A la Nación:
La actitud asumida por las
compañías petroleras negándose a obedecer el mandato de la Justicia Nacional
que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a
sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron
a los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los
Tribunales del Trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en
los recursos de nuestra legislación un medio eficaz que evite definitivamente,
para el presente y para el futuro, el que los fallos de la justicia se
nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de
alguna de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia como se
pretende hacerlo en el presente caso, no haciendo más que incidir con ello en
la tesis misma de la cuestión que ha sido fallada.
Hay que considerar que un acto
semejante destruiría las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los
habitantes de una nación, así como el de sus actividades propias, y
establecería las bases de procedimientos posteriores a que apelarían las
industrias de cualquier índole establecidas en México y que se vieran en
conflictos con sus trabajadores o con la sociedad en que actúan; si pudieran
maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligaciones ni reparar los daños
que ocasionaran con sus procedimientos y con su obstinación.
Por otra parte, las compañías
petroleras, no obstante la actitud de serenidad del Gobierno y las
consideraciones que les ha venido guardando, se han obstinado en hacer, fuera y
dentro del país, una campaña sorda y hábil que el Ejecutivo Federal hizo
conocer hace dos meses a uno de los gerentes de las propias compañías, y que
ese no negó, y que han dado el resultado que las mismas compañías buscaron:
lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, pretendiendo por
este medio hacer nulas las determinaciones legales dictadas por las autoridades
mexicanas.
Ya en estas condiciones no será
suficiente, en el presente caso, conseguir los procedimientos de ejecución de
sentencia que señalan nuestras leyes para someter a la obediencia a las
compañías petroleras, pues la substracción de fondos verificada por ellas con
antelación al fallo del Alto Tribunal que las juzgó, impide que el procedimiento
sea viable y eficaz; y por otra parte, el embargo sobre la producción o el de
las propias instalaciones y aun el de los fondos petroleros implicarían
minuciosas diligencias que alargarían una situación que por decoro debe
resolverse desde luego, e implicarían también, la necesidad de solucionar los
obstáculos que pondrían las mismas empresas, seguramente, para la marcha normal
de la producción para la colocación inmediata de ésta y para poder coexistir la
parte afectada con la que indudablemente quedaría libre y en las propias manos
de las empresas.
Y en esta situación de suyo
delicada, el Poder Público se vería asediado por los intereses sociales de la
nación que sería la más afectada, pues una producción insuficiente de
combustible para las diversas actividades del país, entre las cuales se
encuentran algunas tan importantes como las de transporte, o una producción
nula o simplemente encarecida por las dificultades, tendría que ocasionar, en
breve tiempo, una situación de crisis incompatible no sólo con nuestro
progreso, sino con la paz misma de la nación; paralizaría la vida bancaria; la
vida comercial en muchísimos de sus principales aspectos; las obras públicas
que son de interés general se harían poco menos que imposibles y la existencia
del propio Gobierno se pondría en grave peligro, pues perdido el poder
económico por parte del Estado, se perdería asimismo el poder político
produciéndose el caos.
Es evidente que el problema que
las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la nación con su
negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más Alto Tribunal Judicial,
no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva
que debe resolverse con urgencia.
Es el interés social de la clase
laborante en toda la industria del país la que lo exige. Es el interés público
de los mexicanos y aun de los extranjeros que viven en la República y que
necesitan de la paz y de la dinámica de los combustibles para el trabajo.
Es la misma soberanía de la
nación, que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que
olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo leyes
mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que les imponen
autoridades del propio país.
Se trata de un caso evidente y
claro que obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Expropiación en vigor, no sólo
para someter a las empresas petroleras a la obediencia y a la sumisión, sino
porque habiendo quedado roto los contratos de trabajo entre las compañías y sus
trabajadores, por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no
ocupar el Gobierno las instituciones de las compañías, vendría la paralización
inmediata de la industria petrolera, ocasionando esto males incalculables al
resto de la industria y a la economía general del país.
En tal virtud se ha expedido el
decreto que corresponde y se han mandado ejecutar sus conclusiones, dando
cuenta en este manifiesto al pueblo de mi país, de las razones que se han
tenido para proceder así y demandar de la nación entera el apoyo moral y
material necesarios para afrontar las consecuencias de una determinación que no
hubiéramos deseado ni buscado por nuestro propio criterio.
La historia del conflicto del
trabajo que culminará con este acto de emancipación económica, es la
siguiente:
El año de 1934 en relación con la
huelga planteada por los diversos sindicatos de trabajadores al servicio de la
compañía de petróleo El Águila, S.A., el Ejecutivo de mi cargo aceptó
intervenir con el carácter de árbitro a fin de procurar un advenimiento
conciliatorio entre las partes.
En junio de 1934 se pronunció el
laudo relativo y en octubre del mismo año, una sentencia aclaratoria fijando el
procedimiento adecuado para revisar aquellas resoluciones que no hubiesen
obtenido oportunamente la debida conformidad.
A finales de 1935 y principios de
1936 el C. [ciudadano] Jefe del Departamento del Trabajo, por delegación que le
conferí, dictó diversos laudos sobre nivelación, uniformidad de salarios y
casos de contratación, tomando como base el principio constitucional de la
igualdad de salarios ante igualdad de trabajo.
Con objeto de hacer desaparecer
algunas anomalías, citó el propio Departamento, a una conferencia, a los
representantes de las diversas agrupaciones sindicales, y en ellas se llegó a
un acuerdo sobre numerosos casos que se hallaban pendientes y reservándose
otros por estar sujetos a investigaciones y análisis posteriores encomendados a
comisiones integradas por representantes de trabajadores y patrones.
El Sindicato de Trabajadores
Petroleros convocó entonces a una asamblea extraordinaria en la que se fijaron
los términos de un contrato colectivo que fue rechazado por las compañías
petroleras una vez que les fue propuesto.
En atención a los deseos de las
empresas y con el fin de evitar que la huelga estallara, se dieron
instrucciones al Jefe del Departamento del Trabajo, para que, con la
aquiescencia de las partes, procuraran la celebración de una convención obrero
patronal encargada de fijar de común acuerdo los términos del contrato
colectivo y mediante un convenio que se firmó el 27 de noviembre de 1936.
En tal convención, las empresas
presentaron sus contraposiciones y en vista de la lentitud de los trabajos, se
acordó modificar el estudio dividiendo las cláusulas en económicas, sociales y
administrativas para iniciar desde luego el examen de las primeras.
Las contingencias de la discusión
revelaron las dificultades existentes para lograr un acuerdo entre los
trabajadores y las empresas cuyos puntos de vista se alejaban considerablemente,
juzgando las compañías que las proposiciones de los obreros eran exageradas y
señalando a su vez los trabajadores la falta de comprensión de las necesidades
sociales y la intransigencia de las compañías por lo que la huelga estalló, en mayo
de 1937.
Las compañías ofrecieron,
entonces y en respuesta a mis exhortaciones, aumentar los salarios y mejorar
ciertas prestaciones y el Sindicato de Trabajadores, a su vez, resolvió
plantear ante la Junta de Conciliación el conflicto económico y levantó la
huelga el 9 de junio.
En virtud de lo anterior, la
Junta de Conciliación y Arbitraje tomó conocimiento de ello y de acuerdo con
las disposiciones legales relativas fue designada con el fin indicado, por el
Presidente de la Junta, una comisión de peritos constituida por personas de
alta calidad moral y preparación adecuada.
La comisión rindió su dictamen
encontrando que las empresas podían pagar por las prestaciones que en el mismo
se señalan, la cantidad de $26 332 756,00 contra la oferta que hicieron las 17
compañías petroleras durante la huelga de mayo de 1937.
Los peritos declararon, de manera
especial, que las prestaciones consideradas en el dictamen quedarían
satisfechas totalmente con la suma propuesta, pero las empresas argumentaron
que la cantidad señalada era excesiva y podría significar una erogación mucho
mayor que conceptuaron en un monto de $41 000 000,00.
Ante tales aspectos de la
cuestión el Ejecutivo de mi cargo auspició la posibilidad de que el sindicato
de trabajadores de la industria petrolera y las empresas debidamente
representadas para tratar sobre el conflicto, llegaran a un arreglo, lo que no
fue posible obtener en vista de la actitud negativa de las compañías.
Sin embargo de ello, deseando el
Poder Público una vez más lograr un convenio extrajudicial entre las partes en
conflicto, ordenó a las autoridades del trabajo que hicieran saber a las
compañías petroleras su disposición de intervenir para que los sindicatos de
trabajadores aceptaran las aclaraciones que habían de hacerse en algunos puntos
oscuros del laudo, y que más tarde podrían prestarse a interpretaciones
indebidas y asegurándoles que las prestaciones señaladas no rebasarían de
manera alguna los $26 332 756,00 no habiéndose logrado a pesar de la
intervención directa del Ejecutivo el resultado que se perseguía.
En todas y cada una de estas
diversas gestiones del Ejecutivo para llegar a una final conclusión del asunto
dentro de términos conciliatorios y que abarcan períodos anteriores y
posteriores al juicio de amparo que produjo este estado de cosas, quedó establecida
la intransigencia de las compañías demandadas.
Es por tanto preconcebida su
actitud y bien meditada su resolución para que la dignidad del Gobierno pudiera
encontrar medios menos definitivos, y actitudes menos severas que lo llevaran a
la resolución del caso sin tener que apelar a la aplicación de la Ley de
Expropiación.
Para mayor justificación del acto
que se anuncia, hagamos breve historia del proceso creador de las compañías
petroleras en México y de los elementos con que se han desarrollado sus
actividades.
Se ha dicho hasta el cansancio
que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su
fomento y desarrollo.
Esta afirmación es exagerada. Las
compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de
grandes privilegios para su desarrollo y expansión; de franquicias aduanales;
de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de
privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que
la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho
público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se
habla.
Riqueza potencial de la nación;
trabajo nativo pagado con exiguos salarios; exención de impuestos; privilegios
económicos y tolerancia gubernamental, son los factores del auge de la
industria del petróleo en México.
Examinemos la obra social de las
empresas: ¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras
hay un hospital, una escuela o un centro social, o una obra de
aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de
luz, aunque fuera a base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que
desperdician las explotaciones?
¿En cuál centro de actividad
petrolífera, en cambio, no existe una policía privada destinada a salvaguardar
intereses particulares, egoístas y algunas veces ilegales? De estas
agrupaciones, autorizadas o no por el Gobierno, hay muchas historias de
atropellos, de abusos y de asesinatos siempre en beneficio de las
empresas.
¿Quién no sabe o no conoce la
diferencia irritante que norma la construcción de los campamentos de las
compañías? Confort para el personal extranjero; mediocridad, miseria e
insalubridad para los nacionales. Refrigeración y protección contra insectos
para los primeros; indiferencia y abandono, médico y medicinas siempre
regateadas para los segundos; salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes
para los nuestros.
Abuso de una tolerancia que se
creó al amparo de la ignorancia, de la prevaricación y de la debilidad de los
dirigentes del país, es cierto, pero cuya urdimbre pusieron en juego los
inversionistas que no supieron encontrar suficientes recursos morales que dar
en pago de la riqueza que han venido disfrutando.
Otra contingencia, forzosa del
arraigo de la industria petrolera, fuertemente caracterizada por sus tendencias
antisociales, y más dañosa que todas las enumeradas anteriormente, ha sido la
persistente, aunque indebida intervención de las empresas en la política
nacional.
Nadie discute ya si fue cierto o
no que fueran sostenidas fuertes facciones de rebeldes por las empresas
petroleras en la Huasteca Veracruzana y en el Istmo de Tehuantepec, durante los
años 1917 a 1920 contra el Gobierno constituido.
Nadie ignora tampoco cómo en
distintas épocas a las que señalamos y aún contemporáneas, las compañías
petroleras han alentado casi sin disimulos, ambiciones de descontentos contra
el régimen del país, cada vez que ven afectados sus negocios, ya con la
fijación de impuestos o con la rectificación de privilegios que disfrutan o con
el retiro de tolerancias acostumbradas.
Han tenido dinero para armas y
municiones para la rebelión. Dinero para la prensa antipatriótica que las
defiende. Dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores.
Pero para el progreso del país,
para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, para
el fomento de la higiene en donde ellas mismas operan, o para salvar de la
destrucción las cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que
están unidos con el petróleo en la naturaleza, no hay dinero, ni posibilidades
económicas, ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus
ganancias.
Tampoco lo hay para reconocer una
responsabilidad que una sentencia les define, pues juzgan que su poder
económico y su orgullo les escuda contra la dignidad y la soberanía de una
nación que les ha entregado con largueza sus cuantiosos recursos naturales y
que no puede obtener, mediante medidas legales, la satisfacción de las más
rudimentarias obligaciones.
Es por lo tanto ineludible, como
lógica consecuencia de este breve análisis, dictar una medida definitiva y
legal para acabar con este estado de cosas permanente en el que el país se
debate sintiendo frenado su progreso industrial por quienes tienen en sus manos
el poder de todos los obstáculos y la fuerza dinámica de toda actividad, usando
de ella no con miras altas y nobles, sino abusando frecuentemente de ese
poderío económico hasta el grado de poner en riesgo la vida misma de la nación,
que busca elevar a su pueblo mediante sus propias leyes aprovechando sus
propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos.
Planteada así la única solución
que tiene este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material
suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente
y tan indispensable.
El Gobierno ha tomado ya las
medidas convenientes para que no disminuyan las actividades constructivas que
se realizan en toda la República y para ello, pido al pueblo, confianza plena y
respaldo absoluto en las disposiciones que el propio Gobierno tuviere que
dictar.
Sin embargo, si fuere necesario,
haremos el sacrificio de todas las actividades constructivas en las que la
nación ha entrado durante este período de Gobierno para afrontar los
compromisos económicos que la aplicación de la Ley de Expropiación sobre
intereses tan vastos nos demanda y aunque el subsuelo mismo de la Patria nos
dará cuantiosos recursos económicos para saldar el compromiso de indemnización
que hemos contraído, debemos aceptar que nuestra economía individual sufra
también los indispensables reajustes, llegándose, si el Banco de México lo
juzga necesario, hasta la modificación del tipo actual de cambio de nuestra
moneda, para que el país entero cuente con numerario y elementos que consoliden
este acto de esencial y profunda liberación económica de México.
Es preciso que todos los sectores
de la nación se revistan de un franco optimismo y que cada uno de los
ciudadanos, ya en sus trabajos agrícolas, industriales, comerciales, de
transporte, etc., desarrollen a partir de este momento una mayor actividad para
crear nuevos recursos que vengan a revelar cómo el espíritu de nuestro pueblo,
es capaz de salvar la economía del país por el propio esfuerzo de sus
ciudadanos.
Y como pudiera ser que los
intereses que se debaten en forma acalorada en el ambiente internacional,
pudieran tener de este acto de exclusiva soberanía y dignidad nacional que
consumamos, una desviación de materia primas, primordiales para la lucha en que
están empeñadas las más poderosas naciones, queremos decir que nuestra
explotación petrolífera no se apartará un sólo ápice de la solidaridad moral
que nuestro país mantiene con las naciones de tendencia democrática y a quienes
deseamos asegurar que la expropiación decretada sólo se dirige a eliminar
obstáculos de grupos que no sienten la necesidad evolucionista de los pueblos,
ni les dolería ser ellos mismos quienes entregaran el petróleo mexicano al
mejor postor, sin tomar en cuenta las consecuencias que tienen que reportar las
masas populares y las naciones en conflicto. (Texto completo).
