domingo, 24 de noviembre de 2013

LA CONSPIRACIÓN CONTRA MÉXICO


Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

La situación que vive México actualmente, con las características del momento, se asemeja a los periodos previos a los levantamientos populares que se han dado a través de nuestra historia.

El grado de inconformidad social contra el gobierno, vale decir, de irritación social, está tan extendida y es tan profunda que, a veces se tiene la impresión, que basta un chispazo para que el pueblo –en pleno uso de su soberanía- inicie su tercer movimiento revolucionario, después de los de 1810 y 1910.

Las condiciones objetivas han madurado rápidamente. La soberanía nacional ha sido dañada de manera muy grave; la enorme desigualdad social provocada por los neoliberales, en los últimos seis gobiernos federales, es alarmante: la concentración de la riqueza, por una parte y la pobreza por la otra, cuantitativa y cualitativamente no se asemejan a ninguna otra etapa de la vida independiente de México; el deterioro de las instituciones políticas está a la vista de todos: los poderes públicos se han puesto cínicamente al servicio de un brevísimo número de acaudalados; la inmensa mayoría de la clase política se encuentra en un alto grado de descomposición, corrompida hasta la médula. La corrupción, en muchos casos, alcanza niveles nunca conocidos.

 Es decir, es enorme el cúmulo de datos sociales, económicos y políticos que la realidad nacional nos proporciona, en estos días, para poder afirmar que nos encontramos cerca de un gran movimiento popular para rescatar a la nación mexicana de las garras de los oligarcas y sus peones que gobiernan.

Y el detonador de ese movimiento puede ser la contrarreforma energética propuesta por Enrique Peña Nieto, que para millones de mexicanos constituye un atentado contra la Nación.

Se ha dicho con toda razón que “La historia del petróleo en México es la historia de una disputa entre los intereses nacionales y los de las potencias mundiales, y entre los de los gobiernos mexicanos y las compañías petroleras extranjeras…Ha habido en esta disputa, gobiernos mexicanos proclives a los intereses extranjeros, y también gobiernos dignos y republicanos que han impedido que las riquezas de nuestro país pasen a manos extranjeras” (Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM).

Por convicción e interés, por razones ideológicas e intereses económicos y políticos, Peña Nieto, su partido y su gobierno, se han colocado, en esta disputa, del lado de los intereses yanquis y de las compañías petroleras extranjeras, y en contra de los intereses nacionales.

A Peña Nieto se le ha calificado, con toda razón, como traidor a la patria por su pretensión de desnacionalizar el petróleo y entregarlo a intereses foráneos, para lo cual propuso reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución nacional, que en su redacción vigente son un pilar fundamental de la propiedad originaria de la nación sobre el suelo y el subsuelo y, por tanto, de la misma soberanía nacional.

El simple planteamiento, la sola intención de alterar esos artículos constitucionales, repito, representa un claro atentado contra los intereses del pueblo y de la nación, y razón suficiente para calificar esa conducta como traición a la patria.

Desde el punto de vista jurídico –teniendo en cuenta las disposiciones de la Constitución mexicana y las normas penales aplicables- no hay duda que se configura el delito de traición a la patria, como lo han señalado juristas reconocidos y personalidades destacadas de nuestro país.

Y desde el punto de vista político representa una carga que acompañará a Enrique Peña Nieto, a su partido y a su gobierno por siempre.

Cuando se escriba este tramo de la historia nacional, las nuevas generaciones, van a colocar al titular del ejecutivo federal, a los miembros de su gabinete, a los legisladores, a todos los desnacionalizados y desnacionalizadores al lado de Agustín de Iturbide, de Antonio López de Santa Anna, de Juan Nepomuceno Almonte, de Miramón, de Mejía, de Porfirio Díaz y los corruptos “científicos” porfiristas, del Chacal Victoriano Huerta y otros traidores a México.

Históricamente los neoliberales desnacionalizados se hermanarán con el general Saturnino Cedillo que tomó las armas para defender a las empresas petroleras extranjeras, expropiadas el 18 de marzo de 1938 pretendiendo, además, un golpe de Estado para asegurar el regreso de esas compañías expropiadas.

La propuesta de Peña Nieto para desnacionalizar la riqueza petrolera a favor de las empresas extranjeras y para que estas se apoderen de la riqueza que corresponde a los mexicanos, es un acto indigno y vergonzoso de quien se ostenta como presidente de los mexicanos, es un acto de deslealtad al pueblo mexicano, es un delito grave, es un acto de lesa patria.

La negativa del gobierno de Peña Nieto a consultar al pueblo, sobre su antipatriótica propuesta, constituye una flagrante violación a la soberanía popular y pone en evidencia la conspiración contra los intereses nacionales que él realiza al lado del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, las compañías petroleras extranjeras, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, etc.

La conspiración contra México que parte de la cúspide más alta del poder, como se ha dicho, sólo puede hoy ser derrotada por la movilización. En este sentido, y frente a esta felonía ha sido notable la resistencia y la lucha de grandes sectores populares que han manifestado su rechazo a la propuesta antinacional del gobierno federal.

Por el momento, y antes de que se discuta en las cámaras legislativas esa contrarreforma y que se siga causando más daño al pueblo, todos los sectores que la rechazan deben trabajar para impedir que se consume ese grave atentando contra México.

Por tanto se requiere la acción conjunta de todas las fuerzas que luchan contra la política criminal de los neoliberales, encabezados por Peña Nieto, y que ya han manifestado su rechazo a la desnacionalización del petróleo y la electricidad.

Es necesario el trabajo conjunto de las fuerzas y personalidades que han realizado y continuarán con las movilizaciones y que han ganado la conciencia de millones de mexicanos; de los que plantean reunir firmas contra la desnacionalización; de los que luchan por que se convoque a una consulta popular; de los que exigen la renuncia de Peña Nieto y su gabinete; de los que le exigen retirar su propuesta energética del Senado; de los que han acusado a Peña Nieto de Traición a la Patria y que han expresado la decisión de presentar formalmente la acusación ante los órganos correspondientes.

Todos unidos en lo esencial para impedir que se consume ese atraco a la nación.

Y de consumarse legislativamente ese atentado, le permitirá al pueblo mexicano recurrir a su Constitución y ejercer el derecho a la revolución que le reconoce el artículo 39, cuyo texto establece:

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Las condiciones objetivas están dadas, y las subjetivas maduran aceleradamente.