viernes, 25 de octubre de 2013

INEFICAZ Y ANTIPATRIOTA EL GOBIERNO DE PEÑA NIETO

·        Urge establecer la Revocación del Mandato.

Todo mundo sabe que el PRI mantuvo con el PAN relaciones íntimas durante los doce años, del 2000 al 2012, que lo hace responsable de los destrozos provocados por los panistas en esa docena trágica. Se pronunciaba contra el PAN porque no estaba en el gobierno, pero no contra la política neoliberal que compartió y comparte plenamente.

Esa política criminal y despiadada, aplicada a rajatabla contra los intereses del pueblo y de la nación, es la que ha provocado el desprestigio total del gobierno del PRI, y personalmente de Peña Nieto. Antes de cumplir un año está desacreditado internacionalmente y es severamente cuestionado en el interior del país.

Si además consideramos las graves acusaciones y los cuestionamientos de que fue objeto durante el proceso electoral (frente que no se ha cerrado a pesar de los esfuerzos gubernamentales para lograrlo) el de Peña Nieto es desde luego un gobierno débil.

Por esta razón la primera medida política que aplico al asumir el poder fue nulificar al legislativo: el llamado Pacto por México es, ni más ni menos, la ruptura en la realidad del orden constitucional. Formalmente existen separados ambos poderes, pero en la realidad (y lo han dicho personalidades en el seno de las Cámaras de diputados y senadores) el legislativo ya no discute, ya no realiza su tarea legislativa, sólo aprueba lo que le envía el Ejecutivo a través del Pacto.

Y así, el poder legislativo ha cambiado su naturaleza. En lo que va de la actual administración federal, el Pacto le asignó el triste papel de simple oficina de trámites. Y para completar el cuadro se incorpora reglamentariamente la figura de los coyotes (en Estados Unidos de Norteamérica les denominan cabilderos) para influir directamente en las decisiones de los legisladores, que se alejan así de las funciones que les asigna la Constitución mexicana.

Como vamos, el siguiente paso en la deslegitimación del legislativo federal, será consumar la presencia mayoritaria de personas que sean representantes directos de los intereses económicos. Ya está la llamada tele bancada y otros legisladores bien identificados como representantes del poder económico y poco falta para que todos los multimillonarios legislen directamente en ese poder (como ocurre en Estados Unidos y en otros países capitalistas desarrollados).

Hoy ya la Cámara de diputados del Congreso de la Unión no representa los intereses populares y nacionales, y la de senadores no representa a las entidades de la Federación.
En mancuerna con el Ejecutivo ambas cámaras siguen destrozando a la nación mexicana, cancelando su desarrollo justo y soberano.

Todo mundo sabe cuáles han sido las contrarreformas enviadas por Peña Nieto y aprobadas por el Poder Legislativo.

La contrarreforma laboral, de corte neoliberal, que el cristero Felipe Calderón le dejó a Peña Nieto, fue tomada como propia por el priista, para tratar de colocar las relaciones obrero patronales en la época porfirista. Los trabajadores y los que desesperadamente buscan un empleo ya ven a Peña Nieto y a la mayoría de los diputados y senadores como sus verdugos.

La teoría y la práctica de los llamados “mercados laborales flexibles” incorporadas a la legislación laboral, que los neoliberales mexicanos, encabezados por Peña Nieto y su gobierno, han llevado al exceso en la legislación sobre educación, representan una humillación para los trabajadores mexicanos.

La precariedad en el empleo, la inseguridad laboral, como ocurría antes de que entrara en vigor la Constitución de 1917, se enseñorean en las relaciones laborales como en el Porfiriato. ¡Esto es modernidad gritan los neoliberales a los cuatro vientos!

La batalla por mantener los derechos laborales reconocidos a nivel constitucional, es un frente de lucha donde los trabajadores están manifestando su espíritu de clase.

La contrarreforma educativa, ajena a cualquier concepción pedagógica que tenga en cuenta las múltiples realidades sociales y económicas de México, contiene disposiciones que velada y abiertamente conducen a la privatización de la educación e incorpora sanciones excesivas contra el magisterio nacional, y pronto se reflejarán en las entidades del país.

Esta contrarreforma ha provocado una fuerte respuesta de la CNTE y de gran parte del SNTE, pues amplios sectores de este sindicato se manifiestan contra el gobierno de Peña Nieto. A no ser los dirigentes sindicales ligados oficialmente al PRI y a su gobierno, ningún maestro que se precie de serlo apoyaría la contrarreforma educativa de Peña.

Ahora bien, desde el momento mismo en que el gobierno de Peña Nieto anunció, su contrarreforma energética, ésta ha sido destruida de manera contundente. Los argumentos en contra han sido tan sólidos que, también, nadie en su sano juicio saldría a defenderla.

Las balandronadas del dirigente nacional del PRI, César Camacho, de salir a la calle a defender esa propuesta antipopular y antinacional quedó en eso, y sólo se ha concretado a repetidas y demagógicas declaraciones en torno al tema, pero nadamás.

Al proponer la desnacionalización del petróleo y la privatización de Pemex, el gobierno del PRI demostró su inclinación derechista y proyanqui, que ya le venía desde 1982 con el gobierno de Miguel de la Madrid y que se acentuó con los gobiernos neoliberales de Salinas de Gortari y Zedillo.

Una máscara “nacionalista” le permitió al PRI cubrirse por algún tiempo, pero finalmente quedó a la vista de todo el mundo su verdadero rostro antipopular y desnacionalizador en los primeros meses de mal gobierno de Peña Nieto.

Pero las cosas van más allá: pesa sobre el gobierno de Peña Nieto la acusación de haber concertado un pacto con empresas extranjeras para entregarles la riqueza petrolera de los mexicanos. Le asiste toda la razón a Andrés Manuel López Obrador al emplazar a Enrique Peña a que “confirme o desmienta que hizo un acuerdo fuera del país con las petroleras extranjeras, lo que podría llamarse el pacto de traición a la patria”.

Y en relación con esto, el periodista Glenn Greenwald, principal contacto de Edward Snowden aseguró, recientemente, que existe mucha información sobre las actividades de espionaje yanqui en Latinoamérica, y que pronto se dará a conocer país por país. Entonces, creo que no habrá que esperar mucho tiempo para saber que ese pacto de traición a la patria se realizó.

Snowden y Greenwald realizarían un gran aporte a los mexicanos si en estos momentos revelan todo lo que saben sobre esos compromisos y otros aspectos de la campaña del candidato del PRI y de otros compromisos adquiridos contra la  nación y el pueblo.

En México existe la impresión y, en algunos casos se tiene la seguridad, de que la existencia de ese pacto con las petroleras extranjeras -cuya información le permite al gobierno yanqui someter al mexicano- es lo que explica el silencio de Peña Nieto ante las burdas acciones de espionaje yanqui.

Y también es la razón principal de su negativa a realizar una consulta popular sobre su contrarreforma energética. Además, su gobierno sabe que de realizarse la consulta el pueblo la rechazaría de manera firme y contundente.

Finalmente, de su cacareada reforma fiscal o hacendaria sólo quedarán aquellas disposiciones que carguen más la mano sobre el pueblo. Se mantendrán, eso sí, los privilegios de los empresarios, es decir, se les seguirán devolviendo carretilladas del dinero de la nación. Se fomentará la corrupción para desangrar a Pemex. Se reducirán recursos a la Universidad Pública y a la cultura (como ya se anunció).

La Constitución nacional obliga a pagar impuestos de manera proporcional, es decir, según la capacidad económica de cada quien. Esto seguirá siendo letra muerta para el gobierno de Peña Nieto, porque gobierna a favor de los acaudalados; lo demás es demagogia pura.
Frente a todo esto -mientras se dan reformas de carácter democrático, nacional y popular- urge establecer a nivel constitucional la figura de la Revocación del Mandato, para impedir que los funcionarios públicos de cualquier nivel atenten contra los intereses populares, y en el caso del presidente de la república, además, contra los intereses de la nación.


Hoy el mandante -que es el pueblo y que constitucionalmente es el único soberano- está desprotegido contra los excesos y las fechorías de los funcionarios, varios de los cuales tienen conductas corruptas o delictivas y atentan abiertamente contra la patria mexicana. Esto no puede continuar.