Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo
poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo
tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de
su gobierno”.
La situación que vive México
actualmente, con las características del momento, se asemeja a los periodos
previos a los levantamientos populares que se han dado a través de nuestra
historia.
El grado de inconformidad
social contra el gobierno, vale decir, de irritación social, está tan extendida
y es tan profunda que, a veces se tiene la impresión, que basta un chispazo
para que el pueblo –en pleno uso de su soberanía- inicie su tercer movimiento
revolucionario, después de los de 1810 y 1910.
Las condiciones objetivas han
madurado rápidamente. La soberanía nacional ha sido dañada de manera muy grave;
la enorme desigualdad social provocada por los neoliberales, en los últimos
seis gobiernos federales, es alarmante: la concentración de la riqueza, por una
parte y la pobreza por la otra, cuantitativa y cualitativamente no se asemejan
a ninguna otra etapa de la vida independiente de México; el deterioro de las
instituciones políticas está a la vista de todos: los poderes públicos se han
puesto cínicamente al servicio de un brevísimo número de acaudalados; la
inmensa mayoría de la clase política se encuentra en un alto grado de descomposición,
corrompida hasta la médula. La corrupción, en muchos casos, alcanza niveles nunca
conocidos.
Es decir, es enorme el cúmulo de datos
sociales, económicos y políticos que la realidad nacional nos proporciona, en
estos días, para poder afirmar que nos encontramos cerca de un gran movimiento
popular para rescatar a la nación mexicana de las garras de los oligarcas y sus
peones que gobiernan.
Y el detonador de ese
movimiento puede ser la contrarreforma energética propuesta por Enrique Peña
Nieto, que para millones de mexicanos constituye un atentado contra la Nación.
Se ha dicho con toda razón
que “La historia del petróleo en México es la historia de una disputa entre los
intereses nacionales y los de las potencias mundiales, y entre los de los
gobiernos mexicanos y las compañías petroleras extranjeras…Ha habido en esta
disputa, gobiernos mexicanos proclives a los intereses extranjeros, y también
gobiernos dignos y republicanos que han impedido que las riquezas de nuestro
país pasen a manos extranjeras” (Biblioteca Jurídica Virtual del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM).
Por convicción e interés, por
razones ideológicas e intereses económicos y políticos, Peña Nieto, su partido
y su gobierno, se han colocado, en esta disputa, del lado de los intereses
yanquis y de las compañías petroleras extranjeras, y en contra de los intereses
nacionales.
A Peña Nieto se le ha
calificado, con toda razón, como traidor a la patria por su pretensión de
desnacionalizar el petróleo y entregarlo a intereses foráneos, para lo cual
propuso reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución nacional, que en su
redacción vigente son un pilar fundamental de la propiedad originaria de la
nación sobre el suelo y el subsuelo y, por tanto, de la misma soberanía
nacional.
El simple planteamiento, la sola
intención de alterar esos artículos constitucionales, repito, representa un
claro atentado contra los intereses del pueblo y de la nación, y razón
suficiente para calificar esa conducta como traición a la patria.
Desde el punto de vista
jurídico –teniendo en cuenta las disposiciones de la Constitución mexicana y
las normas penales aplicables- no hay duda que se configura el delito de
traición a la patria, como lo han señalado juristas reconocidos y
personalidades destacadas de nuestro país.
Y desde el punto de vista
político representa una carga que acompañará a Enrique Peña Nieto, a su partido
y a su gobierno por siempre.
Cuando se escriba este tramo
de la historia nacional, las nuevas generaciones, van a colocar al titular del
ejecutivo federal, a los miembros de su gabinete, a los legisladores, a todos
los desnacionalizados y desnacionalizadores al lado de Agustín de Iturbide, de
Antonio López de Santa Anna, de Juan Nepomuceno Almonte, de Miramón, de Mejía, de Porfirio Díaz y los corruptos “científicos” porfiristas, del Chacal Victoriano
Huerta y otros traidores a México.
Históricamente los
neoliberales desnacionalizados se hermanarán con el general Saturnino Cedillo
que tomó las armas para defender a las empresas petroleras extranjeras, expropiadas
el 18 de marzo de 1938 pretendiendo, además, un golpe de Estado para asegurar
el regreso de esas compañías expropiadas.
La propuesta de Peña Nieto
para desnacionalizar la riqueza petrolera a favor de las empresas extranjeras y
para que estas se apoderen de la riqueza que corresponde a los mexicanos, es un
acto indigno y vergonzoso de quien se ostenta como presidente de los mexicanos,
es un acto de deslealtad al pueblo mexicano, es un delito grave, es un acto de
lesa patria.
La negativa del gobierno de
Peña Nieto a consultar al pueblo, sobre su antipatriótica propuesta, constituye
una flagrante violación a la soberanía popular y pone en evidencia la
conspiración contra los intereses nacionales que él realiza al lado del
gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, las compañías petroleras
extranjeras, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, etc.
La conspiración contra México
que parte de la cúspide más alta del poder, como se ha dicho, sólo puede hoy
ser derrotada por la movilización. En este sentido, y frente a esta felonía ha
sido notable la resistencia y la lucha de grandes sectores populares que han
manifestado su rechazo a la propuesta antinacional del gobierno federal.
Por el momento, y antes de que
se discuta en las cámaras legislativas esa contrarreforma y que se siga causando
más daño al pueblo, todos los sectores que la rechazan deben trabajar para
impedir que se consume ese grave atentando contra México.
Por tanto se requiere la
acción conjunta de todas las fuerzas que luchan contra la política criminal de los
neoliberales, encabezados por Peña Nieto, y que ya han manifestado su rechazo a
la desnacionalización del petróleo y la electricidad.
Es necesario el trabajo conjunto de las fuerzas
y personalidades que han realizado y continuarán con las movilizaciones y que
han ganado la conciencia de millones de mexicanos; de los que plantean reunir
firmas contra la desnacionalización; de los que luchan por que se convoque a una
consulta popular; de los que exigen la renuncia de Peña Nieto y su gabinete; de los
que le exigen retirar su propuesta energética del Senado; de los que han acusado a
Peña Nieto de Traición a la Patria y que han expresado la decisión de presentar
formalmente la acusación ante los órganos correspondientes.
Todos unidos en lo esencial
para impedir que se consume ese atraco a la nación.
Y de consumarse
legislativamente ese atentado, le permitirá al pueblo mexicano recurrir a su
Constitución y ejercer el derecho a la revolución que le reconoce el artículo
39, cuyo texto establece:
“La soberanía nacional reside
esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y
se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el
inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Las condiciones objetivas
están dadas, y las subjetivas maduran aceleradamente.