sábado, 28 de septiembre de 2013

EL PAPEL DE ESQUIROL DE PEÑA NIETO EN LATINOAMÉRICA

La política externa es, siempre, un reflejo de la política interna. No puede ser de otra manera.

El gobierno neoliberal de Peña Nieto ha sido un desastre para los mexicanos, y ese desastre ha tenido su expresión en la política exterior.

Quienes votaron por el PRI, con la esperanza de un cambio respecto a los doce años de mal gobierno panista, se equivocaron rotundamente. El pueblo mexicano sigue sufriendo la continuidad de un modelo de desarrollo rapaz y criminal, que el gobierno del PRI trata de profundizar, entregando el patrimonio nacional a las fuerzas del capitalismo salvaje.

Con la llamada reforma energética los neoliberales (conservadores les denominan desde el exterior) pretenden cometer un despojo violento contra la nación mexicana.

Las medidas políticas, económicas, sociales, y de política exterior del gobierno priista se inscriben claramente dentro del modelo neoliberal. El neoliberalismo es una fábrica eficaz para crear pobres, destruir las instituciones políticas, cancelar los derechos sociales de millones de personas, aniquilar el desarrollo económico autónomo y lesionar la soberanía nacional. Esto está probado y comprobado en México y en otras partes del mundo.

Los neoliberales repiten una y otra vez, hasta el hostigamiento y el cansancio, una retahíla de mentiras para justificar la aplicación de su política antipopular y antinacional.

La realidad ha demostrado que ni defienden el interés nacional, ni combaten la pobreza que sus políticas generan; ni luchan contra las profundas desigualdades sociales creadas por ellos, ni crean empleos, ni desarrollan la ciencia y la tecnología, ni respetan los derechos humanos (en México hablamos de garantías sociales e individuales otorgadas por nuestra Constitución), ni diversifican las relaciones económicas del país, ni  garantizan los derechos de nadie, menos de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de los adultos mayores, ya no se diga de los que sufren alguna discapacidad.

El resultado visible, palpable de la política neoliberal está a la vista de todos: en el interior, 60 millones de mexicanos en la pobreza de un lado y un grupo de multimillonarios que se cuentan con los dedos de las manos, en el otro.

Y hacia el exterior, total sumisión a las políticas de los yanquis. Es más: hay abierta complicidad del gobierno de Peña Nieto con el intervencionismo del gobierno de Obama. Veamos sólo dos aspectos:

1.- El gobierno de Peña Nieto está jugando el sucio papel de esquirol frente a la decisión de la mayoría de los países hermanos de Latinoamérica de caminar hacia su integración. Ya ni formalmente su gobierno se pronuncia por la integración latinoamericana. Está entregado a los brazos de los yanquis.

Por ahí se encuentran las declaraciones demagógicas e incoherentes de los voceros del actual gobierno para “rescatar” el liderazgo de México en América Latina. ¿Cuál liderazgo? ¿El que le imprimió la Revolución Mexicana? ¿El que le dio la política nacionalista del general Lázaro Cárdenas? ¿El que logró el gobierno de López Mateos por su actitud frente a la Revolución Cubana?

¿O el que logró México cuando sus gobiernos aplicaron, en su política exterior, los principios de autodeterminación, de no intervención, de solución pacífica de las controversias, de proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, de la igualdad jurídica de los Estados, de la cooperación internacional para el desarrollo,  y la seguridad internacional?

Es seguro que estos principios, que señala la fracción X del artículo 89 constitucional y que deben presidir la política internacional del gobierno, ni siquiera los conocen ya no digamos los funcionarios, ni siquiera los responsables del área.

Este gobierno neoliberal –en una actitud de “gran potencia”- asiste a las reuniones de las verdaderas potencias económicas a ofrecerles nuestras riquezas, como un mandadero de los empresarios y nunca como mandatario del pueblo. La riqueza y diversidad de las relaciones culturales, científicas, académicas, etc. han sido marginadas para seguir ofreciendo lo que nos queda del patrimonio nacional.

Se quiera o no, al integrar  la Alianza Pacífico, los gobiernos de México, Colombia, Chile y Perú se convierten en voceros de los intereses yanquis. Promueven el libre comercio, pero sobre todo tratan de obstaculizar la unidad e integración latinoamericana, que se expresa a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y otros organismos latinoamericanos. Conscientemente  la Alianza Pacífico -y de manera destacada el gobierno mexicano- les hace el trabajo sucio a los yanquis para dividir a América Latina.

La mayor parte de los países latinoamericanos están dedicados a lograr y consolidar su segunda y definitiva independencia. Hoy es la región más progresista del mundo, que  en bloque rechaza la conducta intervencionista de los yanquis, y que han tenido una actitud digna frente a las agresiones del gobierno norteamericano contra Evo Morales, el espionaje contra Dilma Roussef y, recientemente, las agresiones contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.

El aislamiento de México del resto de América Latina es consecuencia directa de esa política proyanqui del actual gobierno federal. Jugar el papel de esquirol, como lo hace  Peña Nieto, le ha generado un enorme desprestigio a nivel mundial, porque la corriente liberadora que recorre gran parte de América Latina y varias regiones del mundo no pasa ni pasará por Estados Unidos de Norteamérica, ni se logrará sometiéndose al dictado de los yanquis.

2.- Peña Nieto y su gobierno se muestran sumisos y condescendientes con la política injerencista de los yanquis en cuestiones que sólo competen a nuestro pueblo.

En días recientes se denunció el espionaje de los norteamericanos contra la presidenta de Brasil y contra el propio Peña Nieto, cuando era candidato y ya en el ejercicio del gobierno.
Entre la respuesta del gobierno brasileño y la del gobierno mexicano se abrió un abismo, donde la dignidad de la mandataria de Brasil marcó una enorme distancia con la indignidad de Peña Nieto, que faltó, así, a sus responsabilidades constitucionales, pues no se trata de su persona, sino de la soberanía nacional agredida por el gobierno de Obama.

El discurso que pronunció Dilma Roussef en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, al denunciar el espionaje yanqui coloca, sin duda, al gobierno de Peña Nieto en el pasado y, lo peor y más grave, en la más abyecta sumisión ante la potencia norteamericana.

Dijo la presidenta de Brasil: "Las intromisiones en los asuntos de otros países violan las leyes internacionales y son una afrenta a los principios que deben guiar las relaciones entre ellos, especialmente entre las naciones amigas. Una nación soberana jamás puede afirmarse en detrimento de otra soberanía".

Y agregó: constituye una grave violación a los derechos humanos y las libertades civiles, la invasión y captura de información confidencial relacionada con actividades empresariales y, sobre todo, de un irrespeto a la soberanía nacional.

Así, o más claro.

Hoy Peña Nieto  provoca vergüenza a millones de mexicanos que le exigen  someter su actuación, en materia de relaciones internacionales, al mandato de la Constitución nacional. No es que quiera o no hacerlo. Su obligación es ajustarse a los principios que deben presidir la política exterior del gobierno.


La dirigente  brasileña y su gobierno se ganaron el respeto y el más amplio reconocimiento a nivel latinoamericano y mundial. Han asumido el papel de defensores de los pueblos agredidos y violentados por el imperialismo yanqui. En cambio, el gobierno de Peña Nieto queda como cómplice del intervencionismo norteamericano contra su propio pueblo.

viernes, 6 de septiembre de 2013

LOS RENEGADOS DEL PRI

En una actitud vergonzante el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, a pretexto de convertir a la Constitución “en instrumento eficaz al servicio de los mexicanos” (sic) para justificar la desnacionalización del petróleo y la electricidad, repudió en menos de un renglón más de doscientos años de luchas libertarias del pueblo mexicano y la expresión constitucional de esas gestas históricas, al sostener que “es preciso reformar la Constitución que no puede ser objeto de veneración jurídica”.
Desde luego, nadie en su sano juicio hablaría de la Constitución como una ley rígida e inmodificable. Al contrario, siempre se ha afirmado que la Carta Magna tiene que cambiar para responder a las exigencias de la nación y del pueblo.
Pero otra cosa distinta es la manía de los gobernantes de cambiar nuestra Máxima Ley, colocando verdaderos parches como ha ocurrido en las últimas tres décadas de neoliberalismo depredador.
Antes, los conservadores y reaccionarios también incorporaron al texto de la Constitución de 1917 contrarreformas como la que introdujo Miguel Alemán para otorgar el amparo a los terratenientes y parar la reforma agraria. Después los neoliberales, con Miguel de la Madrid, incorporaron la tesis de la rectoría del Estado para cancelar su intervención en la economía; Carlos Salinas impulsó la contrarreforma para destruir el ejido como propiedad social y destruir, también, la separación del Estado y la Iglesia, dando mayor presencia política a los miembros de esta institución medieval, o bien en contrarreformas posteriores incorporando verdaderos fárragos, propios de leyes secundarias, como las de tipo electoral, o recientemente en materia educativa, para abrir el camino a su privatización y cancelar los derechos laborales de los maestros.
He señalado en otros artículos, que aparecen en este blog, que en México tanto en los periodos revolucionarios como en las etapas posteriores, el interés de las fuerzas que participan del lado de la revolución o de la contrarrevolución se concentra en la Constitución: los revolucionarios para incorporar las demandas de la corriente victoriosa y mantener su vigencia, y los enemigos de la revolución para impedir la elaboración de una Constitución revolucionaria, obstruir su aplicación y, en su caso, incorporar sus tesis reaccionarias.

Esto es lo que está ocurriendo en México una vez más. A pretexto de la modernidad, los neoliberales que gobiernan se han propuesto desmantelar las disposiciones constitucionales que establecen la propiedad originaria de la nación sobre el suelo y subsuelo, y la titularidad de la misma nación en la exploración, la explotación y la comercialización de los recursos energéticos del petróleo y la electricidad.

Esta es una batalla crucial de cuyo resultado dependerá el futuro inmediato de los mexicanos.

Por esa razón la inmensa mayoría de nuestro pueblo -sus fuerzas progresistas, la mayoría de los profesionales y académicos, su clase trabajadora, sus jóvenes, hombres y mujeres- se ha pronunciado enérgicamente contra los dogmas neoliberales que buscan dar marcha atrás a la nacionalización de esos recursos estratégicos.

Hay una defensa fuerte y vigorosa de la Constitución mexicana, de su contenido nacional, popular y revolucionario, y de manera particular, en estos momentos, de sus artículos 27 y 28, que los tecnócratas y desnacionalizados pretenden modificar, para entregar a las compañías petroleras extranjeras, sin recato ni vergüenza, a Pemex “uno de los mayores productores de petróleo del mundo” como lo señaló recientemente el diario The Washington Post.

Hay que recordarles a los neoporfiristas que el artículo 27 constitucional fue la base jurídica de la expropiación petrolera y el sustento para que el petróleo se mantenga como propiedad de la Nación, a pesar de los esfuerzos y compromisos inconfesables de los reaccionarios entreguistas.

Por eso, sólo quien tenga mentalidad religiosa o algún prejuicio clerical, puede hablar de “veneración jurídica” de la Constitución. De lo que se trata es de la lucha para defender y preservar disposiciones fundamentales que benefician a la Nación.

El dogma neoliberal que, por cierto, no es invento de los priistas o de los panistas, sino que les ha sido impuesto desde el exterior, choca de lleno con los intereses legítimos de los mexicanos empeñados en mantener y acrecentar la independencia y la soberanía.

A raíz de esa expresión ofensiva del dirigente nacional del PRI contra la Constitución de 1917 y contra la Historia de México, el articulista de La Jornada Víctor M. Toledo señaló: " Que la Constitución de México, que costó la vida de un millón de compatriotas, no debe ser ya objeto de veneración jurídica es una monumental expresión de su confusión o su locura. ¿No la juraron sus militantes y legisladores? Y aquello de que la reforma (la energética) es patriótica, indispensable, muy priísta remite a una clase de sicología clínica sobre la demencia".

Hay que recordarles a los neoliberales dogmáticos que a través de la Historia de México nuestras constituciones han sido cuerpos jurídicos revolucionarios. Las constituciones de 1824 y de 1857 incorporaron a su texto, entre otras, disposiciones anticoloniales, en tanto que la de 1917 mantiene esas normas anticoloniales e incorporó mandatos antiimperialistas, antifeudales y de profundo contenido social.

Nuestra Constitución vigente –la de 1917- es un resumen apretado de la brillante historia nacional. En ella se contienen las ideas libertarias de Miguel Hidalgo y de las fuerzas insurgentes; las concebidas e incorporadas por ese formidable luchador que fue José María Morelos, que en su grandeza rechazó los tratamientos nobiliarios y prefirió que se le llamara Siervo de la Nación; las ideas y concepciones de la corriente federalista y las de los liberales, encabezados por otro mexicano de excepción como fue Benito Juárez; las ideas y la lucha de los Flores Magón, de Villa, de Zapata, de Lázaro Cárdenas, figuras frente a las cuales los dirigentes políticos “modernizadores”, esos políticos de carpa del “nuevo” PRI aparecen como verdaderos enanos.

Y es que la Constitución de 1917 sigue causando ardor en las filas reaccionarias. Los que consideran que la Carta Magna debe ser sustituida por otra, tienen en mente borrar de sus preceptos todo lo relativo a la propiedad originaria de la nación, las garantías individuales, las garantías sociales como la educación, la propiedad social, los derechos laborales, la sujeción del clero a la ley, hasta dejar un código sin importancia.

Hay que repetir y refrescar la memoria de aquellos que reniegan de la Historia nacional, de aquellos desnacionalizados que reniegan de la brillante historia constitucional de México:

Nuestra historia constitucional es el resumen de la historia patria y, particularmente, la Constitución de 1917 representa un resumen extraordinario de la doctrina constitucional más avanzada de su tiempo que se entrelazó con la historia nacional y las heroicas gestas populares.

Los renegados olvidan intencionalmente que la Constitución elaborada por el Congreso Constituyente de Querétaro, en sus 136 artículos, considerando hasta los transitorios, tienen plena justificación histórica. Las mismas garantías individuales responden a mandatos anticoloniales que mantiene nuestra Ley Fundamental. Con afirmaciones o negaciones la Carta Magna otorga protección a los derechos elementales del ser humano, más allá de los que otorgó, en su momento, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la trascendental Revolución Francesa de 1789.

A los renegados del PRI –a los dirigentes de este partido- les estorban las disposiciones avanzadas de nuestra Constitución, por eso hacen mancuerna con los reaccionarios del PAN, con los que no sólo cohabitan, sino con los que mantienen políticamente verdaderas relaciones carnales, para servir mejor al poder económico doméstico y extranjero al que realmente representan.

Hoy, la defensa de los postulados avanzados de la Constitución mexicana, particularmente de sus artículos 27 y 28, constituye una de las banderas de lucha del pueblo que, sin tardanza, debe recuperar su carácter soberano.

La historia nacional demuestra que la más amplia alianza de las fuerzas populares ha derrotado siempre a sus enemigos por poderosos que sean. Esa alianza se está conformando rápidamente. Hay que fortalecerla, impulsarla, cuidarla y defenderla.


Cierto: parar en seco los intentos antipopulares y desnacionalizadores de los neoliberales es la tarea inmediata, pero todo indica que se acerca el momento en que el pueblo soberano llame a cuentas a los traidores a la patria.