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Urge establecer la Revocación del Mandato.
Todo mundo sabe que el PRI
mantuvo con el PAN relaciones íntimas durante los doce años, del 2000 al 2012,
que lo hace responsable de los destrozos provocados por los panistas en esa
docena trágica. Se pronunciaba contra el PAN porque no estaba en el gobierno,
pero no contra la política neoliberal que compartió y comparte plenamente.
Esa política criminal y
despiadada, aplicada a rajatabla contra los intereses del pueblo y de la
nación, es la que ha provocado el desprestigio total del gobierno del PRI, y
personalmente de Peña Nieto. Antes de cumplir un año está desacreditado
internacionalmente y es severamente cuestionado en el interior del país.
Si además consideramos las
graves acusaciones y los cuestionamientos de que fue objeto durante el proceso
electoral (frente que no se ha cerrado a pesar de los esfuerzos gubernamentales
para lograrlo) el de Peña Nieto es desde luego un gobierno débil.
Por esta razón la primera
medida política que aplico al asumir el poder fue nulificar al legislativo: el
llamado Pacto por México es, ni más ni menos, la ruptura en la realidad del
orden constitucional. Formalmente existen separados ambos poderes, pero en la
realidad (y lo han dicho personalidades en el seno de las Cámaras de diputados
y senadores) el legislativo ya no discute, ya no realiza su tarea legislativa,
sólo aprueba lo que le envía el Ejecutivo a través del Pacto.
Y
así, el poder legislativo ha cambiado su naturaleza. En lo que va de la actual
administración federal, el Pacto le asignó el triste papel de simple oficina de
trámites. Y para completar el cuadro se incorpora reglamentariamente la figura
de los coyotes (en Estados Unidos de Norteamérica les denominan cabilderos)
para influir directamente en las decisiones de los legisladores, que se alejan
así de las funciones que les asigna la Constitución mexicana.
Como
vamos, el siguiente paso en la deslegitimación del legislativo federal, será
consumar la presencia mayoritaria de personas que sean representantes directos
de los intereses económicos. Ya está la llamada tele bancada y otros
legisladores bien identificados como representantes del poder económico y poco
falta para que todos los multimillonarios legislen directamente en ese poder
(como ocurre en Estados Unidos y en otros países capitalistas desarrollados).
Hoy
ya la Cámara de diputados del Congreso de la Unión no representa los intereses
populares y nacionales, y la de senadores no representa a las entidades de la
Federación.
En
mancuerna con el Ejecutivo ambas cámaras siguen destrozando a la nación
mexicana, cancelando su desarrollo justo y soberano.
Todo
mundo sabe cuáles han sido las contrarreformas enviadas por Peña Nieto y
aprobadas por el Poder Legislativo.
La contrarreforma laboral, de
corte neoliberal, que el cristero Felipe Calderón le dejó a Peña Nieto, fue
tomada como propia por el priista, para tratar de colocar las relaciones obrero
patronales en la época porfirista. Los trabajadores y los que desesperadamente
buscan un empleo ya ven a Peña Nieto y a la mayoría de los diputados y
senadores como sus verdugos.
La teoría y la práctica de
los llamados “mercados laborales flexibles” incorporadas a la legislación
laboral, que los neoliberales mexicanos, encabezados por Peña Nieto y su
gobierno, han llevado al exceso en la legislación sobre educación, representan
una humillación para los trabajadores mexicanos.
La precariedad en el empleo,
la inseguridad laboral, como ocurría antes de que entrara en vigor la
Constitución de 1917, se enseñorean en las relaciones laborales como en el
Porfiriato. ¡Esto es modernidad gritan los neoliberales a los cuatro vientos!
La batalla por mantener los
derechos laborales reconocidos a nivel constitucional, es un frente de lucha
donde los trabajadores están manifestando su espíritu de clase.
La contrarreforma educativa,
ajena a cualquier concepción pedagógica que tenga en cuenta las múltiples
realidades sociales y económicas de México, contiene disposiciones que velada y
abiertamente conducen a la privatización de la educación e incorpora sanciones excesivas
contra el magisterio nacional, y pronto se reflejarán en las entidades del
país.
Esta contrarreforma ha
provocado una fuerte respuesta de la CNTE y de gran parte del SNTE, pues
amplios sectores de este sindicato se manifiestan contra el gobierno de Peña
Nieto. A no ser los dirigentes sindicales ligados oficialmente al PRI y a su
gobierno, ningún maestro que se precie de serlo apoyaría la contrarreforma educativa
de Peña.
Ahora bien, desde el momento
mismo en que el gobierno de Peña Nieto anunció, su contrarreforma energética, ésta
ha sido destruida de manera contundente. Los argumentos en contra han sido tan
sólidos que, también, nadie en su sano juicio saldría a defenderla.
Las balandronadas del
dirigente nacional del PRI, César Camacho, de salir a la calle a defender esa
propuesta antipopular y antinacional quedó en eso, y sólo se ha concretado a
repetidas y demagógicas declaraciones en torno al tema, pero nadamás.
Al proponer la
desnacionalización del petróleo y la privatización de Pemex, el gobierno del
PRI demostró su inclinación derechista y proyanqui, que ya le venía desde 1982
con el gobierno de Miguel de la Madrid y que se acentuó con los gobiernos
neoliberales de Salinas de Gortari y Zedillo.
Una máscara “nacionalista” le
permitió al PRI cubrirse por algún tiempo, pero finalmente quedó a la vista de
todo el mundo su verdadero rostro antipopular y desnacionalizador en los
primeros meses de mal gobierno de Peña Nieto.
Pero las cosas van más allá:
pesa sobre el gobierno de Peña Nieto la acusación de haber concertado un pacto
con empresas extranjeras para entregarles la riqueza petrolera de los mexicanos.
Le asiste toda la razón a Andrés Manuel López Obrador al emplazar a Enrique
Peña a que “confirme o desmienta que hizo un acuerdo fuera del país con las
petroleras extranjeras, lo que podría llamarse el pacto de traición a la
patria”.
Y en relación con esto, el
periodista Glenn Greenwald, principal contacto de Edward Snowden aseguró,
recientemente, que existe mucha información sobre las actividades de espionaje
yanqui en Latinoamérica, y que pronto se dará a conocer país por país.
Entonces, creo que no habrá que esperar mucho tiempo para saber que ese pacto
de traición a la patria se realizó.
Snowden y Greenwald realizarían
un gran aporte a los mexicanos si en estos momentos revelan todo lo que saben
sobre esos compromisos y otros aspectos de la campaña del candidato del PRI y
de otros compromisos adquiridos contra la
nación y el pueblo.
En México existe la impresión
y, en algunos casos se tiene la seguridad, de que la existencia de ese pacto
con las petroleras extranjeras -cuya información le permite al gobierno yanqui
someter al mexicano- es lo que explica el silencio de Peña Nieto ante las
burdas acciones de espionaje yanqui.
Y también es la razón
principal de su negativa a realizar una consulta popular sobre su
contrarreforma energética. Además, su gobierno sabe que de realizarse la consulta
el pueblo la rechazaría de manera firme y contundente.
Finalmente, de su cacareada
reforma fiscal o hacendaria sólo quedarán aquellas disposiciones que carguen
más la mano sobre el pueblo. Se mantendrán, eso sí, los privilegios de los
empresarios, es decir, se les seguirán devolviendo carretilladas del dinero de
la nación. Se fomentará la corrupción para desangrar a Pemex. Se reducirán
recursos a la Universidad Pública y a la cultura (como ya se anunció).
La Constitución nacional
obliga a pagar impuestos de manera proporcional, es decir, según la capacidad
económica de cada quien. Esto seguirá siendo letra muerta para el gobierno de
Peña Nieto, porque gobierna a favor de los acaudalados; lo demás es demagogia
pura.
Frente a todo esto -mientras
se dan reformas de carácter democrático, nacional y popular- urge establecer a
nivel constitucional la figura de la Revocación del Mandato, para impedir que
los funcionarios públicos de cualquier nivel atenten contra los intereses
populares, y en el caso del presidente de la república, además, contra los
intereses de la nación.
Hoy el mandante -que es el
pueblo y que constitucionalmente es el único soberano- está desprotegido contra
los excesos y las fechorías de los funcionarios, varios de los cuales tienen
conductas corruptas o delictivas y atentan abiertamente contra la patria
mexicana. Esto no puede continuar.