mexicanos sabemos por experiencia propia que la soberanía petrolera es parte sustancial de nuestra soberanía como Nación y pilar de la seguridad nacional.

La decisión de Peña Nieto, de su partido y de miembros de su gabinete de reformar los artículos 27 y 28 constitucionales y propiciar el regreso de las empresas petroleras extranjeras, además de saquear la riqueza nacional, pretende entregar parte del suelo y subsuelo del territorio mexicano a esas empresas, poniendo en grave riesgo la soberanía de la nación y el desarrollo económico del país.

Insisto: su propuesta de reforma energética para desnacionalizar el petróleo y, de paso, la electricidad encuadran perfectamente en los supuestos de los incisos I y XIII del artículo 123 del Código Penal Federal.

Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que presentará la acusación contra Peña Nieto, por el delito de Traición a la Patria. Ha señalado que existen elementos para fundar esa acusación con base en documentos que materialmente posee, donde se prueba que Peña Nieto contrajo el compromiso en Londres y Estados Unidos con empresas petroleras extranjeras para entregarles parte de la riqueza energética de México.

AMLO fue preciso en este aspecto. Afirmó: “tengo documentos y pruebas de los acuerdos, en Londres y EU, de EPN con petroleras extranjeras”

Con estos elementos y con los que detalla la nota de La Jornada que encabeza este artículo, se probará plenamente que el presidente de la República, debe ser juzgado y castigado por el delito más grave por el que puede ser juzgado y castigado un mexicano.

Por su parte la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación ya ha circulado un borrador en que se contiene material esencial para hacer la acusación por el delito de Traición a la Patria contra Peña Nieto y varios integrantes de su gabinete.

Y una actitud que refuerza esa demanda, y que en cierto sentido se adelanta a los acontecimientos por venir, es la que plantea la renuncia de Peña Nieto a la presidencia de la República.

El apoyo inusitado al planteamiento del General de División Diplomado del Estado Mayor Presidencial, Jesús Jaime García exigiendo la renuncia de Peña y de todo su gabinete, y la misma exigencia planteada a través de las redes sociales por miles de mexicanos, son más que un síntoma.

La demanda expresada en paredes, casetas telefónicas, escuelas, centros deportivos, edificios públicos, mercados, centros comerciales, unidades de pasajeros e infinidad de lugares, y las voces de la gente que se escuchan en todas partes, bajo la breve demanda de “Fuera Peña”, refleja que ya es una exigencia amplia del pueblo mexicano.

Todas estas expresiones demuestran que si viviéramos en un régimen democrático y vigentes figuras como la revocación del mandato, previa consulta popular, Peña y su gabinete no durarían un día más en el poder, y lo mismo ocurriría con otros funcionarios públicos.

Además, con una aceptación del 4.9% como la que tiene el gobierno de Peña entre los mexicanos, al terminar el año 2013, cualquier propuesta o decisión que emane del ejecutivo federal es ilegítima por donde quiera que se le vea. Peña Nieto no tiene el apoyo popular, al contrario, es rechazado y repudiado por los sectores mayoritarios del país.

Medios nacionales (aún los incondicionales del gobierno) e internacionales señalan el desprestigio del gobierno neoliberal de Peña Nieto. Para muchos su tiempo se acabó y continuará su caída en picada.

La demanda popular de la renuncia de Peña Nieto y su gobierno nos coloca en la antesala de acontecimientos trascendentes para la nación mexicana.